Demanda añeja de organizaciones y activistas
Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado
12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por
unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que
reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por
razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la
reparación integral del daño.
La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por
una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles
pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como
Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua,
quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y
la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.
Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para
definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de
la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto
que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que
el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial
o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por
misoginia.
Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o
más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación
sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de
pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la
pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.
Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.
CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO
La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de
organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde
1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego
en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes
baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que
pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo
con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia
las mujeres en esa entidad.
Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de
diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a
partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los
asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su
mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas
características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia
extrema.
Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las
autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un
principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir
modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales
satánicos, y extracción ilegal de órganos.
Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la
misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores
quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos
asegurando que “se habían ido con el novio” “que ellas se lo buscaron
por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de
noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las
mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para
aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.
La larga e interminable lista de casos con características similares,
la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias
ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada
hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.
En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron
halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de
descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás,
debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las
identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus
familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.
Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH
sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres
en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia
sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados
Unidos.
En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los
homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están
enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer
en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala:
"en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos
anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de
género’ también conocido como feminicidio".
Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que
permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con
el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los
hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos
especializados para indagarlos.
Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos,
quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió
también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no
sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua
no era la excepción.
Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la
resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos
dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en
emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última
en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según
datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541
mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario