Organizaciones presentaron denuncia ante CIDH
La Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconocer como un problema
de seguridad nacional la violencia extrema que enfrentan la mexicanas y
crear una agenda de política pública de emergencia en las 26 entidades
del país que han solicitado declararse en Alerta de Violencia de Género
(AVG), exigió la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de
Violencia.
El frente de mujeres conformado por promoventes y solicitantes de las
Alertas de Género en todo el país expresaron en una carta enviada el
pasado 24 de agosto al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, su
inconformidad por el nulo avance en la eliminación de la violencia
contra las mujeres, a pesar de que está vigente y activado el mecanismo
de emergencia en 12 entidades del país.
La exigencia a Segob se hizo luego de que el 4 agosto la dependencia
se negará a activar la Alerta en los estados de Sonora, Tlaxcala y
Puebla. Actualmente Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León,
Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y
San Luis Potosí tienen una Alerta decretada.
En el documento las activistas y organizaciones también demandaron a
la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena
Cruz Sánchez, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, la
creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria sobre AVG para todo
el país, en donde se revisen estrategias sobre seguridad y garantía de
los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
La mesa, propusieron, debe estar conformada por expertas en la
Alerta, especialistas de Conavim e Inmujeres, la Comisión Nacional de
Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred).
También pidieron que se reconozca el papel fundamental de las
organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan la AVG, y se cree
una mesa de seguimiento donde participen las agrupaciones para valorar
la implementación del mecanismo y en caso de ser necesario reciban
protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, por la labor
de acompañamiento y defensa de víctimas de violencia de género.
En el último punto de la carta, exhortan a Segob a crear una Fiscalía
Especializada en Derechos Humanos, “que tenga la facultad amplia de
sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la
impunidad de la violencia feminicida en nuestro país”.
“NO ENTIENDEN AVG”
La Red de solicitantes de las Alertas recordaron a las autoridades
que el funcionamiento de este mecanismo depende de las políticas
públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, las cuales
hasta ahora, “no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y
seguridad jurídica, ni con el debido proceso constitucional ni
satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano”, indicaron
en su carta.
La AVG, aseguraron las agrupaciones “ha desvirtuado”
el propósito por el cual se estableció hace una década en la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: generar
acciones de urgencia para salvar la vida de mujeres y cesar la
violencia.
Mientras la situación se agrava con desapariciones forzadas de
mujeres y altos índices de violencia de género en todos los ámbitos, las
autoridades se niegan a declarar una AVG nacional, señalaron.
Por ello plantearon a Segob, Inmujeres y Conavim, la necesidad de
hacer efectiva la Alerta y eliminar las barreras en su implementación,
por ejemplo, respetar los plazos del mecanismo establecido en el
reglamento de la ley, no emitir prórrogas a los gobiernos para acatar
las órdenes que se desprenden de la Alerta, vigilar las políticas
públicas que las entidades lleven a cabo y asignar presupuesto
suficiente para su funcionamiento.
Sin embargo, expusieron a las autoridades que el 7 de abril de 2016
la ahora Red Nacional de Mujeres, presentaron una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento
del Estado mexicano en la prevención, sanción y erradicación de la
violencia feminicida en el territorio.
ANTE OMISIÓN RECUERREN A LA CIDH
En la demanda (con el número de expediente P-594-16, que tiene copia
esta agencia) las agrupaciones expresan que a pesar de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo una serie de
recomendaciones en 2009 al gobierno mexicano por el feminicidio de tres
jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo
Algodonero”, persiste la justicia y la falta de reparación integral del
daño.
En la denuncia ante la CIDH las agrupaciones pidieron que sancione al
Estado mexicano por el incumplimiento de la sentencia de Campo
Algodonero mediante “el desafuero, inhabilitación y destitución de los
responsables ante sus actuaciones omisas y negligentes, que se traducen
en violencia institucional”. Además de obligarlo a cumplir con la AVG en
todo el país.
Las organizaciones fueron notificadas en diciembre de 2016 que la
denuncia contra el Estado mexicano fue recibida por la CIDH y se
encuentra bajo el estudio de la Secretaría Ejecutiva del organismo para
determinar su procedencia.
Cabe recordar que la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia
nació en abril de 2017, tras una reunión entre integrantes de las
organizaciones civiles y solicitantes de las Alertas con funcionarios de
Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México .-
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