Estado no garantiza derechos, sostienen
El
Instituto Mexicano para la Migración (IMUMI) y otras organizaciones
civiles con trabajo en migración presentarán este 6 de julio ante el
Comité de Expertas de la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, (CEDAW por sus siglas en inglés) su
informe sobre trabajadoras migrantes en México, en el extranjero, y de
mujeres migrantes mexicanas en retorno y presentará los retos
específicos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar el acceso a
sus derechos.
Las organizaciones señalaron que la legislación y política, al ser
neutrales al género, no sólo discriminan a las mujeres trabajadoras
migrantes centroamericanas en su acceso a la documentación migratoria,
sino que limitan su acceso al derecho al trabajo digno, a la seguridad
social, a la salud y a la justicia.
Pusieron como ejemplo el caso de las mujeres trabajadoras agrícolas
que son documentadas como “acompañantes” de sus esposos, sin permiso de
trabajo. En el caso de las trabajadoras del hogar, señalaron que la
complejidad de los requisitos, en específico la oferta de un empleador,
impediría que tengan acceso a una documentación migratoria con
autorización para trabajar.
El informe también hace referencia a las migrantes internas, por
ejemplo mujeres indígenas que se dedican al trabajo del hogar o en la
agricultura en estados del noreste de México y que enfrentan “niveles
agudos de violencia” por la intersección de varias discriminaciones:
género, etnia, lengua, nivel socioeconómico y escolaridad.
También mencionan que las trabajadoras mexicanas carecen de
oportunidades para acceder a trabajos ofrecidos en Estados Unidos y
Canadá. El informe reconoció que ellas enfrentan discriminación de
género durante los procesos de reclutamiento por las agencias de
contratación.
El tercer reto, son las mujeres migrantes mexicanas en retorno o de
otra nacionalidad en México, quienes enfrentan graves obstáculos en
cuanto al acceso y acreditación de la identidad, así como de sus hijas e
hijos. Por ejemplo, los requisitos para acceder a una CURP (clave de
identificación) son difíciles, ya que muchas migrantes no pudieron
conseguir apostilles y traducciones oficiales de sus documentos foráneos
antes del retorno.
No obstante, en la práctica, la CURP es requisito para inscribir a
niñas y niños en la escuela, de no ser posible, se les niega el derecho a
la educación, informaron las organizaciones.
Entre las recomendaciones que hacen al Estado se encuentran promover y
facilitar la inscripción de la nacionalidad mexicana en los Consulados
mexicanos, facilitar la inscripción de la nacionalidad mexicana sin
necesidad de un acta de nacimiento legalizada o apostillada, eliminar
costos de actas civiles, y eliminar las barreras administrativas para el
acceso a la CURP.
Para garantizar los derechos de las trabajadoras mexicanas en el
extranjero, pidieron monitorear el proceso de reclutamiento en México y
sancionar a quienes discriminen, incluir en las agencias de
reclutamiento una perspectiva de género, y recopilar datos desagregados
por sexo sobre personas migrantes que participan en programas de
migración laboral en el extranjero.
Para mejorar la situación de las mujeres migrantes en México,
recomendaron desvincular la documentación migratoria con autorización
para trabajar de la oferta de un empleador, ya que “este tipo de
arreglos puede restringir indebidamente la libertad de circulación de
esos trabajadores y aumentar su vulnerabilidad a la explotación y los
malos tratos, a veces en condiciones de trabajo forzoso o servidumbre”,
como dice un documento del Comité de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Para acelerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres las
organizaciones propusieron apartar recursos específicos dentro del
presupuesto del Instituto Nacional de Migración.
Argumentaron que acciones afirmativas son necesarias para introducir
medidas especiales dirigidas a trabajadoras del hogar y en la
agricultura. Ambos grupos podrían ser registrados con la categoría de
visitante trabajadora fronteriza, para poner fin a su vulnerabilidad
extrema.
El informe además hizo referencia a varios procesos anteriores de
informes, recomendaciones y respuestas del Estado ante el Comité CEDAW,
que al aparecer no presentaron soluciones satisfactorias para el
problema de la desigualdad de mujeres migrantes.
Este informe será presentado en el marco del noveno informe periódico del Estado Mexicano, este 6 de julio en Geneva, Suiza.
El Comité CEDAW está compuesto por 23 personas expertas en derechos
de las mujeres, procedentes de todo el mundo. Supervisa la aplicación de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Al ser Estado Parte, México debe
presentar un informe sobre la manera en que cumple los derechos
contemplados en la Convención.
El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y
recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales".
Pero desde su fundación, ha puesto mucho énfasis en conocer la
perspectiva de la sociedad civil, por lo que invita y toma en cuenta
informes “alternativos” que presentan las OSC en diferentes ámbitos.
1CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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