Miguel Concha
México es el segundo país
más peligroso para ejercer el periodismo. Oficialmente, desde 2010, 73
periodistas han sido asesinados y 12 han sufrido desaparición forzada.
Además, se registraron otros 44 intentos de asesinato. Estas alarmantes
cifras tuvieron como consecuencia que en diciembre de 2017, tras la
invitación del gobierno mexicano, tuviéramos la visita histórica de dos
relatores del sistema universal y el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos: el Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, y el Relator Especial para la libertad de
expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes
visitaron el país para analizar el cumplimiento de las obligaciones de
derechos humanos para con los periodistas.
Luego de su visita, el pasado 11 de junio publicaron su informe
final. En él destacan con preocupación la grave crisis de seguridad e
impunidad que hay en México, así como el debilitamiento del Estado de
derecho y de su gobernabilidad.
Apuntaron que el homicidio, las agresiones físicas y amenazas, así
como las desapariciones forzadas, son un grave problema que demuestra el
panorama catastrófico en contra de los periodistas en el país, lo que
ha logrado silenciar la libertad de expresión en México. Más de 12
comunicadores fueron asesinados en 2017, incluyendo a Miroslava Breach
Velducea y a Javier Valdéz Cárdenas, periodistas cuyo trabajo de
investigación y documentación constituyó la fuente principal para la
labor de visibilización de las víctimas de desplazamiento interno que ha
realizado en años recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos.
Como destacaron los relatores, a esta situación dramática se le añade
el grave contexto de impunidad, pues 99.6 por ciento de los delitos
contra periodistas aún no han sido esclarecidos. Los especialistas
consideraron en su informe como inadmisibles estos niveles de impunidad,
pues incluyen una falta de independencia de las autoridades locales,
altos índices de temor, desconfianza de las víctimas y sus familiares,
carencia de investigaciones eficientes y falta de preservación de la
evidencia, entre otros problemas.
En consecuencia, instaron a México a
remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento y vigilancia, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Destacaron igualmente el caso del desplazamiento interno forzado, que también afecta a los periodistas. Los relatores reconocen que los comunicadores víctimas de esta dramática situación no reciben ayuda por parte del Estado.
Señalaron que las medidas de protección que les otorgan no son
suficientes cuando se desplazan a otra entidad, muchos abandonan a sus
familias y tienen dificultades para realizar su labor periodística en el
nuevo estado. Como mencionan los relatores, en definitiva, no existe
una estrategia adecuada para periodistas desplazados, ni garantías para
asegurarles un retorno seguro o para reubicarlos adecuadamente. Con el
fin de tomar medidas para su regreso seguro o, cuando esto no sea
viable, medidas para integrarlos en una nueva comunidad; para el caso de
periodistas desplazados, los relatores recomendaron fortalecer el
mecanismo de protección.
Por considerar el impacto negativo que tiene sobre el acceso a la
información y las tareas de supervisión que otorga a las fuerzas
armadas, y por las facultades que les atribuye sobre el uso de la fuerza
en manifestaciones y protestas, así como las implicaciones que tiene en
temas de facultades de inteligencia que también les brinda, es muy
importante que los relatores hayan expresado su preocupación por las
disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, y que hayan instado a las
autoridades a derogarla.
La definición amplia y ambigua de seguridad nacional de dicha ley
despertó también la preocupación de los relatores, quienes señalaron que
estas disposiciones suponen un retroceso sobre los avances en temas de
transparencia y acceso a la información en el país.
En conclusión, México tiene una inmensa deuda con los periodistas.
Como destacan los relatores, los ataques que padecen, la estigmatización
que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los
altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la
amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. Luego de
este informe, y de cara a un nuevo sexenio, confiamos en que las
autoridades realicen trabajos sustantivos para fortalecer el trabajo de
los periodistas, tomen medidas efectivas y reales para combatir la
impunidad, y reconozcan que la libertad de expresión es fundamental para
la preservación de la democracia en México.
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