La Jornada
Según cifras del Instituto Nacional
de Salud Pública, 14 por ciento de la población adulta de México se
encuentra en situación prediabética, y la diabetes es causante de
alrededor de 80 mil muertes al año. Es, asimismo, la primera causa de
ceguera en adultos en edad productiva, de insuficiencia renal terminal,
de amputaciones no traumáticas y de infartos al miocardio.
Por otra parte, datos del Hospital Civil de Guadalajara refieren que
en el sector salud los padecimientos relacionados con esta enfermedad
absorben unos 19 mil milllones de pesos anuales, lo que representa 30
por ciento de sus presupuestos.
Sin embargo, en un estudio de la Oficina de Información Científica y
Tecnológica para el Congreso de la Unión dado a conocer ayer en el
contexto del Día Mundial de la Salud, se informa que 85 por ciento de
los mexicanos sobrepasan el nivel máximo en el consumo de azúcar que
recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Y, como se sabe, la ingesta inmoderada de ese edulcorante figura como
principal causante en el desarrollo de la diabetes. El organismo
internacional señala que el etiquetado frontal de los alimentos
procesados no sigue sus recomendaciones y es frecuente encontrar
etiquetas con
leyendas engañosas, que no expresan el contenido real de ingredientes.
En tales circunstancias es claro que la diabetes y los trastornos
asociados a ella configuran en nuestro país una crisis de salud mucho
peor que la de las adicciones, un factor de mortalidad de magnitud
semejante a la violencia delictiva y un desmesurado costo humano, social
y económico. Para reducir este fenómeno se requiere de una estrategia
en muchos ámbitos.
En primer lugar es claro que las autoridades deben establecer marcos
regulatorios mucho más estrictos que los actuales a los usos y abusos de
la industria alimenticia, tanto en lo que se refiere a la composición
de sus productos como a la publicidad con la que induce su consumo
masivo, particularmente a las orientadas a la población infantil.
Es necesario, asimismo, estudiar la pertinencia de incrementar en
forma progresiva los impuestos a las bebidas azucaradas y otros
productos con alto contenido de azúcar en función de su porcentaje.
Es cierto que las medidas restrictivas no serán suficientes si no se
emprende al mismo tiempo una campaña nacional de información, articulada
y consistente, que permita modificar los hábitos alimentarios y las
formas de vida, así como los patrones de consumo de la población.
Es necesario, en suma, establecer un control sobre los productores de los llamados
alimentos chatarray fomentar al mismo tiempo una cultura nutricional en la sociedad.
No debe ignorarse que el principal obstáculo para la formulación de
una estrategia contra la diabetes es el cúmulo de intereses corporativos
que buscan mantener sus márgenes de negocio fácil y jugoso; tampoco
debe soslayarse la necesidad de modular las acciones oficiales en forma
tal que no afecten a los productores azucareros.
Con tales consideraciones en mente, resulta impostergable diseñar y
aplicar una política pública para reducir el consumo de azúcar de la
población y, en general, detener y reducir la epidemia de diabetes en el
país.
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