León Bendesky
Los impuestos son una
transferencia forzosa que hacen personas, empresas u organizaciones al
gobierno y que no conllevan el pago por un bien, un servicio o beneficio
específico. El carácter distintivo de los impuestos es, precisamente,
que son obligatorios y no representan una correspondencia.
Un impuesto, o tributo, como lo dice el diccionario, es
una obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas.
Así, los impuestos son requeridos para generar ingresos y financiar
el gasto del gobierno, y derivado de eso surge como una condición
necesaria, pero no suficiente, para redistribuir el ingreso.
Una manera de ver los impuestos es que la recaudación es un medio
para que un gobierno puede cumplir objetivos de carácter económico y
social.
De manera esencial, entonces, pagamos impuestos porque tenemos
gobiernos. Esta cuestión no es trivial, sino pone de manifiesto un
complejo entramado de relaciones políticas, prácticas legislativas y
administrativas, y también de expresiones de poder en una sociedad.
Las leyes fiscales están incrustadas en la estructura de un gobierno y
penetran hondamente en la vida cotidiana de familias y empresas. Así
ocurre con los gravámenes sobre los ingresos que se obtienen (ISR),
sobre los gastos que se hacen (IVA) o los productos y servicios a los
que el gobierno impone un impuesto expreso (IEPS).
De esto se desprenden las consideraciones acerca de qué hace el
gobierno y cómo lo hace como elemento significativo del orden en la vida
colectiva.
En el Congreso se debate acerca de la Ley de Ingresos y se preparan
acomodos para cumplir con la recaudación prevista en 2020. Se pretende
ajustar el superávit fiscal fijado originalmente en uno por ciento del
PIB y rebajarlo a 0.5. Esta es una acción posible; sin embargo,
repercute adversamente en las variables financieras y en los márgenes de
maniobra en caso de no conseguir la recaudación prevista.
Una pauta que ha fijado el gobierno es no exceder en los gastos por
encima de los ingresos. El dilema es que esa cantidad debe cubrir un
cúmulo de acciones y puede no alcanzar.
Los ingresos del gobierno y del sector público están estrechamente
asociados con el nivel de la actividad económica. Originalmente se había
previsto una tasa de crecimiento del PIB de 2 por ciento el año
entrante, pero la expectativa se ha reducido por ahora a 1.2 por ciento.
Los ajustes al presupuesto son un indicador fehaciente de la presión
que hay para conseguir suficientes ingresos y repercute en las
decisiones sobre la tributación. Otro ajuste que podría hacerse sería
elevar el precio del petróleo, pero todos indican la misma carencia de
recursos públicos.
Subir los impuestos no es opción, por los compromisos que ha hecho el
gobierno. Puede recaudarse más por medio de las estructuras
administrativas disponibles y otras dirigidas a ese propósito.
En este renglón está el SAT, para afinar los procesos de cobro y las
medidas legales para forzar el pago de impuestos. Ahí está la reciente
ley para eliminar las operaciones que se facturan, pero no se vinculan
con transacciones reales. Se trata de un fraude y se ha catalogado como
un acto criminal y penado con prisión preventiva. Abarca también el
contrabando y la defraudación fiscal.
Aquí aparece un asunto relevante en materia fiscal, asociado con la
capacidad de compeler el pago de los impuestos. La criminalización es
una medida propuesta por la OCDE para combatir el crimen fiscal (2017) y
que desarrolla mediante 10 principios.
El primero trata de asegurar que los delitos fiscales se
criminalicen. Cada jurisdicción derivará distintas conclusiones de
cuándo se sustenta la aplicación de la ley y que las provisiones definan
los actos designados como criminales y sus sanciones.
No se pueden criminalizar todas las faltas u omisiones fiscales de la
misma manera. En primer lugar, porque en el país más de la mitad de las
transacciones se hacen de manera informal, no pagan impuestos. La
presión fiscal se ejerce especialmente sobre los llamados contribuyentes
cautivos, las personas y las empresas que están cada vez más
fiscalizadas por el SAT.
Si el impuesto es una transferencia forzosa, no es exacto decir que
quienes deben pagarlos sean contribuyentes. La sociedad tiene que
encontrar un esquema que se componga de la capacidad efectiva y aceptada
de coerción por parte del gobierno, junto con una mayor disposición de
los ciudadanos para cumplir sus obligaciones fiscales. Esta última
dependerá de las contrapartidas reales de la mayor tributación en cuanto
a los servicios que presta el gobierno: salud, educación, seguridad y
demás.
Finalmente, si el crecimiento de la actividad es muy reducido el año
próximo, el conflicto que entrañan los impuestos será aún mayor.
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