“Atáscate, mi rey”
FRAGUA
México ha sido, durante
los sexenios del neoliberalismo, un paraíso de desvío de recursos y
evasión fiscal para los empresarios burgueses y para los funcionarios,
que han encabezado las distintas dependencias del gobierno federal.
Prueba de ello son los casos de fraudes millonarios que vieron la luz
debido a las investigaciones, realizadas en 2017 por Animal Político y
la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI),
acerca de las cuentas públicas de 2013 y 2014, en las que se detectaron
contratos ilegales por 7 670 millones de pesos, y cuyos presuntos
responsables se encuentran en proceso de juicio.
Durante el gobierno
de Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con
Rosario Robles como titular y posteriormente encabezada por José Antonio
Meade, candidato presidencial priista en 2018; el Banco Nacional de
Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo al frente, hoy gobernador del
Estado de México; y Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de
Emilio Lozoya, protagonizaron los principales fraudes millonarios de lo
que hoy conocemos como la Estafa Maestra, al entregar los 7 670 millones
de pesos a 186 empresas, mediante una triangulación de recursos, en la
que el dinero fue primero entregado a ocho universidades públicas, que
se encargaron de hacerlo llegar a dichas empresas, motivo por el que
cada una de estas universidades recibió una comisión de mil millones de
pesos.
Además, de esas 186 empresas a las que se les entregó el
dinero, 128 presentan irregularidades, según el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Ahora, dentro de toda esta
maraña de fraudes, desentrañemos el caso de Sedesol y cómo se usó el
programa Cruzada Nacional contra el Hambre para desviar más de cinco mil
millones de pesos del erario, destinados a combatir la pobreza extrema.
Los apoyos de este programa social debían llegar a las familias con
pobreza alimentaria, en las zonas más marginadas de 11 estados, entre
ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas; sin embargo, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) confirmó que sólo se entregó 7% de las
despensas, que supuestamente se habían comprado, además de que no existe
constancia de que los beneficios restantes hayan llegado a sus
destinatarios originales. Este fraude se concretó gracias a la
colusión con las Universidades Autónomas de Morelos y del Estado de
México, con las que se firmaron 10 convenios, por un monto de más de 2
224 millones de pesos, y sirvieron de intermediarias para entregar el
dinero a 20 empresas, de las cuales sólo una es legal.
Aunque
los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios,
tanto Rosario Robles, titular de Sedesol hasta 2015 y posteriormente de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como
Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de ambas secretarías, conocían las
prácticas de desvío, pues este último tiene el papel de administrar los
recursos públicos, y quien avala la forma en que son usados.
El
13 de agosto se dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles
por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y a quien la
Fiscalía General de la República (FGR) imputa haber sido omisa para
detener la firma o celebración de convenios con instituciones públicas y
privadas para la contratación de obras y servicios que derivaron en un
daño patrimonial por más de cinco mil millones de pesos en contra del
erario federal. Hasta el momento de cierre de esta edición de FRAGUA se
han sumado 11 denuncias en su contra, por parte de la ASF y la
Secretaría de Hacienda.
Mientras que la fuerza mediática se
encuentra concentrada en el proceso legal de Rosario Robles, lo cual no
es para menos ante tal cinismo en su robo al pueblo, y pese a la
complejidad de la estrategia que se usó para cometer este delito, es
importante que no perdamos de vista al resto de los involucrados, pues
hasta el momento Zebadúa se encuentra amparado, pese a ser quien tenía a
su cargo la responsabilidad de administrar dichos recursos, además de
que se presume que tiene vínculos con una empresa acusada de falsificar
comprobantes y firmar los convenios que derivaron en los desvíos .
Asimismo, su grupo de trabajo, conformado por los funcionarios Claudia
Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, está
ligado a los desvíos a través de empresas, propiedades y conexiones
políticas. Las relaciones de esta alianza de corrupción surgieron desde
el mandato de Robles como jefa de Gobierno capitalina, desde entonces
este equipo se trasladó casi íntegro entre las dependencias, bajo las
órdenes de Zebadúa, y fueron piezas clave para operar la contratación y
supervisión de los convenios de la Estafa Maestra. Estos últimos se
encuentran bajo investigaciones de las autoridades federales.
Por otro lado, en 2015, el excandidato presidencial priista José
Antonio Meade se convirtió en el sucesor de Robles al frente de la
Sedesol. La defensa de Robles argumentó que en el acta de
entrega-recepción se le notificó sobre los procesos de fiscalización, y
de las investigaciones en curso dentro de la dependencia. Sin embargo,
hasta el momento Meade no ha sido requerido por las autoridades para
declarar ante este caso, y tampoco está siendo investigado, debido a que
la UIF afirma que no tiene evidencia que lo vincule al caso. En esta
misma situación se encuentra el expresidente Peña Nieto, pues según
Santiago Nieto, titular de la UIF, “aún no han llegado a ese momento de
la investigación”, por lo que el juez ha acusado a Robles de ocultar las
irregularidades al expresidente, ya que no se han presentado los
oficios que demuestren que se le informó. Sin embargo, en caso de que a
éste último se le hubiere informado y no se estén presentando los medios
escritos, entonces se estaría hablando de encubrimiento.
Por todo lo anterior, no debemos quitar el dedo del renglón: hay que
insistir en la investigación profunda de éste y todos los casos de las
dependencias del Estado ligadas a la Estafa Maestra, y en que se
investigue a todos los involucrados, sin importar su posición jerárquica
en los gobiernos anteriores, o en éste, hasta las últimas consecuencias. No
podemos hablar de “borrón y cuenta nueva”, como ha dicho el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, en torno a la supresión de los juicios en
contra de los expresidentes, porque estaríamos hablando de dejar impunes
estos casos de saqueo y explotación del pueblo trabajador, de agravio a
la población más marginada del país. Pese a que se está
investigando a algunos de los responsables, aún se desconoce el destino
final del dinero. En el caso de Pemex, los hilos de esta Estafa Maestra
comenzaron a conectarse desde el gobierno de Felipe Calderón, por lo que
dejar estas investigaciones sin llegar a indagar a los mandatarios en
turno durante su gesta sería también seguir dejando en impunidad a
quienes se les ha ido la vida en la lucha contra ésta y otros robos al
pueblo, con tal de seguir protegiendo a esos parásitos que han saqueado y
convertido a nuestro país en una zona de guerra y violencia. Y eso ¡no
podemos permitirlo más!
Nota:
Este artículo fue
publicado como parte de la sección Análisis del No. 47 de FRAGUA, órgano
de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular
(OLEP), Octubre, 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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