(apro).- Al inicio de
semana, en lo que asemejaba una mesa cuadrada, representantes de
nuestras instituciones anunciaron la “reforma con y para el Poder
Judicial”. En el discurso, todos los mensajes habituales; en el fondo –y
por supuesto sin haber estado presente–, me quedé con la impresión de
que faltaron las voces de quienes todos los días acudimos a los
tribunales para defender nuestros derechos.
Desde el nombre de esta iniciativa y las actitudes de las
personalidades invitadas, me parece que continúa la inercia de pensar
que tienen las atribuciones y los atributos suficientes como para
dirigir aquella reforma sin considerar seriamente las demandas de las
personas y comunidades para las que trabajan. Obvio, no faltarán ciertos
foros especializados para que la gente de siempre, haga sus
aportaciones, pero ojalá nos sorprendan y convoquen a más personas
defensoras.
En cualquier caso, desde este espacio alejado del sistema político y
las pasarelas del mundo judicial y académico, sin mayor ánimo que el de
compartir opiniones, me permitiré plasmar algunas ideas para los debates
públicos por venir. De entrada, dos temas evidentes: uno, la exclusión
del ejecutivo federal en las designaciones de quienes integren la
Suprema Corte de Justicia no compensa que se acorte el período de la
función a seis años; y dos, hay confianza desmedida en la
representatividad del Senado como para otorgarle el papel protagónico en
la conformación del órgano que administrará, vigilará y disciplinará al
Poder Judicial.
Desde diferentes facetas en mi vida, puedo decir que he atestiguado
durante toda mi carrera profesional el desarrollo de la gran reforma
judicial del año 1994. La verdad, estoy convencido de que los quince
años que dura la responsabilidad como integrante de nuestra Corte,
propició que en su primera etapa se tomara conciencia de su función como
Tribunal Constitucional, y desde entonces concedió un grado de
independencia para desempeñar ese rol, alejada de tiempos políticos.
En cuanto a fortalecer al Consejo de la Judicatura, separarlo del
liderazgo de la Corte y lo demás, todo correcto, pero sin intervención
de otro poder. El Senado en los últimos 25 años ha dejado constancia del
peso de los acuerdos políticos por sobre el resto de consideraciones.
Simular consultas y ejercicios de participación que al final no llevan a
nada, se les ha facilitado durante todo ese lapso. Nuestra Constitución
debería asegurar que para administrarse y vigilarse, el Poder Judicial
solamente se respalde en sus integrantes, y de mayor trascendencia, en
la gente.
Quizá algún día podamos confiar en que las personas comunes tenemos
la capacidad de elegir, sin presencia partidista, a las máximas figuras
del poder al que encomendamos la defensa y garantía de nuestros derechos
fundamentales. Y sobre todo, exigir para él la creación de mecanismos
de rendición de cuentas efectivos. Pero mientras llega ese día, tengo
una ocurrencia más que compartirles.
Si van a reformar otra vez la Constitución, transformen nuestro
juicio de amparo. Despojado de todo ego jurídico, pienso que el amparo
tiene una función elemental: preguntarle al Poder Judicial si un acto de
cualquier autoridad viola derechos humanos, y por tanto, resulta
inconstitucional. Claro que quienes litigamos damos argumentos, pero al
final, en mi experiencia, los tribunales deciden lo que quieren.
Si buscan reformar al Poder Judicial para la gente, hagan del amparo
el recurso más sencillo, más accesible, más breve, más adecuado y
efectivo, posible. Que no existan causales de improcedencia, para hacer
inadmisible el juicio. Que pueda cuestionarse a toda autoridad, sin
excepciones –incluidos poderes particulares–. Que pueda combatirse toda
actuación u omisión. Que pueda accionar cualquiera.
Nadie por encima de la Constitución, ninguna violación a derechos
humanos tolerable. Una idea tan simple y poderosa, llevada a la práctica
en el amparo. Tenemos el derecho a preguntarle al Poder Judicial, en
cualquier tiempo, si algo contraviene nuestros derechos. Y tienen la
obligación de estudiar y de responder. Esa sí que sería una reforma para
la gente. ¿Tenemos autoridades de esa altura?
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