El 14 de diciembre de 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca -cuando nos disponíamos a realizar una asamblea comunitaria- la comunidad fue sorprendida por decenas de hombres que con machete en mano, palos, tubos, bombas molotov, cohetones, etc. nos agredieron con alevosía, saña y brutalidad, ejerciendo tentativa de feminicidio en contra mía y de mi madre, quien perdió el ojo derecho luego de las agresiones en su contra. Los hechos brutales derivaron en el asesinato de mi hermano Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada, también integrante de la comunidad.
Es difícil imaginar que el atreverme a participar en las decisiones de la comunidad atentaría contra mi vida, no solo al intentar asesinarme de una forma brutal, sino al ejercer violencia política para buscar impedir que ejerciera mis derechos políticos como mujer y la defensa de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Han pasado 7 años, 8 meses y 18 días desde esa tragedia, han sido 2,821 días de luto, de ausencia, de recuperación, pero también de impunidad. Si bien algunos de mis agresores se mantienen presos, otros siguen prófugos.
A pesar de los años, los impactos negativos prevalecen hasta ahora, las cicatrices de los machetazos que me dieron en la cabeza y que pudieron haberme quitado la vida, es algo que siento y que veo todos los días. Mi madre lidia con las molestias y con nuevas enfermedades que surgieron a raíz de la violencia feminicida de la que fuimos objeto, así como con el dolor por el asesinato de su hijo, mi hermano.
El trauma no fue solo un trauma personal o familiar, sino que los impactos psicosociales en la comunidad, siguen a flor de piel, pues los agresores no sólo golpearon, machetearon, incendiaron, saquearon y torturaron sino que también asesinaron brutalmente a dos de sus integrantes.
Saber que las personas responsables de la muerte de mi hermano y de Gustavo, así como de la tentativa de feminicidio en mi contra y en contra de mi madre, están lejos de nosotros, de nuestras familias y de la comunidad, nos hace poder continuar con vida, sin embargo, seguimos a la espera de una sentencia firme que pueda ser uno de los elementos que contribuyan a la justicia plena, a la restauración del tejido social y a la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en la Sierra Mazateca y en Oaxaca.
Contrario a una justicia pronta y expedita, la dilatación de los operadores de justicia, ha permitido que los agresores y sus propias familias, realicen la distorsión de los hechos, campañas de difamación y desprestigio en mi contra, asumiendo falsamente como presos políticos, pregonando un pseudo “indigenismo”, “la lucha por la comunalidad”, “ser de izquierda”, “anarquistas”, o “ser perseguidos y desplazados” etc. De esta manera -nada ética- buscan sorprender a organizaciones y a personas de buena voluntad, ocultando con complicidad que sus familiares cometieron delitos graves. Con ello, ejercen una revictimización y un continuum de violencia política en mi contra, en contra de las mujeres y de la comunidad.
Conocer la actual discusión en el más alto Tribunal de Justicia en nuestro país, me obliga a hacer un respetuoso llamado para que en los casos de tentativa de feminicidio y feminicidio, la SCJN:
- Ponga en el centro de la discusión los derechos de las víctimas.
- Dimensione la gravedad del delito de tentativa de feminicidio, así como de la problemática del feminicidio en México y que ésta medida sirva a manera de inhibir la materialización del delito.
- Vea a los agresores de tentativa de feminicidio como potenciales feminicidas y reproductores de la violencia feminicida, contra las mismas mujeres o nuevas víctimas.
- Fomente a partir de su decisión, la investigación con la debida diligencia, perspectiva de género, interculturalidad y perspectiva de derechos humanos.
Cabe reconocer que quienes ejercen violencia feminicida, no solo cometen un tipo de violencia hacia las mujeres, como la física, psicológica, verbal, sino en muchos casos ejercen violencia sexual, incomunicación de las víctimas, desaparición, etc. por lo que incluir a los delitos de tentativa de feminicidio y de feminicidio en los que ameritan prisión preventiva oficiosa no es solo una deuda pendiente con las mujeres que ya hemos sido víctimas de esta violencia, sino con las mujeres que puedan ser agredidas en el futuro.
Ante ello, es necesario que esta decisión no quede al arbitrio de las y los jueces, ni en detrimento de las víctimas, sino que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea en congruencia con la defensa de los derechos humanos y que no sea regresivo a los avances logrados en materia de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional e internacional.
Cuando hablamos de la violencia feminicida, la prisión preventiva puede contribuir incluso para evitar un feminicidio, sobre todo reconociendo la gravedad de la problemática que se vive en Oaxaca y a nivel nacional. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo de enero a julio de 2022, han sido asesinadas 96 mujeres en Oaxaca, sólo 24 se iniciaron investigando como feminicidio. A ello se suma el contexto feminicida que se vive a nivel nacional, en el que cada día son asesinadas un promedio de 11 mujeres. Es por ello que confío en que la decisión de la Suprema Corte ponga en el centro los derechos de las víctimas y de sus familias para alcanzar el acceso a la verdad y la justicia.
Atentamente
Elisa Zepeda Lagunas
Sobreviviente de tentativa de feminicidio y defensora de los derechos humanos
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