El presidente López Obrador cumple cuatro años de gobierno con reformas constitucionales y legales de gran calado en beneficio de la sociedad, garantizando así los derechos humanos de la población mexicana (especialmente a una vida digna, a la salud, educación, trabajo digno, medio ambiente sano), sostiene el jurista Isaac de Paz González. En entrevista con Contralínea, el doctor en derecho explica que estos ajustes de corte humanista dejan atrás el viejo régimen, donde prevaleció la plusvalía política, social y económica obtenida con la explotación y violación de la ley por medio de la corrupción e impunidad
A cuatro años de iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado garantizar pensiones para adultos mayores elevadas a rango constitucional. También ha logrado que el Congreso reformara los artículos 3 y 4 de la carta magna en materia de educación, y con apoyos directos e inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes, destaca el doctor Isaac de Paz González.
Otro logro que enuncia es que se retiraron privilegios a la llamada ‘burocracia dorada’ y se evitan salarios por arriba de los devengados por el titular del Ejecutivo federal, aunque aún hay resistencias de algunos servidores públicos –sobre todo de organismos autónomos que se han amparado contra el mandato constitucional y la austeridad republicana.
El gobierno federal –acompañado por Morena y los partidos aliados en el Congreso de la Unión– consiguió hacer obligatorio el pago de impuestos a los grandes contribuyentes, y prohibir la condonación fiscal, que históricamente benefició a los que más tienen. Además, indica, se recuperó la banca de desarrollo.
Explica que el Banco del Bienestar “sí cuenta con un marco jurídico, pertenece a la banca de desarrollo ya que antes era el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; más tarde, por la reforma del 19 de julio de 2019, se le cambió el nombre a Banco del Bienestar y en ese aspecto cuenta con total sustento legal”.
También se hace valer el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza, para evitar masacres y violaciones graves a derechos humanos –como las ocurridas en el sexenio calderonista–. “En el sistema de protección a los derechos existe un concepto llamado proporcionalidad, y cuando las medidas que se tomarán pueden afectar bienes jurídicos de mayor valor [por ejemplo, para detener a una persona, como fue el caso de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán] se tiene permitido recurrir a la negociación como instrumento de solución al conflicto en el caso concreto, ya que de lo contrario el resultado sería gravísimo”.
El doctor Isaac de Paz agrega que la visión de choque frontal contra la delincuencia a costa de todo y en el camino fácil de los daños colaterales –signo característico del gobierno de Felipe Calderón– dejó al país en un baño de sangre.
El profesor-investigador de la UABC y miembro de The International Association of Constitutional Law y de “The Society of Legal Scholars” critica que –aunque se llevó a prisión a los presuntos responsables de los casos Ayotzinapa, Odebrecht, estafa maestra y de los sobornos en el Poder Legislativo por la reforma energética– los macrocasos de corrupción del pasado siguen entrampados por la debilidad institucional heredad. “Se contaminó tanto la procuración de justicia que es casi imposible limpiarla”.
Isaac de Paz puntualiza que se combate la corrupción y los sabotajes por la vía del amparo que promueven los opositores al gobierno federal; al tiempo que se transparentan las acciones públicas y se rinde cuentas a la ciudadanía. “En cuanto al cumplimiento del Poder Ejecutivo, sí tenemos un balance positivo de difusión de los contenidos constitucionales. Este sexenio, hasta ahora, ha pregonado que se combate la corrupción y rinden cuentas. Esto es evidente sólo en materia de la administración pública federal, pero no así de otros niveles de gobierno”.
El experto añade que sí hay un avance en el apego a las reglas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, con un estilo de gobierno abierto de forma permanente al público. Eso no se había visto antes.
En materia de iniciativas, observa que es un gran avance la reforma de derechos sociales en los artículos 3 y 4 constitucionales, que a la fecha han impulsado nuevas políticas y programas sociales de apoyo a sectores nunca antes favorecidos con personas de la tercera edad, niñez, personas discapacitadas o el impulso que desde la Constitución se propone ahora a las escuelas normales.
Otra dimensión es que antes se permitían muchos abusos legales que en este sexenio se frenaron: las concesiones mineras, la venta de glifosato al gobierno, entre otros. Al mismo tiempo, se han impulsado reformas a distintas leyes para fortalecer la soberanía energética y alimentaria. “En sexenios anteriores, el Poder Ejecutivo y sus secretarías estaban a favor del poder empresarial nacional e internacional, y ahora se ve claramente que hay más vocación social y nacional para proteger los bienes nacionales, eso es un avance palpable”.
Ante el gran reto de consolidar un estado de derecho, Isaac de Paz agrega que “el Poder Ejecutivo ha impulsado muchas buenas prácticas, pero decir estado de derecho es un ideal que va a llevar más tiempo, porque implica transformaciones en muchos sectores: en la iniciativa privada, en los ámbitos municipales, en los gobiernos locales. La transformación tiene que ir hacia allá para reorganizar de verdad el estado de derecho desde abajo y para que se someta al poder constitucional a todos los actores sociales y económicos”.
Los avances en beneficio social
Toda norma jurídica debe buscar el beneficio social, advierte el académico. Sin embargo, advierte, quienes han ostentado cargos públicos se beneficiaron de las reglas para sí o para sus allegados: empresas, grupos de influencia o partidos políticos.
Agrega que eso se da porque el estado de derecho depende de sus operadores y, en la actualidad, aunque el presidente López Obrador tiene buena voluntad, “lo cierto es que hay una infinidad de personas en el servicio público que deben mejorar la capacidad de respuesta tomando en cuenta los parámetros constitucionales”.
Respecto de los avances en materia de beneficios sociales, el doctor Isaac de Paz explica que, por su impacto en beneficios sociales, las de mayor trascendencia son dos: una, la constitucionalización –en el artículo 4– del apoyo económico a las personas de tercera edad, pues “con este derecho se les da apoyo a casi 12 millones de nuestros viejitos y viejitas, que nunca nadie les había dado nada”.
Dos, la prohibición de condonar impuestos, prevista en el artículo 28 constitucional, porque ello ha significado que la plutocracia que gobernaba México hasta antes de 2018 no tenga la ventaja de seguir enriqueciéndose a costa del pueblo. Y permite que haya recursos suficientes para garantizar derechos humanos, como los de salud y educación.
Por el peligro de regreso de la derecha o grupos oligárquicos al Poder Ejecutivo, el jurista indica que, legalmente, los programas sociales están blindados, porque son derechos constitucionales. “A menos que llegue un poder que se atreva a desmontar lo ya logrado por el presidente, los programas sociales van a seguir y, su universalización es justificada y óptima. Ahora, para su consolidación legal-social sólo haría falta que operen con mayor capacidad de despliegue y certeza”.
No obstante, el doctor advierte que, en términos generales, la ley todavía sigue favoreciendo a quienes tienen dinero para pagar una asesoría legal adecuada, una amparo, un buen proceso penal, o regularizar su propiedad. E incluso, dice, “hay personas que por no tener cien pesos para pagar una copia de acta de nacimiento no pueden poner a su hija en una escuela. Esto es muy lamentable porque el acceso a los derechos tiene un precio y son asignaturas pendientes”.
Acerca de la serie de litigios con los que la oposición busca frenar todos los proyectos del gobierno federal, el profesor investigador señala que al cabo de un tiempo, las suspensiones provisionales dentro del juicio de amparo se modifican a favor de las obras públicas.
“En este tema, sí han sido una barrera inicial a ciertas obras, pero ni el Tren Maya, ni la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fueron objeto de mayores contrapesos litigiosos porque al final la Ley de Amparo, como toda norma, protege el orden público y cuando se trata de obras con beneficio social el Estado siempre va tener la razón.
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