MÉXICO, D.F., 30 de marzo.- La propuesta de reforma laboral presentada por el PRI ha sido duramente criticada por distintos expertos laborales. Comparto con ellos el señalamiento de que la exposición de motivos está hecha para un manejo mediático, y que ese discurso poco tiene que ver con lo que realmente conllevan los cambios: irrestricta libertad empresarial para la subcontratación (outsourcing), facilidad de despido, limitación de salarios caídos a un máximo de 12 meses y prohibición de sindicatos gremiales. Es inconcebible que en esta propuesta no haya la menor mención al fortalecimiento de la justicia laboral. Si en realidad se tratara de modernizar la normatividad laboral con el fin de reforzar la productividad, ¿por qué no incorporar los atinados y acuciosos señalamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia?
La OIT señala que la precarización de las condiciones de trabajo, la inestabilidad, la informalidad y la caída en la cobertura de la seguridad social han configurado un déficit de trabajo decente que puede agravarse. A esto suma la importancia de abordar la conciliación trabajo/familia, tema que brilla por su ausencia en la propuesta del PRI. La conciliación del trabajo y la familia es ya un problema social crucial, y lo que esto significa en términos de deshumanización y afectación a los derechos ha sido planteado contundentemente por la OIT junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hace dos años publicaron un sólido trabajo donde documentan la situación en América Latina, titulado Una mirada regional hacia el trabajo decente: Nuevas políticas para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares.
El estudio muestra cómo las transformaciones familiares, culturales, económicas, demográficas y de modelos laborales están produciendo una crisis en la tradicional división sexual del trabajo. Su conclusión es durísima: “La falta de medidas efectivas para la conciliación entre los ámbitos laboral y familiar compromete decisivamente las posibilidades de desarrollo humano de las naciones”. El desfase entre la esfera familiar, que exige cuidados y atenciones, y el mundo laboral, que requiere de trabajo constante, se ha convertido en una fuente de tensiones que se agudiza con la pérdida de la calidad de vida. Esta forma de trabajo alienado, superexigente y sin contemplaciones para las necesidades de desarrollo personal y de cuidado familiar, afecta a mujeres y hombres, y acarrea grandes costos para todos.
La OIT y el PNUD señalan que las responsabilidades familiares deben dejar de ser un factor de discriminación en el mercado laboral, al mismo tiempo que el Estado tiene que reconocer el cuidado de los familiares como un derecho que debe garantizar. Esto implica un giro conceptual que promueva una redistribución de las responsabilidades entre hogares, mercado y Estado. Dicho cambio requiere mejorar la capacidad de los sistemas de bienestar, protección y seguridad social, garantizando el acceso universal a los servicios sociales y reformulando horarios y condiciones de trabajo en las empresas.
Nada de esto se menciona en la propuesta del PRI. Tal parece que a sus diputados/as lo único que les interesa es flexibilizar para que los empresarios despidan más cómodamente y para seguirse entendiendo con los sindicatos corporativos. Tal propuesta, que disminuye los derechos laborales, ignora totalmente las directrices señaladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto al trabajo decente.
Con el término trabajo decente se abarcan cuatro objetivos estratégicos: el empleo de calidad, la seguridad social, los derechos laborales y la mejor representación de las personas trabajadoras. La meta del trabajo decente es la elevación en el bienestar de las personas mediante el cumplimiento de condiciones de equidad, seguridad y dignidad. Lo indignante es, una vez más, que con una visión sospechosamente electorera se defiendan los intereses empresariales. Plantear una reforma laboral –indudablemente necesaria– de manera íntegra y moderna implica acompañarla de una reformulación del sistema de seguridad social y de la creación de un seguro de desempleo.
Cualquier reorganización de las condiciones laborales debería hacerse para avanzar –en lugar de retroceder– en la ampliación de los derechos de los trabajadores. Para preservar la seguridad de los trabajadores/as e instalar esquemas de conciliación familia/trabajo habría que constituir comisiones tripartitas (trabajadores, empresas y Estado) con el fin de diseñar conjuntamente las políticas laborales. En ese sentido es muy importante que participen asociaciones gremiales por fuera de las instancias corporativas como la CTM y el Congreso del Trabajo.
Los riesgos de una reforma acordada únicamente con la cúpula empresarial, el Congreso del Trabajo y la CTM va a empeorar la situación de los trabajadores, y eso afecta a todo el país. Los raquíticos salarios no alientan la economía; la ausencia de derechos no fortalece la solidaridad social; la inestabilidad laboral, que causa miedo y agotamiento, impide la profesionalización. Grave situación para todos. ¿Acaso no hay en México un sector empresarial que se dé cuenta de lo que esto implica?
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