Alejandro Gertz Manero
Ojalá y que los ensoberbecidos e irresponsables burócratas de la seguridad pública de nuestro país entiendan y asuman las obligaciones que les corresponden en el “acuerdo para la cobertura informativa de la violencia”, y dejen de estar exaltando y haciendo apología de los delincuentes, en su obsesión de exhibicionismo y lucimiento, mientras hunden al país en la violencia y en la inseguridad, en razón de su ineptitud, su corrupción y su lamentable incapacidad para resolver los problemas que aquejan a toda la población.
En el pacto suscrito por los medios de difusión quedó muy claro que no se deben prejuzgar culpables mediante payasadas publicitarias, como las que organizan los burócratas policiacos, exhibiendo a los hampones que detienen con camisetas Polo y actitudes de perdonavidas, sin entender que esos montajes sólo sirven para exaltar y hacer apología del delito y de los criminales.
Ojalá y que también asuman esos burócratas que es un abuso de autoridad ilegal y punible el obligar a los detenidos a actuar en reality shows televisivos, para después convertir esos cochineros mediáticos en cuestionamientos y descalificaciones generales de la justicia en nuestro país.
Es de esperarse que también entiendan esos irresponsables que no pueden dilapidar centenas de millones de pesos del presupuesto, que todos aportamos, en publicidad personal y en derroches mediáticos, mientras los policías no tienen ni dónde dormir ni qué comer.
Deben de tener muy presente esos incapaces que es inadmisible atribuirle responsabilidades criminales a las víctimas de sus abusos, convirtiendo a jóvenes, a estudiantes asesinados y a familias masacradas en presuntos delincuentes, para que después tengan que recular públicamente de sus calumnias. Es fundamental, asimismo, que esos exhibicionistas no continúen exaltando y publicitando decenas de millares de detenciones, que en su mayoría no son más que una farsa que días después se viene abajo, cuando las autoridades judiciales no pueden encontrar responsabilidad alguna en los supuestos delincuentes.
Para alentar la participación y la denuncia ciudadana lo primero que hay que hacer es depurar el lodazal corrupto del Ministerio Público y el maltrato que éste le da a las víctimas, para que entonces se le pueda exigir a la comunidad que denuncie.
Para los periodistas que han sido asesinados en muchas partes del país este pacto ya no tiene significado alguno, porque a ellos, como muchos otros trabajadores de la comunicación, no les quedó más opción que guardar el silencio de la muerte.
También es menester recordar con toda precisión que este pacto no trata en ningún momento de acallar la verdad, ni de sujetarse a censura alguna, ya que lo único que puede defender es a una comunidad de la injusticia y de la violencia, es el saber con objetividad, precisión y transparencia qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, para que de esa manera todos unidos podamos combatirlo.
Para ratificar lo que estamos señalando, simplemente reiterar lo que la Auditoría Superior de la Federación ha expuesto en su último informe, en el sentido de que México es uno de los países con más policías en el mundo, mientras sus niveles de inseguridad se han incrementado en los últimos años en un 200%, lo cual significa un daño equivalente al 9% del PIB del país. La propia Auditoría hace un análisis muy cuidadoso de los niveles de incompetencia y de impunidad que existen, mostrando que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene base de datos, ni integra información sobre delincuencia organizada en más de 20 estados; porque no existen estadísticas confiables, y que de cada 10 casos que se consignan ante la autoridad sólo uno recibe condena.
Mientras ocurre todo lo anterior, en Estados Unidos se investiga a los agentes y funcionarios que se coludieron para exportar ilegalmente a México armamento, lo que ha causado muertes y desolación en muchas partes del país, mientras que aquí las autoridades mexicanas que debieron impedirlo, adjurando de su exhibicionismo, no aparecen para explicarnos cómo ocurrió todo este contubernio, ya que su verdadera prioridad no es la seguridad de los mexicanos, sino el espionaje y el hostigamiento contra “los enemigos de sus jefes”, y los datos de la Auditoría Superior de la Federación así lo confirman.
En este contexto, es necesario defender y mantener con toda claridad las tareas de los medios en el ejercicio de sus funciones en defensa de la sociedad, sin permitir que se generen conductas dictatoriales de censura que pretendan acallar las voces del pueblo y la realidad de una sociedad que ha sido tan manipulada, ofendida y lastimada.
A partir del acuerdo mediático que se acaba de firmar, debemos constatar a diario si el gobierno cumple mínimamente con sus obligaciones, ya que los ciudadanos en términos generales no tenemos queja de la prensa, que ha sido uno de los factores principales de transparencia y de información confiable, y en cambio sí estamos profundamente agraviados por la ineptitud y corrupción de las autoridades en seguridad y justicia.
Bienvenido este pacto y cualquier otro, mientras privilegien la verdad sin adjetivos, la transparencia y la defensa de nuestra comunidad.
editorial2003@terra.com.mx
Doctor en Derecho
En el pacto suscrito por los medios de difusión quedó muy claro que no se deben prejuzgar culpables mediante payasadas publicitarias, como las que organizan los burócratas policiacos, exhibiendo a los hampones que detienen con camisetas Polo y actitudes de perdonavidas, sin entender que esos montajes sólo sirven para exaltar y hacer apología del delito y de los criminales.
Ojalá y que también asuman esos burócratas que es un abuso de autoridad ilegal y punible el obligar a los detenidos a actuar en reality shows televisivos, para después convertir esos cochineros mediáticos en cuestionamientos y descalificaciones generales de la justicia en nuestro país.
Es de esperarse que también entiendan esos irresponsables que no pueden dilapidar centenas de millones de pesos del presupuesto, que todos aportamos, en publicidad personal y en derroches mediáticos, mientras los policías no tienen ni dónde dormir ni qué comer.
Deben de tener muy presente esos incapaces que es inadmisible atribuirle responsabilidades criminales a las víctimas de sus abusos, convirtiendo a jóvenes, a estudiantes asesinados y a familias masacradas en presuntos delincuentes, para que después tengan que recular públicamente de sus calumnias. Es fundamental, asimismo, que esos exhibicionistas no continúen exaltando y publicitando decenas de millares de detenciones, que en su mayoría no son más que una farsa que días después se viene abajo, cuando las autoridades judiciales no pueden encontrar responsabilidad alguna en los supuestos delincuentes.
Para alentar la participación y la denuncia ciudadana lo primero que hay que hacer es depurar el lodazal corrupto del Ministerio Público y el maltrato que éste le da a las víctimas, para que entonces se le pueda exigir a la comunidad que denuncie.
Para los periodistas que han sido asesinados en muchas partes del país este pacto ya no tiene significado alguno, porque a ellos, como muchos otros trabajadores de la comunicación, no les quedó más opción que guardar el silencio de la muerte.
También es menester recordar con toda precisión que este pacto no trata en ningún momento de acallar la verdad, ni de sujetarse a censura alguna, ya que lo único que puede defender es a una comunidad de la injusticia y de la violencia, es el saber con objetividad, precisión y transparencia qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, para que de esa manera todos unidos podamos combatirlo.
Para ratificar lo que estamos señalando, simplemente reiterar lo que la Auditoría Superior de la Federación ha expuesto en su último informe, en el sentido de que México es uno de los países con más policías en el mundo, mientras sus niveles de inseguridad se han incrementado en los últimos años en un 200%, lo cual significa un daño equivalente al 9% del PIB del país. La propia Auditoría hace un análisis muy cuidadoso de los niveles de incompetencia y de impunidad que existen, mostrando que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene base de datos, ni integra información sobre delincuencia organizada en más de 20 estados; porque no existen estadísticas confiables, y que de cada 10 casos que se consignan ante la autoridad sólo uno recibe condena.
Mientras ocurre todo lo anterior, en Estados Unidos se investiga a los agentes y funcionarios que se coludieron para exportar ilegalmente a México armamento, lo que ha causado muertes y desolación en muchas partes del país, mientras que aquí las autoridades mexicanas que debieron impedirlo, adjurando de su exhibicionismo, no aparecen para explicarnos cómo ocurrió todo este contubernio, ya que su verdadera prioridad no es la seguridad de los mexicanos, sino el espionaje y el hostigamiento contra “los enemigos de sus jefes”, y los datos de la Auditoría Superior de la Federación así lo confirman.
En este contexto, es necesario defender y mantener con toda claridad las tareas de los medios en el ejercicio de sus funciones en defensa de la sociedad, sin permitir que se generen conductas dictatoriales de censura que pretendan acallar las voces del pueblo y la realidad de una sociedad que ha sido tan manipulada, ofendida y lastimada.
A partir del acuerdo mediático que se acaba de firmar, debemos constatar a diario si el gobierno cumple mínimamente con sus obligaciones, ya que los ciudadanos en términos generales no tenemos queja de la prensa, que ha sido uno de los factores principales de transparencia y de información confiable, y en cambio sí estamos profundamente agraviados por la ineptitud y corrupción de las autoridades en seguridad y justicia.
Bienvenido este pacto y cualquier otro, mientras privilegien la verdad sin adjetivos, la transparencia y la defensa de nuestra comunidad.
editorial2003@terra.com.mx
Doctor en Derecho
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