Reforma laboral PAN-PRI y "erradicación" del trabajo infantil

Gustavo Leal F.*

Poco antes de que Javier Lozano presentara su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT, marzo de 2010), seguida de la del PRI (marzo de 2011), el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, denunció el reiterado incumplimiento de los gobiernos de México a la ley y a los tratados internacionales que prohíben la contratación de menores de 14 años.

“El trabajo infantil –sostuvo– es un crimen que se comete porque dejamos que se cometa. Los diferentes gobiernos, incluyendo el actual, han hecho enormes promesas en cuanto a que se va a hacer cumplir la ley, y sin embargo eso continúa. Mientras, hay muchos niños que están muriendo en la agricultura y en minas.”

Por su parte, el ex relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, puntualizaba que el trabajo infantil está directamente relacionado con la pobreza, y que en México no se está haciendo nada para combatirlo de fondo.

Pero Lozano asegura que habrá cárcel de uno a cinco años para quienes contraten a menores de 14 años sin pagarles y pidió aplicar multas de 250 a 5 mil salarios mínimos.

Lozano estima que una reforma laboral debe incluir un capítulo de erradicación del trabajo infantil: tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar. No basta con una sanción administrativa, con exigirle que pague el salario remunerador que se le paga a cualquier otra persona. Hay que evitar que ese niño esté trabajando; regresarlo a las aulas, con sus padres, y meter a la cárcel a quien explote la mano de obra infantil.

México es el único país de América Latina que no ha ratificado el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fija en 15 años la edad mínima para laborar, y es uno de los tres –junto con Cuba y Venezuela– que no cuentan con un organismo intersecretarial para atender la problemática del empleo infantil. Aunque ya ratificó el Convenio 182 sobre la eliminación de trabajos peligrosos para los menores de edad, no ha delimitado la lista de dichos empleos, lo que hace inoperante la regulación.

Según la OIT, a diferencia de otros países, México carece de una coordinación intersectorial para atender el problema. Sólo existe un espacio liderado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde no participan el sector empleador, trabajador y organizaciones no gubernamentales. La SEP, el sector de política social, está ausente y sería clave que estuviera.

México explica así la falta de recursos: tenemos un mensaje muy claro: las políticas relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil no deben ser vistas como un gasto, sino como inversión social. Los programas de atención educativa de Sedeso y SEP atienden a menos de 5 por ciento de los niños jornaleros. Es una atención insuficiente. El problema no es el esfuerzo en términos económicos. Se están haciendo diferentes legislaciones de los estados. Ahí hay un montón de problemas con validaciones escolares, de matrículas, y eso es lo que amerita una gran coordinación entre los estados, y lamentablemente no se está dando. La STPS sólo tiene 341 inspectores para supervisar 30 mil centros de trabajo. Son pocos para afrontar las necesidades del mercado laboral. Pero el problema no sólo se soluciona con inspectores. Es necesario que haya coordinaciones entre diferentes instancias de gobierno, que permitan salvaguardar los derechos del niño de manera inmediata, como el DIF.

Aunque para Javier Lozano –a julio de 2010– la tasa de ocupación infantil había disminuido entre 2007 y 2009, según informó en Los Pinos ante Susana Sottoli, representante de Unicef en México, quien reconoció el esfuerzo del gobierno para generar estadísticas. Sin embargo puntualizó que a diferencia de todos los países de América Latina, México aún no suscribe el Convenio 138 de la OIT.

Y esa disminución no sólo se debe, aclaró Lozano, a la aplicación de políticas públicas (becas para promover la asistencia de los menores a las escuelas, así como ampliar y mejorar la cobertura), sino a que el universo de este sector de la población disminuyó en casi un millón en el mismo lapso.

En marzo de 2010, Lozano presentó una reforma a la LFT que amplía las facultades de la STPS para cesar de inmediato las labores de menores, eleva la multa a 5 mil salarios mínimos y tipifica la acción como delito.

No sorprende que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias repruebe esa reforma en el rubro de acceso al mercado laboral, porque difícilmente impactará en la creación de empleos. Para el centro, el desempleo radica en la economía del país y ampliar la modalidad de contratos que quiere Lozano podría facilitar los abusos en trabajos temporales.

Y eso no es todo. El centro también estima que la legislación no puede arrogarse por sí misma la responsabilidad de la generación de empleos. Suponerlo, enfatiza, constituye un error gubernamental. Al que habría que sumar otro: pensar que el propósito de una reforma laboral debe ser incrementar la productividad de los trabajadores.

¿Y qué propone la reforma del PRI?: la STPS en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollará programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil, salvo en los casos previstos en esta ley.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Propuesta indecente e indigna

Miguel Concha

La reforma laboral que propone el PRI violenta el derecho al trabajo, esencial para la realización de otros derechos humanos, e indispensable para que toda persona pueda vivir con dignidad, y atenta de manera grave en contra de los derechos humanos laborales.

Pone también de relieve que ante la incompetencia de nuestros gobernantes para generar desarrollo económico y empleos, la salida más sencilla, pero indigna, es transferir los costos de la crisis a las y los trabajadores.

Significa además un claro retroceso respecto de las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído por ser parte de diversos instrumentos internacionales en materia laboral y de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México incluso no ha ratificado todavía 65 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 54 de los cuales contienen estándares más altos que la Ley Federal del Trabajo vigente.

La propuesta de reforma laboral plantea, en efecto, una serie de medidas regresivas, contra las que ya se han pronunciado distintas redes de organizaciones de derechos humanos, como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Y esto debido a que permitirá el abaratamiento de la mano de obra; la precarización del empleo, por medio de la flexibilización de las contrataciones (empleos temporales, de prueba, por temporada y de capacitación), sin seguridad social; las subcontrataciones (outsourcing), que impiden el acceso a salarios justos y prestaciones; la facilitación del esquema de despidos; la limitación del pago de salarios caídos a un máximo de 12 meses, y la transformación de la figura de patrón en la de lugar de trabajo, con lo que no queda claro ante quién ejercerá el trabajador sus derechos individuales y colectivos, y ante quién se exigirá el reparto de utilidades. Todo lo anterior es contrario al concepto de trabajo decente, invocado en la exposición de motivos de la reforma, pero sin tener nada que ver con las modificaciones propuestas en el articulado.

Desarrollado por la OIT, el concepto anterior implica, en cambio: estabilidad y seguridad en el empleo, salarios dignos, jornada de trabajo limitada, acceso universal a sistemas de bienestar, protección y seguridad social, conciliación entre vida laboral y empleo (se toman en cuenta las nuevas dinámicas familiares, así como la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral), y libertades y derechos sindicales, entre otros aspectos.

Respecto de los derechos sindicales, la propuesta del PRI mantiene la práctica de la toma de nota, lo que es una clara intromisión del gobierno en la autonomía sindical, y no introduce ningún cambio en materia de democratización, transparencia y rendición de cuentas de estas agrupaciones de trabajadores. Se fortalece, además, su control corporativo (como lo señala en un pronunciamiento la Unión Nacional de Trabajadores), al plantear como requisito para demandar la titularidad de un contrato colectivo o ejercer el derecho de huelga la realización previa de una certificación del padrón de afiliados, exponiendo así a los promotores de sindicatos alternos a todo tipo de represalias.

Este requerimiento obstaculizará también cualquier movimiento de huelga legítimo, al dar a las autoridades un pretexto para declarar su inexistencia, e incidir en la vida interna de los sindicatos. Esto además, en los hechos, anula el posible avance que significaría el voto secreto en estos procedimientos.

Durante varias décadas los gobiernos del país han realizado medidas regresivas en contra de los derechos laborales, si no en las leyes, sí por vía de los hechos. El desempleo, el empleo informal, la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario y la pobreza son muestra de esto. A pesar de ello, la iniciativa presentada por el PRI contó también con el apoyo del PAN, al que pertenece el presidente del empleo, según prometía en su campaña de 2006. Cinco años después, el desempleo se mantiene e incrementa, afectando a toda la población. Y sólo por mencionar a este respecto un caso preocupante, pensemos en las y los jóvenes que se podrán contratar en condiciones precarias para reducir costos laborales, pues podrán sustituir a trabajadores con más edad y más antigüedad.

Estas medidas no incentivarán ni la productividad ni el desarrollo económico, mucho menos la superación de la pobreza y la disminución de la violencia. De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados no llamó a discutir el dictamen de estas modificaciones a la ley en tiempo y forma, lo que indica cierta premura y anomalías. Tampoco se convocó a una discusión amplia con expertos ni representantes sindicales.

El secretario del Trabajo calificó también en días pasados de minoría de cobardes, brutales, egoístas y miopes a quienes se oponen a la reforma. Es necesario señalar que no somos una minoría, y si lo somos es precisamente porque el PRI y el PAN se han cuidado de que la población no conozca las verdaderas implicaciones de su reforma. La difusión que han hecho de ella se ha basado sólo en la exposición de motivos, que no tiene nada que ver con el articulado que se propone.

Dado el interés de muchos representantes del sector empresarial y económico en lograr que se apruebe, hemos de cuidar nosotros el no despertar en plena Pascua con la noticia de que ya fue aprobada, aprovechando los días de asueto de la Semana Santa.