Ricardo Raphael
“La familia Hank representa una amenaza significativa para Estados Unidos en virtud de que sus integrantes supervisan una vasta red de personas y empresas que ayudan a las organizaciones de narcotraficantes a lavar dinero y a transportar grandes cantidades de droga… Jorge Hank Rhon es, de todos los miembros de esta familia, quien lleva una vida criminal más abierta ya que, además de prestar servicios financieros a las mafias, es distribuidor de cocaína y convive regularmente con prominentes narcotraficantes”.
Esta afirmación se encuentra en un documento del Departamento de Justicia estadounidense que, hacia finales de la década pasada, dieron a conocer los periodistas John Dettmer y Gloria Esteves.
Según el reporte de la operación encubierta, White Tiger, la familia Hank habría utilizado transmisiones de carreras de caballos —televisadas a través de la red de establecimientos de apuesta de su empresa, Grupo Caliente— para volver limpio el origen de grandes cantidades de dinero propiedad del cártel de Tijuana. Por razones que aún deben explicarse, después de que fueran filtradas estas acusaciones, las autoridades vecinas, sin negarles, tomaron la decisión de cerrar la investigación.
Fuerte de ese episodio, el gran empresario de las apuestas se presentó como candidato a alcalde de Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional en el año 2004. Transcurridos aquellos comicios, el escritor Heriberto Yépez sentenció: “El día que Jorge Hank Rhon ganó la alcaldía, Tijuana se declaró orgullosamente corrupta”. Este hombre posee actualmente una fortuna personal que supera los 3 mil 500 millones de dólares. Su riqueza multiplica, en al menos tres veces, la que dejara su padre, Carlos Hank González.
El torso rojo de un caballo, emblema de su negocio legal, puede encontrarse en todas las ciudades mexicanas donde vivan más de 70 mil habitantes. Caliente es la principal empresa de apuestas en el país. Según datos públicos, ingresa anualmente poco más de 700 millones de dólares. Hank Rhon y sus compañías poseen 167 concesiones otorgadas por el gobierno federal, emplean a más de 7 mil personas y cuentan con una red donde se conectan cerca de 10 mil terminales electrónicas.
Este cachorro de la Revolución llegó a Tijuana en 1985. Tenía entonces sólo 29 años y no contaba con ninguna experiencia en los negocios. No conocía la cultura de la frontera, ni en la frontera lo conocían a él. Al principio, la actitud de hijo de político rico venido de la capital le habrá ayudado poco. Ni sus ropas, ni su cantaleta al hablar, ni sus manierismos venidos del altiplano le servirían para obtener la confianza de sus nuevos anfitriones.
Tres años después el periodista tijuanense Héctor Félix Miranda enderezó contra Hank, y sólo contra él, una condena que luego se haría muy famosa: “¡Haz patria, mata un chilango!”. Por lo bajo, el vocerío en Tijuana rió del fuereño. Pero nadie esperaba la revancha de plomo que vino después. A plena luz del día y en la vía pública, el Gato Félix fue baleado por dos tiradores. De la investigación policial se concluyó que ambos asesinos materiales trabajaban como guardaespaldas del chilango. El futuro alcalde negó toda vinculación suya con esta tragedia. Afirmó que su jefe de ayudantes había sido manipulado por sus enemigos para involucrarlo en el delito.
A partir de aquel trágico hecho, el semanario Zeta publica, para cada entrega, una plana negra en cuya parte inferior puede leerse la frase: “Todos los caminos conducen al Hipódromo de Agua Caliente”.
El 22 de junio de 2004, también durante la mañana, y también en la vía pública, fue acribillado otro periodista: Francisco Ortiz Franco. Coeditor de Zeta y amigo del Gato Félix. Días antes del hecho, Ortiz había declarado contar con nueva evidencia incriminatoria en contra de Hank Rhon. Aseguró que el caso judicial por la muerte violenta de su compañero se reabriría pronto. Nuevamente, el asesinato de Franco Ortiz dejó ilesa su imagen pública.
Jorge Hank Rhon ha sabido saltar cuanto obstáculo le han puesto y, sobre todo, ha sabido construirse una fortaleza política y financiera que le vuelve inmune frente a cuanta acusación judicial se realice en contra suya. Hasta hoy lo ha protegido parte de la esquizofrénica clase política nacional mexicana, particularmente el Grupo Atlacomulco, tan influyente en el actual momento nacional.
Este fin de semana, el dueño de Grupo Caliente fue detenido por las autoridades federales acusado de custodiar en su residencia un impresionante arsenal de armas de uso exclusivo para el Ejército. Con respecto a los pronósticos sobre su eventual encarcelamiento cabe ser cautos; ya en otras ocasiones este hombre salió bien librado de expedientes que se antojaban peores.
Analista político
.
Editorial La Jornada.
conocido por sus vínculos con el crimen organizadoy describe el Hipódromo de Agua Caliente –propiedad y lugar de domicilio de Hank Rhon– como un
puerto seguropara narcotraficantes.
A la luz de esos antecedentes, resulta inverosímil el comunicado conjunto emitido antier por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que la acción se originó en una denuncia ciudadana
que desembocó en el allanamiento militar de la residencia del potentado y en el hallazgo de decenas de armas de fuego, hecho por el cual fueron detenidos Hank Rhon y otras diez personas, presumiblemente personal de seguridad a su servicio. Cuesta creer que el aparato de inteligencia policial del que presume la administración calderonista haya debido recurrir a semejante subterfugio para actuar en contra de una figura con tal cantidad de indicios en contra. Para mayor descrédito de la acción militar, ayer el detenido hizo circular una declaración dirigida a la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que sostiene que las armas en cuestión fueron sembradas
en su domicilio por los efectivos castrenses que lo capturaron y relata otras irregularidades cometidas.
La captura de Hank Rhon no es creíble ni siquiera como mensaje de voluntad política para procurar justicia y para combatir la impunidad. Si tal hubiera sido el caso, el gobierno federal bien habría podido actuar contra algunos de los connotados priístas y panistas involucrados en la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, una tragedia que ayer cumplió dos años en medio de encubrimientos a los responsables y exoneraciones facciosas. El operativo militar del sábado pasado en Tijuana, en cambio, tiene como precedente la polémica por el uso que el calderonismo podría hacer de presuntos expedientes judiciales de priístas destacados, y ocurre en el contexto político de los inminentes comicios en el estado de México, dominado hasta ahora por el Grupo Atlacomulco, del que son integrantes tanto Hank Rhon como el gobernador Enrique Peña Nieto.
Como ocurrió con el llamado michoacanazo
–la captura infundada de decenas de presidentes municipales, funcionarios estatales, policías y hasta un juez, realizada hace poco más de dos años–, resulta inevitable percibir, en la captura del priísta mexiquense y de una decena de empleados suyos en Tijuana, una utilización facciosa de los instrumentos de procuración de justicia, una intención de golpeteo político contra un partido opositor y un empeño por robustecer, con el indebido recurso a la fuerza del Estado, las posibilidades electorales del partido que gobierna en el ámbito federal.
En suma, hay un cúmulo de sospechas en torno a Jorge Hank Rhon que habrían debido ser esclarecidas, en beneficio de la sociedad, de las autoridades y hasta del mismo político priísta, por medios legales y apegados a derecho. El desaseo con el que se ha actuado en su contra, así como las inocultables implicaciones políticas y electorales del caso, oscurecen los propósitos de la acción, constituyen un golpe adicional a la credibilidad de la estrategia oficial contra la delincuencia y contribuyen al escepticismo ciudadano del que se lamentan las propias autoridades.
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