¿“Quinazo”o “michoacanazo”?
Se habían difundido versiones de que Felipe Calderón emprendería una persecución legal sobre personajes importantes del priísmo como vía para recuperar algo de credibilidad y respaldo ciudadano con miras al 2012. Jorge Hank Rhon podría ser el primero de una lista más amplia de peces gordos de la corrupción y/o delincuencia organizada. ¿Cómo entender este movimiento? La versión oficial de los hechos destaca como un accidente la detención de Hank Rhon: una denuncia anónima habría avisado sobre personas armadas en las inmediaciones del Hotel Palacio, y las personas aprehendidas habrían confesado la presencia de armas en un domicilio que resultó casa de Hank Rhon. Es decir, sin la denuncia anónima no se habría detenido al mexiquense; absolutamente inverosímil. Se puede asumir, en cambio, que la detención estaba planeada y calculada, al igual que otras que pudieran venir más adelante.Ante esto, por un lado, cabría celebrar que, por fin, un gobierno del PAN se decide a realizar lo que el partido había prometido por sesenta años en la oposición: combatir de frente la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y poner límites a la impunidad. Todos esperábamos que Vicente Fox, con el respaldo popular y plena legitimidad democrática con que llegó al poder, sentaría algunos precedentes contundentes en este ámbito; recordemos los “lingotes de oro” de los peces gordos presos, frente a los “cacahuates“ de las reformas estructurales, de los que hablaba Francisco Barrio como Contralor. Fox optó por olvidarse de los lingotes de oro y privilegiar los cacahuates. Pero ni siquiera obtuvo éstos, pues no obtuvo el respaldo del PRI en el Congreso, pese habérsele extendido una carta de plena impunidad. En cambio, quiso presentar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como aplicación estricta de la ley, pero la gran mayoría lo vio como un uso faccioso de la justicia.
Felipe Calderón, aunque en su campaña fue enfático en que llamaría a cuentas a los corruptos (y exigió la renuncia de Mario Marín al conocerse la grabación de sus atropellos), al llegar al poder olvidó todo ello. Y ante los corruptos del PAN (como Martha Sahagún y su familia), mejor ni hablar. Frente a la mermada legitimidad con la que asumió la Presidencia, en lugar de uno o varios quinazos, Felipe prefirió montar su estrategia bélica contra el narcotráfico (de lo que jamás habló en su campaña). Tanto Fox como Calderón calcularon que el costo político de llamar a cuentas a los grandes corruptos del PRI (o a algunos de ellos) era impagable; se necesitaba al PRI en el Congreso para las reformas estructurales. Y de llamar a cuentas a corruptos del PAN (como Martha Sahagún), ni hablar.
Ahora las condiciones políticas son distintas: ya no se trata de legitimar un triunfo conseguido con calzador, ni de buscar el respaldo legislativo del PRI. Se trata ahora de mermar las intenciones de voto favorables al tricolor, e impedir su triunfo en 2012. De ahí que los priístas hablen de “terrorismo político”, es decir, del uso electoral de la justicia. ¿Es así? En efecto; no puede ser casualidad que ese instrumento se haya blandido poco antes de comicios contra el partido a vencer: contra el PRI en Jalisco, contra el PRD en Michoacán, y ahora otra vez contra el PRI. Y desde luego, no puede ser casualidad el origen mexiquense de Hank Rhon, justo antes de la elección en esa entidad y el efecto que pueda tener también sobre Enrique Peña Nieto (que aunque los niegue, ha mantenido vínculos estrechos con Hank).
En principio, deberíamos celebrar cualquier acto de rendición de cuentas contra cualquier corrupto de cualquier partido, independientemente del propósito político que lo motive. Difícilmente hay rendición de cuentas en cualquier democracia sin intención política detrás, y no por ello deja de ser un precedente sano para combatir corrupción e impunidad. Pero falta por ver si los cargos contra Hank Rhon son jurídicamente sólidos, y si no termina siendo exonerado. Alega la defensa de Hank que no hubo orden judicial de cateo ni detención, y que las armas no autorizadas le fueron sembradas. Esto último no suena descabellado, si recordamos que a los investigadores del Tec de Monterrey, ya muertos, también se les sembraron armas para incriminarlos. Preocupa, eso sí, el uso del Ejército para propósitos político-electorales. Habrá que ver también qué tanto efecto tiene esta detención (y quizá otras) sobre las intenciones electorales de los votantes. Y si todo queda en otro michoacanazo, el golpe político se convertirá en boomerang.
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
Alberto Aziz Nassif
Olores del fin de sexenio
Olores del fin de sexenio
Después de cuatro años y medio de gobierno, el clima político anuncia el final del sexenio. Los partidos políticos y sus p
recandidatos planifican sus estrategias para llegar al 2012 en las mejores condiciones. Las televisoras hicieron sus apuestas desde hace varios años, y hoy se apresuran a recoger la siembra. Sin duda, el gobierno trata de armar sus mejores caras para el final, pero la máscara de fracaso es inocultable. La detención de Jorge Hank Rhon es el silbatazo de que la batalla ha empezado. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie mantenemos nuestras preocupaciones e incertidumbres sobre un futuro extraño del que sólo conocemos algunas tendencias desconcertantes.
Veamos algunas de las percepciones que nos presenta la encuesta Mitofsky de mayo. Cada trimestre se hace la evaluación del gobierno federal, lo cual permite un seguimiento puntual. En esta ocasión se tienen los resultados de los 18 trimestres transcurridos. Sólo faltan seis trimestres para concluir el sexenio. Los datos nos muestran un nudo de problemas complejos que nutren la percepción ciudadana.
En general, los números y porcentajes son negativos: la inseguridad se percibe como el principal problema, seguido de los problemas económicos. La serie sobre la percepción de la situación económica y las expectativas muestran un panorama muy negro: un 82% considera mala la situación económica, y un 73% tiene expectativas de que el país va peor que antes. Para completar el cuadro hay dos datos muy importantes: 6 de cada 10 personas (62%) consideran que el rumbo del país es equivocado, y un poco más, 66%, es decir, dos de cada tres personas, ven que el gobierno no tiene el control del país y que las cosas están fuera de control.
Algunas razones que están detrás de este panorama negativo son dos ubicaciones que nos explican por qué se llegó a este punto: la primera es el reacomodo político que se da cuando se acerca el fin del sexenio; los priístas han empezado un distanciamiento irreversible, ya que en noviembre de 2010 había un desacuerdo con el gobierno de 44.4%, y ahora, tres meses después, sube a 54.6%. Con el caso Hank Rhon, seguramente crecerá la distancia. El otro factor de desacuerdo es geográfico y obedece, entre otras razones, a la gravísima situación que ha dejado el crimen organizado en el Norte del país, una región que había estado mayoritariamente de acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón. Así, el desacuerdo norteño en noviembre de 2010 era de sólo 31%, y ahora sube a 46%. El tercer ingrediente, además del factor regional y el que expresa la tensa relación entre el gobierno panista y el PRI, se refiere al llamado grupo de los independientes. Ése importante sector que se mueve por fuera de la lógica partidista también ha empezado a irse hacia el desacuerdo con el gobierno de forma mayoritaria; pasó de 47.5% en noviembre pasado a un 53.6% en mayo.
Estos indicadores nos ubican en una lógica de final de sexenio. Lo más probable es que en los próximos meses estas perspectivas se vayan profundizando. Sería muy difícil ver un cambio de rumbo en las principales directrices y políticas de este gobierno hacia el final, más bien lo que todos los días se observa es una ratificación de la estrategia de seguridad que se defiende como si fuera la mejor ruta. En términos económicos, todos los datos apuntan hacia más precariedad laboral, a pesar de los anuncios de que el empleo formal crece; el repunte del crecimiento económico de este año no termina de compensar lo perdido con la crisis, por lo que el “estancamiento estabilizador” seguirá dominando la política económica.
En México ya tenemos mucha experiencia en finales de sexenio complicados; sólo hay que recordar el año de 1994, cuando se rompieron varios referentes importantes de la estabilidad política (asesinatos políticos, levantamiento armado, crisis económica). En el 2006, el conflicto fue por una rivalidad entre izquierda y derecha; se polarizó el voto y la diferencia fue mínima: un 0.56%, un resultado polémico al que se sumaron múltiples abusos de actores que lastimaron la democracia.
Ahora se aproxima otra sucesión, y los términos de referencia —que ya se anuncian— no presagian un recambio tranquilo. Los peligros que representa el crimen organizado debilitan el proceso. El uso político de los expedientes judiciales, que ya empezaron a usarse, pueden reactivar una polarización. Así se anuncia el fin de sexenio: con fosas que destapan a los miles de muertos anónimos, con corrupción institucional, con una irresponsable actitud para debilitar al árbitro electoral, y con un gobierno que cada día tiene menos apoyo y credibilidad. Los olores pestilentes del final del sexenio, cuando todavía falta un año y medio, generan un panorama preocupante.
Investigador del CIESAS
recandidatos planifican sus estrategias para llegar al 2012 en las mejores condiciones. Las televisoras hicieron sus apuestas desde hace varios años, y hoy se apresuran a recoger la siembra. Sin duda, el gobierno trata de armar sus mejores caras para el final, pero la máscara de fracaso es inocultable. La detención de Jorge Hank Rhon es el silbatazo de que la batalla ha empezado. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie mantenemos nuestras preocupaciones e incertidumbres sobre un futuro extraño del que sólo conocemos algunas tendencias desconcertantes.Veamos algunas de las percepciones que nos presenta la encuesta Mitofsky de mayo. Cada trimestre se hace la evaluación del gobierno federal, lo cual permite un seguimiento puntual. En esta ocasión se tienen los resultados de los 18 trimestres transcurridos. Sólo faltan seis trimestres para concluir el sexenio. Los datos nos muestran un nudo de problemas complejos que nutren la percepción ciudadana.
En general, los números y porcentajes son negativos: la inseguridad se percibe como el principal problema, seguido de los problemas económicos. La serie sobre la percepción de la situación económica y las expectativas muestran un panorama muy negro: un 82% considera mala la situación económica, y un 73% tiene expectativas de que el país va peor que antes. Para completar el cuadro hay dos datos muy importantes: 6 de cada 10 personas (62%) consideran que el rumbo del país es equivocado, y un poco más, 66%, es decir, dos de cada tres personas, ven que el gobierno no tiene el control del país y que las cosas están fuera de control.
Algunas razones que están detrás de este panorama negativo son dos ubicaciones que nos explican por qué se llegó a este punto: la primera es el reacomodo político que se da cuando se acerca el fin del sexenio; los priístas han empezado un distanciamiento irreversible, ya que en noviembre de 2010 había un desacuerdo con el gobierno de 44.4%, y ahora, tres meses después, sube a 54.6%. Con el caso Hank Rhon, seguramente crecerá la distancia. El otro factor de desacuerdo es geográfico y obedece, entre otras razones, a la gravísima situación que ha dejado el crimen organizado en el Norte del país, una región que había estado mayoritariamente de acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón. Así, el desacuerdo norteño en noviembre de 2010 era de sólo 31%, y ahora sube a 46%. El tercer ingrediente, además del factor regional y el que expresa la tensa relación entre el gobierno panista y el PRI, se refiere al llamado grupo de los independientes. Ése importante sector que se mueve por fuera de la lógica partidista también ha empezado a irse hacia el desacuerdo con el gobierno de forma mayoritaria; pasó de 47.5% en noviembre pasado a un 53.6% en mayo.
Estos indicadores nos ubican en una lógica de final de sexenio. Lo más probable es que en los próximos meses estas perspectivas se vayan profundizando. Sería muy difícil ver un cambio de rumbo en las principales directrices y políticas de este gobierno hacia el final, más bien lo que todos los días se observa es una ratificación de la estrategia de seguridad que se defiende como si fuera la mejor ruta. En términos económicos, todos los datos apuntan hacia más precariedad laboral, a pesar de los anuncios de que el empleo formal crece; el repunte del crecimiento económico de este año no termina de compensar lo perdido con la crisis, por lo que el “estancamiento estabilizador” seguirá dominando la política económica.
En México ya tenemos mucha experiencia en finales de sexenio complicados; sólo hay que recordar el año de 1994, cuando se rompieron varios referentes importantes de la estabilidad política (asesinatos políticos, levantamiento armado, crisis económica). En el 2006, el conflicto fue por una rivalidad entre izquierda y derecha; se polarizó el voto y la diferencia fue mínima: un 0.56%, un resultado polémico al que se sumaron múltiples abusos de actores que lastimaron la democracia.
Ahora se aproxima otra sucesión, y los términos de referencia —que ya se anuncian— no presagian un recambio tranquilo. Los peligros que representa el crimen organizado debilitan el proceso. El uso político de los expedientes judiciales, que ya empezaron a usarse, pueden reactivar una polarización. Así se anuncia el fin de sexenio: con fosas que destapan a los miles de muertos anónimos, con corrupción institucional, con una irresponsable actitud para debilitar al árbitro electoral, y con un gobierno que cada día tiene menos apoyo y credibilidad. Los olores pestilentes del final del sexenio, cuando todavía falta un año y medio, generan un panorama preocupante.
Investigador del CIESAS
Adela Navarro Bello
Sospechoso habitual
Sospechoso habitual
Cuando el 22 de junio de 2004 fuimos informados del asesinato de nuestro editor Francisco Javier Ortiz Franco, dos fuer
on los sospechosos en quienes primero pensamos. Una organización criminal, y un individuo.
Efectivamente, don Jesús Blancornelas y quienes le acompañábamos en aquellos aciagos días, luego de una revisión a los últimos trabajos periodísticos del licenciado Ortiz, concluimos que la orden de matarlo pudo tener dos orígenes: algún miembro del cártel Arellano Félix, o Jorge Hank Rhon.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California coincidió con nuestra percepción periodística, por eso incluyó a Hank en una lista de tres sospechosos de asesinar a mi compañero periodista. El tercer sitio lo ocupaba Heriberto Lazcano, aún prófugo y ostensiblemente líder de la organización criminal de los zetas.
Pero aquella de 2004 no fue la primera vez que a Jorge Hank se le consideraba sospechoso de atacar a un miembro de la redacción de ZETA. En 1988, el 22 de abril, Héctor Félix Miranda fue asesinado de cuatro disparos que salieron de una escopeta recortada. Su verdugo material, Antonio Vera Palestina, fue detenido en 1990, pero cuando cometió el crimen, encabezaba la Jefatura de Seguridad del Hipódromo Agua Caliente, negocio concesionado por el gobierno federal al menor de los hijos del profesor Carlos Hank González.
Victoriano Medina, también miembro del cuerpo de seguridad de Jorge Hank, participó en la emboscada a Héctor Félix Miranda. Fue quien manejó el vehículo desde el cual, y a sangre fría, dispararon hasta matar al periodista.
Vera fue sentenciado a 25 años de prisión que todavía purga en el penal de Puente Grande, Jalisco, hasta donde fue enviado debido a la peligrosidad que su presencia representaba en la Penitenciaria de Tijuana. Medina paga una sentencia de 27 años en la Penitenciaría de Mexicali.
Tanto los agresores como las armas, los vehículos y los pagos económicos a quienes hoy están presos por el asesinato de Félix Mirada, tuvieron su origen en las instalaciones del Hipódromo Agua Caliente. En este contexto, Jorge Hank Rhon se convirtió en el primer sospechoso de la autoría intelectual del crimen.
Sin embargo la autoridad bajacaliforniana no avanzó en la investigación judicial para develar la identidad de quien ordenó matar a Héctor Félix, y a mediados de la década de los noventa el caso fue cerrado durante el gobierno de Héctor Terán Terán.
En junio de 2004, el editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, profesional del derecho, fue designado por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como abogado revisor del expediente de Héctor Félix. Eugenio Elorduy Walter, el gobernador de Baja California en la fecha, otorgó permiso para la revisión del caso y prometió que si el colegiado encontraba un elemento que no hubiese sido debidamente investigado para esclarecer la autoría intelectual, el caso judicial sería reabierto.
Esa tarea desempeñaba Ortiz Franco cuando fue acribillado la mañana del 22 de junio de 2004. Considerando este contexto profesional, el entonces Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, concluyó que Jorge Hank era una línea de investigación en el crimen contra el periodista.
Nosotros en ZETA no hemos dejado de pugnar por el esclarecimiento de los dos homicidios. Hoy día, con la detención el 4 de junio de 2011, de Jorge Hank Rhon, luego que el Ejército Mexicano encontró en su domicilio 88 armas -más de la mitad de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas de este país-, no perdemos la esperanza de que el expediente de Héctor Félix sea reabierto.
La decisión del gobierno federal encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de actuar de manera contundente contra el ex alcalde de Tijuana, significa un paso hacia el fin de la impunidad. Si bien Hank Rhon sólo es juzgado por violentar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada podría tratarse del inicio de la certeza jurídica en México.
La Procuraduría General de la República puede –y debe- demostrar, a partir de este caso, que efectivamente la Ley se aplica sin distingos de estrato económico, ideología política, o estirpe. La detención de Hank abandonó el ámbito político y se adentró en el tema criminal, cuando decomisaron las 88 armas y los más de nueve mil tiros.
Jorge Hank Rhon ha sido un sospechoso habitual.
En enero de 2009, un oficial de migración de los Estados Unidos en la garita de San Ysidro en California le retiró la visa láser para internarse legalmente a territorio norteamericano. El agente tomó esa decisión cuando, después de deslizar el carné internacional por el lector de cinta magnética, leyó en el ordenador todos los casos en los cuales el portador aparecía como sospechoso de conductas ilícitas, relacionadas con el crimen organizado.
El concesionario del Hipódromo se defendió en primera instancia, pero el Juez concedió la razón jurídica al oficial de migración, y negó a Hank la reposición de su documento. Hasta la fecha, la autoridad de los Estados Unidos le ha negado la entrada a ese país.
En estos momentos el gobierno de México tiene la oportunidad de acabar con la impunidad que por más de dos décadas ha distinguido a Jorge Hank Rhon, y a quienes le rodean. Incluido su joven Jefe de Seguridad, Jorge Vera Ayala, hijo del sentenciado asesino de Héctor Félix Miranda aquel 22 de abril de 1988.
*Es Co Directora General del Semanario ZETA, en Tijuana, Baja California
on los sospechosos en quienes primero pensamos. Una organización criminal, y un individuo.Efectivamente, don Jesús Blancornelas y quienes le acompañábamos en aquellos aciagos días, luego de una revisión a los últimos trabajos periodísticos del licenciado Ortiz, concluimos que la orden de matarlo pudo tener dos orígenes: algún miembro del cártel Arellano Félix, o Jorge Hank Rhon.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California coincidió con nuestra percepción periodística, por eso incluyó a Hank en una lista de tres sospechosos de asesinar a mi compañero periodista. El tercer sitio lo ocupaba Heriberto Lazcano, aún prófugo y ostensiblemente líder de la organización criminal de los zetas.
Pero aquella de 2004 no fue la primera vez que a Jorge Hank se le consideraba sospechoso de atacar a un miembro de la redacción de ZETA. En 1988, el 22 de abril, Héctor Félix Miranda fue asesinado de cuatro disparos que salieron de una escopeta recortada. Su verdugo material, Antonio Vera Palestina, fue detenido en 1990, pero cuando cometió el crimen, encabezaba la Jefatura de Seguridad del Hipódromo Agua Caliente, negocio concesionado por el gobierno federal al menor de los hijos del profesor Carlos Hank González.
Victoriano Medina, también miembro del cuerpo de seguridad de Jorge Hank, participó en la emboscada a Héctor Félix Miranda. Fue quien manejó el vehículo desde el cual, y a sangre fría, dispararon hasta matar al periodista.
Vera fue sentenciado a 25 años de prisión que todavía purga en el penal de Puente Grande, Jalisco, hasta donde fue enviado debido a la peligrosidad que su presencia representaba en la Penitenciaria de Tijuana. Medina paga una sentencia de 27 años en la Penitenciaría de Mexicali.
Tanto los agresores como las armas, los vehículos y los pagos económicos a quienes hoy están presos por el asesinato de Félix Mirada, tuvieron su origen en las instalaciones del Hipódromo Agua Caliente. En este contexto, Jorge Hank Rhon se convirtió en el primer sospechoso de la autoría intelectual del crimen.
Sin embargo la autoridad bajacaliforniana no avanzó en la investigación judicial para develar la identidad de quien ordenó matar a Héctor Félix, y a mediados de la década de los noventa el caso fue cerrado durante el gobierno de Héctor Terán Terán.
En junio de 2004, el editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, profesional del derecho, fue designado por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como abogado revisor del expediente de Héctor Félix. Eugenio Elorduy Walter, el gobernador de Baja California en la fecha, otorgó permiso para la revisión del caso y prometió que si el colegiado encontraba un elemento que no hubiese sido debidamente investigado para esclarecer la autoría intelectual, el caso judicial sería reabierto.
Esa tarea desempeñaba Ortiz Franco cuando fue acribillado la mañana del 22 de junio de 2004. Considerando este contexto profesional, el entonces Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, concluyó que Jorge Hank era una línea de investigación en el crimen contra el periodista.
Nosotros en ZETA no hemos dejado de pugnar por el esclarecimiento de los dos homicidios. Hoy día, con la detención el 4 de junio de 2011, de Jorge Hank Rhon, luego que el Ejército Mexicano encontró en su domicilio 88 armas -más de la mitad de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas de este país-, no perdemos la esperanza de que el expediente de Héctor Félix sea reabierto.
La decisión del gobierno federal encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de actuar de manera contundente contra el ex alcalde de Tijuana, significa un paso hacia el fin de la impunidad. Si bien Hank Rhon sólo es juzgado por violentar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada podría tratarse del inicio de la certeza jurídica en México.
La Procuraduría General de la República puede –y debe- demostrar, a partir de este caso, que efectivamente la Ley se aplica sin distingos de estrato económico, ideología política, o estirpe. La detención de Hank abandonó el ámbito político y se adentró en el tema criminal, cuando decomisaron las 88 armas y los más de nueve mil tiros.
Jorge Hank Rhon ha sido un sospechoso habitual.
En enero de 2009, un oficial de migración de los Estados Unidos en la garita de San Ysidro en California le retiró la visa láser para internarse legalmente a territorio norteamericano. El agente tomó esa decisión cuando, después de deslizar el carné internacional por el lector de cinta magnética, leyó en el ordenador todos los casos en los cuales el portador aparecía como sospechoso de conductas ilícitas, relacionadas con el crimen organizado.
El concesionario del Hipódromo se defendió en primera instancia, pero el Juez concedió la razón jurídica al oficial de migración, y negó a Hank la reposición de su documento. Hasta la fecha, la autoridad de los Estados Unidos le ha negado la entrada a ese país.
En estos momentos el gobierno de México tiene la oportunidad de acabar con la impunidad que por más de dos décadas ha distinguido a Jorge Hank Rhon, y a quienes le rodean. Incluido su joven Jefe de Seguridad, Jorge Vera Ayala, hijo del sentenciado asesino de Héctor Félix Miranda aquel 22 de abril de 1988.
*Es Co Directora General del Semanario ZETA, en Tijuana, Baja California
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