Alto Tribunal reitera al Estado mexicano su competencia para juzgar delitos
Por la Redacción
México DF, 9 jun 11 (CIMAC).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) rechazó la solicitud de interpretación que le pidió el Estado mexicano por las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002, pues reiteró la existencia de violación y tortura sexual y volvió a pedir que los casos se saquen del fuero militar y se trasladen a la justicia civil.
En comunicado de prensa, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) celebraron esta decisión pues consideraron que lo que hizo el Estado mexicano fue “un claro intento de seguir defendiendo los intereses del Ejército y volver a poner en tela de duda el testimonio” de las víctimas.
En diciembre pasado, el Estado mexicano solicitó a la CoIDH que aclarara las sentencias que ese tribunal emitió en su contra en octubre de 2010, porque consideraba que “generaba confusión”, ya que a su parecer, no competía a la Corte señalar a qué corporación pertenecían los responsables de la agresión en contra de las indígenas, registrada en Guerrero, en 2002.
Las organizaciones que representan a Inés Fernández y Valentina Rosendo, consideran que las solicitudes de interpretación interpuestas por el Estado mexicano tuvieron como fin objetar la decisión de la CoIDH, a pesar de que sus resoluciones son “definitivas e inapelables”.
En su respuesta al Estado mexicano, la Corte Interamericana explica que sus fallos son claros, ya que no excedió su competencia y el cuestionamiento del Estado se relacionó a hechos probados. Con base en estas, y otras consideraciones, “decidió desestimar las solicitudes” presentadas por las autoridades del país.
A decir de las organizaciones, la confirmación de las sentencias constituye un “contundente y enérgico” llamado a que la remisión de las investigaciones a las instancias civiles federales no tarde más, debido a que el cambio de competencia, constituye un paso indispensable en la búsqueda de justicia a favor de las víctimas.
En este escenario, las organizaciones solicitaron que los dos expedientes sean remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) de manera inmediata, ya que el Estado mexicano mantiene las investigaciones en el fuero militar, “en abierto desacato de las sentencias de la Corte Interamericana tras más de 8 meses de haber sido notificadas”.
AGRESIÓN A LA OPIM
En un comunicado, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció la agresión sufrida el pasado 6 de junio en las instalaciones de la OPIM contra las y los defensores de derechos humanos de esta organización, entre quienes se encontraba Obtilia Eugenio Manuel, quien fue golpeada y nuevamente amenazada por militares.
Obtilia Eugenio Manuel es una de las defensoras que acompañó a Inés y Valentina en sus procesos de denuncia pues éstas no hablaban español. Esta acción provocó que fuera amenazada constantemente junto con sus familiares, por lo que tuvo que salir de su comunidad.
De acuerdo con la información proporcionada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el pasado 6 de junio cuando un grupo de defensoras y defensores de derechos humanos se reunían en las instalaciones de la OPIM para conmemorar la masacre de El Charco, ocurrida hace 13 años, en Ayutla de los Libres, Guerrero, integrantes de esta organización fueron interrogados y golpeados por elementos del Ejército.
El comunicado refiere que alrededor de las 11:30 de la mañana, un camión del ejército con aproximadamente 50 hombres vestidos de uniforme verde camuflageado, quienes llevaban el rostro cubierto con pasamontañas, llegaron hasta la oficina de la OPIM en Ayutla de los Libres.
La Red denunció que de forma inmediata comenzaron a registrar a las y los defensores que se encontraban afuera de la oficina en espera de que llegaran las y los defensoras de derechos humanos integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, con quienes subirían a la Comunidad de El Charco el día 7 y quienes además llevaban a Inés Fernández Ortega y a Fortunato Prisciliano Sierra, también integrantes de la OPIM.
Obtilia Eugenio Manuel fue golpeada cuando trató de impedir que agredieran a sus compañeros. La defensora de derechos humanos e indígenas preguntó si los militares llevaban orden de registro y uno de ellos “con aliento alcohólico” “respondió que era el responsable de la acción, que hicieran lo que quisiera, que su nombre era Roberto Pérez Díaz y que venían de Chilpancingo”.
Por lo anterior, la Red Solidaria hizo un llamado a Amnistía Internacional para que emita una acción urgente y para que el Estado mexicano garantice la integridad física y psicológica de las y los integrantes de la OPIM.
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