ALDF establece penas de hasta 50 años de cárcel
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 9 jun 11 (CIMAC).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en comisiones el dictamen para tipificar el feminicidio en la Ciudad de México como delito grave, sancionándolo con una pena de 20 a 50 años de prisión y modificar el Código de Procedimientos Penales, a fin de establecer un protocolo de investigación y responsabilidades.
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Equidad de Género de la ALDF aprobaron por unanimidad el dictamen por el que el delito de feminicidio quedaría incorporado en el Código Penal capitalino en el artículo 148 Bis, y agregaron reformas al artículo105 del Código de Procedimientos Penales.
Grupos ciudadanos que se encontraban en la sesión celebraron la aprobación del dictamen, al considerar que representa un avance para que las mujeres víctimas de homicidios dolosos puedan acceder a la justicia, y para que los servidores públicos trabajen con líneas claras que permitan registrar este tipo de casos y quien no lo haga sea sancionado.
En entrevista con Cimacnoticias, Karla Michell Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirmó que la aprobación es un avance muy grande, ya que tanto la ALDF como el GDF están reconociendo la existencia de este delito.
Agregó que lo que preocupaba a las organizaciones especialistas en el tema era que sólo quedara el tipo penal sin reformas al Código de Procedimientos Penales, ya que se eliminaba la obligación de establecer los protocolos de investigación y responsabilidad.
La coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, coincidió en la importancia del dictamen aprobado. “Al no investigarse no sabemos quien mató a las mujeres, y a los criminales no se les sanciona”, con las modificaciones al Código de Procedimientos Penales la investigación se hace obligatoria, destacó.
Agregó que una de las partes más importantes de este dictamen es que sanciona a los servidores públicos que no cumplan con llevar a cabo un protocolo de investigación criminal, por lo que incurrirán en una sanción administrativa y penal.
“Esto es fundamental por que si a los operadores jurídicos no se les señala y sanciona difícilmente vamos a tener avances en un tema tan delicado como es la procuración y administración de justicia”.
Luz Estrada confió en que el dictamen sea votado por el pleno de la ALDF a fines de este mes, y adelantó que las organizaciones insistirán para que así sea y además se incorporen las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales quedaron fuera del dictamen.
Con esos agregados pendientes se crearía un registro de delitos cometidos contra mujeres, las diligencias realizadas, características de la víctima y del agresor y las circunstancias del hecho.
La especialista afirmó que de ser aprobada esta iniciativa por el pleno de la ALDF, la capital del país se convertiría en la entidad paradigmática y pionera en la protección de los derechos de las mujeres.
POLÉMICA
Luego de que las Comisiones Unidas votaron en lo general el dictamen por el que se tipifica el feminicidio, las y los legisladores discutieron los artículos reservados.
La diputada Maricela Contreras Julián del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso que se eliminara del dictamen el artículo 108 Bis del Código de Procedimientos Penales, ya que éste no contiene los criterios que necesita una investigación para acreditar el feminicidio.
Planteó que en su lugar se incorporara el artículo 105, el cual contiene los elementos mínimos con los que debe cumplir la autopsia, la elaboración de los protocolos de investigación, el nombre del servidor público que la efectúa, y las sanciones de no realizarse de la manera en que lo estipula la ley.
Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Justicia, el también perredista, Julio César Moreno, esto no es “viable” y en su opinión “echaría a perder todo el trabajo” hecho con antelación para llegar al dictamen.
Afirmó que las legisladoras desconocían la ley, y que lo que proponían ya se hace en las investigaciones de homicidios.
Moreno llamó en varias ocasiones a las y los diputados a votar en contra de la reserva propuesta por la legisladora por considerar que el gran problema en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio es que los crímenes no se investigan de manera correcta.
Finalmente las y los legisladores aprobaron la reserva con ocho votos a favor y dos en contra. Así, se incorporó al dictamen el artículo 105 del Código de Procedimientos Penales y con ello la creación de tres artículos transitorios en los que se establece que a partir de su entrada en vigor, la Procuraduría General de Justicia del DF deberá emitir, en un plazo no mayor a 90 días, los protocolos para la investigación del feminicidio.
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