Inoperables, mecanismos y acciones para la equidad
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 4 jul 12 (CIMAC).- Activistas critican la ineficacia de las políticas y mecanismos creados por el Estado mexicano, para abatir la discriminación contra las mujeres y garantizarles el acceso a la justicia.
En el informe “Discriminación, pobreza y violencia contra las mujeres en México”, elaborado por organizaciones civiles defensoras de los derechos femeninos, se acusa la inoperancia del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Las agrupaciones ciudadanas advierten que el acceso a la justicia para las mujeres no ha sido abordado de manera adecuada ni suficiente a través de las políticas públicas vigentes.
Las organizaciones señalan que las distintas formas de discriminación contra las mexicanas (que van desde su género, condición socioeconómica, origen étnico, lugar de residencia –rural o urbana–, estatus migratorio, orientación sexual, o padecimiento de enfermedades o discapacidades), han sido ignoradas a la hora de formular políticas públicas en materia de impartición de justicia, como si las mujeres fueran una población homogénea.
Sobre el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las activistas observan que a pesar de que incluye estrategias y acciones para garantizar el derecho a la justicia y la seguridad a la población femenina, el plan carece de metas concretas y de presupuestos específicos para cada uno de los tres poderes de la Federación.
En el reporte que se presentará el próximo 17 de julio ante el Comité de las Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se establece que al parecer el Inmujeres incumple con su obligación de evaluar de manera periódica la ejecución del Programa Nacional para la Igualdad.
Los grupos ciudadanos indican que no hay información que indique que tal evaluación se ha realizado, o que se creó un mecanismo de seguimiento de resultados e impacto que pudiera contribuir a conocer la efectividad del programa, para atender y responder a la violencia y discriminación contra las mujeres, así como garantizar su acceso a la justicia.
En el informe se añade que la distribución de competencias y el nivel jerárquico inferior del Inmujeres respecto a otras secretarías de Estado, limita su quehacer a la “promoción” o el “impulso” de acciones a favor de la equidad de género, por lo que los avances son “excesivamente lentos” en este plano.
Respecto al PNDH, las activistas afirman que no es vinculante para las entidades federativas, donde ocurren la mayoría de casos de discriminación y violencia que afectan de manera directa y cotidiana a las mujeres.
A lo anterior se agrega –dicen las organizaciones– que la elaboración del programa no contempló la participación de los poderes Legislativo y Judicial, lo que ha impedido que los distintos poderes actúen de manera coordinada y articulada para cumplir con el PNDH de manera eficiente.
“En los últimos años, expertas y expertos así como organizaciones de la sociedad civil han impulsado la creación de un mecanismo de evaluación del PNDH. No obstante, luego de varios intentos fallidos para su establecimiento, las organizaciones decidieron retirarse de la mesa de discusión a finales del año pasado”, apuntan las agrupaciones en el informe.
El reporte “Discriminación, pobreza y violencia contra las mujeres en México” fue preparado por organizaciones civiles para confrontar los informes presentados por el Estado mexicano ante el Comité de la CEDAW.
Entre los grupos ciudadanos están la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Defensoras Populares, la Red Nacional de Género y Economía, y la Coordinación Nacional de Milenio Feminista, por mencionar sólo algunos.
En total se elaboraron 17 informes “sombra” o alternos que documentan lo sucedido en seis años del gobierno de Felipe Calderón, respecto a los derechos de las mujeres. Esta es la primera vez, desde 1981, que se realizan tantos reportes para contrarrestar la visión oficial.
México ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981 y ese mismo año entró en vigor. El Estado mexicano presentó en 2010 los reportes 7 y 8 sobre las acciones realizadas en igualdad para las mujeres.
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