1. julio, 2012
Autor: Nancy Flores
A días de ser expulsado del Partido Acción Nacional, el expresidente Fox espera tener otro sexenio de impunidad. Sus correligionarios que ahora lo tachan de “desleal”, “rancio” y “miserable” son los mismos que hace 12 años lo llevaron al máximo cargo de representación popular en México, y que desde 2007 lo han mantenido al margen de la ley. Aún sin castigar, los excesos que cometió en la Presidencia: la remodelación de Los Pinos a favor de un amigo, los lujos de Marta Sahagún con cargo al erario, los negocios de los hijos de la otrora “pareja presidencial”. Cerrar en definitiva esos expedientes, objetivo del apoyo a Peña Nieto. El miedo a la apertura de una serie de investigaciones, incluida una indagatoria sobre las irregularidades del proceso electoral de 2006, origen de su campaña contra López Obrador
Las cuentas pendientes del expresidente Vicente Fox Quesada lo
llevaron a traicionar lo que se ha considerado su máximo y quizá único
logro: “sacar al Partido Revolucionario Institucional de Los Pinos”. A
cambio del apoyo público que ha dado al partidazo, y de resultarle la
negociación, tendría garantizado el cierre definitivo de los expedientes
que lo involucran a él, a su esposa y a sus hijastros en hechos de
supuesta corrupción.
Lejos de importarle las amenazas de sus correligionarios sobre su
inminente expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), el expresidente
se concentra en la negociación con los priístas. Con ésta también busca
anular la reapertura de la indagatoria sobre su ilegal intervencionismo
–como en su momento lo calificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación– en las elecciones presidenciales de 2006.
Entre los asuntos que aún le preocupan, destacan las
irregularidades cometidas durante los trabajos de remodelación en la
residencia oficial de Los Pinos, que asignó de manera directa a su amigo
Humberto Artigas del Olmo (Contralínea 58)
y que fueron documentadas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo (ahora Función Pública); los lujos de su esposa Marta
Sahagún, con cargo al erario; y las “gestorías” de sus hijastros a favor
de contratistas del gobierno federal, que derivaron en negocios
multimillonarios y en desfalcos al erario. Estos últimos, actualmente
investigados por autoridades de Estados Unidos.
Remodelación de las cabañas
La historia de las irregularidades en los trabajos de remodelación
de las cabañas 1 y 2 y la residencia Miguel Alemán, de la residencia
oficial de Los Pinos, inició antes de que Vicente Fox asumiera
formalmente el máximo cargo de representación popular en México, cuando
el aún panista se encontró ante la necesidad de rediseñar el espacio que
habitaría durante el sexenio.
Hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, la remodelación
de la residencia oficial era tratada como un asunto de seguridad
nacional y quedaba en manos del Estado Mayor Presidencial, pues la
estructura del espacio determina el nivel de seguridad del mandatario y
su familia. Sin embargo, con el exejecutivo de Coca Cola las cosas
cambiaron.
Como si se tratara de un asunto privado, Fox Quesada invitó de
manera directa a las empresas Humberto Artigas y Asociados, SC, y MYO,
SA de CV, propiedad de sus amigos, como consta en la auditoría 2015
realizada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y
revelada por Contralínea en junio de 2006.
Documentos de la Contraloría Interna en la Presidencia de la
República, que hasta ahora no se conocían y de los cuales este semanario
posee copia, descubren que para el 12 de diciembre de 2000 el entonces
asesor del presidente, Carlos Rojas Magnon, ya se encargaba de gestionar
las autorizaciones tanto en el Comité de Obras Públicas –que él mismo
presidía– como con el Estado Mayor Presidencial. Al primero le solicitó
contratar sin licitación al despacho de Artigas del Olmo, por un importe
de 6 millones 636 mil 500 pesos. Con el paso del tiempo, el monto
aumentó hasta llegar a más de 60 millones de pesos.
Cuatro meses después, los militares encargados de la seguridad del
presidente avalaron que los particulares realizaran el rediseño de los
inmuebles, según se desprende del oficio 8485, emitido por el Estado
Mayor el 9 de abril de 2001.
En el documento, signado por el coronel David Gerardo Cortés
Canela, se lee: “por instrucciones del general de brigada jefe del
Estado Mayor Presidencial y en relación a las obras de remodelación de
la casa anexa y las obras exteriores de la residencia oficial de Los
Pinos, por motivos de seguridad, el acceso a esas oficinas debe ser
restringido y únicamente será autorizado por el personal de seguridad
designado por el Estado Mayor Presidencial; por lo anterior se solicita
autorización para llevar a cabo la contratación de los trabajos
referidos con la empresa Humberto Artigas y Asociados, en virtud de que
después de haber realizado la evaluación correspondiente se considera
que la citada compañía cumple con las especificaciones y los parámetros
de seguridad y confiabilidad para efectuar las obras citadas”.
Tres meses después, la Dirección General de Auditoría Gubernamental
inició una investigación sobre los posibles actos de corrupción e
irregularidades administrativas respecto de los trabajos ordenados por
el entonces presidente Vicente Fox. La primera anomalía detectada fue la
asignación directa del contrato.
Al ser requeridos por la Secretaría de Contraloría, Mario Barjau
Graniel, apoderado legal de Humberto Artigas y Asociados, y Rosalía
Morales Arámbula, representante de MYO, declararon a los auditores Tomás
Limón Lepe y Luis Ernesto Castillo Guzmán que en diciembre de 2000 Fox
Quesada los invitó personalmente a convertirse en proveedores y
contratistas de obra de la Presidencia.
Al finalizar la revisión, la Contraloría Interna señaló haber
descubierto contubernio entre los particulares y los servidores
públicos, que implicó daños patrimoniales al erario por unos 45 millones
de pesos. También, los delitos de desvío de recursos públicos,
subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos injustificados,
omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y a las
leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Los interrogatorios
Como se dio a conocer en Contralínea 58,
a las 15:30 horas del 21 de junio de 2001, Barjau Graniel respondió
nueve preguntas elaboradas por los auditores de la Secretaría de
Contraloría, entre las que destacan la tercera y cuarta:
—Describa cómo se hizo proveedor del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha.
—Por invitación del Poder Ejecutivo, a partir de diciembre de 2000.
—Describa quién lo invitó a participar como contratista de obra y el trámite realizado al respecto.
—Por conducto del licenciado Vicente Fox Quesada.
En el caso de la empresa MYO, las respuestas dadas por Rosalía Morales Arámbula a esas preguntas son similares:
—Describa cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha.
—Fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000.
—Describa quién lo invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto.
—La invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox.
El “contubernio”
A menos de un mes de asumir el cargo, Rojas Magnon ya operaba las
contrataciones. En noviembre de 2000, el futuro asesor del mandatario
presentó al director general de Administración de Presidencia de la
República, Carlos Altamirano Toledo, la propuesta elaborada por el
arquitecto Artigas del Olmo para remodelar la residencia oficial de Los
Pinos.
La comunicación por escrito dice: “Estimado Carlos: te acompaño
borrador sujeto a discusión, propuesto por el arquitecto Humberto
Artigas para la adquisición del equipo inmobiliario tanto de la casa que
habitará en diciembre el licenciado Vicente Fox dentro de Los Pinos,
como de las oficinas que se estarán creando en la que es hoy la
residencia Miguel Alemán”.
De acuerdo con otro oficio firmado por Rojas Magnon, el 17 de
noviembre de 2000 se instruyó a Carlos Altamirano: “dada la urgencia que
se tiene para equipar y amueblar la casa que habitará a partir del 1 de
diciembre próximo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, me
permito solicitar a usted que se presente ante el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la
República la solicitud de autorización para adquirir bajo mi
responsabilidad, a través del proceso de adjudicación directa, lo
siguiente: adquisición de mobiliario y equipo por 8.6 millones de pesos;
enseres y utensilios de cocina por 600 mil pesos, y blancos por 200 mil
pesos”.
En el acta de la sesión extraordinaria 008/00 del Comité de
Adquisiciones realizada a las 13 horas del 14 de diciembre de 2000 se
aprobó el suministro, sin licitación, de enseres, utensilios de cocina y
blancos; además, la adjudicación directa “para evitar costos
adicionales importantes y toda vez que, dada la premura para suministrar
los bienes adquiridos, no es posible llevar a cabo la licitación”
correspondiente a las partidas presupuestales 5101, 5102, 5103, por 1
millón 734 mil 338 pesos.
Los lujos de Marta
Otro capítulo que Fox no puede cerrar es el de los lujos que su
esposa Marta Sahagún Jiménez pagó con dinero público. Y es que luego de
contraer matrimonio, la exvocera de la Presidencia renovó su guardarropa
en las boutiques más suntuosas del país con cargo al erario de la
nación. Entre 2002 y 2003, ejerció al menos 280 mil 520 pesos por
concepto de vestuario y accesorios de la partida presupuestal 3825,
“gastos inherentes a la investidura presidencial” (Contralínea, agosto de 2005).
Algunos de las compras las realizó en las tiendas Loewe, Frattina y
Macario Jiménez. Entre los artículos que adquirió se encontró una
chaqueta por 20 mil 104 pesos (factura Loewe número 750). La Presidencia
de la República justificó la erogación como “vestuario general para
actos oficiales de la gira a Monterrey y la comida con la Fundación
Mexicana para la Salud, AC”.
Con dinero público también compró un bolso Helen Napa por 6 mil 449
pesos; una cartera larga Napa por 3 mil 379 pesos, y un portacosméticos
grande por 1 mil 600 pesos (factura 357, emitida por la misma tienda el
30 de septiembre de 2002).
El 18 de febrero de 2003 compró un vestido en Frattina de 14 mil
260 pesos; el 19, otro vestido por 8 mil 855 pesos; el 20, un traje por 7
mil 935 pesos y una blusa por 5 mil 347 pesos; el 21, un saco por 14
mil 605 pesos; el 22, una falda Frattina por 8 mil 855 pesos; el 24, un
traje por 15 mil 870 pesos; el 25, una blusa por 4 mil 312 pesos y un
par de zapatos por 3 mil 565 pesos; el 27, un traje por 11 mil 143 pesos
y una falda por 3 mil 139, y el 28, un vestido por 2 mil 593 pesos.
Así, en 10 días Marta Sahagún derrochó 100 mil 408 pesos en 12
prendas. En estos casos, la Presidencia señaló que se trató de
“vestuario general para actos oficiales efectuados en Monterrey,
Querétaro, Yucatán, además de la cena con el primer ministro de Canadá y
la inauguración de la Asamblea Anual ProFinanzas y Micro Empresas, AC,
durante el bimestre febrero-marzo”.
Las “gestorías” de los hijastros
La otrora “pareja presidencial” también tiene entre sus cuentas
pendientes las indagatorias relacionadas con los hijos de Marta Sahagún,
en especial las que involucran a Manuel Bribiesca. Las gestorías y
negocios de este último serían fiscalizadas por el Federal Bureau of
Investigation, de Estados Unidos, que incluso habría logrado conseguir
una orden de aprehensión en su contra (Proceso 1854).
Los hijastros del expresidente habrían facilitado los negocios de
la empresa Oceanografía en la paraestatal Petróleos Mexicanos (Contralínea 89),
además de haber sido beneficiarios de la venta de cartera del Instituto
de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a través de la empresa Fénix
Administradora de Activos (Contralínea 75).
El último caso implicaría, además, quebrantos por miles de millones
de pesos al erario, según un juicio comercial y una demanda civil
interpuestos en contra de Fénix Administración de Activos por el IPAB,
por supuestas irregularidades en el manejo de descuentos y cobranza de
la cartera de BanCrecer (ahora Banorte) durante el proceso de
“saneamiento”.
La empresa vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel
Bribiesca Sahagún asumió una relación contractual con el IPAB para los
servicios de preparación, cobranza y administración de la cartera de
BanCrecer, el 7 de marzo de 2000; no obstante, desde el 3 de noviembre
de 1999 recibió instrucciones acerca del proceso de saneamiento, consta
en los Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y dictamen de los auditores. Su gestión concluyó en mayo de 2004 (Fortuna. Negocios y Finanzas, mayo de 2008).
En ese periodo, Fénix realizó 302 procesos para enajenar, por
licitación pública, miles de bienes muebles e inmuebles. Estas
operaciones ascendieron a 7 mil 992 millones 300 mil pesos, indica un
informe entregado por el exsecretario ejecutivo del IPAB, Mario
Beauregard, al Senado el 28 de junio de 2005.
Seis subastas, ocurridas en 2001 y a inicios de 2003, sumaron pérdidas por al menos 10 mil 772 millones 126 mil 280 pesos.
Ante la previsible derrota de la candidata presidencial del Partido
Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, el expresidente Fox se acercó
al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Con Peña Nieto,
habría pactado que no se reabra ninguno de los casos que lo involucran a
él y a sus familiares del primer círculo.
Fox, “cínico” y “desleal”
Por el apoyo al candidato del Partido Revolucionario Institucional,
el primer presidente de la República emanado de Acción Nacional será
expulsado de ese instituto político. Sus correligionarios llaman ahora a
Vicente Fox Quesada con los calificativos que antes le proferían sus
adversarios: “miserable”, “rancio”, “hipócrita”, “cínico”, “ingrato”,
“convenenciero”, “miope”, “irresponsable”, “injusto”, “megalómano”,
“torpe”, “desleal”, “mercenario”, “traidor”.
El vocero del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón,
incluso afirmó: “en realidad todo parece indicar que se vendió por un
plato de lentejas”. El exsecretario del Trabajo lo llamó “vulgar
porrista de Peña Nieto”.
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