Zona de Reflexión
Por Lucía Lagunes Huerta
México, DF, 7 ago 12 (CIMAC).-
La impunidad que vive México es la mejor puerta para la repetición de
las violaciones de los Derechos Humanos y los atentados contra la
libertad de expresión.
Una y otra vez lo han señalado
instancias internacionales, una y otra vez han recomendado castigar a
los perpetradores, sin que hasta hoy logren contar con la atención y la
acción del Estado mexicano.
La omisión del Estado para
garantizarles protección vuelve a violar sus Derechos Humanos y deja en
soledad a las y los periodistas, quienes junto con las organizaciones
civiles buscan protegerse; los resultados están a la vista: asesinatos,
amenazas, desapariciones.
Lydia Cacho Ribeiro se suma hoy a la
lista de periodistas que por razones de seguridad tienen que abandonar
el país. Una nueva amenaza la coloca en riesgo, porque hasta ahora no
hay quien le garantice una verdadera protección de quienes quieren
hacerle daño.
Son los otros daños colaterales de una guerra que
coloca la ley del más fuerte como la lógica, en lugar de la legalidad y
el Estado de Derecho.
Cuando no se sanciona a la persona que
violenta los derechos de otra, cuando se exhibe impúdicamente la
colusión para proteger a personajes de la política, quienes a todas
luces se asocian con un particular para hacerle daño a una periodista
cuyo delito fue investigar y sacar a la luz pública una red de
pornografía infantil, el mensaje llega: la ley del más fuerte está en
vigor.
Cuando la fuerza tendría que estar del lado de la
justicia y de la verdad, la fuerza de las armas, del poder político, de
la intimidación, va ganando espacio para silenciar a aquellas personas
que le incomodan, que le obstruyen su posibilidad de maniobra, dejando
a la sociedad solo con los ecos que ellos quieren que se escuchen.
Uno
de ellos contó con el beneficio de ser un gobernador para ser
intocable, ser gobernador de un estado le permitió no sólo la fuerza
sino le garantizó la impunidad. Él sigue gozando de la vida política,
él no tiene que salir corriendo de su casa por alguna amenaza, no tiene
que solicitar protección por su vida.
Dejar pasar las
grabaciones, sin investigar a profundidad lo que eso implica, no haber
hecho justicia para Lydia Cacho, la colocó en riesgo nuevamente, en la
posibilidad de la repetición de una amenaza que pudiera costarle la
vida.
Por esta absurda impunidad desvergonzada, es que el Comité
de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer le insiste al Estado mexicano
garantizar la protección de las periodistas.
Por eso es
fundamental que las instancias gubernamentales como los Comités de
Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos
actúen a favor de las víctimas, y no se queden en la lógica burocrática
de retardarlo todo.
Si estas instancias no actúan a favor de las
víctimas, si no las protegen y les dan garantías para seguir haciendo
su trabajo no servirán de nada, y pasarán a la historia como una más de
las instancias fantasmas que desarrollan aparatos, consumen recursos
públicos, pero no dan resultados.
Twitter: @lagunes28
*Directora general de CIMAC.
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