Suelen
ser desastrosos los últimos días de poder que ejercen quienes estén por
dejar de vivir en Los Pinos. La trágica historia nacional registra
cómo, ya de salida, los políticos en declive realizan postreros
negocios atropellados, conceden y regalan cuanto pueden a sus
camarillas y familias, y desahogan sus enojos y venganzas, apurados por
el proceso de pérdida de un poder que en ciertos momentos creyeron que
sería eterno.
Un personaje de permanente conducta alterada, como ha sido Felipe
Calderón, no ha podido sustraerse a esa maldición de fin de sexenio.
Adorador de la violencia, desconfiado y rencoroso, trata de apropiarse
de instrumentos de supervivencia (el control del PAN) y da golpes
impúdicos a quienes considera adversarios o enemigos.
Ha tocado el turno a la familia Vargas, dueña, entre otros negocios,
de las frecuencias de televisión por cable y de radiofonía
identificables por las siglas MVS (Multivisión). A pesar de las
bondades que ofrecía el proyecto Banda Ancha Móvil para Todos, una
megacarretera tecnológica que aprovecharía las concesiones de la banda
de 2.5 gigahercios del espacio radioeléctrico, y de la cuantiosa
inversión (400 millones de dólares en infraestructura y hasta mil 200
en aportaciones de capital) tanto de la propia MVS como de empresarios
extranjeros (sobre todo Intel y Alestra), el calderonismo mantuvo de
manera caprichosa una negativa total al desarrollo de ese negocio que
mediante la tecnología LTE permitiría una velocidad en Internet hasta
veinte veces más rápida de lo que estaba disponible en abril de 2011,
cuando se firmó la alianza de inversionistas que permitiría a México
salir de los últimos lugares en uso de banda ancha móvil entre países
de economías importantes.
Pero los Vargas nunca fueron bien vistos durante el felipismo y la
discrecionalidad les fue aplicada para cerrarles el paso. El espacio
informativo que conduce Carmen Aristegui motivó suficientes enojos en
la corte calderonista (recuérdese, por ejemplo, que el directivo
Joaquín Vargas acabó reabriendo las puertas a la periodista que había
dejado los micrófonos a causa de menciones sobre presunto alcoholismo
del ocupante de Los Pinos) y a través de Dish hubo formas de
acercamiento entre MVS y otro de los malqueridos de este sexenio,
Carlos Slim.
Ayer, para cerrar esa etapa de venganzas, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes ha anunciado que no prorrogará las
concesiones a partir de las cuales funcionaría la citada banda ancha
móvil de MVS y asociados (la decisión afecta a 68 casos, de los cuales
42 pertenecen a la firma de la familia Vargas). Los argumentos y el
comportamiento del gobierno felipista son propios de un ejercicio
bananero del poder: se le quita a MVS la plataforma tecnológica por
subutilizarla; es decir, por no poner en marcha algún proyecto como el que sostenidamente le boicoteó ese mismo gobierno. El titular de la SCT, Dioniso Pérez-Jácome Friscione (hijo de un destacado priísta veracruzano), mencionó que la banda de 2.5 gigahercios
es como una autopista de altas especificaciones, de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento.
Además,
esas frecuencias serán nuevamente subastadas. Técnicamente podrá volver
a competir MVS. Nada más faltaría que los nuevos adquirentes sean
Televisa por sí misma o algunas de sus firmas corporativas, o en
alianza con su nueva asociada, Televisión Azteca, en algún nuevo
negocio de fin de sexenio que premie a los aliados políticos y
electorales a velocidad 4G.
Astillas
Los juzgadores electorales iniciaron ayer el recuento de
votos correspondientes a mil 125 casillas, en un proceso de formalidad
jurídica pero inutilidad práctica pues, como aquí se advirtió en
anterior entrega, aritméticamente ya se ha consolidado la victoria
oficial de Enrique Peña Nieto, ya que el volumen de sufragios en
suspenso no cambiaría las tendencias originalmente aceptadas por el IFE
ni aun cuando se anulara en su totalidad. Sin embargo, el tribunal
electoral federal agota esta fase de inconformidades y revisiones y
queda en condiciones de emitir en cualquier momento la declaratoria de
presidente electo que le fue programada al mexiquense aún antes de
iniciar las campañas. Esa declaración podría darse en estos días de
euforia futbolera olímpica o tardar unos días más, para aparentar que
los alegatos y presuntas pruebas de fraude electoral han recibido
valoración
exhaustiva, como lo ha pedido Jesús Zambrano, el líder de la corriente de izquierda electoral que necesita las mejores condiciones jurídicas para aceptar el fallo, reconocer a EPN como presidente de la República y comenzar a hacer públicas las negociaciones hasta ahora subterráneas... Por cierto, tal como todo apuntaba, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa han quedado como coordinadores de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente. Su compromiso con Peña Nieto, según eso, consiste en sacar adelante las reformas estratégicas tan cantadas (sobre todo la energética y, en ese paquete, la apenas disfrazada privatización de Pemex)... La presencia del sacerdote Alejandro Solalinde al frente de un albergue para migrantes, Hermanos en el Camino, es fundamental no solamente para el funcionamiento de este lugar, sino para la atención y denuncia del terrible cuadro de violencia e injusticia que afecta a centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos. Ayer, el obispo de Tehuantepec, Óscar Armando Campos, ha negado que estuviese retirando a Solalinde de ese albergue y lo pretendiera circunscribir a una parroquia, según eso con acusaciones de protagonismo... Y, mientras Gustavo Madero reconoce que tiene diferencias con el proyecto partidista de Felipe Calderón, ¡hasta mañana, con Ricardo Monreal retando al PRI y al gobierno del estado de México a actuar penalmente en su contra (aprovechando unos días en los que no tendrá fuero), en el contexto de los señalamientos hechos por el zacatecano respecto de financiamiento delictivo de la campaña presidencial de tres colores!
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Hace
unos días el presidente Calderón y el secretario de Comunicaciones,
Dionisio Pérez-Jácome, hicieron una visita al Museo del Vino, ubicado
entre Tecate y Ensenada. Según los lugareños, fueron agasajados
generosamente con uno de los mejores, el tinto Duetto, que producen los
viñedos Santo Tomás. Los vinos de Baja California son caros en
comparación con los chilenos y argentinos debido a los impuestos.
Apenas transcurridos unos días de la visita, Pérez-Jácome anunció la
expropiación de 42 franquicias de la frecuencia 2.5 gigahercios (Ghz)
por las que el grupo de radio y televisión MVS proyectaba ofrecer
servicios de Internet de banda ancha. Sus concesionarios son los
miembros de la familia Vargas. El comunicado de la Secretaría de
Comunicaciones eufemísticamente habla de un
rescate, cuando en los hechos se trata de una expropiación. Su decisión fue antecedida por litigios y negociaciones que no llevaron a ningún lado, a pesar de una importante oferta de MVS. Si quisiera recuperar las franquicias, o algunas de ellas, tendrá que pagar por lo que hoy es suyo, aunque al parecer el propósito final es darlas a Televisa y algún otro grupo amigo de Calderón. Es insoslayable recordar que fue precisamente en el programa de Carmen Aristegui en MVS donde se transmitió un debate en la Cámara de Diputados y un comentario de la periodista sobre el supuesto alcoholismo de Calderón.
Libre empresa
Estos días se han mostrado muy activos los
representantes de grandes grupos empresariales: Claudio X. González
–ligado a Televisa– y Gerardo Gutiérrez Candiani, defendiendo a las
tiendas Soriana en el asunto de las tarjetas que usó el PRI en la
campaña electoral. Habrá que ver si sólo defienden a unas empresas y a
otras no. En MVS el gobierno ha cometido un atropello contra la libre
empresa mediante una mal disimulada expropiación. Hasta anoche MVS no
había dado a conocer su posición.
Seguro de supervivencia
Algunos de los grupos universitarios que han organizado las protestas contra la
imposiciónde Peña Nieto comienzan a moverse para tener una presencia más consistente en el extranjero, tanto en los medios de comunicación como en las universidades, las organizaciones civiles o incluso entre los miembros del ala democrática del Congreso en Washington y el Parlamento Europeo, como un seguro de supervivencia contra los excesos en que pudiera incurrir la aplanadora priísta. Hasta hoy, ciudadanos que residen en Europa y Estados Unidos han salido a las calles a expresar su inconformidad y su adhesión al movimiento #YoSoy132, pero requieren de mayor articulación. El PRI, paradójicamente, es muy vulnerable fuera de México; la humanidad aplaudió cuando salió del gobierno y hoy ve su regreso como un retroceso de la historia.
El tercer hombre más rico
Tanto la revista Forbes como la agencia de
noticias Bloomberg publican todos los días un reporte sobre el
movimiento de las grandes fortunas. Así nos enteramos de que el
billonario español Amancio Ortega, dueño de las tiendas Zara y uno de
los supuestos copropietarios de la Torre del Bicentenario que se
construye (atropellando la voluntad de los vecinos) en la confluencia
de Reforma y Periférico, merced a la corrupción en Seduvi, cuyo titular
es Felipe Leal, y en la delegación Miguel Hidalgo, del ya próximo a
salir priperrepánico Demetrio Sodi de la Tijera, ha
desbancado a Warren Buffett del tercer lugar de la lista de los hombres
más ricos del mundo. España en ruinas y México con 50 millones de
pobres, pero don Amancio prosperando.
Desde tiempos de Carlos Salinas, autor de las
reformasal sector, la minería reporta un crecimiento sostenido en dos vertientes: por una parte, concesiones a granel, las fortunas de los barones (nacionales y extranjeros) del ramo, la depredación ecológica con la que explotan sus concesiones y la impunidad que el gobierno federal les garantiza; por otra, la miseria, inseguridad e insalubridad en las que desempeñan sus labores los trabajadores mineros, con su elevada cuan creciente cuota de muerte, junto con la ausencia de beneficios para ellos, y para los municipios y estados en los que se extrae la riqueza. Se trata, pues, del saqueo permanente de la nación, y entre las patas se llevan la vida de no pocos mexicanos.
Millones y millones de hectáreas (más de una cuarta parte del
territorio nacional) han sido concesionadas al capital privado por el
gobierno federal, pero no sólo eso. Cuatro gobiernos al hilo (de
Salinas a Calderón) les han servido la mesa a los barones de la
minería: desde el regalo de empresas del Estado (como Cananea), el pago
simbólico por hectárea concesionada (de 5 pesos el más bajo; de 111
pesos el más alto, y que igual utilizan para otros fines, como el
desarrollo de centros turísticos que nada tienen que ver con el objeto
de tal concesión), la abierta violación en materia ecológica, la
exención fiscal y el nulo beneficio para las arcas nacionales, hasta la
comisión de crímenes industriales (como en Pasta de Conchos, de Germán
Larrea y su Grupo México), las ilegales cuan infrahumanas condiciones
laborales que nunca son registradas por las siempre vigilantes
autoridadescorrespondientes y la persecución de líderes sindicales que no se doblan ante los caprichos del dinero. Eso y mucho más ha consentido el gobierno federal a los depredadores barones de la minería que operan en México.
Año tras año, y muerte tras muerte, el gobierno federal ha salido en
defensa de estos pillos de cuello blanco, a quienes todo les facilita.
Por ejemplo, han transcurrido más de seis años desde la tragedia en
Pasta de Conchos, y los únicos que han pagado son los mineros muertos
que permanecen sepultados en el fondo de la mina y sus familias. Germán
Larrea y sus esbirros siguen tan campantes. Y los llamados
pocitos, en los que mueren los mineros, mientras políticos y empresarios hacen negocio.
Años y más años han transcurrido y, no obstante el impedimento
legal, la minera San Xavier, en San Luis Potosí, está decidida a
arrasar con el escudo del estado. Caballo Blanco, en Veracruz, viola
todas las disposiciones legales y, en contubernio con la Semarnat,
mantiene la devastación en la zona en la que opera. El puntual rechazo
de la sociedad movilizada no ha podido con las sucias maniobras de las
empresas canadienses que arrasan con la ecología para explotar las
zonas auríferas en Baja California Sur, y etcétera, etcétera, porque
este tipo de casos se registran en toda la República agujereada,
mientras la supuesta
autoridadse lava las manos, pues sólo atiende las exigencias del gran capital.
Allí está el reciente caso de los seis mineros muertos, más un
herido, en la mina VII de la Unidad Mimosa, en Progreso, Coahuila,
propiedad del consorcio privado (antes propiedad del Estado) Altos
Hornos de México, que preside Alonso Ancira Elizondo, uno de los pillos
de cuello blanco. Menos de dos semanas atrás murieron otros siete
mineros en un
pocito clandestinoen Coahuila, propiedad de Minera El Progreso (cuyos dueños son un ex alcalde priísta, Federico Quintanilla Riojas, y el empresario Eduardo Morales). Nada ha sucedido salvo apresuradas –en el segundo de los casos citados–
cancelaciones de las concesiones.
Por
lo que toca a Alonso Ancira, rápidamente anunció que mantendrá “fuera
de operación la Mina VII de la Unidad Mimosa, en la cual el pasado
viernes se suscitó un accidente por desprendimiento del manto de
carbón, a raíz del cual lamentablemente fallecieron seis trabajadores…
Si bien la mina es segura y plenamente operable, permanecerá cerrada
hasta la restitución de la confianza en el personal… Aunque no se
pueden determinar los alcances de este paro no programado, en el corto
plazo la producción de las siderúrgicas de Altos Hornos de México no se
verá afectada, dado que el carbón necesario para la operación de los
altos hornos de la empresa en Monclova será suplido por otras unidades
mineras”. El citado empresario aduce razones de
confianza del personal, pero todo indica que la decisión va por otro lado: ganar tiempo para tapar el homicidio industrial, para lo cual cuenta con la mejor disposición de la
autoridad, y para evitar que los mineros le alcancen el cuello.
Lo anterior, porque los trabajadores del carbón ocuparon
pacíficamente los accesos a la citada Mina VII, Progreso, Coahuila, y
se instalaron en paro permanente hasta que la empresa les garantice
condiciones de seguridad, de acuerdo con el sindicato nacional que
preside Napoleón Gómez Urrutia, que detalló que
ante la irresponsabilidad y negligencia de las empresas en las tragedias en dos minas de la región carbonífera de Coahuila, que en las últimas dos semanas llevó a la muerte a 13 mineros del carbón, un grupo de más de 500 trabajadores decidieron tomar pacíficamente el acceso a la Mina VII de El Progreso, Coahuila, en protesta por la falta de seguridad y por la ausencia de verdaderas medidas de protección por parte de la empresa, que impidan nuevos accidentes.
Los trabajadores que protestan son miembros de la sección 303 del
Sindicato Nacional de Mineros, “que en los últimos años fue usurpada
por ‘charros’ al servicio de Ancira Elizondo, los cuales no protegen ni
defienden los intereses de los trabajadores, sino que sirven a la
empresa y a sí mismos. Esta misma semana se presentará una denuncia
penal de ‘homicidio de comisión por omisión’, contra los funcionarios
públicos responsables, los directivos, los accionistas y los miembros
del consejo de administración de Mimosa y del Grupo Acerero del Norte,
por la negligencia criminal e irresponsabilidad”. Pero Ancira asegura
que cierra la mina por razones de
restitución de la confianza en el personal. ¿Hasta cuándo la impunidad?
Las rebanadas del pastel
El
nuevo PRIno deja de presumir el cobre: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa (juveniles dinosaurios tricolores) serán los coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, respectivamente. Y por si alguien dudara, otro chamaco, Pedro Joaquín Coldwell, jura que
los legisladores electos del Revolucionario Institucional los eligieron por unanimidad.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, anunció ayer la decisión de la dependencia de "rescatar" la banda de frecuencias radioeléctricas de 2.5 gigahercios (GHz) –reconocida en el ámbito internacional como propicia para las aplicaciones móviles de banda ancha, lo que se conoce como Internet de cuarta generación–, argumentando que se encuentra subutilizada por sus concesionarios actuales, entre los que se encuentra el grupo MVS Telecomunicaciones. La medida implica retirar los títulos de concesión en manos de esa y otras compañías del ramo, algunos de los cuales vencían en 2018, y someter dicha franja del espectro radioeléctrico a una nueva licitación.
"Quién sabe cuándo" pagarán a trabajadores de la SEP
Ahora que leí las declaraciones del Secretario de Educación Pública, promoviendo, entre otras opciones para los miles de rechazados de educación superior, el sistema abierto (y a distancia Unad –por decreto presidencial–, antes Esad) de la dependencia, veo que existe un pequeño problema: a los facilitadores que participamos en ese sistema nos pagan por honorarios y cuando quieren.
Este 9 de agosto los estados del mundo realizarán diversas actividades para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como hacen desde 1995, cuando por acuerdo del la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó el Decenio de las Poblaciones Indígenas, con la finalidad de fortalecer la cooperación internacional para que los estados afrontaran los diversos problemas que aquejan a aquéllos.
Las informaciones en torno al caso de los generales detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico no acaban de convencer. Mientras más detalles se conocen, más crece la duda en cuanto al fondo del asunto. Gracias al reportero Jesús Aranda, supimos que dos meses antes de su detención, el general Dawe recibió una carta personal del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, donde le dice que está considerado en la promoción superior 2012 para ascender al grado de general de brigada. El texto publicado en La Jornada no revela problema o animadversión entre ambos, al contrario, hay un hilo de familiaridad que contrasta a más no poder con lo que ocurrió dos meses después. En cuanto a la sorpresiva detención del general Ángeles, además de las protestas por la incomunicación se han escuchado voces en defensa de su honorabilidad, arguyendo, si acaso, diferencias en cuanto al modo de concebir las estrategias contra las redes de narcotraficantes. ¿Sorprende? Que los cuerpos de seguridad sean el blanco directo de la acción de la delincuencia organizada es casi inevitable, pues comprar seguridad (o imponerla a cualquier precio infiltrándose en el enemigo, usando sus aparatos de inteligencia) no es una disyuntiva para un negocio trasnacional que tiene más recursos de los que puede administrar. La corrupción es un ingrediente esencial para su funcionamiento, acaso la más lesiva de todas sus armas, pues nada se le opone y sus caminos son infinitos.
El rechazo, la marginación de más de 100 mil jóvenes deseosos de entrar a la universidad, es resultado de una actitud prepotente y dogmática, tanto de las autoridades gubernamentales como de las autoridades universitarias. No pocos funcionarios de la SEP que han provocado esta grave situación han sido en otro momento altos funcionarios universitarios y en las mismas universidades sus autoridades han apoyado, desde hace varias décadas, esta política de restricción de acceso a las aulas. Este grupo de funcionarios de la SEP y de las universidades ha impuesto una política de educación superior sin sustento sólido, nunca expuesta sistemáticamente para que pueda ser discutida y que responde a consignas económicas falaces.
Que conste que no lo digo yo, sino Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE: los hallazgos que revelan las encuestas “se han usado, usan y, seguramente, se seguirán usando, para diseñar campañas publicitarias y estrategias para la obtención del voto en las elecciones” (véase artículo de Valdés en El Universal, 06/8/12, las cursivas son mías).
Me resulta difícil creer que ya han pasado 10 años desde que se estableció la Corte Penal Internacional (CPI) y que, a raíz de ese acontecimiento, se truncó mi carrera en el servicio exterior. En efecto el pasado mes se cumplió una década de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que creó la CPI. Con ello se hizo realidad uno de los anhelos del siglo XX: quienes lleven a cabo un genocidio o cometan crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra tendrán que responder por sus actos ante un tribunal internacional.
En Bolivia una exigua minoría opulenta oprimía y negaba sus derechos humanos básicos a aymaras, quechuas, guaraníes y otros pueblos originarios que forman la mayor parte de la población. Mucho menos les reconocía sus derechos colectivos a la identidad cultural, la autonomía y el territorio. 90 por ciento de la población rural vivía en la pobreza y el país disputaba a Haití y Honduras el peor desempeño en la región por su índice de desarrollo humano. Las empresas públicas creadas por la revolución de 1952 fueron privatizadas a precio de remate en cumplimiento de las directivas del Consenso de Washington mediante disposiciones anticonstitucionales y escandalosos negocios armados entre la oligarquía y las trasnacionales. Valga este ejemplo para ilustrar el saqueo: sólo el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada(1993-97; 2002-03) hizo una fortuna superior a los 250 millones de dólares a expensas de las privatizaciones, del desempleo ocasionado por estas a decenas de miles de trabajadores, de la entrega de los recursos naturales y la soberanía nacional y la sangrienta represión contra los movimientos que rechazaban estas políticas.
En medio de oscuros nubarrones por lo profundo y amplio de la crisis, esta vez manifiesta en la eurozona, pero también en el catarrito de 4-5 mil millones de dólares (mmdd) de JP Morgan y en indicios de "acople depresivo global", la semana pasada hubo conmoción mayor en Wall Street –y en la finanza y la política mundial– cuando Sandy Weill, cofundador, ex CEO y ex presidente de Citigroup, dijo que ya era hora de disolver la fusión de bancos comerciales y bancos de inversión ("Break up the big banks" CNBC.com). Ese tipo de fusión, avalada en 1999 al derogarse la Ley Glass/Steagal de 1933, abrió las compuertas a la megaespeculación por la vía del desate de la "ingeniería financiera" y la formación de firmas "demasiado grandes para caer", sujetas al rescate abierto y/o clandestino, con fondos públicos. Ya que cerca de la mitad de la banca mexicana (Banamex) es parte de ese "supermercado financiero" que apuesta con bloques accionarios de firmas petroleras y del gas, farmacéuticas, aerolíneas, mineras, forestales, alimentarias etc, aquí la crisis acentúa el apetito especulador, primero en Pemex, como ilustra Israel Rodríguez. Pero también van tras el resto: electricidad, infraestructura, bosques, todos los servicios públicos –educación, salud– etc. Ante el agotamiento de recursos estratégicos convencionales no renovables, las firmas de fuera cuentan con codiciosos cómplices, "hombres de negocios" locales, armados con la "Ley de Asociaciones Público-Privadas", listos para, desde la usurpación del poder, lanzarse al festín privatizador. Ya hicieron fortuna durante el salinato/zedillato. Ahora quieren más.
Areserva de contar con el espacio propio que inaugurará próximamente en la colonia Obrera, el colectivo Carretera 45 ha sido acogido en calidad de residente en El Milagro, de tal manera que las dos compañías independientes se vuelven a unir fraternalmente como antes lo hicieron en el montaje de Los asesinos de David Olguín. La Residencia en el Milagro del grupo lleva ya algunas semanas, con obras ya antes vistas, pero yo quisiera destacar la casi emblemática Mara o de la noche sin sueño, de la que apenas escribí unas líneas tras verla en una Muestra Nacional por lo que ahora lo hago con mayor amplitud, y el par de estrenos de este grupo al que ya no se puede mencionar como juarense, a los que me referiré posteriormente. Como se sabe, Carretera 45 es el nuevo nombre del grupo que antes se llamaba Al Borde Teatro, creado hace muchos años en Ciudad Juárez por Óscar Trías y al que, ya en la capital y tras muchas vicisitudes, intentaron renovar Antonio Zúñiga al frente del nuevo grupo y Rodolfo Guerrero, quien conserva la buena relación pero ya no pertenece a él; el nuevo nombre alude a la larga carretera federal que une a la capital con Ciudad Juárez en recuerdo de su origen. Mara o de la noche sin sueño, escrita por Antonio Zúñiga y dirigida por Rodolfo Guerrero cabalga entre ambas compañías y es un ejemplo acabado de esa transición.
Don José Bernardo Couto nació en 1803 y murió en 1862. Como otros hombres famosos del siglo XIX, participó en todas las áreas de la vida nacional, fue diputado y senador desde muy joven, ministro del Interior, de Justicia y de Relaciones Exteriores. Al terminar la guerra con Estados Unidos intervino en la negociación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, notable operación diplomática explícita en su muy importante y razonado texto publicado con el nombre de Exposición de motivos presentada por los comisionados de México.
Locarno. 8 de agosto. A unos días de concluir el festival internacional de cine, está visto que este año la programación de la competencia ha tenido un solo perfil. Y es precisamente el no tenerlo. No hay punto de coincidencia entre la mayoría de las películas que recorren el amplio espectro que va de lo experimental y lo vanguardista a lo más común y convencional imaginable.
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