NACIONAL
A 8 años de la muerte de mineros persiste impunidad

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Después de ocho años del derrumbe en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, las familias de los 63 trabajadores que quedaron sepultados aún desconocen las causas del evento y no han logrado recuperar los restos de sus seres queridos.

Para exigir la prohibición incondicional de los llamados pocitos de carbón, las cuevas y las minitas de arrastre (excavaciones verticales inseguras), así como que la Procuraduría General de la República (PGR) lleve a cabo el peritaje al que se comprometió en 2013, la Asociación Familia Pasta de Conchos se trasladó de nuevo a esta capital.
Es de recordar que en febrero de 2013 (al conmemorarse el séptimo aniversario del siniestro), el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, solicitó a la PGR un nuevo peritaje que diera mayor certidumbre sobre las posibilidades técnicas de realizar la recuperación de los cuerpos sin arriesgar la vida de los rescatistas.
No obstante el procedimiento no se ha realizado pese a que el propio procurador, Jesús Murillo Karam, se comprometió a ello.
Acompañadas de su representante legal, Cristina Auerbach, y el sacerdote Carlos Rodríguez Rivera, las esposas, madres, hijas e hijos de los 63 mineros fallecidos sostuvieron una reunión con los senadores Angélica de la Peña y Alejandro Encinas (ambos del PRD); Javier Corral y Ernesto Ruffo (PAN), y la senadora del PRI Hilda Flores.

Agregaron que visitarán “en cuanto su agenda lo permita” la zona carbonífera de Coahuila, para conocer la situación en la que laboran los mineros.
Ante la petición de las familias para que se revise la minuta que aprobó la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley Minera, que asegura la continuidad y permanencia de los “pocitos” (pues sólo los prohíbe hasta una profundidad de 100 metros), las y los senadores aseguraron que cerrarán filas en el pleno para lograr una reforma distinta que asegure la prohibición de esas excavaciones.
Y es que de acuerdo con el sacerdote Rodríguez Rivera, de 2006 a la fecha al menos 105 mineros más han perdido la vida, la mayoría de ellos en los llamados “pocitos”.
Denunció que pese a la tragedia, no se han realizado las acciones necesarias para obligar a los empresarios a garantizar la seguridad de sus empleados y se continúan otorgando concesiones para excavaciones indebidas que derivan en más decesos de mineros, quienes en muchos de los casos fungían como jefes de la familia.
DEMANDAS

Aseguró que lo único que piden las familias de las víctimas es que las autoridades cumplan con sus responsabilidades, pues “lo justo sería que los dueños de las minas que se vuelven ricos con el trabajo de hombres como mi padre sacaran con sus propias manos a los que quedaron atrapados, y ni aún así repararían el daño que nos causaron, por eso pido que hagan lo correcto y eso es rescatar los cuerpos”.
El joven, que actualmente estudia para ser técnico en mecatrónica y no arriesgar su vida en las minas, contó a Cimacnoticias que desde la pérdida de su padre, su madre se vio en la necesidad de buscar un empleo para que él y sus hermanos pudieran continuar con sus estudios, ya que la pensión que recibían era escasa.
Como lo reportó previamente Cimacnoticias, las viudas y familiares sobreviven con pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que son menores a las prometidas por los funcionarios, pues apenas van de los 2 mil a 3 mil pesos al mes.

En tanto, Auerbach informó a esta agencia que independientemente del proceso que se realice en México para rescatar a los mineros y para reformar la legislación, el proceso que se inició ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 sigue su curso.
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