Sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta
con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las
mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento
de las expresiones violentas. Estas son algunas de las conclusiones el
informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que publicaron en noviembre del 2013 ONU Mujeres y PNUD y que da cuenta del estado de situación del tema en la región.
COMUNICAR IGUALDAD- Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un
tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan
nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe,
que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.
Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta
institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras,
culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos
diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y,
cada vez más, en nuestros propios hogares.
“Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La
mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta
violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes
específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la
respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública.
Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados
un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.
El informe hace hincapié en la institucionalización
de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que
impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes
nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las
mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo:
el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el
tráfico de personas y la prostitución forzada; el 97% de los países
aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir,
el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención,
sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes,
valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida
libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la
violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica,
psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.
Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones
compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a
notarse, al igual que las estrategias de articulación
interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos
diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen
ventajas para la implementación de los planes contra la violencia.
Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores
sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y
se fortalece la institucionalidad local”.
El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San
Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia
figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo
regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña:
“Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando
relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información:
hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los
análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta
del Estado para eliminarlo”.
Según el informe, en el contexto regional actual la
mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la
elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las
mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances
permitieron procesos más amplios
de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en
la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas
y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la
formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y
planes contra las violencias.
Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de
las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas;
una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes
en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de
las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los
países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables
para medir la violencia contra las mujeres.
A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este
es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es
difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que
atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no
contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos,
comparables, que aborden las diferentes aristas del problema.
Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades
generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en
muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo
punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto,
haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.
Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres,
pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró
que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de
varios países de la región. Es que la
magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas
expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el
narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios
entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional
confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la
protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten
legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o
doméstico.
Otra
de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que
ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los
ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia.
Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al
empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una
vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las
capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia
para tomar decisiones autónomas.
¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos
para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se
cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la
respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del
abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y
reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña
del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso
pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la
justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de
reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene
tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.
Ambientes favorables
Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción
de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes
favorables para la implementación de planes o políticas que hagan
frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.
Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas
aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos
progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de
los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.
La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es
una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor
claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.
Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a
situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el
rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones
satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres,
y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países
latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o
físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando
basta. De nuestro ruido depende.
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