En días recientes afloraron evidencias de que permitió triangulaciones para privatizar el sector
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 15 de febrero de 2014, p. 10
La
propuesta de modificaciones al artículo 28 constitucional que impulsó
el ex presidente Ernesto Zedillo para otorgar concesiones a las tres
empresas que controlaron las vías férreas del país ponía énfasis en el
transporte de personas y planteaba incrementar la infraestructura, así
como dar un servicio eficiente y de bajo costo con el fin de mejorar la
competitividad nacional.
Quince años después de la privatización de los ferrocarriles,
ninguno de esos objetivos se cumplió. El gobierno de Zedillo creó
empresas de participación estatal mayoritaria. Finalmente las
concesiones fueron adjudicadas a la Kansas City Southern y a la Union
Pacific, con participación de Ferromex y Ferrosur, propiedades, ambas,
del llamado Rey del cobre, Germán Larrea.
Ninguna de las tres concesiones fue sometida a licitación pública,
al argumentar la participación de empresas paraestatales, abriendo así
la puerta para que grupos privados controlaran el sistema ferroviario
mexicano.
Restructuración indispensable
En la exposición de motivos que Zedillo envió al
Congreso para justificar su propuesta de reforma al artículo 28 de la
Constitución, se establecían los siguientes criterios favorables a la
privatización:
La creciente integración de la economía a los flujos mundiales de comercio e inversión demanda la creación de una infraestructura de transporte que promueva la competitividad de la planta industrial y comercial, a través de un intercambio de mercancías eficiente y que coadyuve al desarrollo regional. La restructuración de los ferrocarriles es indispensable para modernizar el comercio interior y eje para aumentar la productividad del sistema de transporte de manera integral.
Los argumentos esgrimidos por Zedillo y su gobierno consideraban que
la entrega de más de 23 mil kilómetros de vías férreas a la iniciativa
privada proporcionaría desarrollo regional, y el ferrocarril –insistía–
comunica, transporta y abre posibilidades de crecimiento y desarrollo.
En la actualidad (1995), a pesar de los esfuerzos realizados, los ferrocarriles manejan sólo 1.5 por ciento del movimiento de personas y menos de 15 por ciento del total de la carga que se mueve en el país.
Se enfatizaba en el movimiento de personas. No obstante, al no hacer
negocio las empresas concesionarias en los estados, esa posibilidad se
abandonó, a excepción del Distrito Federal.
En esas fechas, Zedillo, quien ahora defiende los intereses de la
Union Pacific, consideraba que por medio de la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario aumentaría el número de obras de infraestructura,
el transporte sería moderno y eficiente, mejoraría la competitividad
económica y habría beneficios sociales.
Las tres principales concesiones para los ferrocarriles del
Pacífico-norte, noroeste y terminal del Valle de México hoy se
encuentran en manos de empresas privadas trasnacionales.
El mecanismo para la privatización comenzó cuando Zedillo ordenó la
creación de empresas de participación estatal mayoritaria y las
concesiones fueron adjudicadas a esas firmas.
No obstante, la Kansas City Southern, la Union Pacific, y sus
asociadas Ferromex y Ferrosur, adquirieron la mayor parte de las
acciones de las empresas de participación estatal mayoritaria.
Lo grave del proceso de concesión se inicia con que esas tres concesiones no se entregaron mediante licitación pública.
Mediante ese método, una vez concesionadas a entidades
paraestatales, las empresas privadas estadunidenses, en connivencia con
el gobierno de Ernesto Zedillo, adquirieron los títulos de concesión.
Una vez que la Cámara de Diputados aprobó a últimas fechas la
reforma a la ley ferroviaria para abrir la competencia, se ha
evidenciado que Zedillo permitió una triangulación para que las
concesiones quedaran en ciertas manos, específicamente en las de Kansas
City Southern y las de la actual empleadora del ex presidente, la Union
Pacific.
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