Presentación del informe "Corrupción que mata". Foto: Twitter
En México parece haber un patrón en el que crímenes perpetrados por
los cárteles de la droga se han cometido en colusión con funcionarios
corruptos, señala el informe “Corrupción que mata”, elaborado por un
grupo de organizaciones no gubernamentales con el patrocinio de Open
Society Justice Iniciative, un programa de la fundación Open Society.
Subtitulado “Por qué México necesita un mecanismo internacional para
combatir la impunidad”, el documento destaca que ante la creciente
evidencia de esa relación es necesario investigar si ha existido una
“colusión sistémica” entre funcionarios públicos y grupos del crimen
organizado en varias partes del país.
El caso que toman como ejemplo es la masacre cometida por Los Zetas
en el poblado de Allende, Coahuila, en marzo de 2001, así como el
control que tuvieron del penal de Piedras Negras, que fue utilizado por
ese grupo delictivo “como un campo de exterminio de facto y base de
operaciones para promover su reinado de terror”.
Ha sido una “corrupción que mata”, dicen en su informe la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro
Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Familias Unidas
en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras
Negras, Coahuila; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Fundación para la Justicia y
el Estado Democrático de Derecho, y PODER, Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación.
En su propuesta, expresan que México necesita un mecanismo de ese
tipo integrado por personal nacional e internacional que tenga su sede
en el país y con autoridad para “investigar de manera independiente, y
eventualmente perseguir los crímenes atroces y los actos de corrupción
relacionados a ellos”.
El mecanismo también podría apoyar con asistencia técnica a los
gobiernos federales y estatal para emprender “procedimientos penales
genuinos” a fin de incrementar la rendición de cuentas en todo el país,
abundan sobre el alcance de su propuesta.
De igual manera, advierten que, si México no se compromete a la
creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales
podrían intervenir, como pudiera ser la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI), a la que ya han recurrido varias organizaciones no
gubernamentales para demandar al Estado mexicano.
Finalmente, precisan que la principal responsabilidad de investigar y
perseguir esos crímenes recae en el gobierno mexicano, de acuerdo con
el Estatuto de Roma, que regula a la CPI.
La participación internacional ayudaría a garantizar la independencia
de las investigaciones y restablecer la confianza de la gente en el
sistema de justicia penal mexicano, consideran.
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