El Instituto
Nacional Electoral (INE) traiciona los principios ciudadanos y
democráticos que deben regirlo y que lo obligan, por ley, a promover la
equidad e imparcialidad en los comicios. Con ello, asesta un nuevo golpe
a los incipientes esfuerzos de la sociedad mexicana por crear un
régimen democrático, bastante lejano.
Y digo un nuevo golpe porque,
históricamente, como Instituto Federal Electoral formó parte de los más
ruines intereses de las clases política y económica que por años han
dirigido este país en perjuicio de las mayorías.
Ejemplo de ello son las dos últimas
elecciones presidenciales, cuando el sistema de conteo de votos falló:
en 2006, por la intervención directa de los intereses calderonistas, a
través de la empresa Hildebrando; y en 2012, con una tecnología falible
que, de un momento a otro, marcó una mínima y cuestionada ventaja a
favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la práctica, el INE sigue siendo un gran elefante blanco
gastalón, como lo fue en su momento el IFE, y que cerró la posibilidad
del recuento voto por voto y abrió la puerta al fraude. Algo que avaló
también el corrompido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, comparsa de los poderosos.
Ahora, los consejeros del INE se
adelantan a los tiempos, y cínicamente juegan su nefasto papel a favor
de quienes los han colocado en esos puestos, es decir, sus amos del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN).
Por eso esta vez no esperaron ese
momento en el que su rol fundamental es el de robar los votos
ciudadanos, sino que ya participan en la guerra sucia contra el
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su candidato
Andrés Manuel López Obrador, y contra los ciudadanos.
Y sí, es en contra de la ciudadanía,
porque sin una contienda imparcial todos perdemos, y sobre todo pierde
nuestra incipiente lucha por la democracia, la libertad y la justicia.
De este sucio papel dan cuenta
las más recientes decisiones del Instituto que preside el clasista
Lorenzo Córdova Vianelo. Mismas que muestran al INE como claro jugador
en la contienda electoral por la Presidencia de México, en vez de
ceñirse a su función legal de ser, básicamente, sólo un árbitro de la
elección.
Papel para el que forzosamente se
requiere calidad moral, apego a la legalidad e imparcialidad,
condiciones de las que, está demostrado, carecen algunos consejeros.
Y es que cabe preguntarse qué
imparcialidad puede haber, por ejemplo, en la ilegal decisión que tomó
la Comisión de Quejas y Denuncias el pasado 30 de abril, de negar las
medidas cautelares en el caso del spot de Mexicanos Primero
(espejo de la “asociación civil” Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, disfrazada de adalid del periodismo pero en realidad sólo
promotora de los intereses empresariales de su dueño).
Como se sabe, el spot de radio y
televisión “Y si los niños fueran candidatos” viola flagrantemente la
ley, pues ésta prohíbe que particulares influyan en el voto ciudadano a
través de propaganda pagada y disfrazada de libertad de expresión, y más
aún cuando se utiliza a menores de edad para esa comunicación desleal.
Y esto nos debe quedar claro: pagar por
promover una visión de país que coincide con cierta plataforma electoral
y choca con otra no es libertad de expresión. Tampoco es un acto
equitativo, porque la mayoría de mexicanos sobrevive en pobreza y,
evidentemente, no tiene dinero para pagar spots donde se dé a conocer el país que desea tener o el dirigente al que prefiere.
Sólo los consejeros del INE parecen
ciegos y sordos a la realidad, pues eso es exactamente lo que hace en su
promocional Mexicanos Primero, cuyo líder, el empresario Claudio X
González, es abierto opositor de López Obrador. Y es que al final del
mensaje se desliza la idea de preservar la reforma educativa.
Aunque la decisión de no suspender la transmisión del spot fue de dos integrantes, en el fondo de la discusión prevaleció la idea de que el mensaje era legal.
El riesgo ahora es que todos aquellos
que sí tienen dinero y sobre todo aborrecen la idea de que alguien que
favorece un estado de bienestar llegue a la Presidencia, y desde ese
cargo amenace la forma en cómo vienen saqueando y despojando al país,
paguen por su “libertad de expresión” y promuevan la idea del “peligro
para México”.
Pero no sólo se trata de la decisión respecto a ese spot, sino también de cómo ha elegido el INE a los moderadores del segundo debate entre candidatos presidenciales.
Para nadie es un secreto que Yuriria
Sierra y León Krauze comparten la visión de Claudio X González. Sierra
incluso ha despotricado públicamente en contra de López Obrador.
Entonces, teniendo esas evidencias de
franca parcialidad, ¿por qué el INE no apostó por figuras neutrales?
¿Qué persigue el Instituto al inclinar tan burdamente la balanza? Y,
¿cómo eligió el INE al público? ¿Acaso con los mismos criterios con los
cuáles ha defendido la “libertad de expresión” de Mexicanos Primero o
con los que eligió a Sierra y a Krauze? ¿Podemos confiar en un Instituto
sospechosamente priempanizado?
Otro tema que nos debe preocupar como
ciudadanos –con independencia de por quién vayamos a votar o si
anularemos nuestro voto porque nadie nos convence– es la decisión tomada
en torno a la guerra sucia del PRI contra –nuevamente– Morena-López Obrador.
Y es que en pleno 1 de mayo, otra vez la Comisión de Quejas y Denuncias hizo de las suyas, al avalar la transmisión de los spots
del PRI que llaman a López Obrador títere de los delincuentes, al
servicio de los narcotraficantes. Para los consejeros, esas acusaciones
no calumnian al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
No obstante, durante la misma sesión,
esos consejeros ordenaron al Partido del Trabajo retirar el promocional
que difunde en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, en el que, además de la candidata Claudia Sheinbaum, también
aparece Andrés Manuel.
Para los consejeros, habría una sobreexposición de los candidatos porque se difunde su imagen en pautas que no les corresponden.
Estos ejemplos tan cercanos en el tiempo
nos revelan a favor y en contra de quiénes están jugando los
consejeros. Lamentablemente, en esta cínica inclinación de la balanza,
quienes perdemos somos los ciudadanos y el erario, porque el INE nos
cuesta dinero público, y mucho.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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