Autor:
Zósimo Camacho @zosimo_contra
En
nombre de la “guerra” contra el narcotráfico, delincuentes y fuerzas
federales (principalmente) han cometido incontables crímenes de lesa
humanidad en México. Medios de comunicación, centros de defensa de
derechos humanos y organizaciones sociales –mexicanos y extranjeros– han
documentado desapariciones, desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes,
violaciones sexuales, privaciones ilegales de la libertad…
Lo peor es que no se trata de casos aislados. Es una situación
generalizada que cada vez se recrudece más y que tiene su origen en
políticas públicas erróneas, de control social o francamente de despojo y
represión.
La gran mayoría de los perpetradores ni siquiera son molestados con
una investigación, ya no hablemos de un juicio o una condena. Se
regodean en la impunidad. Saben que sus decisiones, omisiones y
comisiones que generaron muertos, desaparecidos, víctimas, no les
traerán consecuencia alguna.
Ahí tenemos al nunca juzgado expresidente Felipe Calderón que, a
falta de legitimidad, declaró una “guerra” para justificar la
militarización del país y desató una ola de terror para desmovilizar a
una población que no lo aceptaba como gobernante. Tan impune se sabe que
pretendió gobernar de nueva cuenta por medio de su esposa. La Calderona
tiene la cara tan dura como para pregonar que ella aplicaría de nueva
cuenta las mismas políticas de su marido. Ésas que fortalecieron a los
cárteles mexicanos, que enlutaron a cientos de miles de familias y que
incrementaron la violencia a niveles no vistos desde la época de la
Revolución.
Incluso Genaro García Luna, el supersecretario del sexenio anterior, recordado por utilizar recursos públicos para armar shows
televisivos, cree que puede venir al país a presentar un libro y dar
lecciones de políticas de seguridad. Como si nadie se acordara de su
fracaso y sus complicidades.
Del actual sexenio mencionamos por el momento sólo un número como un doloroso botón de muestra: 43.
Hablamos de los últimos 2 sexenios, porque son los más recientes y
porque mantuvieron una idéntica política de supuesta guerra contra las
drogas. Se trata de regímenes militaristas que sacaron a soldados y
marinos de sus cuarteles y generalizaron la violación de derechos
humanos.
Pero claro que no son los únicos impunes. Sólo para no dejarlos
pasar, ahí está el languarico Fox (el de la embestida policiaca contra
Atenco que dejó un muerto, decenas de mujeres violadas sexualmente y
cientos de heridos). Está el american Zedillo (el de las masacres de Acteal, El Bosque, El Charco…). También el padrino, el antiguo innombrable Carlos Salinas (el de no los veo ni los oigo… pero bien que les atino).
Regresando a los dos últimos gobiernos federales (los de Calderón y
Peña), este 3 de mayo la fundación Open Society presentó un nuevo
informe sobre México. Se titula: Corrupción que mata. Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad.
En la elaboración del mismo participaron la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Diocesano para
los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Familias Unidas en la Búsqueda
y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras/Coahuila; el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; I(dh)eas Litigio
Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia; la Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho, y PODER Proyecto sobre Organización, Desarrollo,
Educación e Investigación. En realidad, este estudio es continuación de
otro publicado en 2016, titulado Atrocidades innegables.
El documento de este 2018 concluye que la situación del país es cada
vez peor. En 2017, México vivió una violencia inédita, con más de 25 mil
homicidios (superando, incluso, a los de 2011). Los ataques contra
periodistas y defensores de derechos humanos se han vuelto parte de la
cotidianidad. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas han
sido reportadas en los últimos 6 años. La tortura sigue siendo una
práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal, como
reafirmó a principios de año el Relator Especial de la Organización de
las Naciones Unidas sobre la Tortura.
Esta violencia no viene sola. No se desató espontáneamente. Es parte
de una situación en la que no existe la rendición de cuentas. El informe
señala que: “De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la
política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en
parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera
efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser
funcionarios públicos”.
En este país la impunidad todavía es mayor cuando los crímenes
cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con
funcionarios corruptos.
El informe Corrupción que mata ahonda en la impunidad y la
corrupción como las garantías de que la violencia no se detenga y, por
el contrario, se profundice. Ejemplifica con dos casos concretos,
igualmente indignantes, estrujantes. Ambos se cometieron en el estado de
Coahuila. Uno es la masacre de 2011 en la ciudad de Allende en la que
300 personas (hombres, mujeres, niños) fueron asesinadas en sólo 3 días.
Este exterminio sólo pudo haber ocurrido con la participación de
autoridades del Estado mexicano. El otro es el los 150 homicidios y
desapariciones ejecutadas al interior de la cárcel de Piedras Negras,
entre 2009 y 2012. Entonces esa prisión servía como centro de
operaciones de Los Zetas.
El informe concluye que “hay evidencia fiable de que algunos
funcionarios públicos, incluyendo a oficiales de policía, empleados
penitenciarios y funcionarios electos, pudieron haber coludido en estos
crímenes con el cártel de los Zetas”.
Las organizaciones autoras del documento señalan: “Ahora, México
tiene la obligación de investigar de manera independiente y competente a
todas las personas responsables de estas y otras atrocidades, hasta
donde sea que la evidencia pueda conducir”.
Para que ello sea posible, demandan “establecer un mecanismo de
justicia independiente con participación internacional, donde expertos
mexicanos y extranjeros puedan trabajar en conjunto de manera imparcial y
sin presiones de partidos políticos para combatir los crímenes atroces y
la corrupción que los permite”.
Temo que dicho informe se tope, otra vez, con la realidad mexicana.
Los candidatos a la Presidencia andan en otra cosa muy distinta.
El asunto es que en pleno proceso electoral el pacto de impunidad
está más vigente que nunca. No sólo no está a discusión, sino que se
fortalece. Todos los candidatos (sistémicos los cinco, a fin de cuentas)
hacen esfuerzos por ver quién promete mejor que la impunidad se
mantendrá.
Con total desparpajo aseguran que no habrá persecución contra quienes
hayan cometido corrupción, violación de derechos humanos o se hayan
enriquecido ilícitamente. Es la garantía para acceder al poder.
Sólo una sólida organización social más allá de los procesos electorales detendrá esta tormenta.
Zósimo Camacho
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