Organizaciones exigen mejorar sus condiciones laborales
A
seis años de la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2012 esta
política falló en su objetivo de combatir la desigualdad de género en el
trabajo pues aunque prometió mejorar la protección legal para las
empleadas que son víctimas de acoso sexual y discriminadas y a quienes
se les exige pruebas forzadas de embarazo para ser contratadas, sus
derechos aún son vulnerados.
Así lo señalaron organizaciones integradas en la Red Todos los
Derechos para Todas y Todos, quienes a propósito de este 1 de Mayo, Día
del Trabajo, aseguraron que en las empresas de manufactura y ensamble,
como las de confección, electrónica, automotriz, farmacéutica y
aeronáutica, entre otras, se violan los derechos de las trabajadoras.
Al expresar en un comunicado su inconformidad con la política laboral
del gobierno mexicano, las organizaciones alegaron que las condiciones
laborales de muchas mujeres en el país siguen siendo pésimas, por
ejemplo, las empresas son quienes definen el pago por enfermedades de
trabajo, lo que implica un conflicto de interés porque los empleadores
deciden los montos que deben pagar.
Es por ello que las 84 organizaciones de 23 estados de la República
exigieron que no se apruebe una reforma laboral secundaria que
perjudique más a la clase trabajadora de este país; por ello pidieron
que se organice un debate abierto sobre la política laboral, en el que
participen sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y
colectivos que trabajan por los Derechos Humanos laborales.
La Red TDT también argumentó que a 24 años de la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puede comprobar que las
condiciones laborales no mejoraron, sino que se precarizaron.
La Red estimó que las actuales estrategias de renegociación del TLCAN
se sustentarían en las mismas líneas: otorgamiento total de facilidades
a los mercados transnacionales, abaratamiento de la mano de obra,
condiciones laborales precarias, subcontratación, horarios poco
estables, y falta de acceso a servicios de salud, entre otras.
Esta política de apertura indiscriminada hacia los comercios y la
inversión se podría observar también en el tratado con los países del
pacífico (CPTPP) que el Senado acaba de ratificar y en el tratado con
Europa (TLCUEM), que está a punto de ser firmado.
Según la Red TDT, es “innegable que las reformas estructurales de
esta administración han situado al pueblo de México entre los países con
mayor desigualdad”, y que la pobreza afecta en mayor medida a las
mujeres.
TRABAJADORAS DEL HOGAR
Por su parte, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género, ONU Mujeres destacó que a pesar de que las trabajadoras del
hogar contribuyen sustancialmente a la economía, 97 por ciento no tiene
acceso a salud pública ni a prestaciones laborales.
La Ley del Seguro Social excluye explícitamente a las y los
trabajadores del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y
de prestaciones como el uso de guarderías. En México hay 2.4 millones de
personas empleadas del hogar, de las cuales el 95 por ciento son
mujeres.
Además, la Ley Federal del Trabajo considera la actividad en el hogar
como un trabajo especial, lo que permite que sean legales jornadas de
12 horas y restringe ciertos derechos laborales. “Lo anterior constituye
un inadmisible trato discriminatorio”, expresó ONU Mujeres en un
comunicado.
Es por eso que el organismo internacional junto con la Oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Organización de Trabajo (OIT) hicieron un llamado a que el
Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT que regula el
trabajo de las y los trabajadoras del hogar.
Con la ratificación de este convenio México estaría obligado a
avanzar en la formalización laboral de esta población y los beneficios
de dotar de seguridad social a 10 por ciento de las trabajadoras
mexicanas más pobres, se extendería directamente a sus familias y
disminuiría la pobreza, según afirmó el organismo.
El Convenio reconoce el trabajo doméstico remunerado como un trabajo
con derechos laborales y establece medidas para impedir el abuso y la
explotación hacia esta población. Aunque este instrumento internacional
fue firmado por México desde 2011, a siete años de distancia, aún no ha
sido ratificado por el Senado.
Imagen de Gabriela Mendoza
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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