Cartón de Rocha |
Por
Héctor Tajonar
,Proceso).- La institucionalidad democrática del
país está herida de muerte. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) ha traicionado su inmensa responsabilidad de
garantizar la certeza jurídica del proceso comicial en marcha.
Como sabemos, el Artículo 99 de la Constitución establece que el
TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y sus
sentencias tienen carácter definitivo e inatacable.
Sentencias inatacables exigen magistrados intachables. La
honorabilidad, imparcialidad e independencia de los magistrados del
TEPJF debería estar fuera de toda duda. No es el caso. Por el contrario,
al menos cuatro de los siete Cartón de Rochaordenaron la inclusión del
Bronco en la boleta electoral con base en una argumentación
insostenible, lo que confirma la parcialidad de esos jueces así como su
proclividad a ser cooptados. Son corrompibles.
Los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera (responsable del
proyecto de resolución), José Luis Vargas Valdez, Mónica Aralí Soto
Fregoso e Indalfer Infante Gonzales han causado incertidumbre, vergüenza
e indignación en millones de mexicanos –incluidos los más destacados
especialistas en derecho constitucional y electoral– por haber
favorecido intereses políticos inconfesables, en lugar de garantizar la
certeza legal de las elecciones más complejas en la historia del país.
Todo indica que la estratagema presidencial para evitar a toda costa
que Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya obtengan la victoria en
las urnas continúa con obstinación e irresponsabilidad alarmantes (ver
La estrategia presidencial para 2018, Proceso 2143, y El autócrata y las
elecciones, Proceso 2158).
El actual Supremo Poder Ejecutivo de la Unión –así llamado en el
Artículo 80 de la Constitución y depositado durante el periodo 2012-2018
en el presidente Enrique Peña Nieto– ha abusado impunemente de dicho
supremo poder para erosionar y corromper instituciones democráticas y
procesos electorales. El mandatario ha manipulado instituciones como la
Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada
para la Atención de los Delitos Electorales, diversas secretarías de
Estado y el TEPJF, entre otras. (En el ataque contra Anaya, el Tribunal
Electoral resolvió que la PGR actuó de manera ilegal, aunque aún siguen
impunes los funcionarios que operaron el atraco y, por supuesto, los
autores intelectuales).
El historial del TEPJF en funciones es, por decir lo menos, turbio.
En los controvertidos comicios estatales del año pasado le dio la
victoria a los candidatos del PRI a la gubernatura de Coahuila y del
Estado de México. En el primer caso, los magistrados desestimaron que el
Instituto Nacional Electoral (INE) reportó un rebase del tope de
campaña de 9.2% del candidato tricolor.
En el Estado de México el TEPJF hizo caso omiso de las múltiples
irregularidades del proceso electoral para avalar el triunfo del
candidato del presidente y su partido. El tribunal también frenó las
iniciativas del INE para prevenir la compra del voto con tarjetas tipo
Monex o “monederos rosas”, así como la llamada “Cancha Pareja”,
concebida para aumentar la equidad de las contiendas.
La imposición del Bronco como candidato “independiente” para,
supuestamente, restarle votos a López Obrador es el ejemplo más reciente
de las dudosas sentencias del TEPJF. La estrategia para cooptar a los
jueces electorales es obra de Humberto Castillejos, exdirector jurídico
de la Presidencia, quien cabildeó en favor de los tres magistrados
pertenecientes a la “cuota” del PRI y, además de sus nombramientos, les
consiguió una generosa prolongación de sus cargos –aprobada con
desaseada rapidez en el Senado– para asegurar su dócil sometimiento
(Proceso 2163).
“El Tribunal Electoral no hace política”, declaró cándidamente el
magistrado Fuentes Barrera en la apresurada conferencia de prensa en la
que intentó justificar su desvergüenza. En efecto, quedó claro que no
hacen política, sólo cumplen órdenes presidenciales.
México es el país menos satisfecho con el desempeño de su democracia,
de acuerdo con un estudio realizado el año pasado por el Pew Research
Center en 38 naciones. Sólo 6% de los ciudadanos lo está, mientras 93%
declara estar insatisfecho con su funcionamiento. La trapacería cometida
por el TEPJF no ha hecho sino profundizar dicha insatisfacción, además
de crear un sentimiento generalizado de incertidumbre y desazón entre la
ciudadanía.
Un Tribunal Electoral sin credibilidad ni legitimidad para los
comicios del 1 de julio representa una amenaza no sólo para la
institucionalidad democrática, sino para la gobernabilidad del país.
Ello es consecuencia de la tenaz ofuscación de un hombre investido
del supremo poder corruptor –e imbuido de soberbia y temor– empeñado en
imponer a su sucesor para demostrar que él “sí sabe ganar elecciones”, a
pesar de que su ungido sigue estancado en un lejano tercer lugar en
todas las encuestas.
Prescindiendo de la mínima prudencia y responsabilidad propias de su
investidura, al mandatario parecen no importarle los graves efectos de
su despropósito. Además de corromper, el presidencialismo autoritario
ciega.
Tampoco parece haberse percatado de que la corrupción impune de su
gobierno, el desprestigio de su partido y su creciente impopularidad
representan el mayor lastre para José Antonio Meade, así como el mejor
nutriente para AMLO y Morena. Concentrado en el ajedrez del fraude
electoral, Peña Nieto no ha percibido que sus embates contra Anaya y
López Obrador no han favorecido a su candidato, sino al puntero de las
encuestas.
Si el vencedor de la elección tuviera que ser determinado por el
TEPJF, la falta de credibilidad de dicho tribunal no sólo anularía la
legitimidad del ungido, sino que crearía una inestabilidad política sin
precedente en el pasado reciente del país.
Que millones de ciudadanos voten con espíritu democrático mientras el
primer mandatario actúa como orquestador de la suciedad comicial es
aberrante y temerario. El riesgo es mayúsculo.
En consecuencia, la torcida estrategia electoral del presidente Peña
Nieto representa no sólo una traición a la democracia, sino a la patria.
Este análisis se publicó el 22 de abril de 2018 en la edición 2164 de la revista Proceso.
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