Como sabemos, el Artículo 99 de la Constitución establece que el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y sus sentencias tienen carácter definitivo e inatacable.
Sentencias inatacables exigen magistrados intachables. La honorabilidad, imparcialidad e independencia de los magistrados del TEPJF debería estar fuera de toda duda. No es el caso. Por el contrario, al menos cuatro de los siete Cartón de Rochaordenaron la inclusión del Bronco en la boleta electoral con base en una argumentación insostenible, lo que confirma la parcialidad de esos jueces así como su proclividad a ser cooptados. Son corrompibles.
Los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera (responsable del proyecto de resolución), José Luis Vargas Valdez, Mónica Aralí Soto Fregoso e Indalfer Infante Gonzales han causado incertidumbre, vergüenza e indignación en millones de mexicanos –incluidos los más destacados especialistas en derecho constitucional y electoral– por haber favorecido intereses políticos inconfesables, en lugar de garantizar la certeza legal de las elecciones más complejas en la historia del país.
Todo indica que la estratagema presidencial para evitar a toda costa que Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya obtengan la victoria en las urnas continúa con obstinación e irresponsabilidad alarmantes (ver La estrategia presidencial para 2018, Proceso 2143, y El autócrata y las elecciones, Proceso 2158).
El actual Supremo Poder Ejecutivo de la Unión –así llamado en el Artículo 80 de la Constitución y depositado durante el periodo 2012-2018 en el presidente Enrique Peña Nieto– ha abusado impunemente de dicho supremo poder para erosionar y corromper instituciones democráticas y procesos electorales. El mandatario ha manipulado instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, diversas secretarías de Estado y el TEPJF, entre otras. (En el ataque contra Anaya, el Tribunal Electoral resolvió que la PGR actuó de manera ilegal, aunque aún siguen impunes los funcionarios que operaron el atraco y, por supuesto, los autores intelectuales).
El historial del TEPJF en funciones es, por decir lo menos, turbio. En los controvertidos comicios estatales del año pasado le dio la victoria a los candidatos del PRI a la gubernatura de Coahuila y del Estado de México. En el primer caso, los magistrados desestimaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó un rebase del tope de campaña de 9.2% del candidato tricolor.
En el Estado de México el TEPJF hizo caso omiso de las múltiples irregularidades del proceso electoral para avalar el triunfo del candidato del presidente y su partido. El tribunal también frenó las iniciativas del INE para prevenir la compra del voto con tarjetas tipo Monex o “monederos rosas”, así como la llamada “Cancha Pareja”, concebida para aumentar la equidad de las contiendas.
La imposición del Bronco como candidato “independiente” para, supuestamente, restarle votos a López Obrador es el ejemplo más reciente de las dudosas sentencias del TEPJF. La estrategia para cooptar a los jueces electorales es obra de Humberto Castillejos, exdirector jurídico de la Presidencia, quien cabildeó en favor de los tres magistrados pertenecientes a la “cuota” del PRI y, además de sus nombramientos, les consiguió una generosa prolongación de sus cargos –aprobada con desaseada rapidez en el Senado– para asegurar su dócil sometimiento (Proceso 2163).
“El Tribunal Electoral no hace política”, declaró cándidamente el magistrado Fuentes Barrera en la apresurada conferencia de prensa en la que intentó justificar su desvergüenza. En efecto, quedó claro que no hacen política, sólo cumplen órdenes presidenciales.
México es el país menos satisfecho con el desempeño de su democracia, de acuerdo con un estudio realizado el año pasado por el Pew Research Center en 38 naciones. Sólo 6% de los ciudadanos lo está, mientras 93% declara estar insatisfecho con su funcionamiento. La trapacería cometida por el TEPJF no ha hecho sino profundizar dicha insatisfacción, además de crear un sentimiento generalizado de incertidumbre y desazón entre la ciudadanía.
Un Tribunal Electoral sin credibilidad ni legitimidad para los comicios del 1 de julio representa una amenaza no sólo para la institucionalidad democrática, sino para la gobernabilidad del país.
Ello es consecuencia de la tenaz ofuscación de un hombre investido del supremo poder corruptor –e imbuido de soberbia y temor– empeñado en imponer a su sucesor para demostrar que él “sí sabe ganar elecciones”, a pesar de que su ungido sigue estancado en un lejano tercer lugar en todas las encuestas.
Prescindiendo de la mínima prudencia y responsabilidad propias de su investidura, al mandatario parecen no importarle los graves efectos de su despropósito. Además de corromper, el presidencialismo autoritario ciega.
Tampoco parece haberse percatado de que la corrupción impune de su gobierno, el desprestigio de su partido y su creciente impopularidad representan el mayor lastre para José Antonio Meade, así como el mejor nutriente para AMLO y Morena. Concentrado en el ajedrez del fraude electoral, Peña Nieto no ha percibido que sus embates contra Anaya y López Obrador no han favorecido a su candidato, sino al puntero de las encuestas.
Si el vencedor de la elección tuviera que ser determinado por el TEPJF, la falta de credibilidad de dicho tribunal no sólo anularía la legitimidad del ungido, sino que crearía una inestabilidad política sin precedente en el pasado reciente del país.
Que millones de ciudadanos voten con espíritu democrático mientras el primer mandatario actúa como orquestador de la suciedad comicial es aberrante y temerario. El riesgo es mayúsculo.
En consecuencia, la torcida estrategia electoral del presidente Peña Nieto representa no sólo una traición a la democracia, sino a la patria.
Este análisis se publicó el 22 de abril de 2018 en la edición 2164 de la revista Proceso.