Evidencia echa abajo mitos sobre aborto en la capital
A
más de una década de que la Ciudad de México despenalizara la
interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación se
comprobó que implementar una política pública integral salva la vida de
las mujeres, garantiza el derecho a decidir sobre la maternidad y
fomenta la anticoncepción informada.
El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del entonces Distrito
Federal aprobó reformar los Artículos 144 al 147 del Código Penal y el
Artículo 16 Bis de la Ley de Salud para impedir que las capitalinas
fueran acusadas penalmente por tener un aborto y evitar que aquellas sin
recursos económicos se atendieran en servicios inseguros.
A 11 años de este cambio normativo la ginecóloga e integrante de la
organización Ipas México, Claudia Martínez López, sostiene que la
reforma se convirtió en una política pública integral para atender a las
capitalinas. Hoy, además, hay evidencia para echar abajo los mitos
sobre este proceso: que obliga a las mujeres a abortar y que provoca que
tengan abortos continuos.
La especialista destaca los beneficios que está reforma trajo a las
mujeres: la oportunidad de acceder a procedimientos seguros, redujo la
tendencia a criminalizar la interrupción del embarazo y llevó a
reconocer la libertad y autonomía de las mujeres y su derecho a decidir
sobre su maternidad.
MITOS DEL ABORTO
Un mes después de aprobadas y promulgadas, las reformas fueron
impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) por medio de dos acciones de inconstitucionalidad.
El debate llevó a escuchar las posiciones de expertos en Bioética,
feministas, académicas, juristas y grupos religiosos.
Estas discusiones y el hecho de que el aborto en sí mismo sea un tema
tabú provocaron que grupos conservadores alertaran del peligro de una
política que permitiera la interrupción de la gestación. Entre los
argumentos de esta postura estaba que las mujeres serían obligadas a
abortar y que una vez que lo hicieran se convertiría en una práctica
recurrente.
No obstante, desde que una mujer llega a solicitar el servicio en
alguna de las clínicas especializadas habilitadas en 2007, se le explica
el proceso, se confirma el embarazo y las semanas de gestación a través
de estudios de laboratorio y se le da consejería, es decir, se le
explican todas las opciones aun cuando es probable que ya se decidió por
la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A este procedimiento se le
llama consentimiento informado.
Una vez que la persona toma una decisión, se le brinda consejería
anticonceptiva a fin de que opte por un método anticonceptivo. El
personal médico debe identificar si la mujer necesita un tipo de
atención extra para referirla a otro centro de atención, por ejemplo, si
requiere de análisis como Papanicolaou o colposcopia o si debe ser
atendida por violencia de género.
En conclusión, de acuerdo con Claudia Martínez esta reforma a la Ley
de Salud y al Código Penal capitalino permitió ver a las mujeres como
sujetas de derechos y garantizar su derecho a la libre autodeterminación
reproductiva, respetar su derecho a la dignidad, al acceso a la
información, el respeto a la libertad de creencias y religión y procurar
su salud.
De acuerdo con los registro del Programa ILE, a 11 años de vigencia
(abril 2007 – de abril 2018) un total de 194 mil 153 mujeres han
accedido al servicio; un 30 por ciento de ellas vienen de diversos
estados de la República; y la mayoría (73 por ciento) acude en las
primeras 8 semanas de gestación.
Los datos también indican que 65.3 por ciento de las mujeres ya
tenían hijos, lo que también demuestra que es falso que el aborto
provoque que las mujeres no quieran ser madres, sino que les da
oportunidad de decidir sobre su reproducción. Así, 93.7 por ciento eran
mayores de edad a la hora solicitar el servicio.
En este tema, destaca la ginecóloga, hay una red de clínicas que
cuenta con personal multidisciplinario que tiene capacitación y
sensibilidad para atender a las mujeres y que usa tecnología adecuada
para realizar el procedimiento, ya sea con medicamentos o con el método
de aspiración manual endouterina.
Si este servicio es uno de los mejores que presta la capital del
país, en parte se debe al acompañamiento de organizaciones de la
sociedad civil que están vigilantes del funcionamiento.
RETOS
Las mujeres que accedieron a la ILE, explica Laura Andrade Campos,
también integrante de Ipas, ejercieron su libertad de conciencia sin
poner en riesgo su vida y su salud; sin embargo de acuerdo con
organizaciones como Ipas aún falta eliminar los obstáculos que enfrentan
quienes buscan un aborto legal en otras entidades.
Por ejemplo, las estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital
indican que de las mujeres que se atendieron en las clínicas
especializadas en estos 11 años, 50 mil 284 eran del Estado de México,
mil163 de Puebla, 716 de Morelos y otras llegaron desde entidades más
lejanas o incluso desde el extranjero.
La despenalización, afirma Andrade Campos, también evidenció las
diferencias entre las mujeres que viven en la Ciudad de México o que
pueden acceder a los servicios de la capital y las que no tienen este
derecho por residir en otros estados de la República donde solo se puede
tener un aborto por ciertas causales.
Hasta antes de 2007 en la capital del país las mujeres que tenían la
necesidad de interrumpir la gestación eran estigmatizadas,
criminalizadas, enjuiciadas y enviadas a prisión; ahora, uno de los
retos es hacer llevar esta información a más mujeres y que conozcan que
en caso de requerir el servicio tienen opciones.
También deben saber que pueden acceder a servicios seguros, públicos o
privados, como las clínicas del recién creado Colectivo de Asociaciones
Mexicanas para la Interrupción del Embarazo, integrada por servicios
privados como Marie Stopes y Medieg; y que en caso de no tener recursos
económicos para viajar a la capital pueden buscar apoyo en iniciativas
civiles como el Fondo María.
Para otras agrupaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el
desafío es garantizar este derecho a todas las mexicanas, pues
consideran fundamental que el Estado cumpla con la legislación nacional
vigente que permite el aborto por diversas circunstancias y garantice
que todas accedan a la ILE.
Esto porque a pesar de que en todo el país las mujeres pueden acceder
a un aborto si fue producto de violación, la norma no siempre se
cumple, como lo demuestran dos casos que en abril llegaron a la SCJN.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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