Insuficiente Protocolo para atender casos en la UNAM
La
universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las
mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que
día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y
acoso sexual e incluso del feminicidio.
El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió
Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue
hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de
Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su
cuello.
La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF)
divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en
las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no
estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.
A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada
solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa
legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó
a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.
Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las
autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el
caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de
Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González
Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto
de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que
duró su relación.
A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se
acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de
estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad
universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la
violencia de género que viven en las instalaciones.
Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como
lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de
Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero
que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de
criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia
mexicano.
Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad
encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia
para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la
Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González
Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada
general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista
argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.
LABERINTO A LA IMPUNIDAD
En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el
rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del
“Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la
UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres
“HeForShe” por la igualdad de género.
Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se
comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación
reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en
los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios
buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad
universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar
los casos de violencia de género.
A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la
Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De
agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97
por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja
por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada
General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.
De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente
agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno
contra 150 agresores (73 por ciento).
Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al
intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus
dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son
suficientes.
En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación
para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con
Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal
Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se
encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación
universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.
Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en
sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en
contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o
académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión,
robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.
Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con
orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las
autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos
para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a
seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en
caso de necesitarlas.
Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se
ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de
ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que
tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.
La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan
casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio
para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este
acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre
todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al
no verse acompañadas.
Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más
violaciones, continuó Ana Jiménez, por ejemplo, se les pregunta “¿por
qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la
falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia
de género.
En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que
generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que
cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a
la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez,
víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de
la carrera.
En redes sociales de Internet los agresores la llamaban
constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a
tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio
de su imagen.
La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la
Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la
Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la
Oficina de la Abogada General).
El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y
después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes
sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se
evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las
autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”,
argumento repetido en los Ministerios Públicos.
Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo
primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y
ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde
hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal
tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser
aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó
Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.
Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de
los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o
personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.
Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la
expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o
administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del
contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta
queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la
“sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo
electrónico.
De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada
General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento
alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por
ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se
encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue
declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento
no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su
baja o jubilación.
Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación” es la vía a la
que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de
acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la
etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un
acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al
proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en
un caso no se concretó un acuerdo.
Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por
violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se
trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de
éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el
agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación
sentimental o bien, académica).
Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las
alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde
cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es
realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas
de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y
denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores,
alumnos o personal administrativo.
Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las
unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios,
foros o asambleas entre el alumnado, esto como forma de protesta a la
deficiente respuesta de las autoridades universitaria ante la violencia
de género.
Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de
este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad
de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las
Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para
analizar el contenido del Protocolo.
FES, OLVIDADAS DE LA UNAM
Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las
miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el
olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la
UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón,
Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las
periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.
A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes,
académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como
violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar,
así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela
Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el
Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y
disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM.
Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las
víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada
carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una
instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no
aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es
prácticamente inexistente.
Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil
socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo
Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando
en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y
agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos
de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados
formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de
la FES Cuautitlán.
En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor
medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el
transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras,
expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente
respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado
como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y
alumbrado público.
Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la
violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las
estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el
riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de
otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un
mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de
Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a
represalias.
Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que
presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento
era de personal académico.
NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS
En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un
punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban
dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra
compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela
Hernández Hernández no tuvo ninguna repercusión.
El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de
cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de
la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de
reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar
de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la
universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y
su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.
Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las
estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y
convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy.
Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de
la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el
“Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la
UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.
Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad
Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen
nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del
Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a
formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.
“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo
se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido
muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes
de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces
se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos
toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que
ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa
dentro de nuestras instalaciones”.
No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las
mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los
varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican
cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el
otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian
actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la
también estudiante.
Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo
conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la
golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que
su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas
cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima
de violencia por parte de Jorge Luis González.
Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la
defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes
incluidos en la carpeta de investigación.
A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa
con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las
víctimas de feminicidio en este país.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la
PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del
feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y
su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser
aceptadas.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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