Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-La
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó la
Recomendación 1/2018 dirigida a la Procuraduría General de Justicia
capitalina (PGJDF), en la que exhortó a la institución a ofrecer una
disculpa pública por la estigmatización y revictimización que hizo en
contra de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A unas horas de cumplirse un año del asesinato de la joven, de 22
años de edad, caso que fue investigado y calificado en un principio por
la PGJDF como supuesto “suicidio”, la CDHDF presentó este 2 mayo la
Recomendación 1/2018 que contiene 18 puntos en los que además de
solicitar la reparación del daño de la víctima y su familia, demanda la
sanción de las autoridades que fueron negligentes en las indagatorias
del asesinato de Lesvy y actualizar el protocolo especializado en las
investigaciones de feminicidio.
Conjuntamente a la PGJDF, la recomendación del órgano de Derechos
Humanos está dirigida al Tribunal Superior de Justicia y la Secretaria
de Seguridad Pública de la capital, también como responsables de la
violación a diversos derechos de Lesvy y su familia, entre ellos: el
derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y la verdad, el
derecho a la integridad personal en relación a la memoria de la víctima,
y por último, el derecho a la intimidad y la vida privada.
Así lo señalaron organizaciones integradas en la Red Todos los
Derechos para Todas y Todos, quienes a propósito de este 1 de Mayo, Día
del Trabajo, aseguraron que en las empresas de manufactura y ensamble,
como las de confección, electrónica, automotriz, farmacéutica y
aeronáutica, entre otras, se violan los derechos de las trabajadoras.
Al expresar en un comunicado su inconformidad con la política laboral
del gobierno mexicano, las organizaciones alegaron que las condiciones
laborales de muchas mujeres en el país siguen siendo pésimas, por
ejemplo, las empresas son quienes definen el pago por enfermedades de
trabajo, lo que implica un conflicto de interés porque los empleadores
deciden los montos que deben pagar.
Es por ello que las 84 organizaciones de 23 estados de la República
exigieron que no se apruebe una reforma laboral secundaria que
perjudique más a la clase trabajadora de este país; por ello pidieron
que se organice un debate abierto sobre la política laboral, en el que
participen sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y
colectivos que trabajan por los Derechos Humanos laborales.
Leticia Puente Beresford Cimacnoticias | Ciudad de México.-Verónica
P. Vera, en Nueva York, y Martha García, en California, son dos
mexicanas convencidas de que el voto de las y los mexicanos en Estados
Unidos el próximo 1 de julio puede ayudar a lograr un cambio en la
tierra en que nacieron, la que dejaron o de la que muchos huyeron, en
busca de sustento y seguridad.
Saben también que el voto de las mexicanas, incluidas las que viven
en el exterior, pesa, porque son mayoría en el padrón electoral (52 por
ciento de los aproximadamente 90 millones de electores) y su voto masivo
puede decidir quién será presidente y quiénes integrarán gobiernos
locales y legislaturas.
Verónica y Martha, con sus grupos de apoyo, promovieron en sus
respectivas ciudades el proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE)
para credencializar a paisanos. Lo hicieron en zonas públicas y en los
consulados sobre ruedas, librando muchos obstáculos, entre ellos la
falta de apoyo para la difusión. El proceso inició el 1 de septiembre de
2017 y concluyó el pasado 31 de marzo, aunque continúa en embajadas y
consulados de forma permanente.
¿Por qué votar en las elecciones del país en que ya no viven? La
mayoría, dice Verónica, “lo hizo porque quiere un cambio. Otros, porque
quieren regresar a México a pasar su vejez, en sus casas, seguros,
libres de violencia. También porque desean que no les secuestren a sus
familiares en México. Y porque termine la corrupción, ya no quieren que
la delincuencia cobre “seguridad” para sus negocios. Quieren que sus
familias vivan seguras”.
Argentina Casanova Cimacnoticias | Ciudad de México.- Tres
entidades documentan un incremento notable en el número de casos de
feminicidio, uno de ellos es Baja California que ocupa el tercer lugar.
Históricamente Baja California ha tenido indicadores de violencia contra
las niñas y mujeres como la trata; Colima, con el primer lugar, es uno
de los casos que preocupa por su íntima relación entre la violencia
social relacionada con el crimen organizado y la violencia contra las
mujeres.
Colima dejó de ser un lugar tranquilo para alcanzar el puntero en las
estadísticas oficiales sobre homicidios de mujeres desde el año pasado y
este año ocupa el primer lugar, en el primer trimestre con 19
homicidios dolosos, en un registro doloroso que nos da los argumentos
que tanto hemos presentado en esta columna, cuando se trata de explicar
la violencia social y sus efectos en mujeres y hombres. El segundo lugar
es la Baja Sur.
Es claro que, en Colima, como otras entidades que se ubican
geográficamente en puntos donde el crimen organizado ha incrementado en
los últimos años su operación, elevando los números de personas
desaparecidas, homicidios y por supuesto en todo escenario de violencia
generalizada de índole social, ésta se recrudece contra los grupos en
posiciones más vulnerables frente a la violencia como son las niñas,
niños y las mujeres.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad, sus cifras
evidencian un incremento que otorga el primer lugar a Colima, lo que
antes fuera una entidad con características idénticas a Campeche, poca
población, escasa actividad económica. En el caso de Colima una
geografía pequeña que hacía que las personas tuvieran una dinámica de
vida de pequeña comunidad, en donde todo mundo se conoce y en donde los
delitos solían ser robos comunes.
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