Ambas Cámaras del Congreso aprobaron leyes y nombramientos al último momento, sin discusión, violando sus propios reglamentos y con una clara intención de comprar impunidad para la actual gestión federal; aplicaron a la sociedad mexicana en su conjunto la estrategia del albazo legislativo antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones el pasado 30 de abril.
Me refiero a la bautizada #LeyChayote, a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), a la Ley Federal de Derechos de Autor y a los nombramientos para el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Sin
escuchar a la sociedad civil, periodistas, académicos y a organismos
nacionales e internacionales protectores de la libertad de expresión y
el derecho a la información, el 26 de abril se aprobó en el Senado la
Ley General de Comunicación Social que legaliza las peores prácticas
para controlar a los medios de comunicación mediante el uso de la publicidad oficial.
En
un comunicado conjunto, los Relatores de Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas
exhortaron a los legisladores a llevar a cabo una reevaluación de la
legislación propuesta realizando consultas significativas con miembros
de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el
cumplimiento de las leyes y normas internacionales de
derechos humanos, en el mismo sentido se pronunciaron la oficina en
México del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y el INAI, pero simplemente los ignoraron.
Su
aprobación fue posible porque los legisladores del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA) se negaron a abandonar el Pleno junto
con los del Partido de la Revolución Democrática y un número
significativo del Partido Acción Nacional, con lo cual se hubiera podido
impedir su votación por falta de quórum, a eso hay que agregarle las
visibles ausencias de senadores como estrategia para que entre el
Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza pudieran tener mayoría para aprobar esta infame ley.
Sin
embargo, aún hay caminos para revertir esta perniciosa ley, aunque
tramposamente se haya determinado que entrará en vigor hasta el 1 de
enero de 2019 (blindando el gasto ilegal de dinero público para las
campañas políticas de este año). Algunos de esos caminos son: 1) una
acción de inconstitucionalidad por parte de los legisladores opositores a
la ley o de la CNDH o del INAI o todos juntos; 2)
Artículo 19, organización que ganó el amparo para que se legislara en la
materia, puede acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) porque la ley no cumple con los criterios mínimos que determinó
en su sentencia y por lo tanto podría disponer su incumplimiento, e
incluso a través de amparos por parte de particulares, así que esto
todavía no acaba.
Reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor
La organización defensora de los Derechos Digitales, R3D,
denunció los cambios al artículo 215 de la ley de última hora el
pasado 26 de abril por el PRI y el PVEM, teniendo como operadores a los
panistas Javier Lozano y Ernesto Cordero, que abre una peligrosa puerta a
la censura en internet, ya que permitiría que cualquier tribunal pueda
ordenar que una comunicación pública sea removida de la red por el solo
hecho de sospechar que viola los derechos de autor e incluso que los
servidores, enrutadores u otros instrumentos usados en su difusión
puedan ser asegurados, sin esperar a que se demuestre mediante un juicio
la posible violación.
Estos cambios violan el artículo 7º de la
constitución sobre libertad de expresión y también contradicen a la
SCJN que ya ha sentenciado que cualquier tipo de medida precautoria en
internet para proteger derechos de autor es violatorio de la libertad de
expresión. Para colmo, el Pleno del Senado aprobó la reforma con un
dictamen sin las firmas de los senadores de las comisiones de Cultura y
de Estudios Legislativos Segunda, así se las gastan en el ¿honorable?
Senado de la República.
El director de la organización, Luis
Fernando García, anunció que interpondrán un amparo ante este atropello
que beneficia a las grandes corporaciones de las industrias culturales
en detrimento de los derechos de millones de mexicanos.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
El 25 de abril, el Senado reformó la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la LFTR, que reduce las multas a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión por
el equivalente de 0.01% hasta 0.75% de sus ingresos cuando violen la
ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos
fundamentales y demás disposiciones emitidas por el IFT, supuestamente
en cumplimiento de una sentencia de la SCJN, pero la sentencia de la
corte se refiere al límite mínimo de las multas genéricas, no
necesariamente sobre las multas máximas
Además, también cambiaron la ley para que los concesionarios de radiodifusión puedan
prorrogar su concesión por 20 años, concediendo prácticamente la
prórroga automática. Así de a poco se van desmantelando las
disposiciones de una ley que mal que bien algunos avances importantes
representan en el sector.
Nombramiento del INAI e IFT
A las 3.30 de la madrugada del 27 de abril, en el Senado designaron a Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra como nuevos comisionados del INAI,
con la inconformidad del PAN y PRD, ya que ambos personajes tienen
fuertes vínculos con el PRI, por lo que hay serias sospechas sobre su
independencia; ambos partidos denunciaron que los dos comisionados
elegidos son cercanos al coordinador priísta, Emilio Gamboa Patrón,
fueron impuestos por él y responderán a los intereses de su partido.
El
periódico La Jornada consignó que con el PRI votaron PVEM y cinco
senadores panistas, entre ellos Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y
Salvador Vega.
En este episodio se repitió la negativa de Morena y
PT de salir del recinto para evitar el quorúm que consumara los
nombramientos. Para expertos en la materia, la imposición de dichas
designaciones tienen por objetivo proteger al actual gobierno para
evitar el acceso a la información pública en los numerosos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto.
Dos días antes, el 25 de abril, el Senado ratificó la propuesta del presidente Peña para integrar como comisionado del IFT a Sóstenes Díaz
por nueve años, quien se desempeñó como Director General de Regulación y
Reventa de Servicios de Telecomunicaciones en el propio organismo.
Al respecto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información emitió un comunicado para solicitar a los senadores un proceso abierto,
transparente y con criterios de evaluación que permitiera valorar la
trayectoria destacada e independiente de la persona propuesta para
fortalecer al IFT, pero, como supondrá, eso no sucedió.
Así de atropellado y desaseado fue el proceso legislativo que recién terminó su periodo ordinario de sesiones, una legislatura sorda y ciega a los reclamos de la sociedad. La buena noticia es que pronto terminará.
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