Presupuesto, moches, protestas
Diputados
sesionarán el viernes
Amago de irrupción en desfile
Panistas no
atenderán a la CNDH
A la hora de cerrar
la presente columna no había arreglo entre la directiva de la Cámara de
Diputados y los grupos campesinos, cuyos líderes organizaron un cerco al
Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir que en una sesión
plenaria se apruebe el presupuesto federal de egresos de 2020, sin las
modificaciones demandadas para satisfacer las demandas de esas
organizaciones agraristas, a cuyos dirigentes ha acusado el Presidente
de la República de especializarse en
moches, es decir, en formas de corrupción que se aprovechan de las necesidades populares y del dinero público destinado a tratar de paliarlas.
La batalla política se ha enconado porque los líderes campesinos
pretenden mantener el curso natural de décadas, con apoyos económicos
que benefician a sus clientelas (y también a los líderes), y la nueva
administración federal pretende entregar directamente los
apoyosa los beneficiados, sin intermediarios o, visto de otra manera, con el gobierno en turno convertido en el suministrador de fondos para otras fórmulas clientelares.
El propio presidente de la República ha insistido en el rechazo a los
moches, es decir, el método sostenido por priístas y panistas, que ha implicado la rasura de recursos federales para dejar ganancias a legisladores conseguidores de presupuestos destinados a obras o para
dirigentes socialesque fungen como intermediarios.
En un escenario accidentado, anoche se sostenía la convocatoria de
uno de esos grupos, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, para
irrumpir en el desfile revolucionario de hoy. Por lo pronto, la cúpula
de San Lázaro anunció que se pasa para el viernes la sesión de los
comisionados de presupuesto y cuenta pública y, por tanto, la sesión
plenaria no podrá ser hoy, como se había anunciado. Las negociaciones
parecían entrampadas, pero la directiva encabezada por Mario Delgado
suponía que se llegará a arreglos para sesionar el viernes sin grandes
contratiempos.
Los gobernadores y los presidentes municipales panistas han decidido
no reconocer a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ni atender las recomendaciones que en
tal condición emita. Así lo dieron a conocer en comunicados de prensa y
en declaraciones individuales, de entre las cuales la más rápida fue la
de Francisco Domínguez, quien administra Querétaro (la misma entidad en
la que otro panista distinguido, Diego Fernández de Cevallos, terminó
pagando una bicoca luego de tres décadas de no cubrir el impuesto
predial de una de sus propiedades campiranas).
La postura de los mandatarios, estatales y municipales,
pertenecientes al partido mexicano de derecha contraviene la obligación
establecida en la Constitución de responder a las mencionadas
recomendaciones en cuanto sean dirigidas a alguno de ellos. Obviamente,
responder no significa aceptar o ejecutar las decisiones de la CNDH: los
destinatarios de ellas pueden reaccionar de manera positiva o negativa,
aceptando las indicaciones de dicha comisión o rechazándolas, pero
deben responder. Ahora, ni eso desean hacer los mencionados personajes
de Acción Nacional.
Habrá de verse si esa decisión de los panistas constituye a su vez
una violación a los derechos humanos de los ciudadanos de esas
demarcaciones, al quedar exentos de la oportunidad de que sean atendidos
los casos presentados ante la CNDH y procesados en forma de
recomendaciones a las autoridades. También está por saberse si esta
reacción de la élite panista gobernante es una forma de descalificación
temprana de indagaciones y recomendaciones que fuesen a afectar
intereses y personalidades de Acción Nacional.
Y, mientras las familias mormonas de Chihuahua se dividen en cuanto a
propiciar mediante un viaje a Estados Unidos que este país intervenga
en México contra el crimen organizado (unas familias a favor, otras en
contra), ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
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