Menores detenidos, doble atrocidad

Editorial La Jornada

De acuerdo con cifras del Estudio global sobre niños privados de la libertad, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un total de 103 mil menores extranjeros se encuentran detenidos en Estados Unidos, solos o con sus padres, por causas relacionadas con la migración hacia ese país.

El autor del documento, Manfred Nowak, señaló que la cifra era prudente y basada tanto en datos oficiales como en fuentes complementarias muy confiables. Agregó que la detención de menores relacionada con la migración nunca debe considerarse en el interés del niño; siempre hay otras opciones.

Tales declaraciones, formuladas en la sede de la ONU en Ginebra, ponen de manifiesto una doble atrocidad: la que significa por sí misma la criminalización de la migración, con o sin documentos, y la falta de sentido común y de humanidad que conlleva el dar trato de delincuentes a menores que no tienen responsabilidad legal posible y no han cometido más delito que vivir en territorio estadunidense sin documentos de residencia, el de acompañar a sus padres en el viaje o el de intentar reunirse con ellos en el país vecino.

Por desgracia, la situación de estas víctimas de una injusticia patente no suele ser documentada, salvo cuando alcanza dimensiones de crisis, como ocurrió en meses pasados en localidades de Estados Unidos cercanas a la frontera con México, ocasión en la que salió a relucir que esa nación no cuenta con una infraestructura mínimamente decorosa para albergar a los menores y las condiciones materiales de su detención se asemejaban a las de un campo de concentración. Para colmo, se ha informado de procedimientos judiciales grotescos y crueles en los que niños de cinco años o menos son llevados a declarar ante un tribunal, donde se supone que deben responder como si fueran adultos.

Esta situación tendría que mover las conciencias de la opinión pública internacional pero, sobre todo, de la estadunidense. La persistencia del internamiento de menores, solos o acompañados, con pretextos relacionados con su estatuto migratorio, es una expresión de barbarie en un país que se reclama civilizado, democrático y respetuoso de los derechos humanos y debería movilizar a la sociedad que permite tales prácticas a sus autoridades.

Finalmente, si la clase política estadunidense es incapaz –por ideología, por hipocresía o por mera conveniencia económica– de emprender de una vez por todas una reforma migratoria que reconozca legalmente los enormes beneficios económicos y culturales que la migración ha aportado y seguirá aportando a Estados Unidos, es exigible que al menos sean suprimidas prácticas inhumanas, atroces y por demás injustificadas como el encarcelamiento de menores en razón de su condición migratoria.