Las organizaciones lamentaron el número de 23
muertos y 715 personas heridas a causa de la crisis en Bolivia y condenaron
“los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar
el derecho a la manifestación pacífica de la población”, así como otras
expresiones que menoscaben el ejercicio de libertades fundamentales de la
ciudadanía.
Repudiaron los ataques, saqueos y destrucción que se produjeron a las
viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la
sociedad civil, periodistas, y organizaciones políticas, así como la
destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de
conflicto, y exigieron a la policía continuar resguardando la seguridad
de la ciudadanía así como evitar actos vandálicos.
Al mismo tiempo, expresaron su preocupación por la
promulgación del “Decreto Supremo 4078”, relativo a la participación de las
Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y en apoyo a la
Policía Boliviana en el marco del conflicto. El decreto, publicado por varios
medios y que data del 15 de noviembre y fue firmado por la autoproclamada
presidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, establece que el personal de las
fuerzas armadas que participe en operativos para el restablecimiento del orden
y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal, cuando “actúen
en legítima defensa o estado de necesidad”.
Ante eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró,
el 16 de Noviembre via Twitter, que el decreto “desconoce los estándares
internacionales de DH y por su estilo estimula la represión violenta.
Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los
Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de
DH.”
Las organizaciones opinaron que “si bien es cierto
que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional, advertimos que
éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública.”
Desde el inicio de la crisis post-electoral y la renuncia de Evo Morales como
presidente, han circulado muchos videos en redes sociales que mostraron agentes
policiales, militares o paramilitares que aparentemente violentaron a personas
manifestantes.
Las organizaciones firmantes del llamado recordaron que las
obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, deberían de
ser “de aplicación preferente”, y aún en los casos que se consideraran
legítima defensa o estado de necesidad, “deben ser investigados a fin de
que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o
no de responsabilidad penal.” Advirtieron que no se podrían eximir de
esta responsabilidad las y los agentes públicos en abstracto, mediante
un decreto.
A los “sectores movilizados”, demandaron no incurrir en acciones
violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten
enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma
de rehenes civiles, policiales o militares. “Genera preocupación que
algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de
las fuerzas del orden y la ciudadanía”, continúa el pronunciamiento. Al m
ismo tiempo, se hace un llamado a todos los sectores, fuerzas del orden
como civiles, de garantizar el acceso a la asistencia médica de
personas heridas, sobre todo personas detenidas, “a quienes se les debe
brindar un trato digno y tratamiento médico, dotación de medicamentos y
valoración médico forense.”
Denunciaron que representantes de algunas organizaciones no
gubernamentales e instituciones comprometidas con los Derechos Humanos
hayan sufrido amenazas contra su seguridad y vida, y condenaron todos
los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento contra
estas personas, tanto como autoridades y periodistas. Por lo tanto,
exigieron que se adopten medidas para garantizar “la institucionalidad
necesaria de atención a denuncias, prestación de garantías, defensa
legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias,
observando los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Al fin del llamado, las 56 organizaciones sociales reiteraron que
sería necesario tomar “las decisiones legales y políticas necesarias
para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones
generales”, y acelerar un proceso de Dialogo Nacional entre actoras y
actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del
país.
La crisis en Bolivia empezó con la polémica
reelección de Evo Morales Ayma, primer presidente indígena de Latinoamérica, a
un cuarto mandato en la presidencia del país, el 20 de octubre 2019.
Anteriormente, la posibilidad de buscar un cuarto mandato había sido rechazada
en un referéndum en 2016, pero luego fue avalada por la justicia boliviana. La
Organizacón de Estados Americanos (OEA), hizo una auditoría de la elección y
encontró varias “irregularidades”, por lo que llamó a realizar nuevos comicios.
El 10 de noviembre, Morales anunció nuevas elecciones y renunció a la
presidencia del país. Un día después, el gobierno de México anunció que le
otorgaría asilo político.
Ciudad de México.
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