¿Qué futuro hay para los pueblos indígenas?

Jan Jarab*

Las terribles violaciones perpetradas en contra de los pueblos indígenas fueron el tema del primer informe público escrito sobre derechos humanos en las Américas, la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) del fraile Bartolomé de las Casas. Hoy, 467 años más tarde, abusos y despojo continúan, pero también continúa la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Michel Forst, relator especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, ha afirmado que las y los defensores indígenas –personas como Berta Cáceres en Honduras o Isidro Baldenegro y Samir Flores en México– son los más amenazados a raíz de su labor en defensa de sus tierras y territorios, por defender los derechos ambientales.

¿Cómo viven en realidad los pueblos indígenas en el mundo, en América Latina y en México? ¿A qué se enfrentan? Me gustaría ofrecerles algunas citas que he escuchado de viva voz:

Dicen que estuvimos pobres, pero vivimos felices. Cultivamos nuestra tierra, nuestras abejas. Después nos trajeron lo que llaman desarrollo –grandes hoteles por todo lado. Nos quitaron las tierras. Hoy, ya no somos agricultores, sino personal de limpieza en los country clubs. ¿Esto es desarrollo?

(Líder maya, Quintana Roo, 2017)

México tiene una nueva oportunidad de reflexionar si quiere continuar con estas políticas. Si quiere que la gente que hoy trabaja su tierra siga convirtiéndose en los trabajadores de limpieza de grandes hoteles, para servir a los ricos. Si se desea perpetuar una forma de desarrollo que trae consigo flujos de drogas y violencia, como se ha visto en Acapulco o Cancún, o si va apoyar a las comunidades para que éstas escojan su propio modelo de desarrollo, como lo dice la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Consulta? ¿De qué están hablando? Llegan a decirte que tienes que firmar para recibir beneficios –pero si no firmas, el gobierno enviará policías para despojarte.

(Líder yaqui, Sonora, 2016)

Reflexionemos: ¿de verdad es consulta indígena cuando no es ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, como exigen los estándares internacionales? ¿A qué sirve la consulta que divide a las comunidades indígenas en los buenos que aceptan –pequeños– beneficios y los problemáticos que siguen defendiendo su tierra, su bosque, enfrentándose a la criminalización, a todo el poder político y económico? Y ¿a qué sirve una consulta si no se respeta su derecho al consentimiento?

Llegaron una noche, amenazaron de matarnos todos. Con mis hijos caminé dos días, dos noches, no tuvimos ni agua ni tortilla, hasta llegar a la ciudad. Las autoridades sólo nos mandaron el mensaje que tenemos que regresar, que no nos pueden dar ningún apoyo…

(Mujer nahua desplazada, Guerrero, 2019)

¿Hasta cuándo vamos a dejar a los campesinos indígenas –y no indígenas– desprotegidos frente a la violencia del crimen organizado, de los caciques locales, de los grupos armados que limpian el terreno para las empresas nacionales y trasnacionales? ¿Hasta cuándo?

Esperemos que pronto se abra un nuevo capítulo, un capítulo de discontinuidad radical con todas estas prácticas represivas, manipuladoras y cínicas. Esperemos que ya no se van otorgar masivamente concesiones a megaproyectos que en las pasadas décadas convirtieron una parte considerable de los territorios indígenas en territorios concesionados –todo para los inversionistas, sobrexplotación del agua, contaminación y deforestación para los indígenas. Hoy se vuelve difícil para el Estado quitar estas concesiones a empresas trasnacionales porque contienen cláusulas sobre compensación por la inversión no realizada. Entonces, cuando se otorgan concesiones, se tiene que cuidar para que los inversionistas no tengan derecho a compensaciones estratosféricas en casos de que se les quite la concesión por violaciones de derechos humanos o por haber causado daños ambientales.

Hay primeras noticias positivas, como los acuerdos alcanzados entre 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca y la Conagua, sobre el reconocimiento de los derechos de estas comunidades para cogestionar sus fuentes del agua –lógicamente, dado que fueron ellas mismas que rescataron el acuífero. El proceso de consulta cojeó en varios momentos, sin embargo, la firmeza de las comunidades y la voluntad política de avanzar marcaron un paso importante que debe replicarse.

Los pueblos indígenas, cada vez más organizados, seguirán sin duda exigiendo el reconocimiento de sus derechos –un reconocimiento no sólo retórico, sino en los hechos. Y el sistema internacional de derechos humanos, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en particular las Relatorías Especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas y de defensores de derechos humanos, y por supuesto, nuestra oficina en México, les seguirá acompañando.

* Representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos