Editorial La Jornada
Ayer venció el plazo constitucional para que los diputados aprobaran el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año entrante, pero la presidenta de la Cámara, Laura Rojas (PAN), y el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, tuvieron que anunciar que la votación se aplaza hasta el próximo miércoles 20 debido al bloqueo del recinto legislativo que mantienen diversas organizaciones campesinas.
El presupuesto 2020, segundo bajo la actual legislatura y primero del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha convertido en objeto de jaloneos políticos y discusiones acaloradas en torno a las prioridades establecidas en la asignación de recursos, pero también en cuanto a las prácticas legislativas que en periodos anteriores permitieron al gobierno federal contar con la aquiescencia de todos los grupos partidistas al tramitar sus proyectos presupuestales.
Así, durante las semanas recientes los más variados sectores han solicitado, exigido o presionado a los legisladores y al Ejecutivo para lograr que el gasto se reoriente en su beneficio, siempre bajo la premisa de que sus intereses representan a los de la sociedad entera y de que su prosperidad es la llave para detonar el desarrollo del conjunto de la economía nacional. Universidades, creadores de arte, alcaldes, titulares de organismos autónomos, campesinos, empresarios y otros han desfilado por medios de comunicación, pasillos legislativos o calles de la capital de la nación para tratar de convencer a representantes populares y opinión pública de que sus reclamos son los más justos.
Ante este clamor por el favor presupuestal, es obligado plantear una serie de consideraciones. En primer lugar, que sin importar la voluntad política de los legisladores será inevitable que al final del proceso haya descontentos: el presupuesto está limitado por los ingresos efectivos de la Federación y sería una absoluta irresponsabilidad reditar el derroche imperante durante la administración pasada, cuya asignación de recursos descansó sobre un endeudamiento del sector público que creció de manera desbocada hasta rebasar en promedio los 2 mil 500 millones de pesos diarios. Segundo, que es necesario distinguir entre los reclamos legítimos y aquellos fundados en una visión execrable de la función pública, claramente rechazada por la ciudadanía en las pasadas elecciones federales. Tal es el caso, por brindar sólo un ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, presidido por Lorenzo Córdova, quien representa a lo peor de la burocracia formada en las administraciones recientes, ajena a cualquier vocación de servicio y aferrada a niveles de dispendio que resultan ya inaceptables para la sociedad.
También es necesario considerar el debate planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de los personajes u organizaciones que se erigieron en intermediarios entre la Federación y los beneficiarios de los diversos programas de apoyo con que se busca impulsar la economía o paliar la pobreza. De acuerdo con el mandatario, buena parte de las protestas contra el presupuesto presentado por su gobierno se debe a la decisión de acabar con estos intermediarios –quienes obtenían pingües comisiones por lo que podría calificarse como tráfico de influencias–, con la finalidad de entregar cualquier apoyo de manera directa a los beneficiarios.
En suma, la actual coyuntura supone un alto grado de confusión en la que en ocasiones las demandas legítimas y atendibles pueden confundirse con intereses impresentables y prácticas del pasado que deben desterrar-se de manera definitiva, por lo que cabe esperar de los legisladores la voluntad política, la sensibilidad social y la disposición a informarse de manera exhaustiva para disponer de los recursos limitados en beneficio real de las mayorías.
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