Tras considerar que la declaratoria de Alerta de
Violencia de Género (AVG) para la capital “es un paso importante para reducir
la violencia sexual en el ámbito familiar”, en la Ciudad “existe un grave
contexto de violencia comunitaria”, por lo que es fundamental que se contemplen
acciones frente a otros delitos como el feminicidio y la desaparición de
mujeres, niñas y adolescentes, señalaron en un pronunciamiento, el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a
Decidir.
De acuerdo con datos del OCNF, con peticiones de
información a la Procuraduría de Justicia local, de enero a junio de 2019
fueron asesinadas 122 mujeres en la capital de México. Sólo 17 casos se
investigaron como feminicidio.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública reportó por su parte otros datos. De enero a octubre de este
año, 55 casos de feminicidio.
En el caso de la desaparición, el OCNF y CDD señalan
que en el mismo periodo los datos oficiales documentan 927 mujeres y niñas
desaparecidas; 648 fueron localizadas y 279 siguen sin hallarse. 53 por ciento
de los casos se trata de niñas y adolescentes menores de 17 años.
Hacer frente a dos graves problemas de la Ciudad de
México como es el feminicidio y la desaparición de mujeres también es una
observación que hizo el Grupo de Trabajo que evaluó la solicitud de AVG que
presentaron agrupaciones civiles en septiembre de 2017.
Este equipo que conformaron académicas
especializadas en violencia contra las mujeres, recomendó en un informe
dirigido al entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, puntuales
políticas en la procuración e impartición de justicia en relación a la atención
al feminicidio, y lo que concierne a los protocolos de actuación relacionados
con la no localización de mujeres.
También se refirieron a los problemas en los
registros estadísticos sobre la atención a las mujeres en situación de
violencia; del desempeño de quienes se encuentran directamente en las áreas de
atención a mujeres víctimas de violencia, que, en la medida en la que ésta es
deficiente, permite impunidad, permisividad y revictimización.
Sin embargo, la AVG decretada la mañana de ayer por
Sheinbaum Pardo, no contempla ni estas medidas o las propuestas por
organizaciones civiles, cuya participaron en el proceso ha sido cuestionada por
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres
(Conavim). La instancia alega que la función de la sociedad civil se reduce al
trámite de petición de Alerta, no a su seguimiento.
El OCNF consideró en su comunicado, que la Ley faculta
a la jefa de gobierno a decretar la Alerta pues de acuerdo con la Ley de Acceso
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia capitalina, corresponde a la Secretaría
de Gobierno hacerlo, a petición de la Secretaría de la Mujeres capitalina o a
las personas titulares de las Alcaldías.
Así, la AVG obedece más a una agenda de la jefa de
gobierno, como dotar de recursos para 2020 a los Centros de Atención Integral a
las Mujeres; profesionalizar a Ministerios Públicos, asesores jurídicos y
peritos en delitos de carácter sexual.
También trabajar con el Congreso de la capital para
aprobar una Ley que sanciona la violencia digital y otra para crear un banco de
ADN de agresores sexuales, “para que todos en esta ciudad sepas quienes son los
violadores”.
La gobernadora recordó otras acciones que ha
implementado desde diciembre de 2018 que tomó el cargo, como las 166 abogadas
que asesoran jurídicamente a mujeres que buscan interponer una denuncia en los
Ministerios Públicos, cámaras y botones de auxilio en las calles y campañas en
los medios de comunicación sobre la violencia de género.
Horas después que Sheinbaum Pardo anunció su
decisión en redes sociales, la Conavim se congratuló de la decisión, aún cuando
esta misma instancia había negado meses atrás, la misma petición que hicieron
las organizaciones civiles.
¿Quién vigila a la gobernadora?
La jefa de Gobierno, quien antes descalificó la
función del mecanismo de Alerta que crearon feministas en 2007 con la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, indicó que su
autodeclaratoria es muestra de sus prioridades para establecer una política
para erradicar la violencia de género.
Pero este un mecanismo que pretende una inmediata y
articulada actuación entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes
estatales, frente situaciones extremas de violencia, su procedencia o
improcedencia por Ley la determina el gobierno Federal por medio de la
Conavim.
En la Ciudad de México, la Ley de Acceso
local, permite no sólo que organismos de Derechos Humanos y organizaciones de
la sociedad civil tramiten la solicitud de AVG, también faculta a la Secretaría
de las Mujeres (antes Inmujeres) y titulares de las alcaldías.
Además, en el Reglamento de la Ley local, artículo
10, se indica que si la Secretaría de Gobierno considera procedente la
declaratoria establecerá el grupo interinstitucional y multidisciplinario -conocido
como GIM- para iniciar la ejecución de las acciones. “Este equipo permite
gestionar periódicamente la publicación de los avances en las acciones de
emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida”.
En este sentido las organizaciones de la sociedad
civil también pidieron a la gobernadora de la urbe, mesas entre autoridades,
expertas en delitos sexuales, feminicidio y desapariciones, organizaciones que
solicitaron la AVG y familiares de víctimas para que revisen y se establezcan
las medidas adecuadas para atender las problemáticas de desapariciones y casos
de feminicidio.
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