Bernardo Bátiz V.
¿Por qué se ataca y calumnia
al gobierno y al Presidente? ¿Por qué con tanta saña y tanta constancia?
En mi opinión, porque quienes ven afectados sus intereses con el cambio
de dirección económica en el país no encuentran otra manera de
manifestar su molestia por la afectación a sus ganancias; frenar la
corrupción, cerrar las exclusas al torrente de contratos ventajosos e
iniciar una fundada campaña en contra de patrimonios gigantescos y
exagerados, sin congruencia con ingresos legítimos, no lo pueden
tolerar.
Pero principalmente porque quienes no tienen más patria que el dinero
y los intereses particulares, ven, sin poder impedirlo, que se
desmantelan las llamadas reformas estructurales del gobierno peñista y,
sin entender bien a bien qué sucede, perciben cómo una nueva línea
política contraria al neoliberalismo impuesto y una vuelta a la rectoría
del Estado en la economía están cambiando al país de injusto y desigual
a equitativo.
No se trata, como muchos críticos piensan, de la imposición de un
régimen marxista en el que todos los medios de producción estén en manos
del Estado; ni comunismo ni mucho menos; es el rescate de la economía
mixta que la Constitución de 1917, con acertada intuición de los
constituyentes, estableció en su capítulo económico, para regir la forma
de distribuir la riqueza con mayor equidad y sin recurrir a medidas
extremas.
La Constitución –en los artículos 25, 26 y 27– distinguió tres
sectores económicos: el público, el privado y el social, y estableció
reglas para su convivencia armónica. Durante los largos años de
gobiernos priístas no se permitió que la democracia política se
implantara cabalmente, pero sí funcionó la economía mixta y el Estado
mantuvo lo que se llama la rectoría sobre la producción, la distribución
y el consumo de bienes y servicios, mediante herramientas que le
permitieron corregir desajustes e inequidades; no era perfecto el
sistema, pero su pura existencia y reconocimiento sirvieron a nuestros
país para lograr durante mucho tiempo un desarrollo y un crecimiento
simultáneos.
Dentro de este esquema, cabe destacar que la Constitución reservó
algunas áreas de la economía como exclusivas del Estado, las consideró
como áreas estratégicas, muy relacionadas con la defensa de la soberanía
y como puntos claves para no ser arrollados por el neoliberalismo
rampante impuesto por las grandes empresas trasnacionales y por la
globalización imperante. El término estratégico, está tomado
del lenguaje militar, es una posición ventajosa en una batalla o en una
guerra, y abandonar una posición estratégica es equivalente a una
traición.
La Constitución consideró como áreas estratégicas el servicio de
correos, la energía atómica, la eléctrica, la producción de
hidrocarburos –el más importante, el petróleo– y se reservó la propiedad
de estos sectores y servicios para sí, en representación de la nación y
para ser administrados por organismos públicos. Ciertamente, hubo
corrupción, como en casi todo el sistema, pero durante muchas décadas
–en especial el petróleo– permitieron a México crecer y consolidarse;
otras áreas se consideraron sólo prioritarias, como la banca, las
telecomunicaciones y algunas más, que pueden ser propiedad de
particulares, pero requieren una vigilancia por parte del Estado; es
decir, sobre ellas se ejerce la rectoría pública, que sirve para
corregir y prever errores y políticas dañinas para la economía del país y
una mejor distribución de lo que esas áreas prioritarias generan.
El antiguo régimen descuidó la rectoría del Estado, permitió que
grandes empresas, entre ellas la banca, funcionaran sin buscar el bien
de todos y sin equidad; toleró monopolios y permitió una corrupción
generalizada; finalmente, durante el gobierno de Peña Nieto no sólo se
renunció a la rectoría del Estado, sino que se desmantelaron las áreas
estratégicas y se permitió que éstas quedaran en manos de empresas
privadas y extranjeras; con ello, México estuvo a las puertas de
convertirse en un territorio ocupado sin ni siquiera un disparo o un
soldado invasor; sólo maniobras económicas y entrega de nuestro
territorio, incluidos los litorales, los aeropuertos, el crédito y la
banca.
El actual gobierno ha dado pasos firmes para recuperar las áreas
estratégicas y ha retomado el timón de la rectoría del Estado; no
pretende ni siquiera acabar con la inversión privada ni con sus
ganancias, simplemente se trata de vigilar y corregir, para que la
codicia no desemboque en desigualdades inaceptables y en explotación de
los más débiles y marginados por los más fuertes y poderosos. Los que
atacan al gobierno no toleran el rescate de las áreas estratégicas ni la
vuelta a la rectoría económica y se revuelven con ira y atacan a la
administración actual.
En una de las últimas estrofas de La suave patria, López Velarde dice, intentando una profecía:
quieren morir tu ánima y tu estilo.No lo permitiremos, la patria no se vende, se defiende.
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