Eulodia Lilia Díaz Ortíz fue una
indígena que defendió los últimos tianguis del trueque en el Estado de
México, una tradición prehispánica de la entidad por medio de la cual
florece la economía de las comunidades náhuatl, otomíes y tlahuicas que
intercambian leña por comida.
Luego de años de hostigamiento por parte de las autoridades
municipales que buscaban el control del tianguis, el pasado 25 de marzo
de 2019, un vecino presuntamente allegado a la administración municipal
le disparó a Eulodia y la mató.
Este asesinato fue uno de los cinco crímenes contra defensoras de
Derechos Humanos y mujeres periodistas que ocurrieron en México durante
2019, de acuerdo con datos registrados por la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
Las otras defensoras asesinadas fueron la promotora del derecho a la
vivienda digna en la Ciudad de México, María Cristina Vázquez; la
periodista de Tabasco, Norma Sarabia; la defensora de tierra y
territorio en Chiapas, Estelina López Gómez; y la defensora de personas
desaparecidas en Michoacán, Zenaida Pulido.
Además de estos crímenes, durante el primer año de gobierno de Andrés
Manuel López Obrador se registraron dos intentos de asesinato contra
las activistas; cuatro detenciones arbitrarias; 22 casos de
criminalización; dos desapariciones y tres allanamientos.
Estas cifras demuestran que el actual gobierno federal no logró hacer
una diferencia con respecto a la administración de 2018, a cargo del
priísta Enrique Peña Nieto, ya que, de acuerdo con datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en ese año cuatro mujeres defensoras fueron asesinadas.
Según el conteo de la RNDDHM, en 2019 la mayoría de las defensoras
agredidas trabajaban por la tierra y el territorio y los derechos
ambientales; en favor de la población en contexto de migración; los
derechos sexuales y reproductivos; y de las personas desaparecidas y
desplazadas.
Control del territorio, la amenaza más grande
La mayoría de las agresiones contra las activistas ocurrió en un
contexto de conflicto por el control del territorio, que es el tema de
fondo, incluso, en las agresiones contra personas que acompañan a
víctimas de desaparición, desaparición forzada o desplazamiento, aseguró
en entrevista Gloria Flores, cocoordinadora de la RNDDHM.
Esto es así –precisó Flores con base en los casos que acompañan–
porque algunas veces las empresas y los gobiernos trabajan en
contubernio con el crimen organizado para que éste genere condiciones de
violencia en la entidad que deriven en desaparición y desplazamientos.
De esta forma, los territorios quedan libres para la instalación de
proyectos o el control criminal.
A esto se suma que estos grupos externos a las comunidades (como
empresas o actores políticos) implementan acciones para dividir la
fuerza comunitaria, lo que coloca en una situación de mayor riesgo a las
mujeres que defienden los territorios en sus comunidades, agregó la
entrevistada.
De acuerdo con Flores, si bien los perpetradores directos son
funcionarios públicos, empresas, personas de la misma comunidad y hasta
grupos del narcotráfico, el Estado es el principal responsable de esta
violencia, ya que la mayoría de las defensora ya habían denunciado otras
agresiones en el pasado.
Sin embargo, las cifras de 2019 mostraron que el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
está rebasado y ha desatendido a las denunciantes, por lo que –a decir
de Flores– requiere mayor presupuesto, infraestructura y capacitación
del personal.
Esto ha orillado a que sean las mismas redes de activistas quienes
realicen acciones de acompañamiento y protección para las defensoras.
Incluso, son ellas quienes han tenido que hacer búsquedas de personas en
el territorio, a pesar de los riesgos de seguridad que eso implica para
ellas.
Para la RNDDHM, en 2020 se prevé un año de más riesgo para las
activistas, ya que el actual gobierno federal tiene la intención de
avanzar en la implementación de proyectos extractivistas,
hidroeléctricos y otros, pero sin garantizar la participación informada
de las comunidades.
Ante este contexto, las defensoras exigen al gobierno de López
Obrador que verifique el adecuado funcionamiento del Mecanismo de
Protección y fiscalice el ejercicio de su presupuesto; y que garantice
el funcionamiento de las Comisiones estatales para búsqueda de personas
desaparecidas.
Además, urgen a que se realicen consultas indígenas, no ciudadanas,
para la instalación de proyectos, pero con base en estándares
internacionales; y que privilegie medidas de seguridad para aquellas
comunidades que decidan rechazar el desarrollo de esos proyectos en su
comunidades.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México.–
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