

Gabriela Rodríguez
En México Felipe Calderón demostró que declarar la guerra a los criminales y dejar el control de las corporaciones policiacas a las fuerzas armadas es la mejor manera de incrementar la violencia y la tasa de homicidios. Las estadísticas oficiales confirman esta correlación, a partir de 2007 en que el gobierno federal declaró la guerra al crimen organizado la tasa de homicidios subió bruscamente: en el año 2007 se había logrado disminuir la tasa de homicidios hasta llegar a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, a partir de 2008 comenzó a incrementarse desmedidamente hasta casi triplicarse, alcanzando una tasa de 22 por cada 100 mil habitantes en 2012. Enrique Peña Nieto continuó la estrategia calderonista y confirmó esta correlación, octubre de 2017 es el mes más violento del que se tenga registro en las últimas dos décadas, se rompió la barrera mensual de dos mil casos de homicidio doloso al alcanzar 2 mil 372 casos, un incremento superior a 34 por ciento, en comparación con enero del año pasado, la principal causa de muerte por homicidio fue agresión con disparo de arma de fuego. Si seguimos la misma estrategia, muy pronto competiremos con los 10 países más violentos del mundo.
El Ejército tiene una historia larga como perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos, así lo documenta con rigor Abel Hernández Barrera en este diario ( La Jornada, 7/12/17), él nos alerta sobre los graves riesgos que implicaría la aprobación de la nueva ley de seguridad interior, permitir que las fuerzas armadas realicen las acciones de seguridad interior, promueve a que las implementen a su discreción sin ser aptas para tales labores, permite a los militares hacer uso de la fuerza para controlar o neutralizar actos de resistencia y socavar la organización comunitaria, deja a la población en un mayor estado de indefensión. En un momento muy delicado esta ley abre la posibilidad de incurrir en formas de violencia institucional castrense. Como Hernández Barrera, otros líderes y activistas de organizaciones civiles de prestigio están alertando sobre el peligro de institucionalizar una estrategia fallida mediante la nueva ley. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya objetó también la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a revisarla. Todos y todas estamos alarmados, excepto los legisladores/as del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, del PES, un par del PRD y los panistas que votaron en favor. ¿Será que no importa la paz ni bajar el número de homicidios sino más bien mantener el poder? ¿Será que quieran recurrir a la represión contra quienes protesten por el inminente proceso electoral? ¡Seria gravísimo!
Digan lo que digan, el único político que ha propuesto cambiar la estrategia militar fallida contra el crimen organizado es Andrés Manuel López Obrador. Todavía no es presidente pero ya está marcando la agenda. Atacado por sus declaraciones realizadas en plena zona guerrerense, AMLO abrió el debate sobre la estrategia de seguridad al hablar de una posible amnistía. “No se puede apagar el fuego con fuego, ni el mal con el mal (…), hay que detener la política coercitiva para acabar con la inseguridad y violencia”. López Obrador señaló lo que no hay que olvidar, que la política se inventó para evitar la guerra y que es necesario explorar todas las opciones: atacar las causas y abatir las desigualdades sociales, aumentar la inversión al campo en vez de abandonarlo, abrir opciones de estudio y trabajo para los jóvenes; para garantizar paz y tranquilidad además hay que tener mando único, acabar con el desorden e integrar a todas las corporaciones policiacas, reunir y tomar decisiones diarias en conjunto con el gabinete, con la PGR y la Secretaría de Gobernación, con miembros del Ejército y de la Marina, con gobernadores. Él considera que hay que explorar todas las posibilidades, incluyendo la amnistía, y consultar al pueblo al respecto. Ojalá se detenga la ley y se abra un gran debate nacional.
Andrés Manuel tendrá también que consultar y convencer a líderes de otros partidos, especialmente a quienes están buscando aliarse con Morena. El PES sigue votando con el PRI respecto a la seguridad y demás iniciativas neoliberales, también ha votado contra los derechos reproductivos de las mujeres y de la diversidad sexual, que hoy por hoy están protegidos en los estatutos de Morena.
Lo que dice AMLO nos lo enseñó Gandhi: No hay camino a la paz, la paz es el camino. Por algo es Gandhi el referente cuando nos gana la violencia, uno de los más respetados líderes del siglo XX demostró que se puede ganar una lucha sin violencia y descubrió que la paz es un método eficiente de lucha sin agresión.
Twitter: @Gabrielarodr108
Francisco López Bárcenas*
El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.
La lucha comenzó en el año 2013, cuando se enteraron que el gobierno federal había otorgado dos concesiones que abarcan alrededor de 200 hectáreas, casi todo el territorio del que son propietarios. Su reacción era porque nadie les había pedido permiso para ingresar a su territorio, pero también porque de llevarse a cabo el proyecto afectaría a gran parte de la región, pues en Zacualpan nace el manantial que abastece de agua Colima y Villa Álvarez, dos de ciudades grandes del estado. El 18 de noviembre de 2013 organizaron el CIDTZ y tomaron el acuerdo de no permitir la instalación de la mina. El 4 de diciembre se manifestaron en la Cámara de Diputados exigiendo la cancelación de las concesiones, logrando que una semana después ésta aprobara un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a cancelarlas.
La movilización no paró ahí. Como el Comisariado de Bienes Comunales estaba coludido con la empresa minera solicitaron a la Procuraduría Agraria convocara a una reunión para destituirlos pero en lugar de hacerlo convocó a otra para ofrecerles proyectos productivos, lo que puso al descubierto su contubernio con la minera. Los comuneros buscaron apoyo externo y los días 15 y 16 de febrero de 2014 organizaron en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. El 13 de marzo de 2014 sufrieron por primera vez la represión policial, que dejó como resultado varios heridos. Ese día había decidido cerrar las bombas de agua que surten a la mitad de la población del estado de Colima, para obligar a las autoridades a reconocer la autoridad agraria que la comunidad había electo democráticamente pero en lugar de eso el gobierno decidió mostrar su fuerza.
De todo eso hablaron en el festejo del pasado 26 de noviembre, donde se recordó la importancia de la comunera Epitacia Zamora Teodoro, ahora fallecida, en la conformación del consejo, lo que marcó la participación activa de las mujeres en el proceso. Eso también quedaba claro a la vista de los asistentes pues fue la maestra Patricia Gazpar Osorio quien recibió a los presentes y recordó el origen precolombino del pueblo, mientras Carmen Guzmán Zamora hacía un recuento de las luchas y sus principales logros: “romper con el patriarcado encarnado en la figura del cacique al destituirlo y nombrar a un comisariado de bienes comunales que ejerce el poder mandando obedeciendo; ser la primera comunidad en ser reconocida ante un Tribunal Agrario, como territorio libre de mineríasirviendo de ejemplo para los pueblos que luchan contra el extractivismo minero y lograr la destitución de la entonces delegada María Elena Díaz Rivera quien intentó criminalizar el movimiento en defensa de los bienes comunes.”
Todos los éxitos alcanzados, dijo, han sido posibles porque nuestro CIDTZ y el Comisariado de Bienes Comunales sirven al pueblo sin buscar beneficios personales o de grupo y porque hemos aplicado una línea política correcta que consiste en movilización-negociación-movilización. Por otro lado, hemos logrado el apoyo nacional e internacional de organizaciones democráticas y progresistas, de intelectuales (como los que integraron la misión internacional de observación) y periodistas comprometidos con su trabajo, de abogados democráticos que a pesar de ser hostigados y amenazados por el Estado se mantienen firmes en la lucha jurídica. Papel destacado en nuestra lucha de resistencia fue el de la organización ambientalista Bios Iguana y de la Red Nacional de Afectados contra la Minería.
Tanto entusiasmo por los éxitos de cuatro años de lucha no les impide mirar que el camino para alcanzar sus objetivos es bastante largo y requerirá tiempo para recorrerlo. Lo saben y se preparan para ello. Ganar la Junta Municipal y ponerla al servicio del pueblo es uno de sus próximos objetivos, pues controlar el gobierno local les permitiría un acceder a un mayor grado de organización y movilidad política. De cómo piensan hacerlo no se habló mucho, sólo se enunció para pedir a los presentes, sobre todo las organizaciones solidarias, que las sigan acompañando en este caminar, como ellos lo hacen con otros compañeros que van encontrando en el camino. Quedó claro que para los indígenas la fiesta también es lucha y la lucha no está separada de las fiesta.
*Investigador del Colegio de San Luis Potosí
Armando Hernández Cruz*
Si buscamos en el diccionario la palabra poder, encontraremos que proviene del latín vulgar posere y ésta a su vez de posse, que en términos generales implica la idea de capacidad, posibilidad, e incluso potestad. En cuanto a su significado hallaremos cuando menos dos acepciones: Primeramente como verbo es vista como capacidad, facultad, habilidad o autorización para hacer algo. Por otro lado, también se le define como la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre otras personas, esta última acepción la podemos identificar como poderío, que se relaciona con la noción de imperio, dominio o capacidad de imponer un mandato para diferenciarla de la primera.
Trasladando el concepto del poder al ámbito del Estado, vemos que éste se formaliza en lo que se ha dado en llamar soberanía, la cual puede ser definida en términos generales como la capacidad que tiene la sociedad o el pueblo de tomar sus propias decisiones sobre su forma de organización sin la intervención de agentes externos, dicho de otra manera, no hay un poder por encima del pueblo. Cuando hablamos del ejercicio de funciones públicas, independientemente de la materia, atribución o actividad que se lleve a cabo, tradicionalmente se utiliza el concepto ejercicio del poder.
La idea de ejercer el poderadmite que lleva implícita la idea de ejecutar el poder, es decir, materializarlo como una tarea, función o atribución del estado; no así la idea errónea de un poderíopersonal de los individuos que son contratados para realizar funciones públicas, que como hemos visto, da la impresión de dominio e imperio.
Recuerdo una caricatura de mi niñez en la década de los 80 que se llama He Man y los Amos del Universo. El héroe en esta historia tomaba su espada, la cual era su fuente de poder y se transformaba bajo el grito de ya tengo el poder. Cuando recuerdo ese segmento de la caricatura, necesariamente y sin que pueda evitarlo, vienen a mi mente ciertos servidores públicos, que bajo el modelo He Man,se transforman desde el momento de tomar un cargo público y sienten ese poder bajo el grito de ya tengo el poder. Dicho de otra manera, y en términos muy mexicanos, surge de su pensamiento la idea de ya chingué, ahora puedo hacer lo que yo quiera.
Ocupar el poder público y verlo como un medio para lograr un poderío personal (entendida como la preminencia sobre otros sujetos de un grupo social) es una terrible distorsión por parte de nuestros servidores públicos y lamentablemente como sociedad sin querer la toleramos al permitir el ejercicio del poder para satisfacer intereses propios.
Por esa razón, considero que es pertinente y adecuado hablar del ejercicio de funciones públicas, y no así de ejercicio de poder. El único poder que un servidor público debe ejercer, es el poder de servir a la sociedad. El poder de servir a nuestros semejantes nos hace diferentes a las personas, nos hace ser mejores, es una oportunidad que tenemos de ser más humanos. Por otro lado, si la idea central de sentirse poderoso, es distinguirse o sentirse superior a los demás, podemos considerar que un ser excepcional o superior es el que hace lo que las otras personas no. Desafortunadamente llegar a ejercer un cargo público y ocuparlo para beneficio personal es por desgracia una conducta común en nuestros días, una conducta que como sociedad hemos normalizado. Por ello, un individuo que aspire a ser poderoso o más chingón que los demás, debería hacer exactamente lo que los otros no hacen, es decir, utilizar el cargo público para lo que originariamente es para servir a los demás.
Los cargos públicos deben ser vistos como una oportunidad de desarrollo personal y profesional invaluable. El ejercicio de un cargo público además permite demostrar la capacidad que como seres humanos tenemos para ayudar a nuestros semejantes. El poder en sí mismo no corrompe, más bien las personas se corrompen al ejercer el poder de manera indebida. El verdadero poder se debe ejercer con virtud, con honestidad, con espíritu de servir. Los servidores públicos tenemos la obligación de ejercer el verdadero poder del Estado, como un poder para servir, y no buscar aprovechar los cargos para fomentar un poderío personal, ilegítimo y efímero.
Flor de Loto: El servicio público requiere vocación de servicio y no la ambición de ejercer el poder.
*Magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Llega a 6.63% a tasa anual; duplicará el objetivo del BdeM
La reducción de precios en el Buen Fin fue menor a la de 2016: analistas
La inflación en noviembre, medida por el índice nacional de precios al consumidor, registró crecimiento de 1.03 por ciento, el mayor para un periodo similar desde 2011, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al precisar que en términos anualizados llegó a 6.63 por ciento.
Estas alzas arriba de lo esperado por los analistas se comparan desfavorablemente con los datos correspondientes para el mismo mes del año anterior, que mostraron alza mensual de 0.78 por ciento y anual de 3.31 por ciento.
El crecimiento de la inflación se debió en buena parte al efecto estacional de la terminación de las tarifas de electricidad de verano en 10 ciudades de México (explicó casi la mitad de la inflación mensual). Aunque la inflación subyacente aumentó más de lo esperado, principalmente en la primera mitad del mes, consideraron los analistas de Citibanamex.
Los especialistas reiteraron su pronóstico de inflación general de 6.4 por ciento para el cierre de 2017, con lo que prácticamente se duplicará la meta de inflación del Banco de México (BdeM) de 3 por ciento más/menos un punto porcentual.
Los analistas del banco Ve por más señalaron que se observó una marcada aceleración en el componente de mercancías, el cual impulsó a su vez al índice subyacente. Pese a los descuentos con motivo del Buen Fin en algunas mercancías, la reducción en precios este año fue menor a la de 2016.
El índice de precios subyacente, en el que se excluyen los precios más volátiles, como el de los energéticos, los productos agropecuarios y las tarifas fijadas por el gobierno, reportó un ascenso mensual de 0.34 por ciento y una tasa anual de 4.90 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente se incrementó 3.06 por ciento mensual, alcanzando de este modo una variación anual de 11.97 por ciento.
Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.34 por ciento y los de los servicios 0.35 por ciento mensual.
Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios indica que los precios subieron 1.16 por ciento respecto del mes anterior, y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se acrecentó 4.24 por ciento, como consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano en 10 ciudades del país.
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Viernes 8 de diciembre de 2017, p. 22


El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Estado de México negó el amparo de la Comisión Estatal de Seguridad mexiquense (CES Edomex), con el que buscaba evadir la reinstalación de Adriana Rodríguez Hernández como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural.
El pasado septiembre la CES Edomex apeló la sentencia del Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales, quien determinó que la institución no había cumplido con la reincorporación laboral de Adriana, despedida hace un año de la Comisión por padecer Cáncer de Mama (CaMa).
El Tercer Tribunal Colegiado sesionó el 24 de noviembre para resolver el amparo y le dio la razón al Juez. Concluyó que si bien la CES Edomex ha garantizado que Adriana continúe con el seguro médico para cubrir el tratamiento de CaMa, incumple con los términos de su reinstalación laboral.
El acuerdo fue que Adriana tuviera el mismo puesto laboral y salario, pero la Comisión le ofreció un trabajo como “policía”.
En la resolución, de la que tiene copia Cimacnoticias, las y los magistrados también determinaron que eran inválidas las exigencias de la institución de seguridad pública, pues solicitaron que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) presentara el expediente médico de Adriana para corroborar que estaba enferma de cáncer.
De esta manera el Tribunal volvió a reafirmar el fallo que dictó en abril para incorporar a Adriana a su trabajo y solicitó una vez más al Juez Quinto que dé cumplimiento con la sentencia. De lo contrario, precisaron los magistrados, procederán con medidas de destitución y cárcel para los funcionarios que incumplan con el mandato.
Solicitó al Ministerio Publico mexiquense que inicie una carpeta de investigación por “desacato al mandato judicial” en contra de los servidores públicos de la Comisión que han obstaculizado y desatendido la restitución de Adriana.
Rodríguez Hernández informó a esta agencia que la orden sobre su reinstalación fue recibida ayer por el Juez y explicó que de acuerdo con los magistrados la CES Edomex ya no puede revocar la sentencia con ningún recurso legal.
EL DESPIDO
Desde 2014 a Adriana se le diagnosticó CaMa y fue sometida a una mastectomía del seno izquierdo, después de la operación en su trabajo comenzaron a burlarse de su aspecto. Finalmente, en diciembre de 2016, el entonces director de la CES Edomex, Eduardo Valiente Hernández, confirmó su despido sin justificación.
Recientemente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) decidió otorgarle asesoría jurídica para denunciar a los servidores públicos que la discriminaron y responsables de su destitución: el ex jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez; y el ex director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas.
Desde abril el Tribunal Tercero también sentenció que el despido de Adriana fue injustificado y que de no contar con la seguridad médica estaba en riesgo su vida. Sin embargo, hasta ahora la Comisión se ha mantenido omisa respecto a sus derechos laborales.
Imagen retomada del portal Fatosdesconhecidos.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.
Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.
La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”.
La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.
Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-.
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”.
Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.
Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.
En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores
La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas.
Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida.
“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre.
Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.
Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.
Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.
“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.
Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”.
El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE
El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias- fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.
A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.
Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.
Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.
Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores
En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación.
A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.
Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.
Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio).
Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.
LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS
En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan a la reparación del daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.
* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Estrella Pedroza y Reporter@s Morelos*
Cimacnoticias | Morelos, Cue
Dilma del Pilar busca a su hija Olga Edelmira

A doña Dilma del Pilar Medina Escobar le cayó la noche caminando hoy por las calles de Tuxtla buscando a su hija Olga Edelmira Romero Medina, quien hace ocho años salió de El Progreso Yoro, en Honduras, y desde entonces no ha visto.
Dilma del Pilar Medina es parte de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos, y las que este martes por la tarde llegaron a Tuxtla. Ingresaron al país el pasado viernes desde la frontera del Suchiate.
Ellas han hecho varias paradas públicas buscando a sus hijas e hijos en Tapachula, Huixtla, Motozintla, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y ahora en la capital del estado. Se trata de 45 mujeres que recorrerán 4 mil kilómetros en busca de sus parientes desaparecidos.
Vienen de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se han propuesto recorrer gran parte del país, desde el sur, el centro y hasta la región del Bajío.
Hoy doña Dilma del Pilar caminó varias calles buscando a su hija, aunque físicamente no la ha visto desde aquel 10 de octubre del 2009, cuando salió de su casa; sin embargo, sabe que ella vivía y trabaja en Tuxtla.
Por un tiempo su hija tenía contacto con ella, se comunicaba vía telefónica, pero hace ya mucho tiempo que dejó de llamar.
Doña Dilma del Pilar dice que su hija Olga Edelmira ahora tiene 36 años, sabe que vive con otra persona y que tiene dos hijos pequeños. Sin embargo, allá en Honduras le dejó cinco hijos que lloran y sufren su ausencia.
Unas personas le dieron una pista de su paradero: que vivía cerca de una línea de autotransportes ubicada en la 4ª Poniente, entre 9ª y 10ª Sur, cuatro calles hacia abajo, en Tuxtla.
Y hasta allá fue doña Dilma del Pilar a recorrer calle por calle, casa por casa.
Con la foto de su hija en el pecho, la mujer preguntó en tiendas, talleres, cantinas, fruterías y panaderías, así como con todas las personas que podía preguntar y vivían por ese rumbo donde presuntamente vive su hija.
Aunque fueron muchas personas las que le dijeron haberla visto en esas calles, nadie supo señalarle dónde vive o vivía la mujer hondureña.
Activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) acompañan a doña Dilma del Pilar, entre ellos Rubén Figueroa, quien va con la foto de Olga Edelmira en su celular también preguntando a quienes podrían haberla visto.
Esta noche ya paró su búsqueda, pero mañana muy temprano regresará a pegar carteles con la fotografía de su hija para decirle que su madre estuvo ahí buscándola.
Como doña Dilma del Pilar, otras madres van en la caravana a bordo de un camión. De Tuxtla se irán a Coatzacoalcos, Veracruz, y así seguirán su ruta. Pretenden llegar hasta Guadalajara, Jalisco, y luego regresar sus lugares de origen.
Rubén Figueroa dice que el suplicio de quienes migran buscando el sueño americano sigue su curso en este país, donde no se respetan los Derechos Humanos de los mexicanos y menos los de los indocumentados.
Figueroa señala que aún siguen los secuestros de migrantes, violaciones, extorsiones, abusos, asesinatos y muchos otros agravios que viven a diario.
Pidió al gobierno mexicano saldar su deuda con estos migrantes, e instó a las autoridades a dejar el doble discurso cuando claman por respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero poco o nada hacen por respetar y garantizar la vida y los Derechos Humanos de los indocumentados centroamericanos.
“Miles son los desaparecidos, pero hoy estamos acá, otra vez, para decirles que seguimos buscándolos”, subrayó Figueroa.
Desde hace 11 años la Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México, recorre diversos estados de la República Mexicana para encontrar a sus familiares desaparecidos. Iniciaron en 2006, cuando la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico derivó en un aumento de los asesinatos y desaparición de personas, incluidas las y los migrantes centroamericanos en su ruta para Estados Unidos.
CIMACFoto: Sandra de los Santos
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis
trabajadores de base, ciudadanos no inmiscuidos en el conflicto, así como soldados, marinos y policías. Proseguir el rumbo actual de la guerra implica seguir considerando exterminables, por ejemplo, a los cerca de 500 mil campesinos directamente vinculados a la criminalidad organizada (https://is.gd/W7XqBq).
El artículo 21 señala explícitamente que las labores de seguridad pública deberán estar encargadas a organizaciones e instituciones civiles; el 73 asienta que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior; y el 129 indica que en tiempos de paz el Ejército deberá estar encuartelado y no puede hacer labores de despliegue en el territorio y menos de seguridad pública.
Si se pregunta a las personas qué está impulsando esta iniciativa ¿qué es seguridad interior?, no lo tienen claro. Es una institución que está a medio camino, improvisada, entre seguridad pública y nacional. No existen términos teóricos-académicos que den respaldo y nos detallen de sus alcances y límites.
de forma tramposa, quieren basar la constitucionalidad de la minuta en un fallo de la Suprema Corte de hace dos décadas.
La vía a través de la que están tratando de tapar estos problemas de inconstitucionalidad es señalando que la Corte en 1996 resolvió una acción de inconstitucionalidad, señalando que aún cuando estaban estas prohibiciones en los artículos 21 y 129, los militares sí podían realizar algunas labores más allá de las militares. Pero esa jurisprudencia es anterior a la reforma constitucional al 21, por lo que ya no puede ser considerada como fundamento legal para una iniciativa.
los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales; mientras que el párrafo 89 agrega:
El régimen propio de las fuerzas militares, del cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles.