12/08/2017

Aguiar, sucesor de Norberto, amigazo del PRI y de Peña

Es un mal mensaje del papa Francisco a México: A la capital del país, de sello claramente progresista, envía a un personaje tanto o más conservador que Rivera Carrera, un clérigo de la élite y no un pastor como se asume el jefe del Vaticano, pero además político y claramente identificado con el grupo en el poder que Peña quiere que siga hegemonizando el país.
Ante las elecciones, en particular las del Estado de México en que Peña impuso a su primo Del Mazo, entre Norberto y Aguiar sí hubo posiciones contrastantes: Mientras que éste asumió posicionamientos desabridos, “Desde la fe”, el órgano de la Arquidiócesis de México, hizo una durísima crítica a las prácticas de defraudación electoral de las “camarillas y dinastías asidas a un poder que se niegan a dejar”.
En “Elecciones de escándalo”, como tituló el semanario “Desde la fe” en su editorial del domingo 2 de abril, la Arquidiócesis Primada de México censuró el despilfarro electoral y, en referencia al gobierno de Peña y específicamente al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ahora candidato presidencial priista, preguntó: “¿Para esto se usa el dinero del gasolinazo?”
Pese a que no mencionó al PRI ni a Peña, el semanario de la iglesia censuró que “la manipulación, clientelismo y compra cínica y desvergonzada de votos; entrega de despensas y teléfonos celulares, así como la distribución de tarjetas y monederos electrónicos, se unen al uso electorero de programas de desarrollo social, condicionando los beneficios a cambio de copias de credenciales de elector, lo que, por cierto, es un delito”.
Y en uno de los párrafos más críticos, afirma: “Los mexicanos volvemos a ser testigos de elecciones caras que nos cuestionan si de verdad valió la pena una reforma estructural político-electoral, cuando los hilos de este proceso se mueven por quienes controlan millonarios recursos que avientan como migajas. Usar electoralmente el hambre, además de ser inmoral, es una de las peores faltas sociales que implican la destrucción de la democracia, poniéndola en manos de camarillas y dinastías asidas a un poder que se niegan a dejar”.
Aguiar, por su parte, guardó silencio sobre las prácticas de defraudación electoral del gobierno estatal y federal para imponer a Del Mazo. No sólo eso: Fue el que celebró el matrimonio del gobernador Eruviel Avila, presidente del PRI de la entidad donde será el máximo jerarca de la Iglesia católica.
El sustituto de Norberto, quien hoy entra en funciones pero su toma de posesión oficial es hasta el 5 de febrero –aniversario de la Constitución–, fue también arzobispo de Texcoco y allegadísimo no sólo del Grupo Atlacomulco, sino amigo del propio Peña.
El sociólogo Bernardo Barranco, experto en religiones y consejero electoral en el Estado de México, lo descibe así:

“Aguiar, siendo arzobispo de Tlalnepantla, mantuvo, desde el inicio, una estrecha colaboración con el entonces gobernador Peña Nieto, al grado de que lo apoyó en su primer gran acto de destape como precandidato a la Presidencia de la República. Lo llevó a Roma junto con su novia Angélica Rivera para presentarle al papa Benedicto XVI bajo los intensos reflectores de Televisa.
“Como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (2006-2012) Carlos Aguiar fraguó la reforma al artículo 24 constitucional sobre la libertad religiosa introducida en la Cámara de Diputados en diciembre de 2011. Contó con el apoyo decidido del candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña. En la versión original de la iniciativa constitucional presentada por el diputado priista López Pescador venía la intervención plena de la Iglesia católica en las escuelas públicas para otorgar catecismo, así como poseer medios de comunicación y reconocía una amplia participación política de los actores religiosos, aun en tiempos electorales. La iniciativa fue matizada y reformulada hasta la versión constitucional actual, vigente desde 2013”.

La llegada de Aguiar, entonces, sólo augura la consolidación en la iglesia católica mexicana de la opción preferencial por los ricos, el fortalecimiento de la relación de ésta con el grupo priista que tiene como candidato a Meade –un devoto católico–, el avance de la agenda ultraconservadora y la impostura de Francisco, jefe político de El Vaticano.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Meade, parte de un proyecto transexenal

De hecho, la dupla Videgaray-Meade –antiguos compañeros de estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México– empezó a posicionar a su gente en puestos estratégicos desde diciembre de 2015. En esa fecha los dos proyectaron a Julio Alfonso Santaella como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por un periodo de cinco años que concluye el 31 de diciembre de 2021. Y, para asegurar el control del órgano de gobierno de la misma institución, en abril pasado Meade colocó a Paloma Merodio como una de las vicepresidentas por un periodo de siete años; es decir, hasta abril de 2024.
En febrero de 2016, en un movimiento simultáneo, Videgaray y Meade nombraron a José Antonio González Anaya en la Dirección de Petróleos Mexicanos y a Mikel Arriola Peñalosa en la del Instituto Mexicano del Seguro Social. González Anaya también es egresado de economía del ITAM y fue subsecretario en Hacienda a finales del sexenio pasado, cuando Meade era el titular; con respecto a Arriola, estuvo con Meade en la Financiera Rural en 2003.
En enero pasado llegó como subgobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, también compañero de la escuela de Meade y quien previamente ocupó la Dirección General de Bancomext.
Ahora que se concretó su designación como precandidato único del tricolor, Meade logró designar a su sucesor en Hacienda, González Anaya, y en el lugar que éste dejó en Pemex colocó a Carlos Alberto Treviño Medina, quien, entre otros cargos, fue director de la Financiera Rural al inicio del sexenio. Una vez que se concretó el ungimiento de Meade, el presidente Enrique Peña Nieto designó como gobernador del Banco de México a Díaz de León, para completar el periodo que inició Carstens; es decir, el nuevo funcionario permanecerá ahí hasta el 31 de diciembre de 2021.
Santaella como presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, y Merodio como vicepresidente de la misma, se mantendrán en sus puestos hasta diciembre de 2021 y abril de 2024, respectivamente, al margen del resultado del proceso electoral.
Lo mismo sucederá con Díaz de León como gobernador del Banco de México, pues permanecerá en su cargo hasta diciembre de 2021. Aún falta quien cubra el cargo de vicegobernador en la misma institución que quedó vacante por su ascenso.
Mientras tanto la permanencia o no de las designaciones de González Anaya en Hacienda; Arriola Peñalosa en el IMSS, y Treviño Medina en Pemex, sí depende de que el hasta hoy precandidato único tricolor logre el triunfo en la contienda electoral del 1 de julio de 2018.
Las designaciones de González Anaya y Treviño Medina evidencian el renacimiento del dedazo del priiato, pues el ungido empezaba a colocar a su gente de confianza en posiciones clave de la administración pública, para asegurar una transición tersa y sin sobresaltos; es decir, quien ya toma las decisiones es el ungido y no el presidente en turno, especialmente cuando ambos son parte de un mismo proyecto transexenal, como es el presente caso con Meade y Peña Nieto.
Sin embargo, todavía más revelador es lo que sucede en los casos del Inegi y Banxico, pues se trata de dos órganos con autonomía constitucional, aunque en muchos momentos ésta no exista en los hechos. En ambos casos el mandato de quienes encabezan las respectivas juntas de gobierno se prolongará durante la primera mitad de la administración del siguiente presidente de la República.
En otras palabras, no importa quién gane la elección, pues el rumbo de estas instituciones se mantendrá invariable; en el caso de que sea Meade, sin mucha autonomía, pues de una u otra forma le deben su designación.
Por lo que atañe al Inegi, las modificaciones que Santaella ha realizado en los años base o en los instrumentos de recolección de información han permitido mejorar los indicadores estadísticos del actual gobierno, lo cual ya ha sido cuestionado por académicos y organizaciones de la sociedad civil. Ellos han señalado que esas manipulaciones hacen que las estadísticas no reflejen la realidad mexicana, particularmente en los indicadores socioeconómicos: pobreza, crecimiento del PIB e inflación.
En el caso del Banxico, Jonathan Heath, analista financiero y económico del diario Reforma, señaló en su columna del 26 de julio pasado, al analizar el perfil de Díaz de León como candidato potencial a gobernador del Banxico: “No queda claro que tenga el carácter fuerte e independiente necesario para el puesto”. Más adelante, precisó: “Aunque no es pariente, compadre o amigo personal del presidente, es muy cercano a Meade y a Videgaray, desde que fueron compañeros en el ITAM… Estas relaciones no son óptimas para consolidar una autonomía institucional”.
En una columna posterior, el 23 de agosto, Heath concluyó su serie: “La decisión final tendrá una gran dosis de elementos políticos. Es muy probable que el presidente designe al que más le conviene y no al mejor calificado”. No fue Peña Nieto, pero sí fue quien él escogió para intentar hacerlo su sucesor.
La secuencia muestra muy claramente cómo, desde el inicio de 2016, el presidente le fue abriendo espacios en posiciones importantes a los allegados a Meade para pavimentarle el camino en caso de resultar el ganador de la contienda electoral; pero también impulsó designaciones en las instancias de gobierno de los organismos autónomos que, en caso de que sus planes fallaran, le permitirían incidir en el rumbo del país y estrechar los márgenes de maniobra de un presidente no priista.
Reaparece, como sucedió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un proyecto transexenal para preservar las ambiciones políticas de un pequeño grupo de priistas que se aferra al poder.
Este análisis se publicó el 3 de diciembre de 2017 en la edición 2144 de la revista Proceso.

La paz es el camino




Gabriela Rodríguez


En México Felipe Calderón demostró que declarar la guerra a los criminales y dejar el control de las corporaciones policiacas a las fuerzas armadas es la mejor manera de incrementar la violencia y la tasa de homicidios. Las estadísticas oficiales confirman esta correlación, a partir de 2007 en que el gobierno federal declaró la guerra al crimen organizado la tasa de homicidios subió bruscamente: en el año 2007 se había logrado disminuir la tasa de homicidios hasta llegar a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, a partir de 2008 comenzó a incrementarse desmedidamente hasta casi triplicarse, alcanzando una tasa de 22 por cada 100 mil habitantes en 2012. Enrique Peña Nieto continuó la estrategia calderonista y confirmó esta correlación, octubre de 2017 es el mes más violento del que se tenga registro en las últimas dos décadas, se rompió la barrera mensual de dos mil casos de homicidio doloso al alcanzar 2 mil 372 casos, un incremento superior a 34 por ciento, en comparación con enero del año pasado, la principal causa de muerte por homicidio fue agresión con disparo de arma de fuego. Si seguimos la misma estrategia, muy pronto competiremos con los 10 países más violentos del mundo.

El Ejército tiene una historia larga como perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos, así lo documenta con rigor Abel Hernández Barrera en este diario ( La Jornada, 7/12/17), él nos alerta sobre los graves riesgos que implicaría la aprobación de la nueva ley de seguridad interior, permitir que las fuerzas armadas realicen las acciones de seguridad interior, promueve a que las implementen a su discreción sin ser aptas para tales labores, permite a los militares hacer uso de la fuerza para controlar o neutralizar actos de resistencia y socavar la organización comunitaria, deja a la población en un mayor estado de indefensión. En un momento muy delicado esta ley abre la posibilidad de incurrir en formas de violencia institucional castrense. Como Hernández Barrera, otros líderes y activistas de organizaciones civiles de prestigio están alertando sobre el peligro de institucionalizar una estrategia fallida mediante la nueva ley. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya objetó también la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a revisarla. Todos y todas estamos alarmados, excepto los legisladores/as del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, del PES, un par del PRD y los panistas que votaron en favor. ¿Será que no importa la paz ni bajar el número de homicidios sino más bien mantener el poder? ¿Será que quieran recurrir a la represión contra quienes protesten por el inminente proceso electoral? ¡Seria gravísimo!

Digan lo que digan, el único político que ha propuesto cambiar la estrategia militar fallida contra el crimen organizado es Andrés Manuel López Obrador. Todavía no es presidente pero ya está marcando la agenda. Atacado por sus declaraciones realizadas en plena zona guerrerense, AMLO abrió el debate sobre la estrategia de seguridad al hablar de una posible amnistía. “No se puede apagar el fuego con fuego, ni el mal con el mal (…), hay que detener la política coercitiva para acabar con la inseguridad y violencia”. López Obrador señaló lo que no hay que olvidar, que la política se inventó para evitar la guerra y que es necesario explorar todas las opciones: atacar las causas y abatir las desigualdades sociales, aumentar la inversión al campo en vez de abandonarlo, abrir opciones de estudio y trabajo para los jóvenes; para garantizar paz y tranquilidad además hay que tener mando único, acabar con el desorden e integrar a todas las corporaciones policiacas, reunir y tomar decisiones diarias en conjunto con el gabinete, con la PGR y la Secretaría de Gobernación, con miembros del Ejército y de la Marina, con gobernadores. Él considera que hay que explorar todas las posibilidades, incluyendo la amnistía, y consultar al pueblo al respecto. Ojalá se detenga la ley y se abra un gran debate nacional.

Andrés Manuel tendrá también que consultar y convencer a líderes de otros partidos, especialmente a quienes están buscando aliarse con Morena. El PES sigue votando con el PRI respecto a la seguridad y demás iniciativas neoliberales, también ha votado contra los derechos reproductivos de las mujeres y de la diversidad sexual, que hoy por hoy están protegidos en los estatutos de Morena.

Lo que dice AMLO nos lo enseñó Gandhi: No hay camino a la paz, la paz es el camino. Por algo es Gandhi el referente cuando nos gana la violencia, uno de los más respetados líderes del siglo XX demostró que se puede ganar una lucha sin violencia y descubrió que la paz es un método eficiente de lucha sin agresión.

Twitter: @Gabrielarodr108


Zacualpan y su lucha contra la minería




Francisco López Bárcenas*



El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.

La lucha comenzó en el año 2013, cuando se enteraron que el gobierno federal había otorgado dos concesiones que abarcan alrededor de 200 hectáreas, casi todo el territorio del que son propietarios. Su reacción era porque nadie les había pedido permiso para ingresar a su territorio, pero también porque de llevarse a cabo el proyecto afectaría a gran parte de la región, pues en Zacualpan nace el manantial que abastece de agua Colima y Villa Álvarez, dos de ciudades grandes del estado. El 18 de noviembre de 2013 organizaron el CIDTZ y tomaron el acuerdo de no permitir la instalación de la mina. El 4 de diciembre se manifestaron en la Cámara de Diputados exigiendo la cancelación de las concesiones, logrando que una semana después ésta aprobara un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a cancelarlas.

La movilización no paró ahí. Como el Comisariado de Bienes Comunales estaba coludido con la empresa minera solicitaron a la Procuraduría Agraria convocara a una reunión para destituirlos pero en lugar de hacerlo convocó a otra para ofrecerles proyectos productivos, lo que puso al descubierto su contubernio con la minera. Los comuneros buscaron apoyo externo y los días 15 y 16 de febrero de 2014 organizaron en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. El 13 de marzo de 2014 sufrieron por primera vez la represión policial, que dejó como resultado varios heridos. Ese día había decidido cerrar las bombas de agua que surten a la mitad de la población del estado de Colima, para obligar a las autoridades a reconocer la autoridad agraria que la comunidad había electo democráticamente pero en lugar de eso el gobierno decidió mostrar su fuerza.

De todo eso hablaron en el festejo del pasado 26 de noviembre, donde se recordó la importancia de la comunera Epitacia Zamora Teodoro, ahora fallecida, en la conformación del consejo, lo que marcó la participación activa de las mujeres en el proceso. Eso también quedaba claro a la vista de los asistentes pues fue la maestra Patricia Gazpar Osorio quien recibió a los presentes y recordó el origen precolombino del pueblo, mientras Carmen Guzmán Zamora hacía un recuento de las luchas y sus principales logros: “romper con el patriarcado encarnado en la figura del cacique al destituirlo y nombrar a un comisariado de bienes comunales que ejerce el poder mandando obedeciendo; ser la primera comunidad en ser reconocida ante un Tribunal Agrario, como territorio libre de mineríasirviendo de ejemplo para los pueblos que luchan contra el extractivismo minero y lograr la destitución de la entonces delegada María Elena Díaz Rivera quien intentó criminalizar el movimiento en defensa de los bienes comunes.”

Todos los éxitos alcanzados, dijo, han sido posibles porque nuestro CIDTZ y el Comisariado de Bienes Comunales sirven al pueblo sin buscar beneficios personales o de grupo y porque hemos aplicado una línea política correcta que consiste en movilización-negociación-movilización. Por otro lado, hemos logrado el apoyo nacional e internacional de organizaciones democráticas y progresistas, de intelectuales (como los que integraron la misión internacional de observación) y periodistas comprometidos con su trabajo, de abogados democráticos que a pesar de ser hostigados y amenazados por el Estado se mantienen firmes en la lucha jurídica. Papel destacado en nuestra lucha de resistencia fue el de la organización ambientalista Bios Iguana y de la Red Nacional de Afectados contra la Minería.

Tanto entusiasmo por los éxitos de cuatro años de lucha no les impide mirar que el camino para alcanzar sus objetivos es bastante largo y requerirá tiempo para recorrerlo. Lo saben y se preparan para ello. Ganar la Junta Municipal y ponerla al servicio del pueblo es uno de sus próximos objetivos, pues controlar el gobierno local les permitiría un acceder a un mayor grado de organización y movilidad política. De cómo piensan hacerlo no se habló mucho, sólo se enunció para pedir a los presentes, sobre todo las organizaciones solidarias, que las sigan acompañando en este caminar, como ellos lo hacen con otros compañeros que van encontrando en el camino. Quedó claro que para los indígenas la fiesta también es lucha y la lucha no está separada de las fiesta.

*Investigador del Colegio de San Luis Potosí

El poder de servir




Armando Hernández Cruz*



Si buscamos en el diccionario la palabra poder, encontraremos que proviene del latín vulgar posere y ésta a su vez de posse, que en términos generales implica la idea de capacidad, posibilidad, e incluso potestad. En cuanto a su significado hallaremos cuando menos dos acepciones: Primeramente como verbo es vista como capacidad, facultad, habilidad o autorización para hacer algo. Por otro lado, también se le define como la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre otras personas, esta última acepción la podemos identificar como poderío, que se relaciona con la noción de imperio, dominio o capacidad de imponer un mandato para diferenciarla de la primera.

Trasladando el concepto del poder al ámbito del Estado, vemos que éste se formaliza en lo que se ha dado en llamar soberanía, la cual puede ser definida en términos generales como la capacidad que tiene la sociedad o el pueblo de tomar sus propias decisiones sobre su forma de organización sin la intervención de agentes externos, dicho de otra manera, no hay un poder por encima del pueblo. Cuando hablamos del ejercicio de funciones públicas, independientemente de la materia, atribución o actividad que se lleve a cabo, tradicionalmente se utiliza el concepto ejercicio del poder.

La idea de ejercer el poderadmite que lleva implícita la idea de ejecutar el poder, es decir, materializarlo como una tarea, función o atribución del estado; no así la idea errónea de un poderíopersonal de los individuos que son contratados para realizar funciones públicas, que como hemos visto, da la impresión de dominio e imperio.

Recuerdo una caricatura de mi niñez en la década de los 80 que se llama He Man y los Amos del Universo. El héroe en esta historia tomaba su espada, la cual era su fuente de poder y se transformaba bajo el grito de ya tengo el poder. Cuando recuerdo ese segmento de la caricatura, necesariamente y sin que pueda evitarlo, vienen a mi mente ciertos servidores públicos, que bajo el modelo He Man,se transforman desde el momento de tomar un cargo público y sienten ese poder bajo el grito de ya tengo el poder. Dicho de otra manera, y en términos muy mexicanos, surge de su pensamiento la idea de ya chingué, ahora puedo hacer lo que yo quiera.

Ocupar el poder público y verlo como un medio para lograr un poderío personal (entendida como la preminencia sobre otros sujetos de un grupo social) es una terrible distorsión por parte de nuestros servidores públicos y lamentablemente como sociedad sin querer la toleramos al permitir el ejercicio del poder para satisfacer intereses propios.

Por esa razón, considero que es pertinente y adecuado hablar del ejercicio de funciones públicas, y no así de ejercicio de poder. El único poder que un servidor público debe ejercer, es el poder de servir a la sociedad. El poder de servir a nuestros semejantes nos hace diferentes a las personas, nos hace ser mejores, es una oportunidad que tenemos de ser más humanos. Por otro lado, si la idea central de sentirse poderoso, es distinguirse o sentirse superior a los demás, podemos considerar que un ser excepcional o superior es el que hace lo que las otras personas no. Desafortunadamente llegar a ejercer un cargo público y ocuparlo para beneficio personal es por desgracia una conducta común en nuestros días, una conducta que como sociedad hemos normalizado. Por ello, un individuo que aspire a ser poderoso o más chingón que los demás, debería hacer exactamente lo que los otros no hacen, es decir, utilizar el cargo público para lo que originariamente es para servir a los demás.

Los cargos públicos deben ser vistos como una oportunidad de desarrollo personal y profesional invaluable. El ejercicio de un cargo público además permite demostrar la capacidad que como seres humanos tenemos para ayudar a nuestros semejantes. El poder en sí mismo no corrompe, más bien las personas se corrompen al ejercer el poder de manera indebida. El verdadero poder se debe ejercer con virtud, con honestidad, con espíritu de servir. Los servidores públicos tenemos la obligación de ejercer el verdadero poder del Estado, como un poder para servir, y no buscar aprovechar los cargos para fomentar un poderío personal, ilegítimo y efímero.

Flor de Loto: El servicio público requiere vocación de servicio y no la ambición de ejercer el poder.

*Magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México

Inflación en noviembre, la más alta en seis años

Llega a 6.63% a tasa anual; duplicará el objetivo del BdeM


La reducción de precios en el Buen Fin fue menor a la de 2016: analistas



La inflación en noviembre, medida por el índice nacional de precios al consumidor, registró crecimiento de 1.03 por ciento, el mayor para un periodo similar desde 2011, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al precisar que en términos anualizados llegó a 6.63 por ciento.

Estas alzas arriba de lo esperado por los analistas se comparan desfavorablemente con los datos correspondientes para el mismo mes del año anterior, que mostraron alza mensual de 0.78 por ciento y anual de 3.31 por ciento.

El crecimiento de la inflación se debió en buena parte al efecto estacional de la terminación de las tarifas de electricidad de verano en 10 ciudades de México (explicó casi la mitad de la inflación mensual). Aunque la inflación subyacente aumentó más de lo esperado, principalmente en la primera mitad del mes, consideraron los analistas de Citibanamex.

Los especialistas reiteraron su pronóstico de inflación general de 6.4 por ciento para el cierre de 2017, con lo que prácticamente se duplicará la meta de inflación del Banco de México (BdeM) de 3 por ciento más/menos un punto porcentual.

Los analistas del banco Ve por más señalaron que se observó una marcada aceleración en el componente de mercancías, el cual impulsó a su vez al índice subyacente. Pese a los descuentos con motivo del Buen Fin en algunas mercancías, la reducción en precios este año fue menor a la de 2016.

El índice de precios subyacente, en el que se excluyen los precios más volátiles, como el de los energéticos, los productos agropecuarios y las tarifas fijadas por el gobierno, reportó un ascenso mensual de 0.34 por ciento y una tasa anual de 4.90 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente se incrementó 3.06 por ciento mensual, alcanzando de este modo una variación anual de 11.97 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.34 por ciento y los de los servicios 0.35 por ciento mensual.

Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios indica que los precios subieron 1.16 por ciento respecto del mes anterior, y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se acrecentó 4.24 por ciento, como consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano en 10 ciudades del país.

Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Viernes 8 de diciembre de 2017, p. 22

Conspiración contra los derechos humanos y la Constitución



Dice el artículo 18 del proyecto: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicación para los militares.
Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que “la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el de petición.
El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, “al realizar” tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios.
La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos (!) deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”.
Esas otras “autoridades” son los comandantes (así llamados) de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, de acuerdo con el proyecto de ley.
Con esto, tales jefes podrían ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad nacional (CISEN), fiscal, bancaria, ministerial, electoral (listados de electores e identificación de los mismos) y cualesquiera otras que requieran para sus “tareas de inteligencia”. Lo anterior se aplica también a las entidades federativas, bajo las figuras llamadas “deberes de colaboración”.
En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre “seguridad interior” queda protegida como si fuera de Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del sistema de transparencia.
Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, serán las personas más poderosas del país.
El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones “de grave peligro”), emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas.
Además, se señala en el artículo 6 que “las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria… políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente… los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”.
Con esto, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total.
“La seguridad interior -dice el proyecto- es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional…”. Es decir, el concepto no sólo abarca al Estado, sino a todo lo relacionado con el país: su “desarrollo”. Esa sería una ley sin límites.
El Ministerio Público, institución constitucional encargada de hacer las investigaciones y perseguir a los delincuentes, no aparece en la pretendida Ley de Seguridad Interior más que en un precepto (art. 27), como instancia a quien los militares le informan cuando haya delitos y, a través de la policía, le entregan a los detenidos, pero sin definir en qué momento.

Lo que se quiere es que esta ley sea la “carta de garantías” exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando.
Se trata de una legalización de funciones que no corresponden a las fuerzas armadas, pero con la cual se quiere empeorarlo todo mediante una enorme centralización de poder.

Este proyecto no ha ido acompañado de una autocrítica sobre la política de seguridad pública aplicada a través de los cuerpos de policía y de las fuerzas armadas, la cual ha fracasado. Ahora es mayor la delincuencia organizada y la violencia.
En lugar de aprobar una ley dentro del mismo desastroso esquema, hay que llevar al Estado nacional, todo éste, a un examen riguroso y honrado de la crisis de seguridad.
Más, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida “carta de garantías”.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de Seguridad Nacional (art.73. XXIX-M), carece de facultad para “… regular la función del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”, como lo pretende el proyecto de marras en su artículo 1.
Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior, no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que “las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional”, lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública.

El proyecto se contradice también con los artículos 21 y 129 de la Constitución; el primero de ellos, sobre la seguridad pública como algo de carácter civil y, el segundo, sobre las autoridades militares, las cuales no pueden tener más funciones que las exactamente militares.
Es tarea urgente derrotar esa conspiración contra los derechos humanos y el orden constitucional.

Exige a CES Edomex la reinstalación Tribunal falla a favor de trabajadora despedida por padecer CaMa




El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Estado de México negó el amparo de la Comisión Estatal de Seguridad mexiquense (CES Edomex), con el que buscaba evadir la reinstalación de Adriana Rodríguez Hernández como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural.

El pasado septiembre la CES Edomex apeló la sentencia del Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales, quien determinó que la institución no había cumplido con la reincorporación laboral de Adriana, despedida hace un año de la Comisión por padecer Cáncer de Mama (CaMa).

El Tercer Tribunal Colegiado sesionó el 24 de noviembre para resolver el amparo y le dio la razón al Juez. Concluyó que si bien la CES Edomex ha garantizado que Adriana continúe con el seguro médico para cubrir el tratamiento de CaMa, incumple con los términos de su reinstalación laboral.

El acuerdo fue que Adriana tuviera el mismo puesto laboral y salario, pero la Comisión le ofreció un trabajo como “policía”.

En la resolución, de la que tiene copia Cimacnoticias, las y los magistrados también determinaron que eran inválidas las exigencias de la institución de seguridad pública, pues solicitaron que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) presentara el expediente médico de Adriana para corroborar que estaba enferma de cáncer.

De esta manera el Tribunal volvió a reafirmar el fallo que dictó en abril para incorporar a Adriana a su trabajo y solicitó una vez más al Juez Quinto que dé cumplimiento con la sentencia. De lo contrario, precisaron los magistrados, procederán con medidas de destitución y cárcel para los funcionarios que incumplan con el mandato.

Solicitó al Ministerio Publico mexiquense que inicie una carpeta de investigación por “desacato al mandato judicial” en contra de los servidores públicos de la Comisión que han obstaculizado y desatendido la restitución de Adriana.

Rodríguez Hernández informó a esta agencia que la orden sobre su reinstalación fue recibida ayer por el Juez y explicó que de acuerdo con los magistrados la CES Edomex ya no puede revocar la sentencia con ningún recurso legal.

EL DESPIDO

Desde 2014 a Adriana se le diagnosticó CaMa y fue sometida a una mastectomía del seno izquierdo, después de la operación en su trabajo comenzaron a burlarse de su aspecto. Finalmente, en diciembre de 2016, el entonces director de la CES Edomex, Eduardo Valiente Hernández, confirmó su despido sin justificación.

Recientemente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) decidió otorgarle asesoría jurídica para denunciar a los servidores públicos que la discriminaron y  responsables de su destitución: el ex jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez; y el ex director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas.

Desde abril el Tribunal Tercero también sentenció que el despido de Adriana fue injustificado y que de no contar con la seguridad médica estaba en riesgo su vida. Sin embargo, hasta ahora la Comisión se ha mantenido omisa respecto a sus derechos laborales.

Imagen retomada del portal Fatosdesconhecidos.com

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Autoridades no dan respuesta a casos Morelos: impunidad total en asesinatos de mujeres




En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”. 

La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la  investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.

Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-. 
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”. 

Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.

Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.

En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento  de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas. 

Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida. 

“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre. 

Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.

Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.

Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.

“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como  a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.

Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”. 

El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
 
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE

El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias-  fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.

A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.

Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.

Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación. 

A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.

Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.

Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio). 

Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.

LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS

En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan  a la reparación del  daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Estrella Pedroza y Reporter@s Morelos*

Cimacnoticias | Morelos, Cue

Caravana de madres migrantes llega a Tuxtla


Dilma del Pilar busca a su hija Olga Edelmira
  




A doña Dilma del Pilar Medina Escobar le cayó la noche caminando hoy por las calles de Tuxtla buscando a su hija Olga Edelmira Romero Medina, quien hace ocho años salió de El Progreso Yoro, en Honduras, y desde entonces no ha visto.

Dilma del Pilar Medina es parte de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos, y las que este martes por la tarde llegaron a Tuxtla. Ingresaron al país el pasado viernes desde la frontera del Suchiate.

Ellas han hecho varias paradas públicas buscando a sus hijas e hijos en Tapachula, Huixtla, Motozintla, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y ahora en la capital del estado. Se trata de 45 mujeres que recorrerán 4 mil kilómetros en busca de sus parientes desaparecidos.

Vienen de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se han propuesto recorrer gran parte del país, desde el sur, el centro y hasta la región del Bajío.

Hoy doña Dilma del Pilar caminó varias calles buscando a su hija, aunque físicamente no la ha visto desde aquel 10 de octubre del 2009, cuando salió de su casa; sin embargo, sabe que ella vivía y trabaja en Tuxtla.

Por un tiempo su hija tenía contacto con ella, se comunicaba vía telefónica, pero hace ya mucho tiempo que dejó de llamar.

Doña Dilma del Pilar dice que su hija Olga Edelmira ahora tiene 36 años, sabe que vive con otra persona y que tiene dos hijos pequeños. Sin embargo, allá en Honduras le dejó cinco hijos que lloran y sufren su ausencia.

Unas personas le dieron una pista de su paradero: que vivía cerca de una línea de autotransportes ubicada en la 4ª Poniente, entre 9ª y 10ª Sur, cuatro calles hacia abajo, en Tuxtla.

Y hasta allá fue doña Dilma del Pilar a recorrer calle por calle, casa por casa.

Con la foto de su hija en el pecho, la mujer preguntó en tiendas, talleres, cantinas, fruterías y panaderías, así como con todas las personas que podía preguntar y vivían por ese rumbo donde presuntamente vive su hija.

Aunque fueron muchas personas las que le dijeron haberla visto en esas calles, nadie supo señalarle dónde vive o vivía la mujer hondureña.

Activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) acompañan a doña Dilma del Pilar, entre ellos Rubén Figueroa, quien va con la foto de Olga Edelmira en su celular también preguntando a quienes podrían haberla visto.

Esta noche ya paró su búsqueda, pero mañana muy temprano regresará a pegar carteles con la fotografía de su hija para decirle que su madre estuvo ahí buscándola.

Como doña Dilma del Pilar, otras madres van en la caravana a bordo de un camión. De Tuxtla se irán a Coatzacoalcos, Veracruz, y así seguirán su ruta. Pretenden llegar hasta Guadalajara, Jalisco, y luego regresar sus lugares de origen.

Rubén Figueroa dice que el suplicio de quienes migran buscando el sueño americano sigue su curso en este país, donde no se respetan los Derechos Humanos de los mexicanos y menos los de los indocumentados.

Figueroa señala que aún siguen los secuestros de migrantes, violaciones, extorsiones, abusos, asesinatos y muchos otros agravios que viven a diario.

Pidió al gobierno mexicano saldar su deuda con estos migrantes, e instó a las autoridades a dejar el doble discurso cuando claman por respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero poco o nada hacen por respetar y garantizar la vida y los Derechos Humanos de los indocumentados centroamericanos.

“Miles son los desaparecidos, pero hoy estamos acá, otra vez, para decirles que seguimos buscándolos”, subrayó Figueroa.

Desde hace 11 años la Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México, recorre diversos estados de la República Mexicana para encontrar a sus familiares desaparecidos. Iniciaron en 2006, cuando la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico derivó en un aumento de los asesinatos y desaparición de personas, incluidas las y los migrantes centroamericanos en su ruta para Estados Unidos.

CIMACFoto: Sandra de los Santos

Por: Isaín Mandujano

Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis

12/07/2017

Amnistía versus hipocresía

Navegaciones
Pedro Miguel


Foto
En México hay una guerra en curso, pero sus bandos no son los que dice el gobierno. Esta no es una guerra entre delincuentes organizados y autoridades empeñadas en hacer cumplir la ley; se trata, en cambio, de una guerra de despojo cuyos bandos reales son, por una parte, un conglomerado transversal de intereses delictivos que va desde corporaciones financieras nacionales y trasnacionales –que hacen grandes negocios con el lavado de dinero– y los gobernantes y funcionarios que se enriquecen con sobornos del narco hasta empresas de servicios de seguridad que logran colocar jugosos contratos de venta de bienes y servicios y, claro, capos históricos o circunstanciales; por la otra, amplios sectores de la población que pagan con su sufrimiento y muerte las fortunas de unos pocos: desde los adolescentes contratados como halcones y camellos, y los campesinos mariguaneros y amapoleros hasta los ciudadanos que sufren el embate de la violencia y la inseguridad crecientes. Mientras mayor es el sacrificio impuesto a los segundos, mayor es el volumen de riqueza que acumulan los primeros. Esta guerra es, además, un mecanismo que permite ahondar la desigualdad económica y política: conforme se desarrolla, los mandos del bando saqueador no sólo engordan sus cuentas, sino que también concen-tran atribuciones políticas crecientes, mientras los saqueados experimentan la reducción de sus facultades ciudadanas, derechos y garantías.

Los objetivos declarados de esta guerra tampoco corresponden a sus propósitos reales: combatir las adicciones y recuperar la seguridad y la paz públicas. En el penúltimo año del sexenio de Felipe Calderón –promotor, ideólogo y ejecutor principal del conflicto armado aún en curso– la Encuesta Nacional de Adicciones reveló que el consumo de drogas ilegales entre la población joven se encontraba prácticamente estable desde 2008 y que incluso había crecido ligeramente: de 1.4 por ciento de la población a 1.5, pero que casi se había duplicado con respecto a 2002, cuando fue de sólo 0.8 por ciento (https://is.gd/zjIQgd). Para 2016 el porcentaje había subido a 2.9. En población de todas las edades el uso de mariguana pasó de 4.2 en 2008 a 8.6 (https://is.gd/I4CmEZ). En lo que se refiere a la inseguridad, los homicidios violentos pasaron de 10 mil 452 en 2006 a 25 mil 967 entre 2006 y 2012, para un acumulado sexenal de 132 mil 65, un incremento de 86 por ciento con respecto a la administración anterior. Entre 2013 y 2016 las ejecuciones anuales se mantuvieron por encima de las 20 mil y entre diciembre de 2012 y octubre de 2017 el peñato acumulaba 114 mil 61 asesinatos violentos (https://is.gd/cfnHIs). De seguir la tendencia, Peña Nieto acumulará, en su administración, más muertes que Calderón en la suya.

Peor aún, de cara al reforzamiento de la legalidad ha resultado contraproducente: entre 2006 y 2011 el número total de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pasaron de 5 mil 475 a 40 mil 114; en 2006 la Secretaría de la Defensa Nacional fue señalada en 182 de los expedientes, pero para 2011 su participación se había incrementado a 6 mil 680, pasando de 3.3 a 16.7 por ciento del total; la Secretaría de Marina, por su parte, vio incrementadas las quejas en su contra de 24 en 2006 a 833 en 2011, y su porcentaje pasó de 0.4 a 2.07 por ciento (https://is.gd/vFMIKI). La Policía Federal, por su parte, acumuló 6 mil 322 quejas entre 2006 y lo que va del presente año. En estos 11 años, la violencia y la ausencia de Estado han experimentado cambios regionales, pero no han disminuido. Como en el calderonato, y a pesar de las alternancias locales, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Michoacán, estado de México y Nayarit, entre otras entidades, siguen siendo territorios de impunidad bajo el imperio de la delincuencia organizada, y a ellos se van sumando otras entidades, como Puebla, Ciudad de México y Baja California Sur (https://is.gd/5vm4KO).

En 2006, en abierto atropello a la Constitución, el régimen echó mano de las fuerzas armadas para el combate a la delincuencia con el pretexto de que las policías estatales y municipales estaban infiltradas por la criminalidad, resultaban inoperantes y era preciso sanearlas, moralizarlas y profesionalizarlas para que pudieran cumplir con sus encomiendas legales. Once años más tarde, el mismo régimen no ha avanzado un centímetro en el propósito de capacitar a las corporaciones policiales (https://is.gd/BrUC6V) y pretende imponer una ley de seguridad interior que da cobertura legal a la participación preponderante de soldados y marinos en la guerra. Y los enfrentamientos cotidianos continúan, las masacres se repiten –con mucha menor cobertura mediática, eso sí, por expresa petición presidencial–, la delincuencia organizada diversifica sus ramos y productos –del trasiego de cocaína a la producción de metanfetaminas, por ejemplo, y del tráfico de personas a la explotación masiva de los ductos de combustible–, los feminici-dios van al alza (https://is.gd/K2bb4g) y la inseguridad, también.

Los resultados de estos 11 años deberían ser incluso excesivos para demostrar que, a juzgar por sus propósitos oficiales, esta guerra no sirvió. Pero si el poderío de los cárteles no menguó es por la simple razón de que el objetivo real de los gobernantes y su delincuencia empresarial adjunta no es derrotarlos sino medrar política, económica y hasta electoralmente con ellos. Ahora el problema es que si logra conformarse un gobierno con voluntad política real para desmantelarlos por la vía militar y policial, el cumplimiento de esa tarea conllevaría un baño de sangre similar o peor al que ha tenido lugar en el violentísimo tramo Calderón-Peña, y que los muertos no sólo serían los cabecillas de la delincuencia sino, en proporción infinitamente mayor, sus trabajadores de base, ciudadanos no inmiscuidos en el conflicto, así como soldados, marinos y policías. Proseguir el rumbo actual de la guerra implica seguir considerando exterminables, por ejemplo, a los cerca de 500 mil campesinos directamente vinculados a la criminalidad organizada (https://is.gd/W7XqBq).

Ya basta. No estamos viviendo una guerra de la legalidad contra el crimen, sino una guerra de la criminalidad enquistada en el poder en contra de la población y resulta imperativo analizar y debatir estrategias para ponerle fin: la despenalización de todas las drogas hoy tipificadas como ilícitas; la instauración de negociaciones de paz públicas y transparentes con los principales grupos delictivos para remplazar los arreglos y enjuagues bajo la mesa que han caracterizado hasta ahora su relación con el poder público (recuerden: no puede existir delincuencia organizada sin altas complicidades en la institucionalidad política) y, sí, derivado de lo anterior, amnistía para los que puedan ser considerados rehabilitables. En 1933, cuando el gobierno de Franklin D. Roosevelt derogó la Ley Seca (que durante su imperio multiplicó por cinco los índices de criminalidad en Estados Unidos) hizo a un lado buena parte de las imputaciones en contra de los mafiosos y nadie hizo un escándalo por ello.

Paz o guerra. Negociaciones o inhumaciones. Amnistía o hipocresía. O decidimos ahora o nos esperamos otros 100 mil muertos.
Twitter: @navegaciones

¿Ley de Seguridad Interior?

Desde que en 2006 Felipe Calderón sacó a los militares de los cuarteles para combatir al narcotráfico, la violencia se incrementó y se ha traducido en el aumento de víctimas –200 mil muertos, 39 mil desparecidos y aproximadamente 350 mil desplazados—sin que se obtenga la paz prometida.
Un año antes, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, se previó la necesidad de tener una Ley de Seguridad Interior que, de acuerdo a la propuesta ya aprobada, busca el restablecimiento del orden interno ante cualquier amenaza como el terrorismo, crimen organizado, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, ataques cibernéticos, trata de personas, desastres naturales y de origen humano.
Pero, sobre todo, lo que se persigue con las fuerzas armadas, además del orden interno, es “velar por la observancia del orden y paz público, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.
La iniciativa de Peña Nieto, seis capítulos y 31 artículos, señala que la Ley de Seguridad Interior, como vertiente de la Ley de Seguridad nacional, implica la posibilidad de que el presidente la de República pueda hacer uso de la totalidad de la Fuerza Armada que esta integrada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para hacer frente a fenómenos que impacten al orden interno.
Dicha ley define que la Seguridad Interior tiene como objetivo esencial “garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.
A partir de todo esto, más que una Ley de Seguridad Interior, lo que el gobierno de Enrique 0Peña Nieto y el PRI ha impuesto es la “Ley del Garrote” porque, como decíamos el principio, la aprobación de este ordenamiento es la legitimación de la fuerza militar y policiaca para sofocar cualquier movimiento de inconformidad social como podría surgir ante unas elecciones fraudulentas en el 2018.
Dicha ley no se puede ver ni considerar de otra manera porque si el gobierno o el presidente Peña quisiera acabar con el crimen organizado, la corrupción o el narcotráfico, si quisiera terminar con la impunidad y establecer la paz social, lo que requiere es voluntad política para aplicar la ley contra propios y extraños, no contra la población que ha sido víctima de todos estos vicios convertidos en virtudes de poder.
Por cierto… En el Estado de México, Eruviel Ávila, predecesor de Enrique Peña Nieto, impulsó la llamada Ley Atenco o Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, que fue aprobada en 2016 por el Congreso del Estado de México y ratificada un año después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se regula el uso de la fuerza pública y empleo de armas, incluyendo letales, para el control de la seguridad pública.

El proyecto de ley de seguridad interior viola 3 artículos de la Constitución: experto

Rodrigo Gutiérrez advierte que esa minuta quebranta pactos internacionales


La minuta de ley de seguridad interior que se discute en el Senado atenta contra el sentido de la Constitución nacional y viola el derecho internacional que México como Estado está obligado a cumplir, aseveró Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Indicó en entrevista que el proyecto de ley vulnera los artículos 21, 73 y 129 de la Carta Magna, por lo que es inconstitucional. Además, agregó, en caso de ser aprobada se pondría a las fuerzas militares por encima de las civiles, lo que es muy delicado.

El artículo 21 señala explícitamente que las labores de seguridad pública deberán estar encargadas a organizaciones e instituciones civiles; el 73 asienta que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior; y el 129 indica que en tiempos de paz el Ejército deberá estar encuartelado y no puede hacer labores de despliegue en el territorio y menos de seguridad pública.

Pero no sólo eso, planteó: la minuta también tiene un problema de carácter conceptual. Si se pregunta a las personas qué está impulsando esta iniciativa ¿qué es seguridad interior?, no lo tienen claro. Es una institución que está a medio camino, improvisada, entre seguridad pública y nacional. No existen términos teóricos-académicos que den respaldo y nos detallen de sus alcances y límites.
El académico alertó que los legisladores, de forma tramposa, quieren basar la constitucionalidad de la minuta en un fallo de la Suprema Corte de hace dos décadas. La vía a través de la que están tratando de tapar estos problemas de inconstitucionalidad es señalando que la Corte en 1996 resolvió una acción de inconstitucionalidad, señalando que aún cuando estaban estas prohibiciones en los artículos 21 y 129, los militares sí podían realizar algunas labores más allá de las militares. Pero esa jurisprudencia es anterior a la reforma constitucional al 21, por lo que ya no puede ser considerada como fundamento legal para una iniciativa.

Por si esto no fuera suficiente, Gutiérrez Rivas subrayó que la minuta de ley de seguridad interior también contraviene varios tratados y fallos internacionales.
Uno de ellos es el fallo contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Cabrera García y Montiel Flores. El párrafo 88 de la resolución señala que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales; mientras que el párrafo 89 agrega: El régimen propio de las fuerzas militares, del cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles.

Emir Olivares Alonso
 Periódico La Jornada
Jueves 7 de diciembre de 2017, p. 10

Ley de Seguridad Interior, viejos anhelos del PRI

En abril de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón, había enviado al Congreso una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, para normalizar la militarización que desde el inicio de su mandato implicó, de hecho, una suspensión de garantías en amplias zonas del país. Faltaba pues que esa presencia fuera conforme a derecho.
Los priistas propusieron una adición a la iniciativa calderonista, para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en protestas sociales que representaran “una amenaza”, antigua invocación para designar las oposiciones a los regímenes desde 1916. La discusión fue en 2011 y el momento no era propicio, pues había nacido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se oponía a esa ley, y la seguridad no era un tema empático de cara a las elecciones.
Peña retomó la propuesta de su partido ya en el poder, con la iniciativa de reforma al 29 constitucional para normar la suspensión de garantías; la intervención de comunicaciones de ciudadanos incómodos se permitió hasta el exceso; creó con militares la Gendarmería, pero siguió usando soldados disfrazados de policías en protestas. Ahora, insiste en que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, de similar cuño, consecuente con los anteriores.
Pocos parecen recordar el contexto previo y al menos una generación transitó de la infancia a la adultez en medio de la violencia, verde olivo y armas largas, asimilado a su entorno. Inició a finales de aquel 2006 de convulsiones sociales:
Fue el año de la contención militar a los deudos de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros; de la violenta redada de Lázaro Cárdenas Michoacán y la ocupación militar de comunidades mineras; de las movilizaciones que reclamaban fraude electoral; de la violación tumultuaria de 13 mujeres perpetrada por un pelotón de soldados que custodiaba boletas electorales en Coahuila; de la represión a la rebelión ciudadana de Oaxaca. Fue el año que inició marcado con sangre y semen, en la redada brutal de San Salvador Atenco que recién sancionó la justicia internacional.
La protesta social siguió recibiendo las embestidas del ejército, muchas veces con disfraz de Policía Federal, como ocurrió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro o en la huelga de Cananea.
A partir del 1 de diciembre de 2012 el uso de los militares para reprimir la protesta social se profundizó. Los conflictos sociales aumentaron, principalmente, por proyectos energéticos, mineros y de infraestructura hasta llegar a más de 300 este año. Los ataques a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos crecieron.
El registro del Comité Cerezo –que incluye nombres de las víctimas, lugares y fechas—muestra que, con Peña Nieto, las agresiones aumentaron, para acumular mil 372 casos hasta mayo pasado. En el mismo período, mil 97 personas han sido detenidas y encarceladas en el contexto de protestas sociales, mientras que en los primeros cuatro años de Calderón sumaban 737. Los asesinatos de dirigentes sociales –los redactores del informe le llaman ejecución extrajudicial por acción, omisión o aquiescencia—en el sexenio de Calderón fueron 63; con Peña iban 123 hasta mayo, mismo mes en el que ya sumaba 99 desapariciones –contra 53 que se registraron en todo el sexenio anterior—y que incluye la desaparición de los 43 de Iguala con indicios de participación militar. Los indicadores no exculpan al calderonismo, sólo muestran el paulatino endurecimiento.
A 11 años de distancia, la promesa de modernizar y limpiar las policías es sólo eso y, en un país pleno de inconformidad contra la clase política –excepto porque la presión internacional los ponga en aprietos–, se está concretando la legalización de lo que las Fuerzas Armadas han sido siempre para el sistema (como quedó acreditado en mi libro El regreso autoritario del PRI. Grijalbo. 2015): un instrumento hasta ahora ilegal de control político y social interno, un autoritarismo más perfecto.

Y los trabajadores que ganan el mínimo crecen: ya son más de siete millones

El pasado 21 de noviembre, el presidente de la República celebró que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) haya aprobado un incremento al salario mínimo general, que pasará de 80.04 pesos a 88.36 pesos. La medida, que entró en vigor el pasado viernes 1 –cuando se cumplen cinco años del gobierno peñanietista– fue calificada como un “incremento importante” por el mandatario en su cuenta de Twitter:
“Celebro que hoy la Conasami acordó un importante aumento al salario mínimo de 2018. En esta administración, el salario mínimo se ha recuperado 20% en términos reales.”
Sin embargo, el Anexo Estadístico del quinto informe de gobierno –que incluye los datos oficiales que llevan como fuente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística– exhibe en su página 136 que en 2012, cuando inició la actual administración, había 6 millones 756 mil personas que ganaban un salario mínimo. Para el segundo trimestre de este año, al cierre de junio, en el país había 810 mil personas más cuya remuneración se establecía en el mínimo, con lo que ahora son 7 millones 566 mil las que perciben ese salario.
El ensanchamiento de quienes ganan menos es notorio también en el siguiente rango estadístico, es decir, el de las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos: al cierre de 2012 había 11 millones 476 mil en esa condición de ingreso, y ahora son 14 millones 119 mil; esto es, una diferencia de 2 millones 643 mil personas.
Esos, los dos rangos más bajos de ingreso que se contabilizan en México, en conjunto crecieron 3 millones 453 mil personas.
A partir de estas cifras el desplazamiento es evidente, considerando que los datos oficiales estiman que en lo que va del sexenio se han generado 1 millón de nuevos empleos. Es decir, la mayoría de los que ahora ensanchan las estadísticas de los que ganan menos, antes ganaban más.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el ingreso mínimo para alcanzar la llamada línea de bienestar es de 95.24 pesos diarios. Para ello, el incremento al salario mínimo hubiera tenido que ser de 15.20 pesos y no de 8.32 pesos.
Hasta el próximo 30 de noviembre, los mexicanos con salario mínimo ganan 2 mil 401 pesos mensuales. Con el aumento percibirán 2 mil 650 pesos al mes.
A diferencia de los sindicatos oficialistas que legitimaron la medida, sectores académicos y de la sociedad civil, e inclusive la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) criticaron el incremento celebrado por Peña Nieto, pues lo consideran insuficiente. Si bien la Coparmex lo calificó como un avance, dijo que es “limitado” porque sólo cubre 92.76% de lo requerido para alcanzar la Línea de Bienestar Mínima.
Más aún, el organismo empresarial cuestionó el hecho de que la política de generación de empleos peñanietista sólo establezca como meta conseguir un millón 200 mil puestos anuales, y no que éstos sean de calidad.
En el mismo Anexo Estadístico del quinto informe es posible advertir que el único rango que registró una variación mínima es el de los trabajadores que perciben de dos a tres salarios mínimos, que en 2012 se estimaba en 10 millones 759 mil personas, y ahora en 10 millones 940 mil. Es decir, se trata de las personas que ganan cada día entre 160.08 pesos y 240.12 pesos, o bien que viven con menos de 7 mil 203 pesos mensuales.
Sin embargo, los rangos de mayor ingreso se redujeron de manera considerable. De acuerdo con el mismo documento, al iniciar el sexenio había 7 millones 429 mil personas que ganaban de tres a cinco salarios mínimos; ahora son 6 millones 555 mil. Esto es que, en lo que va del sexenio peñanietista, 874 mil personas dejaron de ganar entre 240 pesos diarios y 402 pesos al día, esto es, quienes ganan entre 7 mil 203 pesos y 12 mil pesos mensuales.
Las estadísticas en México dejan abierta una brecha al infinito para los altos ingresos, pues sólo contabilizan hasta las personas que ganan más de cinco salarios mínimos; así que en ese rango caben, como ricos, quienes ganan poco más de 12 mil pesos, lo mismo que el presidente Enrique Peña Nieto, que percibe 209 mil pesos mensuales, o inclusive un magnate como Carlos Slim o cualquiera de la veintena de mexicanos de la lista de millonarios del mundo de la revista Forbes.
Ese amplio rango también disminuyó en el sexenio. Al cerrar 2012, cuando Peña Nieto inició la administración, había 3 millones 499 mil personas que ganaban más de cinco salarios mínimos. Ahora son 2 millones 777 mil, lo cual significa que 722 mil personas dejaron de estar entre las mejores pagadas de México.
Este reportaje se publicó el 3 de diciembre de 2017 en la edición 2144 de la revista Proceso.