PORTADAS: HALLA LA PGR RESTOS QUE PODRÍAN SER LOS DE SILVA VARGAS NARCO MEXICANO SE EXTIENDE A AL VARGAS RECHAZA VERSIÓN DEL ASESINATO DE SU HIJA SILVIA VARGAS FUE ASESINADA EN TLALPAN: TESTIGO PGR CAE OTRO EXMANDO DE PFP LIGADO AL NARCO
06/12/2008 a las 10:17 am
LA JORNADAHALLA LA PGR RESTOS QUE PODRÍAN SER LOS DE SILVA VARGASLa Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo indicios del lugar donde podría haber sido asesinada Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Fuentes de la dependencia federal indicaron que este viernes fue detenido un sujeto presuntamente vinculado con este caso, durante un cateo a la casa marcada con el número 51 de la calle Bellavista, en colonia Lomas de Padierna, donde fueron hallados restos humanos. Hasta ahora la PGR mantiene hermetismo sobre la identidad del detenido. Silvia Vargas fue plagiada hace 14 meses; su padre ha asegurado en los últimos meses que fue engañado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), por no indagar las pistas que él aportaba. Apenas el pasado 27 de noviembre –dos días antes de que se cumplieran 100 días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad—, luego de que las autoridades desdeñaron sus aportaciones a la investigación declaró en conferencia de prensa: “¿Eso es no tener nada? ¡Eso es no tener madre!”, en reclamo a Eduardo Medina Mora y a Genaro García Luna, titulares de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Nota completa LA JORNADA.
EL UNIVERSALNARCO MEXICANO SE EXTIENDE A ALLos cárteles mexicanos emprendieron en los últimos años una ofensiva continental que los ha llevado a extender sus organizaciones a lo largo del continente. Las bandas del crimen organizado penetraron ya aparatos políticos, empresariales, militares, policiales y judiciales para dominar el contrabando y almacenamiento de cocaína y droga sintética en Colombia, Argentina, Paraguay y Perú; además del traslado de los narcóticos, vía Centroamérica, hacia México y Estados Unidos. Con bases estratégicas en los siete países centroamericanos, los mexicanos son considerados por ejércitos, policías y cuerpos antidrogas latinoamericanos y de Estados Unidos como los más grandes capos del narcotráfico en el Hemisferio Occidental. La intensa actividad criminal que han desplegado llevó a que en las últimas dos semanas los presidentes Alan García, de Perú, y Álvaro Colom, de Guatemala, solicitaran la colaboración de México para combatir a los grupos delictivos. Nota completa EL UNIVERSAL.
EXCÉLSIORNota completa EXCÉLSIOR.
MILENIOSILVIA VARGAS FUE ASESINADA EN TLALPAN: TESTIGO PGRA casi 15 meses del secuestro de Silvia Vargas Escalera, la Procuraduría General de la República obtuvo testimonios y pistas que apuntan a la posibilidad de que la hija de Nelson Vargas, ex titular de la Conade, fue asesinada por sus plagiarios. Ayer se cateó un inmueble ubicado en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, en el que autoridades retiraron por la noche un cuerpo, al que se le realizan peritajes para establecer la identidad de la víctima. Aunque la PGR no confirmó de manera oficial la localización de un cadáver, el inmueble ubicado en el número 57 de la calle Bellavista, colonia San Miguel Xicalco, fue cateado por agentes federales, peritos y personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En un escueto comunicado, la PGR sólo informó que en torno al plagio perpetrado el 10 de septiembre de 2007, “se tienen datos que refieren la ubicación de un domicilio donde, según testimonios, Silvia Vargas Escalera fue privada de la vida”.
EL SOL DE MÉXICOCAE OTRO EXMANDO DE PFP LIGADO AL NARCOEl excomisionado interino de la Policía Federal Preventiva, Víctor Gerardo Garay Cadena, así como los policías federales Francisco Navarro Espinoza, Fidel Hernández García y Jorge Cruz Méndez, fueron aprehendidos y encarcelados por los delitos de delincuencia organizada, robo específico, abuso de autoridad y protección a los cárteles del narcotráfico. La Procuraduría General de la República precisó que a Garay Cadena y Francisco Navarro se les acusa de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva, así como por ser presuntos responsables de robo específico, abuso de autoridad y delincuencia organizada agravada. A Hernández García y Cruz Méndez se les imputan los ilícitos de delincuencia organizada y contra la salud, agravado, así como de proteger a la organización de “El Rey Zambada”.
06/12/2008 a las 10:17 am
LA JORNADAHALLA LA PGR RESTOS QUE PODRÍAN SER LOS DE SILVA VARGASLa Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo indicios del lugar donde podría haber sido asesinada Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Fuentes de la dependencia federal indicaron que este viernes fue detenido un sujeto presuntamente vinculado con este caso, durante un cateo a la casa marcada con el número 51 de la calle Bellavista, en colonia Lomas de Padierna, donde fueron hallados restos humanos. Hasta ahora la PGR mantiene hermetismo sobre la identidad del detenido. Silvia Vargas fue plagiada hace 14 meses; su padre ha asegurado en los últimos meses que fue engañado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), por no indagar las pistas que él aportaba. Apenas el pasado 27 de noviembre –dos días antes de que se cumplieran 100 días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad—, luego de que las autoridades desdeñaron sus aportaciones a la investigación declaró en conferencia de prensa: “¿Eso es no tener nada? ¡Eso es no tener madre!”, en reclamo a Eduardo Medina Mora y a Genaro García Luna, titulares de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Nota completa LA JORNADA.
EL UNIVERSALNARCO MEXICANO SE EXTIENDE A ALLos cárteles mexicanos emprendieron en los últimos años una ofensiva continental que los ha llevado a extender sus organizaciones a lo largo del continente. Las bandas del crimen organizado penetraron ya aparatos políticos, empresariales, militares, policiales y judiciales para dominar el contrabando y almacenamiento de cocaína y droga sintética en Colombia, Argentina, Paraguay y Perú; además del traslado de los narcóticos, vía Centroamérica, hacia México y Estados Unidos. Con bases estratégicas en los siete países centroamericanos, los mexicanos son considerados por ejércitos, policías y cuerpos antidrogas latinoamericanos y de Estados Unidos como los más grandes capos del narcotráfico en el Hemisferio Occidental. La intensa actividad criminal que han desplegado llevó a que en las últimas dos semanas los presidentes Alan García, de Perú, y Álvaro Colom, de Guatemala, solicitaran la colaboración de México para combatir a los grupos delictivos. Nota completa EL UNIVERSAL.
EXCÉLSIORNota completa EXCÉLSIOR.
MILENIOSILVIA VARGAS FUE ASESINADA EN TLALPAN: TESTIGO PGRA casi 15 meses del secuestro de Silvia Vargas Escalera, la Procuraduría General de la República obtuvo testimonios y pistas que apuntan a la posibilidad de que la hija de Nelson Vargas, ex titular de la Conade, fue asesinada por sus plagiarios. Ayer se cateó un inmueble ubicado en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, en el que autoridades retiraron por la noche un cuerpo, al que se le realizan peritajes para establecer la identidad de la víctima. Aunque la PGR no confirmó de manera oficial la localización de un cadáver, el inmueble ubicado en el número 57 de la calle Bellavista, colonia San Miguel Xicalco, fue cateado por agentes federales, peritos y personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En un escueto comunicado, la PGR sólo informó que en torno al plagio perpetrado el 10 de septiembre de 2007, “se tienen datos que refieren la ubicación de un domicilio donde, según testimonios, Silvia Vargas Escalera fue privada de la vida”.
EL SOL DE MÉXICOCAE OTRO EXMANDO DE PFP LIGADO AL NARCOEl excomisionado interino de la Policía Federal Preventiva, Víctor Gerardo Garay Cadena, así como los policías federales Francisco Navarro Espinoza, Fidel Hernández García y Jorge Cruz Méndez, fueron aprehendidos y encarcelados por los delitos de delincuencia organizada, robo específico, abuso de autoridad y protección a los cárteles del narcotráfico. La Procuraduría General de la República precisó que a Garay Cadena y Francisco Navarro se les acusa de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva, así como por ser presuntos responsables de robo específico, abuso de autoridad y delincuencia organizada agravada. A Hernández García y Cruz Méndez se les imputan los ilícitos de delincuencia organizada y contra la salud, agravado, así como de proteger a la organización de “El Rey Zambada”.
Editorial
Crisis en el PRD
La salida masiva de militantes y la deserción “hormiga” de algunos connotados personajes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) constituyen indicadores indiscutibles de la grave crisis y la descomposición ética que enfrenta ese instituto político a raíz de la convalidación, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los desaseados comicios internos que se celebraron en marzo pasado.
Ese hecho, lejos de restablecer la normalidad institucional en el PRD y de contribuir a sanear las heridas que se habían abierto en los últimos meses, profundizó el conflicto, dejó en un sector de la opinión pública la sensación de que se había legalizado la suciedad y la trampa electoral, y prefiguró una dirigencia marcada con el estigma de haber sido designada desde una instancia del poder público –situación desastrosa para un partido de oposición–, en sentido contrario a las resoluciones de los órganos internos del partido y, para colmo, con argumentos similares a los empleados para validar el desaseo que prevaleció durante el proceso electoral de 2006.
Esta situación, que de suyo ha implicado un costo altísimo en materia de credibilidad y autoridad moral para el PRD, se ve agravada cuando, como ocurrió el pasado miércoles durante la presentación oficial de Jesús Ortega como nuevo dirigente nacional, concurren representantes de los estamentos político-empresariales del país que hace dos años, cabe recordarlo, sumaron esfuerzos por impedir la llegada de un proyecto alternativo de gobierno y de nación, representado por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Es claro que la presidencia de un partido como el PRD debe tener tratos con los distintos actores políticos y económicos del país, pero la circunstancia actual demanda un mínimo de sensibilidad por parte de la nueva dirigencia, si lo que se quiere es salvar al instituto político de una mayor sangría de militantes y de una pérdida masiva de simpatizantes: a fin de cuentas, en las bases de apoyo electoral del perredismo persiste al día de hoy la impresión de que el voto ciudadano fue burlado en 2006 y la certeza de que los invitados a la ceremonia del pasado miércoles incurrieron en acciones –tanto legales como ilegales– que tergiversaron el sentir popular en torno al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos.
Por lo demás, el anuncio de un acuerdo entre el Partido del Trabajo y Convergencia para ir con candidaturas comunes a los comicios del año entrante, sin el PRD y en el marco del Frente Amplio Progresista, da cuenta del aislamiento que enfrentará la nueva dirigencia de cara a unas elecciones que se adivinan por demás complicadas para ese instituto político, cuyas simpatías entre la población se han desgastado y que, además, con actitudes como la de esta semana, corre el riesgo de perder el apoyo de millones de ciudadanos independientes, sin movimiento y sin partido, que desconfían, y con razón, de los invitados a la toma de posesión de Jesús Ortega.
Crisis en el PRD
La salida masiva de militantes y la deserción “hormiga” de algunos connotados personajes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) constituyen indicadores indiscutibles de la grave crisis y la descomposición ética que enfrenta ese instituto político a raíz de la convalidación, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los desaseados comicios internos que se celebraron en marzo pasado.
Ese hecho, lejos de restablecer la normalidad institucional en el PRD y de contribuir a sanear las heridas que se habían abierto en los últimos meses, profundizó el conflicto, dejó en un sector de la opinión pública la sensación de que se había legalizado la suciedad y la trampa electoral, y prefiguró una dirigencia marcada con el estigma de haber sido designada desde una instancia del poder público –situación desastrosa para un partido de oposición–, en sentido contrario a las resoluciones de los órganos internos del partido y, para colmo, con argumentos similares a los empleados para validar el desaseo que prevaleció durante el proceso electoral de 2006.
Esta situación, que de suyo ha implicado un costo altísimo en materia de credibilidad y autoridad moral para el PRD, se ve agravada cuando, como ocurrió el pasado miércoles durante la presentación oficial de Jesús Ortega como nuevo dirigente nacional, concurren representantes de los estamentos político-empresariales del país que hace dos años, cabe recordarlo, sumaron esfuerzos por impedir la llegada de un proyecto alternativo de gobierno y de nación, representado por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Es claro que la presidencia de un partido como el PRD debe tener tratos con los distintos actores políticos y económicos del país, pero la circunstancia actual demanda un mínimo de sensibilidad por parte de la nueva dirigencia, si lo que se quiere es salvar al instituto político de una mayor sangría de militantes y de una pérdida masiva de simpatizantes: a fin de cuentas, en las bases de apoyo electoral del perredismo persiste al día de hoy la impresión de que el voto ciudadano fue burlado en 2006 y la certeza de que los invitados a la ceremonia del pasado miércoles incurrieron en acciones –tanto legales como ilegales– que tergiversaron el sentir popular en torno al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos.
Por lo demás, el anuncio de un acuerdo entre el Partido del Trabajo y Convergencia para ir con candidaturas comunes a los comicios del año entrante, sin el PRD y en el marco del Frente Amplio Progresista, da cuenta del aislamiento que enfrentará la nueva dirigencia de cara a unas elecciones que se adivinan por demás complicadas para ese instituto político, cuyas simpatías entre la población se han desgastado y que, además, con actitudes como la de esta semana, corre el riesgo de perder el apoyo de millones de ciudadanos independientes, sin movimiento y sin partido, que desconfían, y con razón, de los invitados a la toma de posesión de Jesús Ortega.
■ Detienen a un sujeto durante cateo en presunta casa de seguridad en el sur del DF
Halla la PGR restos que podrían ser los de Silvia Vargas Escalera
■ Peritajes en el Semefo
■ Seguiremos atentos a las pesquisas, expresa la familia de la joven
Gustavo Castillo García
Halla la PGR restos que podrían ser los de Silvia Vargas Escalera
■ Peritajes en el Semefo
■ Seguiremos atentos a las pesquisas, expresa la familia de la joven
Gustavo Castillo García
Monreal: debe Gómez Mont aclarar embate contra mineros
Tiene que explicar relación de su despacho jurídico con captura de líderes, asevera
Descarta que sea casual la reactivación de procesos tras la llegada del abogado a SG
Obreros realizan paros laborales en protesta por la aprehensión de dirigentes
Andrea Becerril, Carolina Gómez y Alfredo Valadez
Muy delicado, que se intente criminalizar la inconformidad obrera, dice
Considera Ricardo Monreal que Gómez Mont tiene que ver con las aprehensiones
Andrea Becerril
El perredista Ricardo Monreal exigió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclarar qué relación tiene su despacho jurídico con la nueva embestida en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y el encarcelamiento de dos de los integrantes del comité ejecutivo que encabeza Napoléon Gómez Urrutia.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en Xicoténcatl no consideró casual que a menos de un mes de que Gómez Mont asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación, se hayan reactivado las causas penales contra los dirigentes mineros, sobre todo, dijo, porque el ahora responsable de la política interior “del gobierno de facto” llevó el caso contra Gómez Urrutia.
Es muy delicado, agregó, que se pretenda criminalizar la protesta social, la inconformidad obrera, y que la Secretaría del Trabajo intervenga en la vida interna de los sindicatos, como lo ha hecho en el caso de los mineros.
La detención un día antes del ex diputado federal por Zacatecas Carlos Pavón Campos, segundo líder en importancia del sindicato minero, y Juan Linares Montúfar, también integrante del comité ejecutivo, aunada al congelamiento de las cuentas bancarias del organismo gremial, son medidas represoras, encaminadas además a derrotar por hambre las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete.
Como justificación hay una demanda de Altos Hornos de México, pero en realidad se observa que la detención de los dirigentes se ordenó “desde los círculos más altos del poder, con el propósito de presionar a los obreros a que acepten condiciones de trabajo menores a las que se establecen en su contrato colectivo.
“El gobierno usurpador protege a los patrones, como lo hizo también con el Grupo México, que sigue en la impunidad, a pesar del accidente en la mina Pasta de Conchos, que sacó a relucir las condiciones infrahumanas en que laboran los mineros. Ahí está parte del amañado proceso judicial contra Gómez Urrutia”.
Monreal resaltó que la advertencia que Gómez Mont formuló en una reunión privada con senadores del PAN, en el sentido de que no se le iba a ver mucho, pero sí a sentir, se comprende por completo, ya que su vena represora salió pronto a relucir, “así como su conflicto de intereses”.
Por ello, insistió, el funcionario debe aclarar que relación hay entre su despacho jurídico, “aunque asegure que ya se deslindó del mismo”, y la detención de los dirigentes mineros.
Convocó luego a todos los sindicatos del país a manifestarse en contra de la represión hacia el gremio minero. Aclaró que no defiende a Gómez Urrutia, pero sí el derecho de los trabajadores de elegir a sus dirigentes, y de pelear contra condiciones laborales que ponen en riesgo sus vidas.
“Lo que el gobierno usurpador ha hecho al sindicato minero, al fabricar expedientes y procesos penales, lo puede hacer con cualquier otro organismo gremial incómodo a los empresarios.”
Tiene que explicar relación de su despacho jurídico con captura de líderes, asevera
Descarta que sea casual la reactivación de procesos tras la llegada del abogado a SG
Obreros realizan paros laborales en protesta por la aprehensión de dirigentes
Andrea Becerril, Carolina Gómez y Alfredo Valadez
Muy delicado, que se intente criminalizar la inconformidad obrera, dice
Considera Ricardo Monreal que Gómez Mont tiene que ver con las aprehensiones
Andrea Becerril
El perredista Ricardo Monreal exigió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclarar qué relación tiene su despacho jurídico con la nueva embestida en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y el encarcelamiento de dos de los integrantes del comité ejecutivo que encabeza Napoléon Gómez Urrutia.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en Xicoténcatl no consideró casual que a menos de un mes de que Gómez Mont asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación, se hayan reactivado las causas penales contra los dirigentes mineros, sobre todo, dijo, porque el ahora responsable de la política interior “del gobierno de facto” llevó el caso contra Gómez Urrutia.
Es muy delicado, agregó, que se pretenda criminalizar la protesta social, la inconformidad obrera, y que la Secretaría del Trabajo intervenga en la vida interna de los sindicatos, como lo ha hecho en el caso de los mineros.
La detención un día antes del ex diputado federal por Zacatecas Carlos Pavón Campos, segundo líder en importancia del sindicato minero, y Juan Linares Montúfar, también integrante del comité ejecutivo, aunada al congelamiento de las cuentas bancarias del organismo gremial, son medidas represoras, encaminadas además a derrotar por hambre las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete.
Como justificación hay una demanda de Altos Hornos de México, pero en realidad se observa que la detención de los dirigentes se ordenó “desde los círculos más altos del poder, con el propósito de presionar a los obreros a que acepten condiciones de trabajo menores a las que se establecen en su contrato colectivo.
“El gobierno usurpador protege a los patrones, como lo hizo también con el Grupo México, que sigue en la impunidad, a pesar del accidente en la mina Pasta de Conchos, que sacó a relucir las condiciones infrahumanas en que laboran los mineros. Ahí está parte del amañado proceso judicial contra Gómez Urrutia”.
Monreal resaltó que la advertencia que Gómez Mont formuló en una reunión privada con senadores del PAN, en el sentido de que no se le iba a ver mucho, pero sí a sentir, se comprende por completo, ya que su vena represora salió pronto a relucir, “así como su conflicto de intereses”.
Por ello, insistió, el funcionario debe aclarar que relación hay entre su despacho jurídico, “aunque asegure que ya se deslindó del mismo”, y la detención de los dirigentes mineros.
Convocó luego a todos los sindicatos del país a manifestarse en contra de la represión hacia el gremio minero. Aclaró que no defiende a Gómez Urrutia, pero sí el derecho de los trabajadores de elegir a sus dirigentes, y de pelear contra condiciones laborales que ponen en riesgo sus vidas.
“Lo que el gobierno usurpador ha hecho al sindicato minero, al fabricar expedientes y procesos penales, lo puede hacer con cualquier otro organismo gremial incómodo a los empresarios.”
En protesta por la “embestida y agresiones del gobierno federal y de Grupo México y Altos Hornos de México” en contra de integrantes de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, secretario de asuntos políticos y presidente del consejo general de vigilancia y justicia del gremio, respectivamente, ayer se realizaron “combativos paros escalonados” de labores en las secciones y fracciones de los estados de Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila.
Cabe destacar que Pavón Campos fue detenido el jueves por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República por una demanda de Altos Hornos de México, y un día antes fue aprehendido Linares Montúfar.
Ante tales circunstancias los trabajadores mineros, con las citadas acciones, demandaron la liberación inmediata de Pavón Campos y a Linares Montúfar, quienes, consideraron, fueron detenidos “ilegalmente”, así como la descongelación de los fondos sindicales “incautados también de forma ilegal por el gobierno”.
El sindicato señaló que los paros de labores son una medida “legítima y justificada ante los abusos de poder que significan la arbitraria congelación de fondos del organismo sindical y las detenciones ilegales y arbitrarias de los compañeros dirigentes nacionales”.
Apuntó que con estas acciones el gobierno pretende “asfixiar y descabezar” al organismo gremial para favorecer los “intereses espurios de Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA”.
El sindicato refrendó que ante estos hechos “no nos van a detener, seguiremos luchando contra este gobierno que pisotea los derechos obreros y arremete contra la libertad y la autonomía sindical, para favorecer a empresarios voraces y arrogantes, con la complicidad de autoridades corruptas que están al servicio de estos oscuros intereses, en vez de resolver los múltiples y agudos problemas del país”.
En Zacatecas ayer más de 2 mil trabajadores del consorcio minero Peñoles se sumaron al paro general de labores en protesta por los arrestos. Así, la mañana de ayer viernes amanecieron tomados los complejos mineros del Grupo Peñoles ubicados en los municipios de Fresnillo, Sombrerete (Sabinas), Zacatecas (Francisco I. Madero) y Concepción del Oro.
Al respecto, Martín Domínguez Flores, secretario general de la sección 62 del gremio, afirmó que la inconformidad también es por el congelamiento de las cuentas bancarias, y señaló que en tanto no se libere a Carlos Pavón (“nuestro paisano, él es de aquí de Fresnillo”) y a Juan Linares, y no se “descongelen” las cuentas bancarias del sindicato, no se liberarán los complejos mineros.
Aseguró que la acción es “un paro indefinido”, y por lo tanto “puede durar horas, días, semanas o meses; ojalá esto dure lo menos que se pueda, pero eso dependerá de la sensibilidad de las autoridades para atender nuestras demandas”.
Como consecuencia de esta situación, el Sindicato Mexicano de Electricistas reiteró su solidaridad con el gremio minero y anunció que convocará a diversas organizaciones, entre ellas el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Central Campesina Cardenista, para realizar una marcha de protesta contra estos “agravios” el próximo martes 9 de diciembre a las 17 horas, desde el Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación.
En este mismo tenor, la Unión de Juristas de México, el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, el Partido Comunista de México y el Frente Popular Revolucionario condenaron “enérgicamente las acciones represivas del gobierno en contra del gremio minero”.
Cabe destacar que Pavón Campos fue detenido el jueves por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República por una demanda de Altos Hornos de México, y un día antes fue aprehendido Linares Montúfar.
Ante tales circunstancias los trabajadores mineros, con las citadas acciones, demandaron la liberación inmediata de Pavón Campos y a Linares Montúfar, quienes, consideraron, fueron detenidos “ilegalmente”, así como la descongelación de los fondos sindicales “incautados también de forma ilegal por el gobierno”.
El sindicato señaló que los paros de labores son una medida “legítima y justificada ante los abusos de poder que significan la arbitraria congelación de fondos del organismo sindical y las detenciones ilegales y arbitrarias de los compañeros dirigentes nacionales”.
Apuntó que con estas acciones el gobierno pretende “asfixiar y descabezar” al organismo gremial para favorecer los “intereses espurios de Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA”.
El sindicato refrendó que ante estos hechos “no nos van a detener, seguiremos luchando contra este gobierno que pisotea los derechos obreros y arremete contra la libertad y la autonomía sindical, para favorecer a empresarios voraces y arrogantes, con la complicidad de autoridades corruptas que están al servicio de estos oscuros intereses, en vez de resolver los múltiples y agudos problemas del país”.
En Zacatecas ayer más de 2 mil trabajadores del consorcio minero Peñoles se sumaron al paro general de labores en protesta por los arrestos. Así, la mañana de ayer viernes amanecieron tomados los complejos mineros del Grupo Peñoles ubicados en los municipios de Fresnillo, Sombrerete (Sabinas), Zacatecas (Francisco I. Madero) y Concepción del Oro.
Al respecto, Martín Domínguez Flores, secretario general de la sección 62 del gremio, afirmó que la inconformidad también es por el congelamiento de las cuentas bancarias, y señaló que en tanto no se libere a Carlos Pavón (“nuestro paisano, él es de aquí de Fresnillo”) y a Juan Linares, y no se “descongelen” las cuentas bancarias del sindicato, no se liberarán los complejos mineros.
Aseguró que la acción es “un paro indefinido”, y por lo tanto “puede durar horas, días, semanas o meses; ojalá esto dure lo menos que se pueda, pero eso dependerá de la sensibilidad de las autoridades para atender nuestras demandas”.
Como consecuencia de esta situación, el Sindicato Mexicano de Electricistas reiteró su solidaridad con el gremio minero y anunció que convocará a diversas organizaciones, entre ellas el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Central Campesina Cardenista, para realizar una marcha de protesta contra estos “agravios” el próximo martes 9 de diciembre a las 17 horas, desde el Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación.
En este mismo tenor, la Unión de Juristas de México, el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, el Partido Comunista de México y el Frente Popular Revolucionario condenaron “enérgicamente las acciones represivas del gobierno en contra del gremio minero”.
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Desfiladero
Jaime Avilés
■ Se acabó el debate que no hubo: el PRD irá con el FAP a las elecciones
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Durante el mitin del lunes pasado frente a la Secretaría de Hacienda, al que convocó Andrés Manuel López Obrador para iniciar la batalla ciudadana contra la carestía, el diputado José Antonio Almazán, del Sindicato Mexicano de Electricistas, habló de un tema que ya es causa de angustia de miles y miles de familias: el aumento exorbitante de las tarifas de luz, gracias al decreto que Vicente Fox promulgó en 2004 para acabar con el subsidio que daba el gobierno a los consumidores domésticos de energía eléctrica.
¿A usted no le han subido escandalosamente la luz? Es todo un plan con maña. Fox creó la tarifa “doméstica de alto consumo”, que es una especie de castigo. Si en un bimestre usted rebasa el tope de 500 kilovatios, en el siguiente recibo le cobrarán una suma escalofriante, muy superior a lo que acostumbraba pagar. Y se la aplicarán para siempre, al puro cálculo, a menos que usted demuestre que durante tres bimestres consecutivos gastó menos de 500 kilovatios.
Se trata de una auténtica agresión contra la economía familiar, pero también de una estrategia perversa, cuyo fin es elevar al infinito la cartera vencida de Luz y Fuerza del Centro para declararla inviable –en quiebra ya está hace años–, y ponerla en venta al mejor postor.
Enfrentar este problema tiene que ser una de las tareas centrales del movimiento obradorista: defender a los consumidores de energía eléctrica a quienes esta injusticia deja a oscuras y organizar los comedores populares como espacios de políticas alternativas, es la etapa que aguarda a la resistencia civil pacífica al margen de la lucha electoral, sobre la cual día a día disminuyen las expectativas de cambio de método. O diga usted si no…
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), también respondió a la pregunta que Desfiladero planteó el sábado pasado a sus lectores: ya que el PRD encabezará las listas de abanderados de esa coalición en el Distrito Federal, ¿en el resto del país, los candidatos del movimiento deben competir sólo bajo las siglas del PT y Convergencia?
El ideólogo de la reforma del Estado informó que “las dirigencias locales de PRD, PT y Convergencia acordaron, además de seguir unidas, crear frentes en Jalisco, Puebla y Oaxaca”, lo que habla, para el que sepa entender, de una renovada alianza con los chuchos.
Ahora se entiende mejor por qué Marcelo Ebrard acudió, con Amalia García y Zeferino Torreblanca, a la toma de posesión de Jesús Ortega, quien por otra parte, el mismo jueves, se reunió en privado, en Cholula, con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, a quien Barack Obama acaba de nombrar secretario de Comercio.
Una nota de EFE, distribuida anteayer por Internet, aseguraba que Richardson, después de aceptar el cargo, “inició un viaje de 24 horas a México por motivos personales”. Luego, al decir de un boletín de la oficina de Ortega, se entrevistó “40 minutos” con éste en la Universidad de las Américas. ¿Lo habrá invitado a la toma de posesión de Obama?
El anuncio de Muñoz Ledo sugiere que, pese a la irritación de las bases por la imposición del chucho mayor en la presidencia nacional del PRD el FAP irá unido a las elecciones de 2009. Prevaleció, por lo visto, la opinión de quienes, como Lorenzo Meyer, pronosticaron un retroceso electoral muy grande para el PRD, si éste, en su interior, reproducía la dinámica que el movimiento adoptó ante Felipe Calderón, en el sentido de no reconocer a Ortega y combatirlo sin tregua. Ahora habrá que ver si este replanteamiento se traduce en votos.
Muchas gracias por sus comentarios a Praxedis Sánchez (“los chuchos son traidores y corruptos”), Gerardo Lorenzo (AMLO debe deslindarse del PRD porque “ese partido tiene la marca de TRAMPOSO gracias a los chuchos”), José Luis Hernández Suárez (“ni un voto al PRD”), Daniel Salazar Mendoza, que envía saludos desde Monterrey (“son tiempos de reacomodos y realineamientos políticos que nada tienen que ver con los buenos o malos deseos”) y Édgar Caballero (“nada para los chuchos ladrones”).
Las cartas que ellos enviaron en respuesta a la pregunta que también contestó Muñoz Ledo pueden leerse completas en El Patín del Diablo (http://patindeldia.blogspot.com), así como las de Eduardo Jorge Verges, Claudio García Barriga, Carlos Figueroa Ibarra, Rodolfo Basurto, Antonia González, Juan Alfredo Morín Tolentino, Fidel Gabriel Romero Zavaleta (que vive en Denver, Colorado, y llama a promover en favor del FAP, no del PRD, el voto de los 500 mil mexicanos que viven en esa ciudad), Luis Elizondo, Antonio Castro Rojas, David Reyes, José de Jesús Reyes Ruiz, Daniela Morales, María de Lourdes Salazar, Luis María Escobedo López, Laura Aurora e Ignacio Nigromante.
Acerca de otro tema al que también se aludió aquí hace ocho días, David Gerardo Rojas Solís, profesor jubilado de la Universidad Michoacana de San Nicolás, rechaza que el gobierno de Leonel Godoy haya reprimido “a mansalva” a los estudiantes normalistas de Tiripetío, pues a mansalva significa “sobre seguro, sin ningún peligro, según el Diccionario de la Real Academia”, toda vez que los estudiantes, afirma, “también golpearon a policías y a gente inocente”.
Un saludo muy especial a Mario Alfonso Tovar Razo y a todos los alumnos del CCH Azcapotzalco que el pasado miércoles representaron El Loro Negro, culminando así sus clases de teatro. El autor del texto lamenta no haber podido asistir a ver la función, pero les recuerda que otro de los actores de ese panfleto, el gran Jorge Zárate, ahora trabaja en una obra que también lleva en su título el nombre de un pájaro: El buen canario, dirigida por John Malkovich, un verdadero genio de la pantalla grande que en sus entrevistas con diversos medios electrónicos ha dado la impresión de carecer de vida cerebral propia. Hay gente así: como no es capaz de generar ideas, representa las de otros en forma asombrosa.
¿Comentarios a las declaraciones de Muñoz Ledo que, en los hechos, clausuran el debate entre los militantes del movimiento obradorista sobre el PRD ante las elecciones de 2009? Mándenlos a jamastu@gmail.com, y no se pierdan el desenlace de la denuncia penal interpuesta por un ciudadano con dedicatoria a Gabriela Cuevas, la delegada panista de Miguel Hidalgo, quien podría ser acusada de robo por desaparecer la placa alusiva que el quejoso colocó en el sitio donde cayó el avión de Juan Camilo Mouriño.
Vaya espectáculo de inmadurez, irresponsabilidad y soberbia el que está dando la enojona pagafianzas, a la que ya se le acabó el trienio, nada hizo y ahora se obstina en construir dos pasos a desnivel que la inmortalicen, pero que los habitantes de las Lomas de Chapultepec no quieren. Y de última hora las trabajadoras de Educación Indígena de la SEP, en lucha contra Josefina Vázquez Mota, comunican su pesar por la muerte del papá de su incansable abogado, Porfirio Martínez González. Nos vemos el lunes en la Casa Lamm, donde José Antonio Almazán hablará de la batalla por la luz de todos los días…
¿A usted no le han subido escandalosamente la luz? Es todo un plan con maña. Fox creó la tarifa “doméstica de alto consumo”, que es una especie de castigo. Si en un bimestre usted rebasa el tope de 500 kilovatios, en el siguiente recibo le cobrarán una suma escalofriante, muy superior a lo que acostumbraba pagar. Y se la aplicarán para siempre, al puro cálculo, a menos que usted demuestre que durante tres bimestres consecutivos gastó menos de 500 kilovatios.
Se trata de una auténtica agresión contra la economía familiar, pero también de una estrategia perversa, cuyo fin es elevar al infinito la cartera vencida de Luz y Fuerza del Centro para declararla inviable –en quiebra ya está hace años–, y ponerla en venta al mejor postor.
Enfrentar este problema tiene que ser una de las tareas centrales del movimiento obradorista: defender a los consumidores de energía eléctrica a quienes esta injusticia deja a oscuras y organizar los comedores populares como espacios de políticas alternativas, es la etapa que aguarda a la resistencia civil pacífica al margen de la lucha electoral, sobre la cual día a día disminuyen las expectativas de cambio de método. O diga usted si no…
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), también respondió a la pregunta que Desfiladero planteó el sábado pasado a sus lectores: ya que el PRD encabezará las listas de abanderados de esa coalición en el Distrito Federal, ¿en el resto del país, los candidatos del movimiento deben competir sólo bajo las siglas del PT y Convergencia?
El ideólogo de la reforma del Estado informó que “las dirigencias locales de PRD, PT y Convergencia acordaron, además de seguir unidas, crear frentes en Jalisco, Puebla y Oaxaca”, lo que habla, para el que sepa entender, de una renovada alianza con los chuchos.
Ahora se entiende mejor por qué Marcelo Ebrard acudió, con Amalia García y Zeferino Torreblanca, a la toma de posesión de Jesús Ortega, quien por otra parte, el mismo jueves, se reunió en privado, en Cholula, con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, a quien Barack Obama acaba de nombrar secretario de Comercio.
Una nota de EFE, distribuida anteayer por Internet, aseguraba que Richardson, después de aceptar el cargo, “inició un viaje de 24 horas a México por motivos personales”. Luego, al decir de un boletín de la oficina de Ortega, se entrevistó “40 minutos” con éste en la Universidad de las Américas. ¿Lo habrá invitado a la toma de posesión de Obama?
El anuncio de Muñoz Ledo sugiere que, pese a la irritación de las bases por la imposición del chucho mayor en la presidencia nacional del PRD el FAP irá unido a las elecciones de 2009. Prevaleció, por lo visto, la opinión de quienes, como Lorenzo Meyer, pronosticaron un retroceso electoral muy grande para el PRD, si éste, en su interior, reproducía la dinámica que el movimiento adoptó ante Felipe Calderón, en el sentido de no reconocer a Ortega y combatirlo sin tregua. Ahora habrá que ver si este replanteamiento se traduce en votos.
Muchas gracias por sus comentarios a Praxedis Sánchez (“los chuchos son traidores y corruptos”), Gerardo Lorenzo (AMLO debe deslindarse del PRD porque “ese partido tiene la marca de TRAMPOSO gracias a los chuchos”), José Luis Hernández Suárez (“ni un voto al PRD”), Daniel Salazar Mendoza, que envía saludos desde Monterrey (“son tiempos de reacomodos y realineamientos políticos que nada tienen que ver con los buenos o malos deseos”) y Édgar Caballero (“nada para los chuchos ladrones”).
Las cartas que ellos enviaron en respuesta a la pregunta que también contestó Muñoz Ledo pueden leerse completas en El Patín del Diablo (http://patindeldia.blogspot.com), así como las de Eduardo Jorge Verges, Claudio García Barriga, Carlos Figueroa Ibarra, Rodolfo Basurto, Antonia González, Juan Alfredo Morín Tolentino, Fidel Gabriel Romero Zavaleta (que vive en Denver, Colorado, y llama a promover en favor del FAP, no del PRD, el voto de los 500 mil mexicanos que viven en esa ciudad), Luis Elizondo, Antonio Castro Rojas, David Reyes, José de Jesús Reyes Ruiz, Daniela Morales, María de Lourdes Salazar, Luis María Escobedo López, Laura Aurora e Ignacio Nigromante.
Acerca de otro tema al que también se aludió aquí hace ocho días, David Gerardo Rojas Solís, profesor jubilado de la Universidad Michoacana de San Nicolás, rechaza que el gobierno de Leonel Godoy haya reprimido “a mansalva” a los estudiantes normalistas de Tiripetío, pues a mansalva significa “sobre seguro, sin ningún peligro, según el Diccionario de la Real Academia”, toda vez que los estudiantes, afirma, “también golpearon a policías y a gente inocente”.
Un saludo muy especial a Mario Alfonso Tovar Razo y a todos los alumnos del CCH Azcapotzalco que el pasado miércoles representaron El Loro Negro, culminando así sus clases de teatro. El autor del texto lamenta no haber podido asistir a ver la función, pero les recuerda que otro de los actores de ese panfleto, el gran Jorge Zárate, ahora trabaja en una obra que también lleva en su título el nombre de un pájaro: El buen canario, dirigida por John Malkovich, un verdadero genio de la pantalla grande que en sus entrevistas con diversos medios electrónicos ha dado la impresión de carecer de vida cerebral propia. Hay gente así: como no es capaz de generar ideas, representa las de otros en forma asombrosa.
¿Comentarios a las declaraciones de Muñoz Ledo que, en los hechos, clausuran el debate entre los militantes del movimiento obradorista sobre el PRD ante las elecciones de 2009? Mándenlos a jamastu@gmail.com, y no se pierdan el desenlace de la denuncia penal interpuesta por un ciudadano con dedicatoria a Gabriela Cuevas, la delegada panista de Miguel Hidalgo, quien podría ser acusada de robo por desaparecer la placa alusiva que el quejoso colocó en el sitio donde cayó el avión de Juan Camilo Mouriño.
Vaya espectáculo de inmadurez, irresponsabilidad y soberbia el que está dando la enojona pagafianzas, a la que ya se le acabó el trienio, nada hizo y ahora se obstina en construir dos pasos a desnivel que la inmortalicen, pero que los habitantes de las Lomas de Chapultepec no quieren. Y de última hora las trabajadoras de Educación Indígena de la SEP, en lucha contra Josefina Vázquez Mota, comunican su pesar por la muerte del papá de su incansable abogado, Porfirio Martínez González. Nos vemos el lunes en la Casa Lamm, donde José Antonio Almazán hablará de la batalla por la luz de todos los días…
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
■ Aumento del desempleo, efecto cruel de la crisis
■ Encarecimiento de combustibles y alimentos mermará salarios
Toma forma una de las manifestaciones más crueles de la crisis económica: el desempleo galopante. De unas semanas para acá, no ha habido día en el que no se informe sobre que tal o cual empresa recortará tantos miles de puestos de trabajo como “medida correctiva” y de “saneamiento financiero”. En plena “Presidencia del empleo” el índice de desocupación crece raudo e incontenible, mientras en el “motor” del mundo, Estados Unidos, de octubre a noviembre se cancelaron cerca de un millón de puestos de trabajo. Un día sí y el otro también las trasnacionales divulgan sus planes de “achicamiento” laboral, mientras los gobiernos gerenciales gastan saliva: “no lo permitiremos”, como si alguien les pidiera permiso.
El pronóstico de las consecuencias del “catarrito” es ingrato, aunque sirve de consuelo para la “continuidad”, pues, en esta crisis “externa”, “es mayor el desempleo” allende nuestras fronteras. Pero como señala la Organización Internacional del Trabajo, para los más de mil 500 millones de trabajadores asalariados en el mundo “se avecinan momentos difíciles”, porque “el crecimiento económico lento o negativo, junto con precios muy inestables de alimentos y energía, erosionarán el salario real de muchos, en particular de los hogares pobres y de bajos ingresos. Las clases medias también se verán gravemente afectadas”.
En el futuro inmediato, subraya la OIT, “se prevén momentos difíciles para muchos trabajadores; es probable que se intensifiquen las tensiones por los salarios, y que el lugar de trabajo resulte más vulnerable a los conflictos salariales. Estimaciones del FMI sugieren que en 2009 los salarios reales caerán 0.5 por ciento en los países industrializados, y que el crecimiento salarial mundial aumentará hasta un máximo de 1.1 por ciento”.
Lo anterior, sin embargo, es “normal”, porque de tiempo atrás el crecimiento de los salarios es bajo en la mayoría de los países. El empleo asalariado representa aproximadamente la mitad del empleo total, y esta proporción crece en casi todas las naciones. Por ejemplo, cita la OIT, de 2001 a 2007 los salarios medios reales crecieron 1.9 por ciento al año, o menos, en la mitad de todos los países analizados. No obstante, hubo grandes divergencias regionales. En las naciones industrializadas la media salarial aumentó alrededor de 0.9 por ciento anual. Las cifras comparables fueron de 0.3 por ciento en América latina y el Caribe, 1.7 por ciento en Asia y 14.4 por ciento en la Confederación de Estados Independientes (CEI) y países de Europa central y sudoriental no pertenecientes a la Unión Europea, que se recuperan de las graves reducciones salariales que tuvieron lugar en las primeras fases de la transición económica, tras el derrumbe de la Unión Soviética. “Estas divergencias pueden observarse también entre países. Por ejemplo, el crecimiento real de los salarios fue próximo al cero por ciento en el Japón, España y Estados Unidos, pero alcanzó 10 por ciento anual o más en China, Rusia y Ucrania”.
Durante el periodo 1995-2007, en que el producto interno bruto por habitante creció un punto porcentual, los salarios medios sólo aumentaron 0.75 por ciento. “Esta elasticidad de los salarios confirma que el crecimiento salarial ha sido inferior al del PIB per cápita, y parece ser una prueba fehaciente de que el crecimiento de los salarios reales se ha rezagado con respecto al crecimiento de la productividad. A lo largo del tiempo esta elasticidad ha descendido del 0.8 en 1995-2000 a 0.72 por ciento desde 2001. En alrededor de 70 por ciento de los países se ha observado sistemáticamente una tendencia descendente en la proporción del PIB distribuido a los salarios, en comparación con los beneficios de las empresas y otras formas de ingreso”. Durante los períodos de expansión económica, los salarios crecen más lentamente que el PIB per cápita, mientras que en períodos de recesión caen más rápidamente que el producto por habitante. Cada punto porcentual adicional de descenso del PIB per cápita da lugar a una caída de los salarios del 1.55 por ciento.
Las rebanadas del pastel
De la Unión de Trabajadores de La Prensa, AC: “el pasado 2 de diciembre de 2008 se cumplieron 11 años de la presentación ante la Procuraduría General de Justicia del DF, de una querella por fraude y abuso de confianza en perjuicio de más de 400 cooperativistas, que hizo un grupo de socios de Editora de Periódicos, SCL (que editaba el diario La Prensa en el Distrito Federal), delitos presuntamente cometidos por parte de una docena de personas –encabezadas por Mario Santaella de la Cajiga y Mario Santaella Herrera– que ocupaban los principales puestos directivos hace tres lustros. El juez cuarto de distrito de amparo en materia penal en el DF, Francisco Javier Sarabia Ascencio, concedió el amparo y protección de la justicia a un grupo de socios de la cooperativa en contra de la resolución de la PGJDF, ante su negativa de ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables de esos delitos, argumentando erróneamente que “ya habían prescrito”. De hecho, el juez Sarabia Ascencio ordenó a la PGJDF que ‘deje insubsistente su fallo’ (el inejercicio de la acción penal) y ‘dicte otro’, en el que descarte su dicho de que los delitos están prescritos, pues la figura de la prescripción fue desechada desde el 2000 por el entonces también juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal (en febrero de 2000), sentencia que fue confirmada (diciembre de 2000) por el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, luego del recurso de revisión que interpuso la Procuraduría, por lo que la no prescripción pasó a la categoría de ‘cosa juzgada’. A finales de julio de 1993, todos los activos (tangibles e intangibles) de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, fueron ilegal e indebidamente vendidos al ex banquero Carlos Abedrop Dávila’, en una coinversión con un grupo español de medios, en la cantidad de 80 millones de dólares (unos 280 millones de pesos a valor de entonces). Esta suma millonaria debió repartirse entre todos los socios cooperativistas, lo que no sucedió. Los socios de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, hacemos un llamado al procurador Miguel Mancera, para que instruya a quien corresponda para que perfeccione las averiguaciones previas levantadas con motivo de este fraude y abuso de confianza, y, atendiendo a la última resolución del citado Juez Sarabia Ascencio, sea elaborado el dictamen de consignación y enviado a un juez penal, para que sea éste el que, después de tantos años de andar implorando justicia, determine la culpabilidad de los presuntos responsables, les imponga el castigo que en derecho proceda, y los condene a resarcir el daño ocasionado a más de 400 jefes de familia”.
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
■ Aumento del desempleo, efecto cruel de la crisis
■ Encarecimiento de combustibles y alimentos mermará salarios
Toma forma una de las manifestaciones más crueles de la crisis económica: el desempleo galopante. De unas semanas para acá, no ha habido día en el que no se informe sobre que tal o cual empresa recortará tantos miles de puestos de trabajo como “medida correctiva” y de “saneamiento financiero”. En plena “Presidencia del empleo” el índice de desocupación crece raudo e incontenible, mientras en el “motor” del mundo, Estados Unidos, de octubre a noviembre se cancelaron cerca de un millón de puestos de trabajo. Un día sí y el otro también las trasnacionales divulgan sus planes de “achicamiento” laboral, mientras los gobiernos gerenciales gastan saliva: “no lo permitiremos”, como si alguien les pidiera permiso.
El pronóstico de las consecuencias del “catarrito” es ingrato, aunque sirve de consuelo para la “continuidad”, pues, en esta crisis “externa”, “es mayor el desempleo” allende nuestras fronteras. Pero como señala la Organización Internacional del Trabajo, para los más de mil 500 millones de trabajadores asalariados en el mundo “se avecinan momentos difíciles”, porque “el crecimiento económico lento o negativo, junto con precios muy inestables de alimentos y energía, erosionarán el salario real de muchos, en particular de los hogares pobres y de bajos ingresos. Las clases medias también se verán gravemente afectadas”.
En el futuro inmediato, subraya la OIT, “se prevén momentos difíciles para muchos trabajadores; es probable que se intensifiquen las tensiones por los salarios, y que el lugar de trabajo resulte más vulnerable a los conflictos salariales. Estimaciones del FMI sugieren que en 2009 los salarios reales caerán 0.5 por ciento en los países industrializados, y que el crecimiento salarial mundial aumentará hasta un máximo de 1.1 por ciento”.
Lo anterior, sin embargo, es “normal”, porque de tiempo atrás el crecimiento de los salarios es bajo en la mayoría de los países. El empleo asalariado representa aproximadamente la mitad del empleo total, y esta proporción crece en casi todas las naciones. Por ejemplo, cita la OIT, de 2001 a 2007 los salarios medios reales crecieron 1.9 por ciento al año, o menos, en la mitad de todos los países analizados. No obstante, hubo grandes divergencias regionales. En las naciones industrializadas la media salarial aumentó alrededor de 0.9 por ciento anual. Las cifras comparables fueron de 0.3 por ciento en América latina y el Caribe, 1.7 por ciento en Asia y 14.4 por ciento en la Confederación de Estados Independientes (CEI) y países de Europa central y sudoriental no pertenecientes a la Unión Europea, que se recuperan de las graves reducciones salariales que tuvieron lugar en las primeras fases de la transición económica, tras el derrumbe de la Unión Soviética. “Estas divergencias pueden observarse también entre países. Por ejemplo, el crecimiento real de los salarios fue próximo al cero por ciento en el Japón, España y Estados Unidos, pero alcanzó 10 por ciento anual o más en China, Rusia y Ucrania”.
Durante el periodo 1995-2007, en que el producto interno bruto por habitante creció un punto porcentual, los salarios medios sólo aumentaron 0.75 por ciento. “Esta elasticidad de los salarios confirma que el crecimiento salarial ha sido inferior al del PIB per cápita, y parece ser una prueba fehaciente de que el crecimiento de los salarios reales se ha rezagado con respecto al crecimiento de la productividad. A lo largo del tiempo esta elasticidad ha descendido del 0.8 en 1995-2000 a 0.72 por ciento desde 2001. En alrededor de 70 por ciento de los países se ha observado sistemáticamente una tendencia descendente en la proporción del PIB distribuido a los salarios, en comparación con los beneficios de las empresas y otras formas de ingreso”. Durante los períodos de expansión económica, los salarios crecen más lentamente que el PIB per cápita, mientras que en períodos de recesión caen más rápidamente que el producto por habitante. Cada punto porcentual adicional de descenso del PIB per cápita da lugar a una caída de los salarios del 1.55 por ciento.
Las rebanadas del pastel
De la Unión de Trabajadores de La Prensa, AC: “el pasado 2 de diciembre de 2008 se cumplieron 11 años de la presentación ante la Procuraduría General de Justicia del DF, de una querella por fraude y abuso de confianza en perjuicio de más de 400 cooperativistas, que hizo un grupo de socios de Editora de Periódicos, SCL (que editaba el diario La Prensa en el Distrito Federal), delitos presuntamente cometidos por parte de una docena de personas –encabezadas por Mario Santaella de la Cajiga y Mario Santaella Herrera– que ocupaban los principales puestos directivos hace tres lustros. El juez cuarto de distrito de amparo en materia penal en el DF, Francisco Javier Sarabia Ascencio, concedió el amparo y protección de la justicia a un grupo de socios de la cooperativa en contra de la resolución de la PGJDF, ante su negativa de ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables de esos delitos, argumentando erróneamente que “ya habían prescrito”. De hecho, el juez Sarabia Ascencio ordenó a la PGJDF que ‘deje insubsistente su fallo’ (el inejercicio de la acción penal) y ‘dicte otro’, en el que descarte su dicho de que los delitos están prescritos, pues la figura de la prescripción fue desechada desde el 2000 por el entonces también juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal (en febrero de 2000), sentencia que fue confirmada (diciembre de 2000) por el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, luego del recurso de revisión que interpuso la Procuraduría, por lo que la no prescripción pasó a la categoría de ‘cosa juzgada’. A finales de julio de 1993, todos los activos (tangibles e intangibles) de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, fueron ilegal e indebidamente vendidos al ex banquero Carlos Abedrop Dávila’, en una coinversión con un grupo español de medios, en la cantidad de 80 millones de dólares (unos 280 millones de pesos a valor de entonces). Esta suma millonaria debió repartirse entre todos los socios cooperativistas, lo que no sucedió. Los socios de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, hacemos un llamado al procurador Miguel Mancera, para que instruya a quien corresponda para que perfeccione las averiguaciones previas levantadas con motivo de este fraude y abuso de confianza, y, atendiendo a la última resolución del citado Juez Sarabia Ascencio, sea elaborado el dictamen de consignación y enviado a un juez penal, para que sea éste el que, después de tantos años de andar implorando justicia, determine la culpabilidad de los presuntos responsables, les imponga el castigo que en derecho proceda, y los condene a resarcir el daño ocasionado a más de 400 jefes de familia”.
Luis Hernández Navarro
Othón Salazar: el predicador rojo
Othón Salazar: el predicador rojo
Cuando el pasado 4 de diciembre el corazón le dejó de latir, Othón Salazar tenía 84 años de edad, los riñones dañados y un derrame cerebral reciente, pero aún así estaba dedicado a tratar de reconstruir el partido comunista, levantar la conciencia del pueblo y luchar por el socialismo.
Othón vivió como quiso vivir: como revolucionario. Murió como quiso morir: entre su gente, en una sencilla cama hecha de varas de bambú y petates, enterrado en Alcozauca y con la bandera de la hoz y el martillo, la bandera comunista, en su ataúd. A su viuda, Ester Edita Bazán, le alcanzó a decir antes de irse: “me voy contento porque estuve a tu lado, con la gente, aunque no te dejo nada”.
Sobre advertencia no hay engaño. Ocho años atrás, el maestro declaró: “Si mañana fuera el último día de mi vida, las horas que me restan las entregaría a poner mi grano de arena en la tarea gigantesca de lograr que resurja la izquierda revolucionaria en el país”.
Así lo hizo. Moribundo, seguía con entusiasmo la lucha de los trabajadores de la educación contra la Alianza por la Calidad de la Educación. “Él decía –recuerda su hija– que le recordaban sus tiempos, sus momentos cuando estaba en la lucha y que ojalá los maestros lograran todas sus demandas, que ellos deberían defender sus derechos”.
Nacido el 17 de mayo de 1924 en Alcozauca, Guerrero, en el seno de una familia de campesinos y panaderos, Othón Salazar se enfrentó muy pronto al dilema de escoger entre su temprana vocación de sacerdocio, estimulada por el rector del seminario de Chilapa, o la de convertirse en normalista, apoyada por sus tíos Florencio y Celestino Salazar. Y aunque finalmente se formó como maestro, ateo y comunista, conservó muchos rasgos propios de un hombre religioso. Fue una especie de predicador rojo.
Sin haber hecho nunca un voto de pobreza explícito, a pesar de haber sido dos veces diputado federal y en una presidente municipal de su pueblo, vivió con sencillez y sin lujos. No hizo negocios ni acumuló riquezas. Despojado de sus dos plazas como maestro por su participación sindical, vivió sin empleo fijo, apoyado por sus compañeros de partido o del movimiento, sin seguro social y sin pensión. Fue congruente con sus ideas.
Creyó siempre en las bondades de la palabra y la educación. Orador fuera de serie, aunque de otra época, estaba convencido de que su misión central era la de hacer conciencia, iluminar con el farol de la dignidad la oscuridad del racismo y la abyección, llamar a los oprimidos a levantar la voz y no dejarse.
Normalista rural, primero en Oaxtepec y luego en Ayotzinapa, asistió luego a la Escuela Nacional de Maestros. La educación y la escuela pública debían tener para él una misión liberadora. En ellas se requería enseñar las causas que originan la pobreza y la desigualdad. De allí que, al final de su vida, expresara un profundo pesar con la transformación de los centros de formación para el magisterio en instituciones para preparar sólo enseñadores, y de la conversión de las escuelas en templos del individualismo. Según él, la escuela pública casi había sido ganada por los intereses del capital nacional y extranjero.
Dirigente del Club Estudiantil Normalista de la Juventud Comunista entre 1952 y 1953, presidente del Comité de Huelga de la Escuela Normal Superior de maestros en 1954, líder del magisterio democrático de la sección nueve del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Othón desempeñó un papel clave en la formación de un sujeto magisterial de izquierda. En septiembre de 1958 fue secuestrado por la Policía Federal de Seguridad y torturado en cárceles clandestinas. Estuvo detenido 89 días.
Fue, durante años, uno de los villanos favoritos del régimen. La campaña en su contra fue implacable. En el artículo “El fascismo rojo en la huelga escolar”, aparecido en Excélsior del 2 de mayo de 1958, Rodrigo García Treviño escribió: “en el movimiento otonista anda la mano rusófila (...) si no se arroja de la educación pública a los sovietófilos, no habrá nada capaz de normalizar perdurablemente la situación en ella.” El periódico Tabloide le dedicó su titular del 22 de julio de 1960: “SE LE SUBIÓ LA CUBA LIBRE A OTHÓN SALAZAR. Bien pisto, en un mitin, ofreció su incondicional apoyo a Castro Ruz.”
Después de plantearse la posibilidad de pasar a la lucha armada junto con maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y campesinos jaramillistas, se integró finalmente al Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1964, y pasó a formar parte de su Comité Central. Sin embargo, años después, a pesar de su rechazo a la opción político-militar, consideró “la insurgencia armada indígena en Chiapas como uno de los datos de más alta valía y peso histórico para la vida nacional”.
Candidato a gobernador de Guerrero por el PCM en 1980, ganó, siete años después, la presidencia municipal de Alcozauca con las siglas del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Fue el primer edil comunista en México del fin del siglo XX.
Convertido en hombre de partido buscó siempre tener un pie en el movimiento social. “Nunca –dijo refiriéndose a Elba Esther Gordillo– ni en los peores momentos, conocí a una dirigente magisterial sindical con un estado de conciencia tan vendido a los intereses económicos y del gobierno”.
En 1998, decepcionado, renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Argumentó que “mi formación es marxista leninista y ya no encajaba en el ambiente político del PRD. No conozco mayor crimen que el que uno le dé las espaldas a sus ideas, prefiero quedarme silbando en la loma a dejar de luchar por mis ideales”.
Para él, fue un error histórico haber disuelto el PCM. Decía que los métodos de hacer política del PRI y del sol azteca eran semejantes, pues el segundo “no se compromete con una política anticapitalista, como tampoco el PRI; el PRD lo ofrece todo a cambio de conseguir votos. Lo increíble, lo que es público además, es que también en el PRD se compran votos; se compran con dinero, y me pareció que esas formas de hacer política no tenía por qué compartirlas ni directa ni indirectamente”.
En 2003 Othón Salazar, el predicador rojo plebeyo, advirtió: “Quiero merecer de por vida el título de revolucionario”. Nadie podrá negar que con justicia y congruencia se ganó esa dignidad nobiliaria.
Othón vivió como quiso vivir: como revolucionario. Murió como quiso morir: entre su gente, en una sencilla cama hecha de varas de bambú y petates, enterrado en Alcozauca y con la bandera de la hoz y el martillo, la bandera comunista, en su ataúd. A su viuda, Ester Edita Bazán, le alcanzó a decir antes de irse: “me voy contento porque estuve a tu lado, con la gente, aunque no te dejo nada”.
Sobre advertencia no hay engaño. Ocho años atrás, el maestro declaró: “Si mañana fuera el último día de mi vida, las horas que me restan las entregaría a poner mi grano de arena en la tarea gigantesca de lograr que resurja la izquierda revolucionaria en el país”.
Así lo hizo. Moribundo, seguía con entusiasmo la lucha de los trabajadores de la educación contra la Alianza por la Calidad de la Educación. “Él decía –recuerda su hija– que le recordaban sus tiempos, sus momentos cuando estaba en la lucha y que ojalá los maestros lograran todas sus demandas, que ellos deberían defender sus derechos”.
Nacido el 17 de mayo de 1924 en Alcozauca, Guerrero, en el seno de una familia de campesinos y panaderos, Othón Salazar se enfrentó muy pronto al dilema de escoger entre su temprana vocación de sacerdocio, estimulada por el rector del seminario de Chilapa, o la de convertirse en normalista, apoyada por sus tíos Florencio y Celestino Salazar. Y aunque finalmente se formó como maestro, ateo y comunista, conservó muchos rasgos propios de un hombre religioso. Fue una especie de predicador rojo.
Sin haber hecho nunca un voto de pobreza explícito, a pesar de haber sido dos veces diputado federal y en una presidente municipal de su pueblo, vivió con sencillez y sin lujos. No hizo negocios ni acumuló riquezas. Despojado de sus dos plazas como maestro por su participación sindical, vivió sin empleo fijo, apoyado por sus compañeros de partido o del movimiento, sin seguro social y sin pensión. Fue congruente con sus ideas.
Creyó siempre en las bondades de la palabra y la educación. Orador fuera de serie, aunque de otra época, estaba convencido de que su misión central era la de hacer conciencia, iluminar con el farol de la dignidad la oscuridad del racismo y la abyección, llamar a los oprimidos a levantar la voz y no dejarse.
Normalista rural, primero en Oaxtepec y luego en Ayotzinapa, asistió luego a la Escuela Nacional de Maestros. La educación y la escuela pública debían tener para él una misión liberadora. En ellas se requería enseñar las causas que originan la pobreza y la desigualdad. De allí que, al final de su vida, expresara un profundo pesar con la transformación de los centros de formación para el magisterio en instituciones para preparar sólo enseñadores, y de la conversión de las escuelas en templos del individualismo. Según él, la escuela pública casi había sido ganada por los intereses del capital nacional y extranjero.
Dirigente del Club Estudiantil Normalista de la Juventud Comunista entre 1952 y 1953, presidente del Comité de Huelga de la Escuela Normal Superior de maestros en 1954, líder del magisterio democrático de la sección nueve del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Othón desempeñó un papel clave en la formación de un sujeto magisterial de izquierda. En septiembre de 1958 fue secuestrado por la Policía Federal de Seguridad y torturado en cárceles clandestinas. Estuvo detenido 89 días.
Fue, durante años, uno de los villanos favoritos del régimen. La campaña en su contra fue implacable. En el artículo “El fascismo rojo en la huelga escolar”, aparecido en Excélsior del 2 de mayo de 1958, Rodrigo García Treviño escribió: “en el movimiento otonista anda la mano rusófila (...) si no se arroja de la educación pública a los sovietófilos, no habrá nada capaz de normalizar perdurablemente la situación en ella.” El periódico Tabloide le dedicó su titular del 22 de julio de 1960: “SE LE SUBIÓ LA CUBA LIBRE A OTHÓN SALAZAR. Bien pisto, en un mitin, ofreció su incondicional apoyo a Castro Ruz.”
Después de plantearse la posibilidad de pasar a la lucha armada junto con maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y campesinos jaramillistas, se integró finalmente al Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1964, y pasó a formar parte de su Comité Central. Sin embargo, años después, a pesar de su rechazo a la opción político-militar, consideró “la insurgencia armada indígena en Chiapas como uno de los datos de más alta valía y peso histórico para la vida nacional”.
Candidato a gobernador de Guerrero por el PCM en 1980, ganó, siete años después, la presidencia municipal de Alcozauca con las siglas del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Fue el primer edil comunista en México del fin del siglo XX.
Convertido en hombre de partido buscó siempre tener un pie en el movimiento social. “Nunca –dijo refiriéndose a Elba Esther Gordillo– ni en los peores momentos, conocí a una dirigente magisterial sindical con un estado de conciencia tan vendido a los intereses económicos y del gobierno”.
En 1998, decepcionado, renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Argumentó que “mi formación es marxista leninista y ya no encajaba en el ambiente político del PRD. No conozco mayor crimen que el que uno le dé las espaldas a sus ideas, prefiero quedarme silbando en la loma a dejar de luchar por mis ideales”.
Para él, fue un error histórico haber disuelto el PCM. Decía que los métodos de hacer política del PRI y del sol azteca eran semejantes, pues el segundo “no se compromete con una política anticapitalista, como tampoco el PRI; el PRD lo ofrece todo a cambio de conseguir votos. Lo increíble, lo que es público además, es que también en el PRD se compran votos; se compran con dinero, y me pareció que esas formas de hacer política no tenía por qué compartirlas ni directa ni indirectamente”.
En 2003 Othón Salazar, el predicador rojo plebeyo, advirtió: “Quiero merecer de por vida el título de revolucionario”. Nadie podrá negar que con justicia y congruencia se ganó esa dignidad nobiliaria.
Arturo Alcalde Justiniani
El exterminio como política laboral
La decisión del gobierno mexicano de congelar las cuentas bancarias del sindicato nacional minero metalúrgico y la detención de Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, integrantes de su directiva, en condición de rehenes, encuentra como penoso antecedente la actitud represiva de las dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta, cuando con dicha intervención buscaban exterminar a los disidentes. Mal haríamos en dejar pasar estas decisiones de Estado que exhiben la gigantesca influencia de Germán Larrea, dueño de Grupo Minera México. Se trata de una estrategia de destrucción del gremio más representativo de la industria minero metalúrgica del país que descalifica a quien tiene como encargo la preservación del estado de derecho. Es preocupante que tales hechos no generen en nuestro país la suficiente denuncia pública. No cabe duda que nos estamos acostumbrando a toda clase de agravios sin la reacción debida.
Desde aquel 17 de febrero de 2006, día en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) canceló la toma de nota del comité ejecutivo de este gremio sustentado en firmas falsas, se ha repetido una serie de actos que acreditan la voluntad gubernamental de doblegar a la organización a toda costa; declaraciones de inexistencia de huelga, abierta promoción de un sindicato blanco, extorsión y soborno a representantes seccionales, cierres artificiales de centros de trabajo, persecución y encarcelamiento de dirigentes, violencia de diverso tipo que ha provocado varias muertes; todo perfila a una estrategia de aniquilamiento que ha merecido la condena internacional y que sólo se ha visto contenida, en parte, por la resistencia de los mineros, la solidaridad internacional y resoluciones del Poder Judicial federal en juicios de amparo. La evidente desesperación del gobierno por no lograr someter a los trabajadores lo ha llevado a ampliar su estrategia en coordinación con el Grupo Minera México, hasta los más recónditos lugares de las minas y centros de producción, convocando a la complicidad de gobernadores del norte del país, empresarios con cuentas pendientes y a las viejas centrales corporativas del Congreso del Trabajo, quienes no han levantado un dedo en defensa de su antiguo aliado; algunos hasta festejan estos golpes.
En otro ámbito, se reproduce con el mismo ímpetu exterminador la decisión de destruir al gremio de profesionistas y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sus líderes fueron despedidos y sacados con lujo de violencia de sus centros de trabajo, y sus afiliados, uno a uno, presionados para que renuncien a su organización, que desde hace siete meses espera su registro legal de la STPS. Una acción represiva que en boca de sus operadores dice cumplir órdenes del director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, que por la rudeza y contundencia de los mecanismos utilizados parece avalado por la autorización presidencial. El texto de las renuncias impuestas por los propios funcionarios de Pemex como condición para recuperar o mantener el empleo dan cuenta de una crueldad sin límites. Los trabajadores, en ocasiones acompañados de notarios, se han visto forzados a presentar su salida del sindicato expresando en diversos textos: “renuncio porque deseo mantener el empleo y la seguridad de mi familia”, “renuncio porque necesito el servicio médico”. Al parecer, la dirección de Pemex no está confiada únicamente en la posibilidad de una negativa del registro sindical, que podría ser combatida por la vía del amparo, exige arrancar de raíz la organización democrática, considerando que la libre asociación de los profesionistas y técnicos, que sostienen en buena parte la operación de la empresa y que han dado muestra de su responsabilidad y compromiso laboral, son un enemigo a vencer.
Esta política laboral también tiene su expresión en el plano económico, en temas que son fundamentales para la población trabajadora como es la definición salarial. Tienen razón quienes afirman que la política salarial exhibe el rostro de un gobierno. Para este año, la intención evidente de las autoridades es regresar a los criterios de los años noventa, fijando los salarios mínimos (SM) por debajo de la inflación. El argumento es falaz: “determinamos los salarios mínimos con base en la inflación esperada”, cuando es el propio gobierno federal quien realiza dicho cálculo, ignorando el diferencial que realmente se genera al final del periodo anual. En diciembre de 2007 se fijó un incremento a los SM de 4 por ciento, suponiendo que durante el año 2008 la inflación sería de 3 por ciento. Concluido este año, se confirma que el cálculo falló y la inflación real será superior al 6 por ciento, el doble de lo calculado. ¿Quién paga la diferencia? Lo coherente sería recuperarla, si se quiere mantener el discurso de la inflación esperada. Todo indica que en los próximos días se fijarán los SM aplicables para el próximo año soslayando esta deuda y repitiendo la maniobra. Se fijarán seguramente, entre 4.5 y 5 por ciento, alegando que se espera una inflación para 2009 de 3.5 por ciento. El tonto que se los crea.
De cumplirse la amenaza gubernamental de fijar los SM en el rango señalado, significaría que tan sólo en este periodo, se perderían dos puntos porcentuales que equivalen a casi la mitad del incremento que aparentemente ha decidido imponer el gobierno federal. Este tipo de decisiones contrasta con la abierta actitud de salvamento de los grandes grupos industriales y financieros a quienes se han abierto las puertas de la banca de desarrollo para que obtengan respaldo y superen “los escollos de la crisis”. No se sugiere, obviamente, que el gobierno abdique de su papel regulador y de apoyo a las fuentes de trabajo para evitar el desempleo; se reclama mantener una actitud equivalente, e incluso preferente, ante la población económicamente más débil, que sólo tiene su precario salario para intentar salvarse.
El exterminio como política laboral
La decisión del gobierno mexicano de congelar las cuentas bancarias del sindicato nacional minero metalúrgico y la detención de Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, integrantes de su directiva, en condición de rehenes, encuentra como penoso antecedente la actitud represiva de las dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta, cuando con dicha intervención buscaban exterminar a los disidentes. Mal haríamos en dejar pasar estas decisiones de Estado que exhiben la gigantesca influencia de Germán Larrea, dueño de Grupo Minera México. Se trata de una estrategia de destrucción del gremio más representativo de la industria minero metalúrgica del país que descalifica a quien tiene como encargo la preservación del estado de derecho. Es preocupante que tales hechos no generen en nuestro país la suficiente denuncia pública. No cabe duda que nos estamos acostumbrando a toda clase de agravios sin la reacción debida.
Desde aquel 17 de febrero de 2006, día en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) canceló la toma de nota del comité ejecutivo de este gremio sustentado en firmas falsas, se ha repetido una serie de actos que acreditan la voluntad gubernamental de doblegar a la organización a toda costa; declaraciones de inexistencia de huelga, abierta promoción de un sindicato blanco, extorsión y soborno a representantes seccionales, cierres artificiales de centros de trabajo, persecución y encarcelamiento de dirigentes, violencia de diverso tipo que ha provocado varias muertes; todo perfila a una estrategia de aniquilamiento que ha merecido la condena internacional y que sólo se ha visto contenida, en parte, por la resistencia de los mineros, la solidaridad internacional y resoluciones del Poder Judicial federal en juicios de amparo. La evidente desesperación del gobierno por no lograr someter a los trabajadores lo ha llevado a ampliar su estrategia en coordinación con el Grupo Minera México, hasta los más recónditos lugares de las minas y centros de producción, convocando a la complicidad de gobernadores del norte del país, empresarios con cuentas pendientes y a las viejas centrales corporativas del Congreso del Trabajo, quienes no han levantado un dedo en defensa de su antiguo aliado; algunos hasta festejan estos golpes.
En otro ámbito, se reproduce con el mismo ímpetu exterminador la decisión de destruir al gremio de profesionistas y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sus líderes fueron despedidos y sacados con lujo de violencia de sus centros de trabajo, y sus afiliados, uno a uno, presionados para que renuncien a su organización, que desde hace siete meses espera su registro legal de la STPS. Una acción represiva que en boca de sus operadores dice cumplir órdenes del director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, que por la rudeza y contundencia de los mecanismos utilizados parece avalado por la autorización presidencial. El texto de las renuncias impuestas por los propios funcionarios de Pemex como condición para recuperar o mantener el empleo dan cuenta de una crueldad sin límites. Los trabajadores, en ocasiones acompañados de notarios, se han visto forzados a presentar su salida del sindicato expresando en diversos textos: “renuncio porque deseo mantener el empleo y la seguridad de mi familia”, “renuncio porque necesito el servicio médico”. Al parecer, la dirección de Pemex no está confiada únicamente en la posibilidad de una negativa del registro sindical, que podría ser combatida por la vía del amparo, exige arrancar de raíz la organización democrática, considerando que la libre asociación de los profesionistas y técnicos, que sostienen en buena parte la operación de la empresa y que han dado muestra de su responsabilidad y compromiso laboral, son un enemigo a vencer.
Esta política laboral también tiene su expresión en el plano económico, en temas que son fundamentales para la población trabajadora como es la definición salarial. Tienen razón quienes afirman que la política salarial exhibe el rostro de un gobierno. Para este año, la intención evidente de las autoridades es regresar a los criterios de los años noventa, fijando los salarios mínimos (SM) por debajo de la inflación. El argumento es falaz: “determinamos los salarios mínimos con base en la inflación esperada”, cuando es el propio gobierno federal quien realiza dicho cálculo, ignorando el diferencial que realmente se genera al final del periodo anual. En diciembre de 2007 se fijó un incremento a los SM de 4 por ciento, suponiendo que durante el año 2008 la inflación sería de 3 por ciento. Concluido este año, se confirma que el cálculo falló y la inflación real será superior al 6 por ciento, el doble de lo calculado. ¿Quién paga la diferencia? Lo coherente sería recuperarla, si se quiere mantener el discurso de la inflación esperada. Todo indica que en los próximos días se fijarán los SM aplicables para el próximo año soslayando esta deuda y repitiendo la maniobra. Se fijarán seguramente, entre 4.5 y 5 por ciento, alegando que se espera una inflación para 2009 de 3.5 por ciento. El tonto que se los crea.
De cumplirse la amenaza gubernamental de fijar los SM en el rango señalado, significaría que tan sólo en este periodo, se perderían dos puntos porcentuales que equivalen a casi la mitad del incremento que aparentemente ha decidido imponer el gobierno federal. Este tipo de decisiones contrasta con la abierta actitud de salvamento de los grandes grupos industriales y financieros a quienes se han abierto las puertas de la banca de desarrollo para que obtengan respaldo y superen “los escollos de la crisis”. No se sugiere, obviamente, que el gobierno abdique de su papel regulador y de apoyo a las fuentes de trabajo para evitar el desempleo; se reclama mantener una actitud equivalente, e incluso preferente, ante la población económicamente más débil, que sólo tiene su precario salario para intentar salvarse.
Crean fuerza multinacional para rastrear fondos de colombianos estafados con pirámides
Acepta hijo del presidente Uribe nexos con firma defraudadora
■ La empresa Salvarte tuvo una “pequeña relación” con DMG, intervenida por el gobierno
Afp, Notimex y Reuters
Bogotá, 5 de diciembre. Jerónimo, hijo del presidente colombiano Álvaro Uribe, admitió haber sostenido una relación comercial con una empresa de la comercializadora DMG, intervenida por el gobierno tras haber defraudado a millones de pequeños inversionistas y a la cual la fiscalía acusa de lavar dinero del narcotráfico, informó el semanario Cambio.
De forma paralela, la policía local dio a conocer que se ha creado una fuerza multinacional, integrada por autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos, para rastrear los fondos de las firmas captadoras de dinero que, bajo el sistema de las denominadas pirámides, sirvieron para estafar a los colombianos que ahorraban ahí, de modo que se buscará recuperar esos recursos y resarcir en alguna medida el daño causado.
La empresa de artesanías Salvarte, propiedad de Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del gobernante, estuvo en diciembre de 2006 en el lanzamiento del canal Body Channel, propiedad de la polémica DMG, según la publicación, cuya última edición comenzó a circular este viernes. “Yo le entregué ropa de Salvarte para que la mostrara en el acto”, afirmó el vástago del presidente, quien aseguró que por ello no recibió “pago alguno”.
Cuestionados
“Cambio hizo contacto telefónico con Jerónimo Uribe, quien aceptó haber tenido una ‘pequeña relación comercial’ con (Daniel) Ángel –relacionista de DMG– y por intermedio de éste con Body Channel”, con motivo del lanzamiento del canal. Tanto Jerónimo como Tomás habían sido cuestionados en un reciente artículo de prensa por su participación en diversos negocios.
Sin embargo, la versión fue desmentida posteriormente por los hijos del gobernante en una carta enviada la noche del viernes a la revista.
“En ningún momento hemos tenido relación comercial con el señor Daniel Ángel ni con la empresa de televisión Body Channel. La cita que la revista publica es falsa. No hemos hecho ninguna transacción, acuerdo, venta, convenio u otro que configure relación comercial con Body Channel”, señalaron.
“El señor Daniel Ángel no nos ofreció publicidad ni dinero como contraprestación por la ropa prestada para el desfile de Body Channel. Reiteramos que no le facturamos absolutamente ningún bien o servicio a Body Channel”, aseguraron Tomás y Jerónimo Uribe en su declaración.
Hace una semana el presidente Uribe denunció una campaña calumniosa contra su familia para relacionarla con financieras acusadas de estafa y lavado de dinero del narcotráfico. “Ha habido tráfico de calumnias contra el buen nombre de la familia, por lo que me veo obligado a denunciar ante los colombianos”, dijo entonces, y que a petición de la oposición entregaba a la justicia todas sus declaraciones de impuestos y las de sus dos hijos.
A mediados de noviembre el empresario colombiano David Murcia, dueño de DMG, fue arrestado en Bogotá tras ser deportado de Panamá, donde vivía con lujos y extravagancias, y en su comparecencia ante un juez rechazó los cargos de lavado de activos que le imputó la fiscalía. Pero el hecho desencadenó protestas en Bogotá y municipios del sur del país, donde miles de clientes de DMG dieron su apoyo a Murcia, cuya firma pagaba rendimientos de hasta 150 por ciento en depósitos a seis meses.
Las autoridades creen que DMG funcionaba con el esquema fraudulento de las pirámides, organismos que ofrecen altísimos rendimientos en pocos meses, usando dinero invertido por sus clientes, hasta que quiebra por fraudes a los ahorristas. Tales firmas actuaban fuera del sistema bancario legal y eran operadas por particulares en más de 20 localidades de Colombia.
El director de la policía colombiana, general Óscar Naranjo, declaró en ese contexto que “hemos agilizado una especie de frente multinacional, de varias agencias estadunidenses y autoridades panameñas, para el rastreo de ese dinero, que hoy es la prioridad”. El plan, abundó, es ubicar los bienes de las empresas implicadas, incluida la internacional DMG, con el objetivo de devolver los recursos a quienes fueron defraudados.
En otros hechos, se reportó que ocho policías murieron y uno resultó herido este viernes en un ataque con explosivos de la guerrilla, presumiblemente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una emboscada en una zona rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca, región ganadera y petrolera fronteriza con Venezuela.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó el hecho de ataque “terrorista cobarde”, al afirmar que “esa no es forma de combatir”. En declaraciones a periodistas aseveró, sin embargo, no descartar que la acción hubiera podido ser obra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia que opera en el país.
El hecho se da dos días después de que las FARC atacaran otra patrulla policial en una región del departamento de Nariño (suroeste) que horas antes fue visitada por Lina Moreno, esposa del presidente Álvaro Uribe, donde resultaron heridos dos policías.
El ministro Santos subrayó que las FARC no quieren negociar con el gobierno, pese a la disposición de éste. “No han dado ninguna señal de querer negociar cuando la mano del gobierno sigue tendida para una negociación de paz”, expresó Santos, quien aseguró que los golpes militares recibidos este año por ese grupo los han debilitado, y aseguró que 2008 fue el peor año para ellos y que ahora sobreviven en condiciones precarias.
Según los cálculos del ministerio, las FARC actualmente cuentan con 7 mil combatientes. Organismos no gubernamentales consideran, por su parte, que tienen aproximadamente 10 mil hombres.
No obstante, reportes de prensa aseguran que el año pasado al menos 467 efectivos de las fuerzas armadas murieron en ataques atribuidos a la insurgencia, y en lo que va de 2008 la cifra asciende a más de 330. Asimismo, apuntan que pese a la ofensiva gubernamental y al fuerte apoyo estadunidense a la política de seguridad de Uribe, la guerrilla aún mantiene presencia en regiones estratégicas militarmente y para la producción y tráfico de drogas.
Acepta hijo del presidente Uribe nexos con firma defraudadora
■ La empresa Salvarte tuvo una “pequeña relación” con DMG, intervenida por el gobierno
Afp, Notimex y Reuters
Bogotá, 5 de diciembre. Jerónimo, hijo del presidente colombiano Álvaro Uribe, admitió haber sostenido una relación comercial con una empresa de la comercializadora DMG, intervenida por el gobierno tras haber defraudado a millones de pequeños inversionistas y a la cual la fiscalía acusa de lavar dinero del narcotráfico, informó el semanario Cambio.
De forma paralela, la policía local dio a conocer que se ha creado una fuerza multinacional, integrada por autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos, para rastrear los fondos de las firmas captadoras de dinero que, bajo el sistema de las denominadas pirámides, sirvieron para estafar a los colombianos que ahorraban ahí, de modo que se buscará recuperar esos recursos y resarcir en alguna medida el daño causado.
La empresa de artesanías Salvarte, propiedad de Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del gobernante, estuvo en diciembre de 2006 en el lanzamiento del canal Body Channel, propiedad de la polémica DMG, según la publicación, cuya última edición comenzó a circular este viernes. “Yo le entregué ropa de Salvarte para que la mostrara en el acto”, afirmó el vástago del presidente, quien aseguró que por ello no recibió “pago alguno”.
Cuestionados
“Cambio hizo contacto telefónico con Jerónimo Uribe, quien aceptó haber tenido una ‘pequeña relación comercial’ con (Daniel) Ángel –relacionista de DMG– y por intermedio de éste con Body Channel”, con motivo del lanzamiento del canal. Tanto Jerónimo como Tomás habían sido cuestionados en un reciente artículo de prensa por su participación en diversos negocios.
Sin embargo, la versión fue desmentida posteriormente por los hijos del gobernante en una carta enviada la noche del viernes a la revista.
“En ningún momento hemos tenido relación comercial con el señor Daniel Ángel ni con la empresa de televisión Body Channel. La cita que la revista publica es falsa. No hemos hecho ninguna transacción, acuerdo, venta, convenio u otro que configure relación comercial con Body Channel”, señalaron.
“El señor Daniel Ángel no nos ofreció publicidad ni dinero como contraprestación por la ropa prestada para el desfile de Body Channel. Reiteramos que no le facturamos absolutamente ningún bien o servicio a Body Channel”, aseguraron Tomás y Jerónimo Uribe en su declaración.
Hace una semana el presidente Uribe denunció una campaña calumniosa contra su familia para relacionarla con financieras acusadas de estafa y lavado de dinero del narcotráfico. “Ha habido tráfico de calumnias contra el buen nombre de la familia, por lo que me veo obligado a denunciar ante los colombianos”, dijo entonces, y que a petición de la oposición entregaba a la justicia todas sus declaraciones de impuestos y las de sus dos hijos.
A mediados de noviembre el empresario colombiano David Murcia, dueño de DMG, fue arrestado en Bogotá tras ser deportado de Panamá, donde vivía con lujos y extravagancias, y en su comparecencia ante un juez rechazó los cargos de lavado de activos que le imputó la fiscalía. Pero el hecho desencadenó protestas en Bogotá y municipios del sur del país, donde miles de clientes de DMG dieron su apoyo a Murcia, cuya firma pagaba rendimientos de hasta 150 por ciento en depósitos a seis meses.
Las autoridades creen que DMG funcionaba con el esquema fraudulento de las pirámides, organismos que ofrecen altísimos rendimientos en pocos meses, usando dinero invertido por sus clientes, hasta que quiebra por fraudes a los ahorristas. Tales firmas actuaban fuera del sistema bancario legal y eran operadas por particulares en más de 20 localidades de Colombia.
El director de la policía colombiana, general Óscar Naranjo, declaró en ese contexto que “hemos agilizado una especie de frente multinacional, de varias agencias estadunidenses y autoridades panameñas, para el rastreo de ese dinero, que hoy es la prioridad”. El plan, abundó, es ubicar los bienes de las empresas implicadas, incluida la internacional DMG, con el objetivo de devolver los recursos a quienes fueron defraudados.
En otros hechos, se reportó que ocho policías murieron y uno resultó herido este viernes en un ataque con explosivos de la guerrilla, presumiblemente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una emboscada en una zona rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca, región ganadera y petrolera fronteriza con Venezuela.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó el hecho de ataque “terrorista cobarde”, al afirmar que “esa no es forma de combatir”. En declaraciones a periodistas aseveró, sin embargo, no descartar que la acción hubiera podido ser obra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia que opera en el país.
El hecho se da dos días después de que las FARC atacaran otra patrulla policial en una región del departamento de Nariño (suroeste) que horas antes fue visitada por Lina Moreno, esposa del presidente Álvaro Uribe, donde resultaron heridos dos policías.
El ministro Santos subrayó que las FARC no quieren negociar con el gobierno, pese a la disposición de éste. “No han dado ninguna señal de querer negociar cuando la mano del gobierno sigue tendida para una negociación de paz”, expresó Santos, quien aseguró que los golpes militares recibidos este año por ese grupo los han debilitado, y aseguró que 2008 fue el peor año para ellos y que ahora sobreviven en condiciones precarias.
Según los cálculos del ministerio, las FARC actualmente cuentan con 7 mil combatientes. Organismos no gubernamentales consideran, por su parte, que tienen aproximadamente 10 mil hombres.
No obstante, reportes de prensa aseguran que el año pasado al menos 467 efectivos de las fuerzas armadas murieron en ataques atribuidos a la insurgencia, y en lo que va de 2008 la cifra asciende a más de 330. Asimismo, apuntan que pese a la ofensiva gubernamental y al fuerte apoyo estadunidense a la política de seguridad de Uribe, la guerrilla aún mantiene presencia en regiones estratégicas militarmente y para la producción y tráfico de drogas.
primera plana
Narco mexicano se extiende en ALInvadió empresas, corporaciones y la vida política en países de la región
Silvia murió, dice testigo a PGRLa Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que cuenta con datos que refieren la ubicación de un domicilio donde, según testimonios, “fue privada de la vida” Silvia Vargas Escalera, hija del ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Nelson Vargas
Partidos afinan sus estrategias para 2009Las tres principales fuerzas políticas del país, PAN, PRI y PRD, ajustan los engranes de sus respectivas maquinarias, en un esfuerzo final para conquistar los mil 628 cargos de elección popular que estarán en disputa en 13 estados, incluyendo el Distrito Federal, a lo largo de 2009
En Cámara, PFP cuida aguinaldosPolicías Federales Preventivos con armas largas vigilan adentro y afuera de la Cámara de Diputados, ante la amenaza permanente de un asalto a los millones de pesos que se tienen en bóveda para el pago de aguinaldos, facturas y gratificaciones
Hacen obligatorio renovar ‘tarjetón’A partir del próximo año será obligatorio para los propietarios de más de 3 millones de automotores que circulan en la ciudad tramitar un nuevo tarjetón vehicular que tan sólo para autos particulares costará 200 pesos
México SCT aplica sanciones a escuelas de aviaciónPreparan ‘máquinas’ para carrera electoralUn ojo críticoGobiernos intensifican cooperaciónEn Cámara, PFP cuida aguinaldosAcoso del narco mexicano en ALBalean a policías en retén de MexicaliPFP indaga a más funcionariosArranca el Teletón con un llamado a la solidaridadColombia inició caída de mandos‘El Rey’ espiaba a rivales desde SSPMe duele plasmar violencia: Naranjo“México verá un EU más sensible”Silvia murió, dice testigo a PGR
El MundoCentroamérica combate crisisMuertos y crucificados en protesta paraguayaMuere patriarca de iglesia rusaChávez, una década en el poderUna triste NavidadBush reflexiona sobre su mandatoIndigna a islámicos muñequito terrorista‘La pantera rosa’ asalta una joyería en París
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Hacen obligatorio renovar ‘tarjetón’A partir del próximo año será obligatorio para los propietarios de más de 3 millones de automotores que circulan en la ciudad tramitar un nuevo tarjetón vehicular que tan sólo para autos particulares costará 200 pesos
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México sin empleo
Ciro Murayama
Estamos lejos de haber entendido el hecho de que el trabajo es lo que volvió humana a nuestra especie (…), la especie se extinguiría mucho más rápido sin trabajo que sin copulación”, sentencia con precisión el historiador John Womack Jr., relevante en nuestras ciencias sociales por su clásico libro sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, en su reciente obra Posición estratégica y fuerza obrera. Historia de los movimientos obreros (Fondo de Cultura Económica).
Y en efecto, el trabajo sigue siendo la actividad primordial de la que depende el acceso del grueso de la humanidad a la satisfacción de las necesidades básicas. Es también el caso en nuestro país: cómo se trabaja, en dónde, cuánto tiempo, en qué entorno, es lo que al final condiciona la calidad de vida de los individuos y sus familias.
Sin trabajo no hay sustento, no hay supervivencia, no hay futuro.
Por ello no deja de causar sorpresa la poca atención real que en los últimos lustros le hemos concedido como sociedad al tema del trabajo y a la erosión de la calidad del empleo en el país. Desde la conducción económica, la prioridad se mantuvo en los equilibrios macroeconómicos nominales (inflación, tipo de cambio, tasas de interés, finanzas públicas), pero no en el empleo y en las remuneraciones de la población; en el discurso político, se habla de empleo sólo en época de campañas electorales, e incluso la izquierda partidista se desconectó de la agenda laboral; el sindicalismo se hace cada vez más marginal; y basta ver la producción en el campo académico para reconocer que el tema del empleo recibe desde hace tiempo escasa atención.
Quizá uno de los saldos negativos de nuestra transición política radique en esta pérdida de norte, en haber colocado en un plano distante al empleo en las prioridades de gobiernos, de actores políticos y sociales, en la reflexión de los intelectuales. Discutimos mucho el reparto del poder político y el acceso al mismo, pero hemos descuidado lo básico, la preocupación por el trabajo como la actividad en la que se juega el bienestar diario de la población.
En medio de esa distracción general, el empleo se ha visto trastocado en estos años de cambio profundo que marcaron nuestra mudanza de siglo. Veamos algunos indicadores básicos.
En primer lugar, ha crecido la oferta de trabajo, de tal suerte que el número de mexicanos y, sobre todo, de mexicanas que desean aportar su energía y capacidades a la generación de riqueza en el país se amplió a ritmo veloz (la Población Económicamente Activa aumentó en más de 50% del inicio de la década pasada a nuestros días).
De los 77.4 millones de personas de 14 años y más que hay en México, 45.5 millones tienen trabajo o lo buscan: nunca en la historia nacional habíamos tenido tanta gente queriendo trabajar. La tasa de participación (personas que trabajan o desean trabajar sobre el total de la población en edad de trabajar) es de 59%. Hace tres décadas era de 51%.
De esta manera México se asemeja a los países desarrollados en lo que se refiere a la disposición relativa de la población de sumarse al mercado de trabajo.
Lo espectacular del incremento se debe no sólo a la dinámica demográfica (que sin duda ha contribuido porque casi dos terceras partes del incremento poblacional se concentran en personas en edad de trabajar), sino a las decisiones de las mujeres: si al inicio de los años 70 sólo buscaban incorporarse a la ocupación tres de cada 10 mujeres, ya eran 37% al comenzar el siglo y hoy en día lo hace 41%.
La mujer ha abandonado el rol tradicional como trabajadora en su hogar y se incorpora al empleo pero, como veremos, lo hace a uno más precario.
En el tercer trimestre de 2008, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el INEGI, indica que en el país hay 43.6 millones de trabajadores. De ellos, 28.65 millones son subordinados (65%), laboran para un patrón. Y sólo 53% cuenta con un contrato escrito. La inseguridad en el empleo es más acusada para las mujeres: 57% de ellas no tiene contrato escrito.
Algo similar ocurre con el acceso a las instituciones de salud, que la ley garantiza a todos los trabajadores pero que lejos está de la realidad: sólo 55% de quienes prestan sus servicios laborales a un empleador cuenta con algún tipo de seguridad social. La precariedad laboral traducida en carencia de los derechos asociados al trabajo no sólo se limita a los trabajadores subordinados: para octubre de este año, el IMSS tenía registrados a 14 millones y medio de trabajadores cotizantes, apenas una tercera parte del total de ocupados en el país.
Diecisiete millones de trabajadores subordinados ganan hasta tres salarios mínimos. Así, seis de cada 10 ocupados llevan a su casa, al día, hasta 150 pesos. Pero 2 millones 165 mil trabajadores apenas reúnen un salario mínimo (algo más de 50 pesos, lo que implica que si su familia es de tamaño promedio, de 4.5 habitantes, el ingreso per cápita se encuentra por debajo del dólar al día, que se suele usar como referencia internacional para catalogar al individuo en una situación de pobreza extrema).
Una vez más, el panorama es más sombrío para la mujer trabajadora: 65 de cada 100 mujeres no ganan más de tres salarios mínimos.
Sólo 13% de los trabajadores subordinados gana cinco o más salarios mínimos. Puede afirmarse, así, que apenas uno de cada ocho trabajadores percibe arriba de 20 dólares diarios.
El INEGI estima que el salario promedio por hora en México es de 3.3 dólares. Dada la estructura salarial comentada en el párrafo anterior, ello implica que hay un segmento que gana muy por arriba del salario medio. De esta manera las retribuciones al trabajo se encuentran muy polarizadas, por lo que el mercado de trabajo contribuye a que nuestro país se haga más desigual, en vez de que gracias a la ocupación se forje una nación más equitativa. Con todo, el rezago frente a otras economías es inocultable: en Estados Unidos el salario promedio es de 17.6 dólares la hora y en Francia de 15.6 euros.
La expansión de la oferta de trabajo en México, desde hace años, rebasó las capacidades de generación de empleo. De ahí que tengamos como resultado la caída en los salarios, la disparidad en las remuneraciones, la expansión de la informalidad y del trabajo precario, así como de la emigración. Tal era el panorama aun antes de que estallara la más severa crisis de la economía mundial desde 1929, y no hay un sólo indicador que arroje señales venturosas sobre la situación del trabajo en nuestro país.
Esta fotografía de la realidad laboral mexicana no puede explicarse sin analizar cómo se ha desenvuelto la economía nacional en su conjunto: el rezago en creación de empleo formal se debe a la disminución del ritmo de crecimiento económico y a la contracción de la inversión productiva. Será necesario retomar tasas de expansión de la actividad cercanas a 6% para no acrecentar más el déficit de empleo.
La industria, donde trabaja sólo 25% de los ocupados, perdió su capacidad de generar empleo, en parte porque es el sector con mayor cambio tecnológico y también porque los bienes industriales se empezaron a importar. Sin políticas de fomento a la actividad industrial no será factible remontar la incapacidad para generar trabajo asalariado productivo. En el sector servicios se ubica 60% de los trabajadores, pero se trata con frecuencia de ocupaciones de muy baja productividad —como el comercio al pormenor y el grueso de la informalidad— que no contribuyen a que la economía recupere su capacidad de crecer.
Es necesario alinear las estrategias de crecimiento económico en términos de su capacidad para crear ocupación. Por décadas se acumuló un descuido generalizado sobre el empleo, que dejó de ser comprendido como la actividad más relevante de cualquier sociedad humana. En el esfuerzo intelectual que es necesario realizar para ver salida a la crisis en curso, habrá que empezar por colocar al empleo en su lugar de importancia: esa que nos recuerda Womack.
Y en efecto, el trabajo sigue siendo la actividad primordial de la que depende el acceso del grueso de la humanidad a la satisfacción de las necesidades básicas. Es también el caso en nuestro país: cómo se trabaja, en dónde, cuánto tiempo, en qué entorno, es lo que al final condiciona la calidad de vida de los individuos y sus familias.
Sin trabajo no hay sustento, no hay supervivencia, no hay futuro.
Por ello no deja de causar sorpresa la poca atención real que en los últimos lustros le hemos concedido como sociedad al tema del trabajo y a la erosión de la calidad del empleo en el país. Desde la conducción económica, la prioridad se mantuvo en los equilibrios macroeconómicos nominales (inflación, tipo de cambio, tasas de interés, finanzas públicas), pero no en el empleo y en las remuneraciones de la población; en el discurso político, se habla de empleo sólo en época de campañas electorales, e incluso la izquierda partidista se desconectó de la agenda laboral; el sindicalismo se hace cada vez más marginal; y basta ver la producción en el campo académico para reconocer que el tema del empleo recibe desde hace tiempo escasa atención.
Quizá uno de los saldos negativos de nuestra transición política radique en esta pérdida de norte, en haber colocado en un plano distante al empleo en las prioridades de gobiernos, de actores políticos y sociales, en la reflexión de los intelectuales. Discutimos mucho el reparto del poder político y el acceso al mismo, pero hemos descuidado lo básico, la preocupación por el trabajo como la actividad en la que se juega el bienestar diario de la población.
En medio de esa distracción general, el empleo se ha visto trastocado en estos años de cambio profundo que marcaron nuestra mudanza de siglo. Veamos algunos indicadores básicos.
En primer lugar, ha crecido la oferta de trabajo, de tal suerte que el número de mexicanos y, sobre todo, de mexicanas que desean aportar su energía y capacidades a la generación de riqueza en el país se amplió a ritmo veloz (la Población Económicamente Activa aumentó en más de 50% del inicio de la década pasada a nuestros días).
De los 77.4 millones de personas de 14 años y más que hay en México, 45.5 millones tienen trabajo o lo buscan: nunca en la historia nacional habíamos tenido tanta gente queriendo trabajar. La tasa de participación (personas que trabajan o desean trabajar sobre el total de la población en edad de trabajar) es de 59%. Hace tres décadas era de 51%.
De esta manera México se asemeja a los países desarrollados en lo que se refiere a la disposición relativa de la población de sumarse al mercado de trabajo.
Lo espectacular del incremento se debe no sólo a la dinámica demográfica (que sin duda ha contribuido porque casi dos terceras partes del incremento poblacional se concentran en personas en edad de trabajar), sino a las decisiones de las mujeres: si al inicio de los años 70 sólo buscaban incorporarse a la ocupación tres de cada 10 mujeres, ya eran 37% al comenzar el siglo y hoy en día lo hace 41%.
La mujer ha abandonado el rol tradicional como trabajadora en su hogar y se incorpora al empleo pero, como veremos, lo hace a uno más precario.
En el tercer trimestre de 2008, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el INEGI, indica que en el país hay 43.6 millones de trabajadores. De ellos, 28.65 millones son subordinados (65%), laboran para un patrón. Y sólo 53% cuenta con un contrato escrito. La inseguridad en el empleo es más acusada para las mujeres: 57% de ellas no tiene contrato escrito.
Algo similar ocurre con el acceso a las instituciones de salud, que la ley garantiza a todos los trabajadores pero que lejos está de la realidad: sólo 55% de quienes prestan sus servicios laborales a un empleador cuenta con algún tipo de seguridad social. La precariedad laboral traducida en carencia de los derechos asociados al trabajo no sólo se limita a los trabajadores subordinados: para octubre de este año, el IMSS tenía registrados a 14 millones y medio de trabajadores cotizantes, apenas una tercera parte del total de ocupados en el país.
Diecisiete millones de trabajadores subordinados ganan hasta tres salarios mínimos. Así, seis de cada 10 ocupados llevan a su casa, al día, hasta 150 pesos. Pero 2 millones 165 mil trabajadores apenas reúnen un salario mínimo (algo más de 50 pesos, lo que implica que si su familia es de tamaño promedio, de 4.5 habitantes, el ingreso per cápita se encuentra por debajo del dólar al día, que se suele usar como referencia internacional para catalogar al individuo en una situación de pobreza extrema).
Una vez más, el panorama es más sombrío para la mujer trabajadora: 65 de cada 100 mujeres no ganan más de tres salarios mínimos.
Sólo 13% de los trabajadores subordinados gana cinco o más salarios mínimos. Puede afirmarse, así, que apenas uno de cada ocho trabajadores percibe arriba de 20 dólares diarios.
El INEGI estima que el salario promedio por hora en México es de 3.3 dólares. Dada la estructura salarial comentada en el párrafo anterior, ello implica que hay un segmento que gana muy por arriba del salario medio. De esta manera las retribuciones al trabajo se encuentran muy polarizadas, por lo que el mercado de trabajo contribuye a que nuestro país se haga más desigual, en vez de que gracias a la ocupación se forje una nación más equitativa. Con todo, el rezago frente a otras economías es inocultable: en Estados Unidos el salario promedio es de 17.6 dólares la hora y en Francia de 15.6 euros.
La expansión de la oferta de trabajo en México, desde hace años, rebasó las capacidades de generación de empleo. De ahí que tengamos como resultado la caída en los salarios, la disparidad en las remuneraciones, la expansión de la informalidad y del trabajo precario, así como de la emigración. Tal era el panorama aun antes de que estallara la más severa crisis de la economía mundial desde 1929, y no hay un sólo indicador que arroje señales venturosas sobre la situación del trabajo en nuestro país.
Esta fotografía de la realidad laboral mexicana no puede explicarse sin analizar cómo se ha desenvuelto la economía nacional en su conjunto: el rezago en creación de empleo formal se debe a la disminución del ritmo de crecimiento económico y a la contracción de la inversión productiva. Será necesario retomar tasas de expansión de la actividad cercanas a 6% para no acrecentar más el déficit de empleo.
La industria, donde trabaja sólo 25% de los ocupados, perdió su capacidad de generar empleo, en parte porque es el sector con mayor cambio tecnológico y también porque los bienes industriales se empezaron a importar. Sin políticas de fomento a la actividad industrial no será factible remontar la incapacidad para generar trabajo asalariado productivo. En el sector servicios se ubica 60% de los trabajadores, pero se trata con frecuencia de ocupaciones de muy baja productividad —como el comercio al pormenor y el grueso de la informalidad— que no contribuyen a que la economía recupere su capacidad de crecer.
Es necesario alinear las estrategias de crecimiento económico en términos de su capacidad para crear ocupación. Por décadas se acumuló un descuido generalizado sobre el empleo, que dejó de ser comprendido como la actividad más relevante de cualquier sociedad humana. En el esfuerzo intelectual que es necesario realizar para ver salida a la crisis en curso, habrá que empezar por colocar al empleo en su lugar de importancia: esa que nos recuerda Womack.
Sábado, 06 de Diciembre de 2008
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