Editorial La Jornada
El pasado viernes, luego de las afectaciones en el suministro eléctrico –que dejaron sin luz a 48 colonias de la capital y a más de 360 mil usuarios de ese servicio, amén de que provocaron accidentes en distintos puntos de la zona centro del país, entre los que se cuentan dos personas electrocutadas–, la propia CFE señaló que se habían desplegado más de 2 mil trabajadores para atender las fallas; puso a disposición del público un número telefónico de emergencia para dar aviso de los apagones, y llamó a tener paciencia
y comprensión
. Hasta ayer, sin embargo, una decena de colonias capitalinas continuaban sin electricidad, según informó la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, en tanto que la línea proporcionada por la CFE, saturada desde el viernes, seguía sin poder atender la totalidad de las quejas de los usuarios.
La circunstancia descrita no sólo pone en entredicho los alegatos oficiales en torno a la eficiencia de clase mundial
de la CFE, sino que también desmiente la campaña de descrédito a la que, desde el gobierno federal, se ha sometido a los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), uno de cuyos componentes centrales ha sido atribuir a ese gremio la responsabilidad por la ineficiencia operativa
de LFC. A más de tres meses de que el Presidente decidió extinguir ese organismo público descentralizado por vía de un decreto, y dejó con ello sin fuente de sustento a más de 44 mil familias, queda claro que las deficiencias en el suministro eléctrico de la zona centro del país se deben fundamentalmente al designio gubernamental de empobrecer a la entidad distribuidora de energía y privarla de los recursos necesarios para modernizar sus instalaciones e infraestructura, así como a la falta de pericia y de conocimiento de los actuales encargados de operar una red de suministro que, con el tiempo, se ha ido volviendo sumamente vasta y compleja.
En adición a lo anterior, la liquidación de LFC y el embate oficialista en contra de su sindicato han abierto un nuevo frente para que el grupo en el poder profundice en su empeño por trasladar tareas y funciones públicas al sector privado, como queda en evidencia con la decisión de delegar a contratistas particulares el suministro de electricidad en al menos tres delegaciones del Distrito Federal. En el momento presente, dicha práctica constituye una insensatez mayúscula por cuanto se otorga a entidades privadas una responsabilidad que claramente no pueden cumplir, al mismo tiempo que se mantiene en la calle a miles de trabajadores electricistas experimentados que, hasta el 11 de octubre pasado, abastecían de fluido eléctrico a la zona centro del país.
Ante la proliferación de cortes a la electricidad y las correspondientes afectaciones a la movilidad y la economía de la capital y las zonas aledañas, es pertinente y necesario que el gobierno federal rectifique una decisión que –hoy es claro– fue tomada sin consideración alguna sobre sus efectos inmediatos. Si para el gobierno es demasiado elevado el costo de revertir el decreto de extinción de LFC, bien haría en atender la propuesta elaborada por el propio SME de recontratar a los miles de trabajadores que aún no han aceptado su liquidación, para atender las fallas registradas y garantizar el suministro eléctrico. La solución deberá tomarse rápido, si no se quiere poner en riesgo la viabilidad de la zona que alberga al corazón político y económico del país.
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