Mesa de análisis presupuestal por la igualdad de género
Anayeli García Martínez
México, D.F., 15 sep 10 (CIMAC).- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) subejerció ocho millones 508 mil pesos, destinados a realizar el Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, y el Programa integral de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Dichos recursos fueron destinados a la Conavim para realizar ambos proyectos, sin embargo, éstos todavía no han sido ejercidos porque, según argumentó la dependencia de la Secretaría de Gobernación (SG)- “la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -contratada para dicho fin- no ha cumplido satisfactoriamente con esta tarea”.
Lo anterior durante la Mesa Interinstitucional para analizar cómo se ejerció el presupuesto por la igualdad de género en 2010 y cómo ajustarlo para el siguiente año, donde Agustín Verduzco Espinoza, director general adjunto de la Conavim, fue cuestionado por las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, quienes les preguntaron por qué no había resultados concretos.
El funcionario argumentó que el 14 de noviembre de 2008, la Conavim y la UNAM, firmaron un convenio por un monto de 18 millones 260 mil pesos para la elaboración del Diagnóstico Nacional y un millón 700 mil pesos para el Programa integral. De éstos recursos (19 millones 960 mil pesos) no se han ejercido ocho millones 508 mil pesos.
LA UNAM ES RESPONSABLE
En la reunión, que ayer se llevó a cabo en San Lázaro, Verduzco Espinoza dijo que la UNAM, a través de la Facultad de Derecho, entregaría “nueve productos” del Diagnóstico Nacional y un anteproyecto de Programa integral; también mencionó que el contrato terminó el 31 de octubre de 2009. La UNAM hizo “una primera entrega” del Diagnóstico y del Programa, el 30 de septiembre del año pasado, por la que le pagaron 11 millones 452 mil pesos. Ante esta información la diputada perredista Teresa Incháustegui Romero preguntó qué sucedía si el proyecto ya tenía dos años sin resultados.
Verduzco Espinoza respondió que ya les habían entregado los resultados del proyecto, sin embargo, éstos no les convencieron, por lo que pidieron a la Conavim, a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SG y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sus observaciones, las cuales fueron entregadas a la máxima casa de estudios.
Pese a ello, el funcionario se justificó diciendo que los ajustes realizados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, tampoco fueron suficientes y por lo tanto, a la fecha el proyecto sigue “estancado”. “Nosotros solicitamos que tres instancias distintas de la UNAM hicieran este dictamen, lo hizo una y se abocó sólo a nuestras observaciones”, por lo tanto el funcionario consideró que no se cumplió con el compromiso que incluía una geo-referenciación y un diagnóstico de cada entidad.
“Hay muchos faltantes de información” dijo, al señalar que el contenido no se ajusta a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 42, que entre otras cosas, dice que le corresponde a la SG, diseñar la política integral con perspectiva de género y formular la coordinación entre los niveles de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Finalmente un tanto molesta, la diputada Incháustegui Romero, también presidenta de la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a los Feminicidios, pidió le explicaran por qué le negaron a la Cámara de Diputados la información de ese Diagnóstico y agregó “todavía tienen la frescura de mandarnos una carta negándolo”. Verduzco Espinoza volvió a defenderse diciendo que la información es confidencial y argumentó que pese a que el contrato concluyó en 2009, el Diagnóstico aún no está concluido, “por lo que no se puede hacer público su contenido”.
DESFALCO A LA HACIENDA PÚBLICA
De acuerdo con la SG, la manera en que se recabó la información a nivel nacional no fue la más idónea, tiene problemas metodológicos y el resultado fue un Diagnóstico que dista de la calidad de dicha institución, “y se lo hemos hecho saber al rector”, señaló el funcionario. Al escuchar todo lo anterior, la diputada priísta Marcela Guerra Castillo, dijo que aprovecharán el Centenario de la UNAM y la comparecencia del rector José Narro Robles, ante la Cámara de Diputados para cuestionarlo sobre este tema. La también secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Marcela Guerra, dijo que no hablaría de un “desfalco” pero sí de un daño a la Hacienda Pública, pues se erogó una cantidad (11 millones 452 mil pesos) a una institución pública que no ha cumplido con un mandato para el que fue contratada.
Precisó que este hecho lo haría del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y enérgicamente arguyó: “ustedes debieron haber informado, es conveniente que hagan que la Universidad cumpla, o de lo contrario, que regrese ese recurso a la Tesorería de la Federación”. Concluyó diciendo que no era posible lapidar los recursos que son tan escasos, menos los que son destinados para las mujeres: “no tenemos Diagnóstico y no tenemos recurso, lo cual es muy grave porque se está incurriendo en una falta al no exigir y dar parte de esto”.
Finalmente pidió a la Conavim que le hiciera llegar expedientes y más información sobre el contrato y los resultados de estos trabajos para tomar cartas en el asunto y advirtió que de ser necesario, auditarán a la UNAM.
México, D.F., 15 sep 10 (CIMAC).- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) subejerció ocho millones 508 mil pesos, destinados a realizar el Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, y el Programa integral de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Dichos recursos fueron destinados a la Conavim para realizar ambos proyectos, sin embargo, éstos todavía no han sido ejercidos porque, según argumentó la dependencia de la Secretaría de Gobernación (SG)- “la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -contratada para dicho fin- no ha cumplido satisfactoriamente con esta tarea”.
Lo anterior durante la Mesa Interinstitucional para analizar cómo se ejerció el presupuesto por la igualdad de género en 2010 y cómo ajustarlo para el siguiente año, donde Agustín Verduzco Espinoza, director general adjunto de la Conavim, fue cuestionado por las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, quienes les preguntaron por qué no había resultados concretos.
El funcionario argumentó que el 14 de noviembre de 2008, la Conavim y la UNAM, firmaron un convenio por un monto de 18 millones 260 mil pesos para la elaboración del Diagnóstico Nacional y un millón 700 mil pesos para el Programa integral. De éstos recursos (19 millones 960 mil pesos) no se han ejercido ocho millones 508 mil pesos.
LA UNAM ES RESPONSABLE
En la reunión, que ayer se llevó a cabo en San Lázaro, Verduzco Espinoza dijo que la UNAM, a través de la Facultad de Derecho, entregaría “nueve productos” del Diagnóstico Nacional y un anteproyecto de Programa integral; también mencionó que el contrato terminó el 31 de octubre de 2009. La UNAM hizo “una primera entrega” del Diagnóstico y del Programa, el 30 de septiembre del año pasado, por la que le pagaron 11 millones 452 mil pesos. Ante esta información la diputada perredista Teresa Incháustegui Romero preguntó qué sucedía si el proyecto ya tenía dos años sin resultados.
Verduzco Espinoza respondió que ya les habían entregado los resultados del proyecto, sin embargo, éstos no les convencieron, por lo que pidieron a la Conavim, a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SG y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sus observaciones, las cuales fueron entregadas a la máxima casa de estudios.
Pese a ello, el funcionario se justificó diciendo que los ajustes realizados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, tampoco fueron suficientes y por lo tanto, a la fecha el proyecto sigue “estancado”. “Nosotros solicitamos que tres instancias distintas de la UNAM hicieran este dictamen, lo hizo una y se abocó sólo a nuestras observaciones”, por lo tanto el funcionario consideró que no se cumplió con el compromiso que incluía una geo-referenciación y un diagnóstico de cada entidad.
“Hay muchos faltantes de información” dijo, al señalar que el contenido no se ajusta a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 42, que entre otras cosas, dice que le corresponde a la SG, diseñar la política integral con perspectiva de género y formular la coordinación entre los niveles de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Finalmente un tanto molesta, la diputada Incháustegui Romero, también presidenta de la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a los Feminicidios, pidió le explicaran por qué le negaron a la Cámara de Diputados la información de ese Diagnóstico y agregó “todavía tienen la frescura de mandarnos una carta negándolo”. Verduzco Espinoza volvió a defenderse diciendo que la información es confidencial y argumentó que pese a que el contrato concluyó en 2009, el Diagnóstico aún no está concluido, “por lo que no se puede hacer público su contenido”.
DESFALCO A LA HACIENDA PÚBLICA
De acuerdo con la SG, la manera en que se recabó la información a nivel nacional no fue la más idónea, tiene problemas metodológicos y el resultado fue un Diagnóstico que dista de la calidad de dicha institución, “y se lo hemos hecho saber al rector”, señaló el funcionario. Al escuchar todo lo anterior, la diputada priísta Marcela Guerra Castillo, dijo que aprovecharán el Centenario de la UNAM y la comparecencia del rector José Narro Robles, ante la Cámara de Diputados para cuestionarlo sobre este tema. La también secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Marcela Guerra, dijo que no hablaría de un “desfalco” pero sí de un daño a la Hacienda Pública, pues se erogó una cantidad (11 millones 452 mil pesos) a una institución pública que no ha cumplido con un mandato para el que fue contratada.
Precisó que este hecho lo haría del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y enérgicamente arguyó: “ustedes debieron haber informado, es conveniente que hagan que la Universidad cumpla, o de lo contrario, que regrese ese recurso a la Tesorería de la Federación”. Concluyó diciendo que no era posible lapidar los recursos que son tan escasos, menos los que son destinados para las mujeres: “no tenemos Diagnóstico y no tenemos recurso, lo cual es muy grave porque se está incurriendo en una falta al no exigir y dar parte de esto”.
Finalmente pidió a la Conavim que le hiciera llegar expedientes y más información sobre el contrato y los resultados de estos trabajos para tomar cartas en el asunto y advirtió que de ser necesario, auditarán a la UNAM.
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