Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 14 de septiembre (apro).- Ni todos los spots en medios electrónicos, ni todo el gel y el maquillaje para mantener intacta su figura, ni los besos fotogénicos de La Gaviota en busca de su boda perdida, pueden ocultar el hecho de que el régimen de Enrique Peña Nieto representa lo más arcaico de la vieja cultura priista.
Así se demostró este martes cuando la mayoría de 45 diputados, formada por el PRI, PVEM, Nueva Alianza y Convergencia en el Congreso mexiquense, decidió aprobar una batería de reformas constitucionales que representan un serio retroceso democrático.
La más publicitada de estas reformas es la presentada por el Partido Verde –esa extraña franquicia al mejor postor priista o televisivo-- para eliminar la figura de las candidaturas comunes, para que sólo exista la figura de la coalición electoral; es decir, eliminar la posibilidad de que distintos partidos tengan un solo candidato conservando su propio logotipo.
Es la más publicitada porque tiene una clara dedicatoria hacia el PAN y el PRD que pretenden hacer alianza en el 2011 en el estado de México, aunque no esté muy claro con qué candidato ni bajo qué plataforma.
Sin embargo, la iniciativa del diputado local Adrián Fuentes, a quien se le ve el copete por todos lados, no es la única ni la más grave en la batería de reformas exprés que pretenden mayoritear los diputados de la coalición Peña Nieto.
Junto con esa iniciativa, el Panal –partido que cuenta con seis diputados locales, gracias a ese mecanismo de transferencia de votos de un partido más grande a otro--, presentó modificaciones al órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que el organismo responsable de la rendición de cuentas dentro del instituto dependa directamente del gobierno.
La autonomía del IEEM vuelve a ser dinamitada. Algunos recuerdan que en su discurso del décimo aniversario del IEEM, Peña Nieto había advertido que iban por controlar este organismo.
Por su parte, el PRI –que tiene una cómoda mayoría de 39 diputados de un total de 75 en el Congreso local-- presentó otra iniciativa para disminuir el financiamiento público a los partidos, así como reducir los tiempos de campaña y de precampaña, de tal manera que, en lugar de los 72 días actuales, todo se haga en 45 días, mes y medio, tiempo suficiente para quien tenga más dinero privado para financiar spots o encuestas a modo, se imponga, sin necesidad de pasar por debate públicos, mucho menos por comparecencias más largas.
A su vez, Convergencia –partido con tres diputados dominados desde la casa de Gobierno de Toluca-- presentó otra iniciativa de reformas electorales para aumentar el porcentaje de ciudadanos insaculados que pueden integrarse en las mesas de casilla, con lo que se puede garantizar un control corporativo y clientelar en los centros de votación.
Todas y cada una de estas iniciativas, que serán discutidas y aprobadas en menos de 15 días, acompañan el discurso del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. En aquella ocasión, Peña afirmó que las alianzas electorales entre partidos distintos constituyen una amenaza mayor a la delincuencia organizada.
Es claro que sólo hablaba de las alianzas opositoras a su gobierno, no las alianzas que lo llevaron a él al poder y las que ha tejido en torno al PRI, Partido Verde, Panal y Convergencia para mantener un dominio completo del Congreso de su entidad.
El líder de los ocho diputados del PRD en el Congreso mexiquense, Ricardo Moreno, advirtió que esta batería de reformas rompen “el pacto democrático” en el estado de México. Aludía así al pacto que los opositores negociaron al inicio del gobierno de Arturo Montiel, en 1999, para garantizar gobernabilidad en la entidad más poblada del país, a cambio de que el PRI abriera los espacios para una reforma electoral.
Aquel pacto fue negociado por Manuel Cadena, entonces secretario general de Gobierno y uno de los políticos priistas desplazados por los bebesaurios: es decir, los Golden Boys autoritarios del entorno Peña Nieto. Cadena ha quedado marginado dentro de este retroceso que significa la administración peñista.
Los opositores del PAN y del PRD advierten que esta es la primera reforma electoral que no se negocia con los partidos políticos, antes de presentarse, y también una clara contrarreforma que está inspirada más en las propuestas de algunos exasesores de Carlos Salinas, como José Córdoba Montoya, quien insiste que, para gobernar eficazmente, hay que eliminar la proporcionalidad y retornar a las maquinarias de los grandes partidos clientelares.
A Peña Nieto y a sus asesores no los guía sólo el miedo a perder el estado de México en 2011. Los guía una naturaleza profundamente autoritaria. La concentración del poder sin necesidad de pasar por la negociación y la negación misma de la disidencia o de la crítica son características esenciales de esta clase política mexiquense.
Ellos dicen que así se gobierna con eficacia y así se garantiza “orden y progreso”. Como lo hizo Porfirio Díaz hace más de 100 años. Hasta que una revolución social lo desbancó.
Antes de que eso suceda, esta contrarreforma puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser anticonstitucional y contraria a las reformas de 2007 y 2008, a nivel federal.
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