Inseguridad en instalaciones y opacidad laboral: OFPC
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF. 13 sep. 10 (CIMAC).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoce la existencia de 150 pozos de
carbón en Coahuila. La mayoría de ellos carece de las condiciones de higiene y seguridad para que los trabajadores exploten el mineral y una muestra de ello, es la muerte en septiembre de 2009 de Juan Ramón Flores Juárez, de 23 años de edad.
En entrevista, Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), advirtió que para que estas historias no se repitan, es preciso crear una reforma estructural que obligue a los propietarios de los pozos a actuar conforme a la ley. Hasta ahora, se desempeñan conforme a su voluntad, pues no hay quien los vigile o sancione.
“Hoy se siniestra un pozo, muere un minero o más, y no pasa nada, los dueños operan unos cuántos días después”.
Los trabajadores no están sindicalizados, no tienen contrato, ni recibo de pago, su comprobante de la relación laboral es la hoja del seguro social, así es como exigen ser atendidos cuando llegan a sufrir un accidente, de los que la mayoría pueden evitarse si el patrón garantizara las condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, los propietarios de los pozos ni siquiera consideran esta inversión, ya que los yacimientos son explotados en promedio siete meses, “después abren otro al lado y vuelven a comenzar los trabajos en riesgo para la vida y salud de los mineros”.
En tanto, el número de viudas en la región sigue en ascenso, Oralia Martínez Hipólito, tras el fallecimiento de su esposo, Juan Ramón Flores Juárez, en el pozo Ferber 4, el 11 de septiembre del año pasado, pagó los gastos funerarios con el cobro del seguro de vida. Oralia no fue indemnizada, ella mantiene a sus tres hijos con una pensión de 2 mil 600 pesos mensuales, en la casa de sus suegros.
“NEGLIGENCIA” Y “CORRUPCIÓN” DE AUTORIDADES
El problema es resultado de la “negligencia” de la Delegación Federal en Coahuila de la STPS, debido a que sus inspectores mienten acerca de las condiciones de las minas y pocitos de carbón y dejan que las empresas les mientan sin verificar la información otorgada. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo no asesora a los trabajadores para evitar la afectación de sus derechos, ni son atendidos por el personal jurídico, lo que permite que los liquiden con 2 mil 500 pesos renunciando a sus derechos.
La Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas, y su delegación en Coahuila, se niegan a transparentar la información sobre las concesiones y a sancionar a quienes violentan sus propias normas y reglamentos. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de otorgar pensiones que no coinciden con lo establecido en la ley, niegan el derecho a la salud a los mineros del carbón y sus familias. A su vez, Humberto Moreira, gobernador del estado, mediante Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila adquiere carbón con los dueños de pozos irregulares y lo vende a la Comisión Federal de Electricidad. Este escenario de “corrupción” posibilita que el patrón evada su responsabilidad y que continúe “la cuota de muertos sin que pase nada”, si sobreviven a las inundaciones y explosiones en los pozos o en minas de carbón, agregó Auerbach.
DAÑO POR EL RESTO DE SU VIDA
Un ejemplo de falta de atención del IMSS para los mineros, es el caso de Francisco Castillo Zamora, quien logró salir con vida del siniestro que se registró en el pozo Vertical 4 el pasado 20 de mayo. A los 25 años de edad, los médicos consideran que la vida productiva de Castillo Zamora, llegó a su fin, las lesiones que sufrió le impiden trabajar como minero y en la construcción, únicas fuentes de trabajo en la región.
Él comenzó a trabajar a los 16 años de edad, llegó de San Luis Potosí, ganaba alrededor de 300 pesos al día, el patrón lo tenía registrado con 80. Después del siniestro, Francisco estuvo en la clínica de Nueva Rosita, en Coahuila, donde le dijeron que tenía siete costillas rotas y que estaba lastimado de la oreja, por ello, estuvo hospitalizado dos semanas.
Cuando terminó su incapacidad, el minero le pidió al patrón volver a trabajar y éste le dijo que estaba despedido, sin pensión ni incapacidad alguna. El daño que sufrió Francisco consiste en la desviación de su columna vertebral, fractura de cráneo, de oído, siete costillas rotas y hombros desnivelados, según el personal del hospital Siglo XXI del IMSS, donde recién recibió atención médica con el apoyo de la OFPC. En tanto, Ruth, esposa de Francisco, junto con sus dos hijos, confían en que el IMSS les dará la pensión que el minero requiere, y de este modo, podrán poner un puesto de frutas para poder vivir.
México, DF. 13 sep. 10 (CIMAC).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoce la existencia de 150 pozos de
carbón en Coahuila. La mayoría de ellos carece de las condiciones de higiene y seguridad para que los trabajadores exploten el mineral y una muestra de ello, es la muerte en septiembre de 2009 de Juan Ramón Flores Juárez, de 23 años de edad.En entrevista, Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), advirtió que para que estas historias no se repitan, es preciso crear una reforma estructural que obligue a los propietarios de los pozos a actuar conforme a la ley. Hasta ahora, se desempeñan conforme a su voluntad, pues no hay quien los vigile o sancione.
“Hoy se siniestra un pozo, muere un minero o más, y no pasa nada, los dueños operan unos cuántos días después”.
Los trabajadores no están sindicalizados, no tienen contrato, ni recibo de pago, su comprobante de la relación laboral es la hoja del seguro social, así es como exigen ser atendidos cuando llegan a sufrir un accidente, de los que la mayoría pueden evitarse si el patrón garantizara las condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, los propietarios de los pozos ni siquiera consideran esta inversión, ya que los yacimientos son explotados en promedio siete meses, “después abren otro al lado y vuelven a comenzar los trabajos en riesgo para la vida y salud de los mineros”.
En tanto, el número de viudas en la región sigue en ascenso, Oralia Martínez Hipólito, tras el fallecimiento de su esposo, Juan Ramón Flores Juárez, en el pozo Ferber 4, el 11 de septiembre del año pasado, pagó los gastos funerarios con el cobro del seguro de vida. Oralia no fue indemnizada, ella mantiene a sus tres hijos con una pensión de 2 mil 600 pesos mensuales, en la casa de sus suegros.
“NEGLIGENCIA” Y “CORRUPCIÓN” DE AUTORIDADES
El problema es resultado de la “negligencia” de la Delegación Federal en Coahuila de la STPS, debido a que sus inspectores mienten acerca de las condiciones de las minas y pocitos de carbón y dejan que las empresas les mientan sin verificar la información otorgada. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo no asesora a los trabajadores para evitar la afectación de sus derechos, ni son atendidos por el personal jurídico, lo que permite que los liquiden con 2 mil 500 pesos renunciando a sus derechos.
La Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas, y su delegación en Coahuila, se niegan a transparentar la información sobre las concesiones y a sancionar a quienes violentan sus propias normas y reglamentos. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de otorgar pensiones que no coinciden con lo establecido en la ley, niegan el derecho a la salud a los mineros del carbón y sus familias. A su vez, Humberto Moreira, gobernador del estado, mediante Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila adquiere carbón con los dueños de pozos irregulares y lo vende a la Comisión Federal de Electricidad. Este escenario de “corrupción” posibilita que el patrón evada su responsabilidad y que continúe “la cuota de muertos sin que pase nada”, si sobreviven a las inundaciones y explosiones en los pozos o en minas de carbón, agregó Auerbach.
DAÑO POR EL RESTO DE SU VIDA
Un ejemplo de falta de atención del IMSS para los mineros, es el caso de Francisco Castillo Zamora, quien logró salir con vida del siniestro que se registró en el pozo Vertical 4 el pasado 20 de mayo. A los 25 años de edad, los médicos consideran que la vida productiva de Castillo Zamora, llegó a su fin, las lesiones que sufrió le impiden trabajar como minero y en la construcción, únicas fuentes de trabajo en la región.
Él comenzó a trabajar a los 16 años de edad, llegó de San Luis Potosí, ganaba alrededor de 300 pesos al día, el patrón lo tenía registrado con 80. Después del siniestro, Francisco estuvo en la clínica de Nueva Rosita, en Coahuila, donde le dijeron que tenía siete costillas rotas y que estaba lastimado de la oreja, por ello, estuvo hospitalizado dos semanas.
Cuando terminó su incapacidad, el minero le pidió al patrón volver a trabajar y éste le dijo que estaba despedido, sin pensión ni incapacidad alguna. El daño que sufrió Francisco consiste en la desviación de su columna vertebral, fractura de cráneo, de oído, siete costillas rotas y hombros desnivelados, según el personal del hospital Siglo XXI del IMSS, donde recién recibió atención médica con el apoyo de la OFPC. En tanto, Ruth, esposa de Francisco, junto con sus dos hijos, confían en que el IMSS les dará la pensión que el minero requiere, y de este modo, podrán poner un puesto de frutas para poder vivir.
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