Cuánto más hay que esperar para erradicar el feminicidio

La impunidad en los estados de México y Guerrero

Por Guadalupe Cruz Jaimes México, DF 13 sep 10 (CIMAC).- Los estados de México y Guerrero son un claro ejemplo de que la omisión y falta de acción gubernamental, permiten que los asesinatos de niñas y mujeres ocurran, y queden impunes. Un caso es el homicidio de Nadia Alejandra, asesinada por Bernardo e Isidro López Gutiérrez, cónyuge y cuñado respectivamente, el 12 de febrero de 2004 en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero, frente a su hija de dos años y sus hijos de cuatro y cinco años de edad. En su declaración, ampliada en dos ocasiones ante autoridades ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en Cuautitlán Izcalli, los niños relatan que Bernardo e Isidro golpearon a su mamá, la introdujeron a la cisterna y, con una soga enredada al cuello, la colgaron de una viga en el baño de su casa para simular un suicidio. Nadia de 24 años de edad, fue privada del derecho a la vida, justo el año en el que el Estado de México ocupó el tercer lugar en feminicidio a nivel nacional, donde uno de cada cuatro homicidios de mujeres ocurrió en la entidad. Incluso, Villa Nicolás Romero, fue considerado uno de los 14 municipios mexiquenses donde se concentró el 60 por ciento de los homicidios contra mujeres en 2004. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Estado de México de 2000 a 2003, se registraron mil 288 asesinatos de niñas y mujeres, casi un homicidio al día y la mayoría quedaron impunes debido a “irregularidades” en el proceso. De los 321 homicidios dolosos que registró el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), de 2000 a 2005, sólo 35 por ciento de los responsables fueron condenados y el 20 por ciento tenía orden de aprehensión sin cumplir, el resto seguía en proceso. El homicidio de Nadia fue juzgado por la Primera Sala Colegiada Penal de Tlanepantla, donde se determinó en febrero pasado, que la joven se suicidó, ignorando “irregularidades” cometidas por servidores públicos, desde el levantamiento del cuerpo, señaló Ana Yeli Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Con el fallo del TSJEM, Isidro López Gutiérrez quedó en libertad, a pesar de que cuatro meses antes, había sido condenado a 42 años de prisión por homicidio doloso con todas las agravantes, por el juez tercero de lo penal de la PGJEM, Felipe Landeros Herrera. Los magistrados del Tribunal, no tomaron en cuenta que la soga con la que Nadia fue asesinada “se extravió”, que los peritos no sellaron el lugar de los hechos y que el ministerio se negó a analizar una camisa manchada de sangre extraída de la casa de la joven. A pesar de que todo era fundamental para llegar a la conclusión del caso, indicó Noé Guillén, perito en criminalística, quien realizó el dictamen por el que la PGJEM consignó la averiguación previa por el homicidio contra Nadia en febrero de 2005. Ante ello, María Antonia Márquez, madre de Nadia, quien desde el homicidio de su hija lucha por la impartición de justicia, interpuso una demanda, en febrero de 2009, ante la Mesa de Responsabilidades de Tlalnepantla, en contra de quien resulte responsable. EL SILENCIO DEL FUNCIONARIO Ha pasado un año y ocho meses, María Antonia ni siquiera ha recibido las copias de la denuncia, no hay avance, por lo que esta semana la señora cuestionó a Alfredo Castillo Cervantes, titular de la PGJEM, en la Cámara de Diputados, acerca de cuánto tiempo más tiene que esperar para recibir una respuesta. El funcionario no le respondió. El Procurador se reunió en San Lázaro con la Comisión Especial de Feminicidios, a quienes informó que de 2005 a la fecha se registraron 597 asesinatos de niñas y mujeres. Reconoció que en el 56 por ciento de los casos se desconoce al homicida. Señaló también que en lo que va de 2010, se cerraron 18 averiguaciones de asesinatos de mujeres y se iniciaron 113. Mientras que en 2009, la dependencia emitió 12 sentencias condenatorias, de los cerca de 600 casos. Según la PGJEM 64 por ciento de las víctimas tenía entre 11 y 40 años de edad y en la mayoría de los casos el agresor era un conocido. LA SITUACIÓN EN GUERRERO Los hechos se repiten en Guerrero, donde la Procuraduría del estado registró 239 asesinatos de mujeres de 2005 a 2010, de los cuales 42 pueden quedar impunes. Los responsables podrían quedar en libertad por falta de pruebas. Así lo señaló David Sotelo Rosas, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en reunión de trabajo con la Comisión Especial de Feminicidios, donde mencionó que en los últimos cinco años, se realizaron 52 averiguaciones previas con detenido y 16 sin detención del responsable. Durante ese tiempo, se giraron 72 órdenes de aprehensión por homicidios dolosos, de las cuales 48 se llevaron a cabo. En la reunión de trabajo con las diputadas de la Comisión, los procuradores fueron comprometidos a llevar a cabo acciones para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio. Entre ellas, están la capacitación permanente del personal y la información respecto los casos de violencia contra las mujeres, previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007.