Bernardo Barranco, especialista y ex consejero electoral quien elaboró el Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral del Estado de México. Fuente: http://diarioportal.com
Con los árbitros electorales “más impugnados en la historia”del Estado de México, con todo el aparato del gobierno de Enrique Peña Nieto volcado en la operación a favor del candidato del PRI, Eruviel Avila, y la corresponsabilidad de los partidos políticos de oposición en el alto nivel de abstencionismo -hubo 1 millón 125 mil electores menos que en 2006- los comicios del 3 de julio en la entidad más poblada del país constituyen la muestra de “un fraude masivo y más sofisticado”.
Así lo establece el Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral del Estado de México, elaborado por el especialista y ex consejero electoral Bernardo Barranco, con el apoyo de diversas organizaciones ciudadanas, grupos empresariales estatales y estudiantes voluntarios de la ENEP-Acatlán, que le dieron un seguimiento puntual a todo el proceso electoral en aquella entidad.
El informe, cuyo adelanto obtuvo Proceso, hace un recuento pormenorizado de todos los eventos de la contienda: desde las “alianzas frustradas” entre el PAN y PRD, el dispendio de la campaña, los debates, el papel de la prensa local, la inequidad, el elevado gasto, el abstencionismo, los resultados y un apartado de recomendaciones.
Tras las elecciones y la constancia de mayoría que se le entregó a Eruviel Avila el pasado 15 de agosto, Bernardo Barranco establece que lo más importante es emprender urgentemente una reforma electoral en el Estado de México para bajar los costos de los comicios considerados como “los más caros de América Latina”. Cada voto tuvo un costo de 60 dólares, según cálculos de la Coparmex.
En entrevista con Proceso, Barranco advierte que es necesario tomar cinco medidas para la reforma electoral mexiquense, antes de las elecciones municipales del 2012 y las federales del mismo año: poner candados para limitar el uso de recursos y programas gubernamentales durante la campaña; “evitar la simbiosis entre partidos y gobierno”; fortalecer al órgano técnico de fiscalización que debilitó la llamada Ley Peña, de 2010; realizar una nueva demarcación que supere la existente desde 1990; y, sobre todo, nombrar a otros integrantes del Instituto Electoral del Estado de México.
“Las más importantes decisiones de este consejo fueron impugnadas y revocadas. Es necesario romper con la lógica de las cuotas partidistas para la elección de los consejeros y elegirlos con criterios ciudadanos y transparentes”, advierte Barranco, él mismo ex consejero del IEEM durante el proceso electoral de 2005.
Barranco advierte que otra de las medidas urgentes es la redistritación, frenada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Es una vergüenza tener una demarcación que data de 1990, del siglo pasado, y que viola los principios elementales de la democracia: que cada voto tiene el mismo valor. Hay zonas subrepresentadas y otras sobrerrepresentadas. En algunos distritos, como Atlacomulco, se gana con 8 mil votos, y en otros, como en Coacalco, se ganan con 80 mil votos”, ejemplifica.
La Parcialidad del Arbitro
En especial, el informe documenta la parcialidad de los consejeros integrantes del Instituto Electoral del Estado de México, el crecimiento en 538 por ciento en el gasto de este organismo, a pesar de que disminuyó el tiempo de campaña, y su pérdida de credibilidad.
“Durante todo el proceso electoral se puso en duda la capacidad del IEEM para resolver las acusaciones y denuncias realizadas por la oposición, sobre todo, en materia de fiscalización. El IEEM debía ser un elemento clave en la consolidación democrática de la entidad. Sin embargo, no logró demostrar su imparcialidad a la hora de tomar decisiones antes y después de la jornada electoral. Su actuación le restó credibilidad.
“Durante la mayor parte del proceso electoral los consejeros del IEEM declararon que existían las condiciones necesarias para garantizar comicios en paz. Sin embargo, cualquier observador podía percatarse que las violaciones al código electoral fueron una constante en este proceso”, advierte el Dictamen Ciudadano.
Ejemplifica este diagnóstico señalando la parcialidad de los consejeros Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca, Jesús Jardón Nava y José Martínez Vilchis, “todos propuestos por el PRI o sus aliados”. Villarreal Martínez fue asesor del secretario general de Gobierno peñista, Luis Enrique Miranda Nava; Montes de Oca fue vocal de la junta local del IFE en el estado y está vinculado al ex gobernador Emilio Chuayfett; Jardón Nava fue secretario general de la Comisión Electoral del Estado de México (1993-1994) cuando este organismo era manejado por el gobierno; y Martínez Vilchis fue rector de la universidad pública local.
“El cuadro lo completaban dos consejeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, ex secretario de estudio y cuenta del ministro Mariano Azuela Güitrón, y Arturo Bolio Cerdán, ex magistrado electoral local, pero con fuertes vínculos con el gobierno del estado. Por último, el consejero presidente fue una propuesta del PRD, Jesús Castillo Sandoval, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral a propuesta del PAN. A pesar del cargo, en el proceso no fue un factor decisivo”, advierte el reporte.
El 21 de febrero, los consejeros del IEEM incrementaron en cinco veces su gasto: pasó de 752 mil pesos en 2010 a 4.8 millones de pesos en 2011.
A pesar del incremento de gastos para consejeros y asesores, el IEEM fue omiso en los casos de la “abrumadora” publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto durante la contienda; del videoescándalo de Bernardo García Cisneros, funcionario estatal que fue grabado mientras daba instrucciones para desviar recursos públicos a favor del PRI, y cuyo caso quedó como “un transgresor elecoral solitario”; de la promoción del voto; de las denuncias de inequidad y de los actos anticipados de campaña de Eruviel Avila y Alejandro Encinas.
“En suma, las principales decisiones del consejo general del IEEM han sido impugnadas por los tribunales ante las constantes querellas de los partidos. El actual consejo general del IEEM es el más impugnado en la historia de 15 años del instituto”, concluye el informe.
Una situación peor es la del Tribunal Electoral del Estado de México. El Dictamen Ciudadano establece que de los cinco magistrados que lo integran, 3 son controlados directamente por el PRI: Jorge E. Muciño Escalona, presidente, cercano al ex gobernador César Camacho; Raúl Flores Bernal, asesor de Muciño cuando éste fue consejero del IEEM; y Luz María Zarza, ex asesora de Emmanuel Villicaña como secretario general del IEEM.
El TEEM resultó “costoso e ineficiente”. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el 42.8 por ciento de sus sentencias y le ordenó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Cada resolución de este tribunal tuvo un costo de 1.6 millones de pesos.
EL tribunal federal, con la magistrada María del Carmen Alanís como presidenta, también actuó favoreciendo al oficialismo. Revocó la sentencia del IFE que sancionaba a Enrique Peña Nieto y a Eruviel Avila sólo lo sancionó con 27 mil pesos, “cifra insignificante”, por actos anticipados de campaña.
Continúa mañana
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