El Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey (Cien), señaló recientemente que la política de incrementos a los energéticos “merma la capacidad de México para lograr la recuperación económica y el bienestar social”. Consideró necesario replantear esta estrategia, pues mientras se aumentan los ingresos públicos, el sector privado gasta cada vez más en energía, lo que reduce su capacidad para reinvertir utilidades.
Señaló el Cien que en los últimos cinco años el gobierno federal obtuvo 875 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, mientras que la industria nacional tuvo un pago extra de 170 mil millones de pesos en las tarifas eléctricas, lo que equivale a más de 1.2 por ciento del PIB, recursos que de haberse invertido habrían generado un crecimiento de 2 por ciento y la creación de alrededor de 250 mil empleos adicionales.
El encarecimiento de los energéticos y de la electricidad ha sido de dos dígitos en el presente sexenio, indicó el Cien. No se justifica tal política, menos en un país como el nuestro que cuenta con suficientes recursos para producir energía de manera rentable. Cabe preguntar: ¿dónde están esos 875 mil millones de pesos que ingresaron a las arcas gubernamentales, pues nada ha informado al respecto Felipe Calderón? ¿Estará esperando que finalice el sexenio sin precisar el destino de tales ingresos?
Mientras tanto siguen los “gasolinazos” mensuales, que para el inquilino de Los Pinos son una bicoca que no impacta en la inflación. Con todo, afectan seriamente la capacidad productiva del país, como lo advierte el mencionado centro de investigación, que pertenece nada menos que a una prestigiada universidad privada. Si Calderón no tiene intención de informar nada sobre dicho ingreso extra, el Congreso está obligado a demandar que lo haga, ya que de no proceder en esa forma estaría incurriendo en una grave omisión.
Las corruptelas en el sector energético han sido paradigmáticas en la actual “administración”, fenómeno del que se han beneficiado funcionarios de diferentes niveles, como quedó en evidencia por el escándalo que se produjo cuando en Estados Unidos se destapó el caso del ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno, actualmente detenido y procesado por el delito de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 292 pesos. Existe un expediente integrado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, donde se afirma que desde 2009 Calderón recibió documentación probatoria de los malos manejos y anomalías cometidas por el citado funcionario.
Nunca hizo nada, hasta que autoridades estadounidenses destaparon el caso para enjuiciar a los cómplices de Moreno, en este caso la parte corruptora. El diputado del Movimiento Progresista, Cuauhtémoc Velasco Oliva, ha hecho una indagatoria muy exhaustiva de la corrupción en la CFE, que demuestra la omisión y hasta complicidad con la que han actuado altos funcionarios del sector energético. No debe ser casualidad que las empresas que más contratos y adjudicaciones directas han obtenido, son las españolas Iberdrola y Repsol, así como la Siemens.
¿En qué le ha beneficiado al país la participación de estas empresas extranjeras? ¿Han traído capitales frescos o más bien se han llevado millones de dólares a sus casas matrices? Se trata de preguntas que merecen una puntual respuesta, porque de otro modo el actual sexenio habrá de pasar a la historia como el más despilfarrador que ha existido en México, sin que la sociedad haya recibido un mínimo beneficio. De lo que no hay duda es de que los negocios que ha hecho Repsol en nuestro país, no los ha hecho en ninguna otra nación.
Por lo pronto, deja mucho que pensar la defensa que ha hecho Calderón de la petrolera española en su litigio con el gobierno argentino, pues no le importó afectar las buenas relaciones que siempre han existido con la nación sudamericana, con tal de quedar bien con los directivos de Repsol. Si la presidente Cristina Fernández actuó bien o mal, no le corresponde a Calderón juzgar, sino sólo al pueblo de su país. Por lo pronto, la estadista ha recibido un respaldo mayoritario que será decisivo para superar las presiones de la Unión Europea y de instituciones financieras trasnacionales.
Bajo un punto de vista estrictamente económico, la decisión soberana de la mandataria es una apuesta positiva para el futuro de Argentina, pues un mero sentido común indica que al retomar el control de sus recursos petroleros, podrá administrarlos mejor, en beneficio de su país. Sólo quienes actúan sin escrúpulos pueden argumentar que la expropiación será negativa, cuando la experiencia histórica ha demostrado exactamente lo contrario, en todos los casos y en todas las naciones donde se han tomado decisiones en defensa de sus recursos naturales.
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